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No habiéndose podido practicar la notificación a D. Juan Carlos López Suárez de la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 4086, de fecha 5 de diciembre de 2007, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a D. Juan Carlos López Suárez la Resolución nº 4086, de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 5 de diciembre de 2007, recaída en el expediente instruido en esta Agencia con referencia R.P. 1883/2006, y cuya parte dispositiva dice textualmente:
"Primero.- Iniciar procedimiento sancionador contra D. Juan Carlos López Suárez, como presunto responsable de las infracciones cometidas en el taller sito en la calle Fernando Guanarteme, 6, del término municipal de Santa Lucía de Tirajana, consistentes en:
A) Infracción tipificada y clasificada de leve en el artículo 38.4.a) de la Ley 1/1999, de Residuos de Canarias, consistente en el ejercicio de una actividad productora de residuos peligrosos (aceites lubricantes, filtros y baterías), sin que se haya inscrito en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos, siendo en el presente caso la sanción propuesta de tres mil ciento cincuenta y cinco (3.155) euros, sin perjuicio de la modificación de la cuantía a que se refiere el artículo 43 de la citada Ley 1/1999.
B) Infracción tipificada y clasificada de grave en el artículo 38.3.d), en relación con los artículos 19 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias y los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, consistente en el incumplimiento de las determinaciones legales en la gestión y manejo de los residuos peligrosos, en lo relativo al almacenamiento inadecuado y sin etiquetado de residuos peligrosos (aceites lubricantes, filtros y baterías), así como no acreditar la entrega a gestor autorizado de los mismos, siendo en el presente caso la sanción propuesta de treinta mil (30.000) euros, sin perjuicio de la modificación de la cuantía a que se refiere el artículo 43 de la citada Ley 1/1999.
Segundo.- Requerir al expedientado para que proceda a la reposición de las cosas al estado anterior a la comisión de la infracción mediante:
A) El cese temporal de la actividad de producción de residuos peligrosos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1/999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, hasta tanto se obtenga la preceptiva autorización administrativa.
B) El almacenamiento y etiquetado de los residuos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de aplicación en la materia o, en su defecto, mediante la entrega a gestor autorizado de los mismos (debiendo acreditar tal circunstancia ante esta Agencia con los justificantes de entrega correspondientes), en un plazo no superior a un mes, a contar a partir de la notificación de la presente resolución de iniciación, todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones impuestas en la legislación en materia de residuos.
Tercero.- Nombrar Instructora y Secretaria de este expediente sancionador a las funcionarias afectas a esta Agencia, Dña. Sonia Gómez Castro y Dña. Ángela María González Jiménez, respectivamente.
Cuarto.- Notificar la presente resolución a la Instructora, Secretaria, expedientado y demás interesados, con las siguientes advertencias:
Las nombradas Instructora y Secretaria deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento y comunicárselo a su superior inmediato, de concurrir alguno de los motivos de abstención señalados en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. De conformidad con el artículo 29 del citado cuerpo legal los interesados pueden en cualquier momento de la tramitación del procedimiento promover la recusación de aquellos en base a los citados motivos.
Tras la notificación de la presente Resolución, de acuerdo con el artículo 16 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, se abre un plazo de quince días para formular cuantas alegaciones, documentos o informaciones se estimen convenientes y, en su caso proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse. De no presentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, la presente iniciación podrá considerarse como Propuesta de Resolución.
No obstante, de conformidad con el artículo 3 del citado reglamento, las mismas podrán presentarse en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, aun cuando haya concluido el antedicho plazo.
El expediente administrativo se encuentra a su disposición en las oficinas de esta Agencia de 10 a 12 horas, de lunes a viernes, en orden a garantizar el principio de acceso permanente de conformidad con el artículo 3 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
De conformidad con el artículo 8 del precitado Reglamento, iniciado el procedimiento sancionador, si el actor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver éste con imposición de las sanciones que procedan y en su caso, ordenando el restablecimiento de la realidad física alterada. El pago voluntario de la multa implicará igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.
Según preceptúa el artículo 20.6 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo para resolver el presente procedimiento y notificar su resolución es de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la precitada Ley."
Remitir la presente resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de febrero de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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