BOC Nº 033. Jueves 14 de Febrero de 2008 - 225

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

225 - ORDEN de 12 de febrero de 2008, por la que se establecen los servicios mínimos del personal docente no universitario adscrito a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, como consecuencia de la huelga convocada para los días 18 al 22 de febrero de 2008, por distintas centrales sindicales.

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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El comité de huelga integrado por las centrales sindicales EA-CANARIAS, FETE-UGT, STEC-IC y UCPL presentó preaviso de huelga para los días 18 al 22 de febrero de 2008, en la totalidad de los centros públicos de la enseñanza no universitaria y extensible a los funcionarios docentes adscritos a órganos directivos de la Administración Autónoma.

Segundo.- La citada convocatoria de huelga se lleva a cabo por las organizaciones sindicales citadas en el antecedente de hecho primero y convocando a todos los trabajadores que prestan sus servicios en cualquiera de los centros de trabajo de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y en aquellos donde exista presencia de personal docente no universitario adscrito en comisión de servicios.

Tercero.- La Administración Canaria presta una serie de servicios públicos que deben ser considerados como esenciales para la comunidad encontrándose entre ellos el servicio público educativo por tratarse de un interés constitucionalmente protegido que no puede quedar paralizado en su funcionamiento por el ejercicio del derecho de huelga.

Resulta por ello obligado armonizar el interés general y el derecho de huelga mediante la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de aquellos servicios que, limitando lo menos posible el contenido de dicho derecho, sean a la vez suficientes para garantizar las actividades de carácter esencial para los intereses de la Administración Pública de Canarias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Decreto 24/1987, de 13 de marzo, de establecimiento de los servicios mínimos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 32, de 16 de marzo), por el que se establece que el derecho de huelga del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias se entenderá condicionado a que se mantengan los servicios esenciales en los distintos centros y dependencias de la misma, facultando a los titulares de las diversas Consejerías del Gobierno de Canarias para que oído el Comité de Huelga o, en su caso, los representantes del personal determinen los servicios mínimos necesarios y el personal preciso para asegurar la prestación de los mismos en el ámbito de sus respectivos Departamentos.

Segundo.- Decreto 89/1988, de 13 de mayo, de declaración de servicios esenciales en el Archipiélago Canario en materia de Educación y en centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 66, de 26 de mayo), por el que se adoptan las medidas que aseguren el establecimiento de los servicios mínimos correspondientes.

Tercero.- Sostiene el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 19 de enero de 1988 que cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa está facultada para acordar las medidas necesarias en orden a asegurar, de forma tal que el ejercicio del derecho de huelga no menoscabe los intereses sociales, el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, como límite del derecho de huelga que recoge el artículo 28.2 de la Constitución, debiendo entenderse como tales servicios mínimos, los racionalmente necesarios para que la comunidad o cuerpo social pueda recibir las prestaciones vitales o esenciales para la misma, habiendo declarado el Tribunal Constitucional, en sentencias de 8 de abril de 1981 y de 24 de abril de 1986, que "el derecho de los trabajadores de defender sus intereses mediante la utilización de un instrumento de presión en el proceso de producción de bienes o servicios, cede cuando con ello se ocasiona, o se puede ocasionar, un mal más grave que el que los huelguistas experimentan si su reivindicación o pretensión no tuviere éxito", de donde se infiere que al tomarse las medidas de garantía para los ciudadanos, hay que conjugar el interés general y el de los trabajadores, de tal suerte que aquél no haga inane el derecho de éstos, ni el de los trabajadores, al ejercitarse, distorsione aquél de la comunidad.

Cuarto.- Como se desprende de las sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981 y de 5 de mayo de 1986, en la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales, la autoridad gubernativa ha de ponderar la extensión territorial y personal, la duración prevista y las demás circunstancias concurrentes en la huelga, así como las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquélla repercute.

En el mismo sentido el Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentido la doctrina en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo. De lo anterior resulta la obligación de la Administración de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que "exista una razonable proporción entre los servicios a imponer a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos, evitando que los servicios esenciales establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga solamente en términos razonables".

