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BOC Nº 139. Jueves 12 de Julio de 2007 - 2774

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

2774 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 29 de junio de 2007, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Juan Antonio Rodríguez Ramos, interesado en el expediente nº 1474/02-02.

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No habiéndose podido notificar a D. Juan Antonio Rodríguez Ramos en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Orden Departamental tramitada por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Juan Antonio Rodríguez Ramos la Orden Departamental de fecha 21 de mayo de 2007, recaída en el expediente con referencia 1474/02-U que dice textualmente:

"Examinado el recurso de alzada interpuesto por D. Juan Antonio Rodríguez Ramos, contra la Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 2932, de fecha de 24 de agosto de 2005, vistos los siguientes

ANTECEDENTES

1º) D. Juan Antonio Rodríguez Ramos en el lugar denominado "Tijoco Bajo", en el término municipal de Adeje, viene realizando obras de construcción de una vivienda unifamiliar de dos plantas de altura con una superficie aproximada de 200 m2 y ejecución de vallado de finca, en suelo clasificado como rústico, sin las autorizaciones pertinentes, calificación territorial y licencia municipal de obras, tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

2º) Incoado el correspondiente expediente sancionador por Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 705, con fecha de 3 de marzo de 2005, y tras los trámites oportunos se impuso al interesado por Resolución nº 2932, de fecha 24 de agosto de 2005, una multa de cincuenta y ocho mil (58.000,00) euros, y se acordó la demolición de las obras ejecutadas.

3º) Contra la citada Resolución nº 2932, de fecha de 24 de agosto de 2005, el interesado interpuso recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, en el que sucintamente expone:

- Que entiende que las alegaciones vertidas en el expediente no han sido debidamente contestadas ni justificadas su no aceptación.

- Que alega la nulidad de pleno derecho de la resolución que se notifica y que pone fin al procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por incumplirse el procedimiento legalmente establecido al haberse notificado fuera del plazo de los seis meses que marca el artículo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, por el que se regula el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración en combinación con lo dispuesto en el artículo 190.5 del Decreto Legislativo 1/2000.

- Que alega igualmente la caducidad del expediente con base al fundamento anterior al entender que la resolución final y la Propuesta de Resolución del expediente no han sido debidamente notificadas. No entiende que si no ha cambiado de domicilio por la Administración se proceda a notificarle a través de publicaciones en edicto, asimismo la Administración no acredita en el presente supuesto los intentos de notificación fallida a esta parte por cuanto no consta que al diligenciar cada uno de los avisos de recibo que figuran en el expediente (como devueltos y reexpedidos) se practicaran los dos intentos de notificación precisos para tener por intentada la notificación. No se ha justificado debidamente que se haya tenido que acudir a la notificación edictal como último recurso para notificar las resoluciones recaídas en el expediente produciendo indefensión a esta parte con esta actitud que la entiende intencionada.

- Que la resolución recurrida no resuelve debidamente el problema planteado de la aplicación del principio de non bis in idem, ya que con fecha 7 de enero de 2005 se dictó por el Ayuntamiento de Adeje resolución final en el expediente sancionador con número de referencia A11M401W por la presunta comisión de los mismos hechos que se le imputan por parte de esa Agencia.

- Que además entiende que la incoación del expediente sancionador le corresponde al Ayuntamiento de Adeje al cometerse la presunta infracción en dicho término municipal. Así entiende que el acuerdo de inicio de expediente sancionador por parte de la Agencia concurre en el supuesto de nulidad de pleno derecho al haber sido dictado por órgano manifiestamente incompetente.

- Que igualmente entiende que ha operado el instituto de la prescripción al transcurrir al menos más de dos años desde que se ha constatado el hecho objeto de infracción, artº. 205.2 del Decreto Legislativo 1/2000. Para tener en consideración la fecha de la prescripción de las infracciones, se ha de estar a la fecha en la que supuestamente se cometen los hechos, a tenor del artº. 201.1 del Decreto antes citado. En este sentido si acudimos a lo indicado en el acuerdo de inicio notificado, consta la fecha en que se actúa por parte de la Administración debiendo verificarse desde entonces el cómputo de los dos años a contar para apreciar la prescripción de los hechos susceptibles de infracción.

