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El artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, establece que quedan fuera de su ámbito de aplicación, las encomiendas de gestión que se confieran a entidades y sociedades cuyo capital sea en su totalidad de titularidad pública y sobre las que la Administración que efectúa la encomienda ostente un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios.
Por el Decreto 335/2007, de 23 de octubre, del Presidente (B.O.C. nº 219, de 31.10.07), se delegaron en el Viceconsejero de la Presidencia las competencias para la suscripción de los convenios reguladores de las relaciones con las sociedades mercantiles públicas para la realización de actuaciones relativas a la rehabilitación de la planta alojativa turística. En el mismo Decreto se delegan también las competencias para realizar los encargos que procedan en el marco de los convenios que se suscriban y para interpretar y aplicar los mismos.
No obstante, teniendo en cuenta las competencias que corresponden a esta Presidencia del Gobierno según la reciente reestructuración operada por el Decreto 206/2007, de 13 de julio, del Presidente, y siendo previsible que para el mejor desempeño de las mismas, distintas de la referida rehabilitación, será preciso igualmente suscribir convenios con algunas de las sociedades mercantiles públicas de la Administración Pública Canaria, al objeto de poder encomendarles encargos relacionados con actuaciones que corresponden a esta Presidencia, procede ampliar el ámbito de la delegación efectuada por el citado Decreto 335/2007, a fin de facilitar y agilizar la suscripción de estos convenios, así como su ejecución y cumplimiento.
Por otro lado, y para una mayor claridad y seguridad jurídicas en el ejercicio de estas competencias delegadas, es conveniente dejar sin efecto el mencionado 335/2007, de 23 de octubre, ya que su objeto quedaría incluido en la delegación más amplia que se realiza por el presente Decreto.
Por todo lo expuesto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, y en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
D I S P O N G O:
Primero.- Delegar en el Viceconsejero de la Presidencia la competencia para suscribir convenios con las sociedades mercantiles públicas de la Administración Pública Canaria, que tengan por objeto la regulación de las relaciones con las citadas sociedades con el fin de encomendarles actuaciones que sean de la competencia de esta Presidencia del Gobierno.
Segundo.- Delegar en el Viceconsejero de la Presidencia la competencia para realizar los encargos que procedan al amparo de los convenios que se suscriban de acuerdo con el punto anterior, así como cualquier otra que sea precisa para el desarrollo, ejecución, interpretación y cumplimiento de los mismos.
Tercero.- Los actos que se adopten en ejercicio de las competencias que se delegan por el presente decreto, lo harán constar así expresamente.
Cuarto.- Sin perjuicio de las facultades de revocación y avocación, el presente Decreto surtirá efectos desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Quinto.- El Decreto 335/2007, de 23 de octubre, del Presidente (B.O.C. nº 219, de 31.9.07), quedará sin efecto desde que, de acuerdo con el punto anterior, sea plenamente eficaz la delegación a la que se refiere el presente Decreto.
Santa Cruz de Tenerife, a 11 de febrero de 2008.
EL PRESIDENTE,
Paulino Rivero Baute.
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