Quinto.- La Sentencia nº 166/2003, de 27 de febrero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dispone:

En relación a la exigencia de motivación, ya esta Sala se ha pronunciado en un asunto semejante al aquí enjuiciado en su Sentencia de 15 de septiembre del año 2000 donde se recogía la doctrina jurisprudencial recogida en la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 8/1992, de 16 de enero, que estableció que en la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales, deberá ponderarse la extensión territorial y personal, la duración prevista y las demás circunstancias concurrentes en la huelga, teniendo en cuenta las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes protegidos constitucionalmente sobre los que repercute aquélla (Sentencia del Tribunal Constitucional 26/1981).

Además la decisión debe estar motivada, y la motivación debe exteriorizarse de tal manera que los destinatarios conozcan las razones por las cuales su derecho es restringido, en la forma y con el alcance con el que lo ha sido, así como los intereses prevalentes que se trata de proteger con ello (Sentencia del Tribunal Constitucional 26/1981 [RTC 1981, 26]).

De la misma manera que las distintas edades de los alumnos de unos centros y de otros pueden aconsejar una diferenciación de servicios mínimos, pero sigue faltando esa causalización que exige la Jurisprudencia y que pondere de manera real todas las circunstancias que concurran: número de alumnos afectados, número de profesores, duración de la huelga, forma de desarrollo de la misma, continuada o alterna, días a los que afecte.

Sexto.- La doctrina del Tribunal Constitucional en relación con las normas reglamentarias que fijen servicios mínimos es recogida en la Sentencia de dicho Alto Tribunal nº 8/1992, de 16 de enero, en la que, entre otros, se expresa el siguiente criterio a tener en cuenta "la decisión debe estar motivada, debiendo la motivación exteriorizarse de tal manera que los destinatarios conozcan las razones por las cuales su derecho es restringido, en la forma y con el alcance en que lo ha sido, y los intereses que se trata de proteger con ello, exigiéndose, en definitiva, la motivación de los actos de restricción de los derechos y la proporcionalidad de las medidas adoptadas".

De conformidad con la citada Sentencia del Tribunal Constitucional, en la que se recoge la más amplia jurisprudencia constitucional, otro de los criterios a tener en cuenta en la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales, es el que obliga a ponderar la extensión -territorial y personal- de la misma (en el presente caso, la totalidad del personal docente de la Comunidad Autónoma de Canarias, con sus más de 1.000 centros educativos públicos y más de 300.000 alumnos que ven satisfecho su fundamental derecho a la educación en los mismos), debiendo existir "una razonable proporción" entre los sacrificios que se impongan a los huelguistas y los que padezcan los usuarios de aquéllos (entendiendo por tales tanto a alumnos como a padres) por cuanto se entiende que el interés de la comunidad debe ser perturbado por la huelga sólo hasta extremos razonables, sin que el ejercicio del derecho a la huelga ocasione o pueda ocasionar un mal más grave que el que los huelguistas sufren que deba afrontar la comunidad entera, como destinataria de tales servicios esenciales.

En cumplimiento de tal exigencia de motivación cabe destacar que la determinación de los servicios mínimos, en la referida convocatoria de huelga, se fundamenta en el hecho de que la huelga anunciada incide directamente en la prestación de un servicio público esencial, el educativo (así lo consagran la Exposición de Motivos y el artículo 2 del Decreto autonómico 89/1988, de 13 de mayo, de Declaración de Servicios Especiales en el Archipiélago Canario en materia de Educación y en Centros Docentes Públicos no Universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes), estrechamente vinculado al derecho fundamental a la educación (artículo 27 de la Constitución española), carácter fundamental sobre el que, dada su obviedad, se estima innecesaria una más amplia disquisición teórica.

Séptimo.- Vista la convocatoria de huelga, que se extiende desde el día 18 al 22 de febrero de 2008, queda patente la necesidad de incrementar el número de efectivos que han de prestar los servicios mínimos a fin de preservar el servicio público educativo, ello habida cuenta de que coincide en una misma semana más de un día de huelga.

Así, el desarrollo de la huelga se prevé en los siguientes términos:

· Lunes, 18 de febrero de 2008: huelga de todo el personal docente no universitario en la isla de Gran Canaria.

· Martes, 19 de febrero de 2008: huelga de todo el personal docente no universitario en las islas no capitalinas (Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro).

· Miércoles, 20 de febrero de 2008: huelga de todo el personal docente no universitario en la isla de Tenerife.

· Viernes, 22 de febrero de 2008: huelga general de todo el personal docente no universitario en toda la Comunidad Autónoma.

Octavo.- Así, el seguimiento de la huelga convocada sin la determinación de una prestación mínima de tal servicio público educativo, podría generar graves perjuicios al interés general, entendido éste como el derecho del alumnado a no experimentar interrupciones en la continuidad de su recepción de conocimientos académicos impartidos por el colectivo docente al servicio de la Comunidad Autónoma, convocado en su totalidad a la huelga.

Por ello, se estima que esa lesión al interés general subsume la convocatoria antedicha en el supuesto consagrado en el artículo 3 del Decreto 89/1988 mencionado, convirtiendo en esencial la actividad docente necesaria para garantizar, en ese período, el derecho a la formación y evaluación de los alumnos, de conformidad con el artículo 2.a) del mismo Decreto.

Noveno.- Añadido a lo anterior cabe resaltar que los centros de Enseñanza Obligatoria, Educación Infantil, Primaria y Colectivo de Escuelas Rurales, afectados por la convocatoria de huelga citada, escolarizan a alumnos de 3 a 5 años en Educación Infantil y de 6 a 12 años en Primaria, así como a alumnos con necesidades educativas especiales, que varían desde aquellos con necesidades casi normalizadas, pasando por los que necesitan adaptaciones poco significativas, hasta los que están escolarizados en aulas enclave en centros ordinarios o específicos de educación especial.

Las edades tempranas y/o necesidades educativas especiales de los Centros mencionados en el párrafo anterior, añaden, a las tareas de formación del personal docente, unas especialmente importantes tareas de tutela de especial dedicación, especialmente en el ámbito de la Educación Infantil o en el área de necesidades educativas especiales, donde la tutela de una única unidad requiere de una constante atención por parte del/de la profesor/a asignado/a a la misma.

El servicio esencial de la educación no puede ser reducido exclusivamente a la actividad docente ya que, junto a esta actividad docente, se realizan otras funciones como son la vigilancia y cuidado de los niños y niñas, menores de edad, que acuden a los centros docentes públicos. Con carácter general, el artículo 39 de la Constitución depara una protección especial a los menores; de una manera más específica, el artículo 15.2 del Decreto 292/1995, de 3 de octubre (B.O.C. nº 140, de 1.11.95), en su redacción actual, por el que se establecen los derechos y deberes del alumnado de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, dispone que el alumnado tiene derecho a desarrollar sus actividades académicas en las debidas condiciones de seguridad e higiene. Por tanto, la custodia de los menores de edad que se encuentren en un centro docente público, en cumplimiento de los principios constitucionales mencionados y de los derechos citados es responsabilidad ineludible de la Administración educativa y parte indivisible del derecho esencial a la educación.

Décimo.- Visto lo anteriormente expuesto es obvio que la huelga anunciada incide directamente en la prestación de un servicio público esencial, el educativo, estrechamente vinculado al derecho fundamental a la educación, por lo que se hace necesario determinar los servicios mínimos a cumplir y el personal docente adscrito a esta Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes que deberá atender los mismos durante la huelga convocada, siendo competencia de esta Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en el contexto de la Administración Autonómica, el aseguramiento de la tutela, el cuidado, la docencia y la evaluación debidos para con los alumnos de los diferentes Centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La convocatoria de huelga anunciada afecta a 729 Centros de Educación Infantil y Primaria y a 303 Centros de Educación Secundaria. Ello supone que para el ámbito de la Educación Infantil y Primaria puedan verse afectados aproximadamente 138.116 alumnos, siendo el número de alumnos de las restantes enseñanzas de 173.868 alumnos.

Estos datos ponen de manifiesto la elevada incidencia que el seguimiento de la huelga anunciada tendrá, con seguridad, en el servicio público educativo en general, y en los Centros de Educación Infantil y Primaria en especial.

Así, circunstancias tales como el número de alumnos afectados, que alcanzan aproximadamente a 311.984 alumnos, así como, entre otros, la duración y forma de desarrollo de la huelga, tal y como se recoge en el fundamento de derecho séptimo de esta Orden, aconsejan, a fin de proteger el derecho fundamental de la educación, incrementar los servicios mínimos en los centros docentes.

En este sentido la determinación de servicios mínimos establecida en el anexo no pretende ni se acerca, siquiera, a garantizar el funcionamiento normal del servicio, sino meramente trata de reducir o paliar la lesión que, al servicio público esencial educativo, la huelga convocada infringe, y en relación con unos centros en los que las funciones de la Administración educativa se extienden no sólo al ámbito de la enseñanza, sino también al de la tutela y cuidado del alumnado.

Undécimo.- Finalmente señalar que, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 24/1987, de 13 de marzo, se ha cumplido el trámite de audiencia al Comité de Huelga en la fijación de los servicios mínimos propuestos por este Departamento.

De acuerdo con todo lo anterior y en virtud de las competencias que me otorga el artículo 29 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90), los artículos 4 y 5 del Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), y el artículo 2 del citado Decreto 24/1987, de 13 de marzo, de establecimiento de los servicios mínimos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias,

D I S P O N G O:

Único.- Determinar los servicios mínimos a cumplir y el personal docente adscrito a esta Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes que deberá atender los mismos, durante la huelga convocada para los días 18 al 22 de febrero de 2008 para con tal colectivo, y que son los relacionados en el anexo.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, o de diez días, si se acudiera al procedimiento previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Potestativamente, para el supuesto de que se acudiera al procedimiento ordinario, podrá interponerse recurso de reposición ante esta Consejera, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de febrero de 2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,

UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS A CUMPLIR Y PERSONAL DOCENTE ADSCRITO A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES QUE DEBERÁ ATENDER LOS MISMOS, DURANTE LA HUELGA CONVOCADA PARA TODO EL PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA CANARIA DURANTE LOS DÍAS 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2008.

Artículo primero.- Los servicios mínimos que se han de prestar por el personal docente adscrito a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes durante los días 18 al 22 de febrero de 2008, con motivo de la convocatoria de huelga efectuada para esas fechas, y de conformidad con los artículos 2 y 3 del Decreto Autonómico 89/1988, de 13 de mayo, de declaración de servicios especiales en el Archipiélago Canario en materia de Educación y en Centros Docentes Públicos no Universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, son los siguientes:

CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.

- 1 Cargo Directivo.

- 1 Profesor por cada 3 unidades de Educación Secundaria Obligatoria.

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS, ESCUELAS DE ARTE Y CONSERVATORIOS DE MÚSICA.

- 1 Cargo Directivo.

CENTROS DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA, EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA Y COLECTIVO DE ESCUELAS RURALES.

A) Centros de hasta 6 unidades:

- 1 Cargo Directivo.

- 2 Profesores.

B) Centros de más de 6 unidades:

- 1 Cargo Directivo.

- 1 Profesor por cada 2 unidades.

RESIDENCIAS ESCOLARES ORDINARIAS.

- 1 Cargo Directivo.

- El 50% de la plantilla de funcionamiento del centro.

RESIDENCIAS ESCOLARES ESPECÍFICAS Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECÍFICA.

- 1 Cargo Directivo.

- El 75% de la plantilla de funcionamiento del centro, para atender a los alumnos internos.

Artículo segundo.- Procurando alcanzar el consenso entre los afectados, los Directores de los diferentes Centros educativos mencionados, determinarán nominativamente el cargo directivo y profesorado que deberá desarrollar estos servicios mínimos.