- Que se incurre en el acuerdo de inicio del expediente sancionador en otra cuestión de nulidad de pleno derecho cuando en la exposición de los hechos no se determina ni la fecha ni el momento en el que se comete la infracción.

- Que se produce indefensión al recurrente porque no se da trámite u oportunidad a esta parte a poder instar la legalización de la vivienda sino que se le inicia un expediente sancionador directamente.

- Que se vulnera el artículo 62.1.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al haberse vulnerado de manera flagrante el derecho fundamental de defensa de esta parte con la no admisión ni práctica de ninguna de las pruebas propuestas. La inadmisión de la prueba por el Instructor siquiera se ha alegado fundamento jurídico alguno lo que muestra claramente la injustificada inadmisión de la prueba y ni su declaración como impertinentes.

- Cabe alegar el incumplimiento del principio de buena fe y proporcionalidad en la sanción impuesta en contra de las alegaciones que se contienen en la resolución que se recurre, así de manera arbitraria y sin justificación ninguna se le impone una sanción de 58.000 euros lo que vulnera de pleno la presunción de inocencia y la buena fe en la actuación del interesado.

- Que la resolución recurrida no resuelve debidamente los argumentos esgrimidos por esta parte en el expediente no contestando los mismos en cuanto al fondo planteado.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: el presente recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma de acuerdo con los artículos 31, 38.4, 110 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Segunda: en cuanto a las alegaciones aducidas por el recurrente, no pueden modificar el acto administrativo recurrido resolutorio del presente expediente, ya que el mismo ha sido dictado en estricta aplicación de la Normativa Urbanística en vigor, toda vez que:

1.- Respecto a la caducidad alegada de adverso, se ha de decir que el procedimiento administrativo se ha dictado dentro del plazo de los seis meses previstos en la ley, empezándose a computar el mismo desde la fecha de notificación de la resolución de incoación que se produjo el pasado día 22 de abril de 2005, tal y como consta en el expediente, notificación que se realizó a través de la policía local del Ayuntamiento de Adeje en la persona de la madre del interesado Dña. Candelaria María Ángela Ramos Cruz, al haber sido infructuosos los dos anteriores intentos por correo ordinario, todo ello queda debidamente recogido en el expediente administrativo. En este sentido, es clara la ST nº 119 del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de fecha 25 de abril de 2005, en donde expresamente se establece que "El plazo para resolver el expediente se debe contar desde la fecha de la notificación de la incoación del procedimiento sancionador y no como hace el demandante desde que se dictara la orden de suspensión". Sentado lo anterior queda claro que tanto los dos intentos de notificación efectuados por los Agentes de Medio Ambiente los pasados días 6 y 7 de septiembre de 2005 así como su posterior publicación en el Boletín Oficial de Canarias el pasado día 6 de octubre de 2005, están dentro del plazo de los seis meses que establece la Ley sin que pueda operar por tanto el instituto de la caducidad.

2.- Respecto a que la Propuesta de Resolución no ha sido debidamente notificada, se ha de decir, que consta debidamente en el expediente los dos intentos infructuosos de notificación a través de la vía postal por lo que se procedió a su posterior publicación en el Boletín Oficial de Canarias, tal y como expresamente lo establece el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.- En cuanto al principio non bis in idem y la incompetencia de la Agencia para la incoación del procedimiento sancionador, se ha de establecer en cuanto a la mentada alegación de la vulneración del principio "non bis in idem" al existir una resolución final sancionadora dictada por el Ayuntamiento en fecha 7 de enero de 2005 por la que se impone multa y se acuerda demolición por los mismos hechos que la que se sigue por la Agencia, que tal y como se recoge en la copia que de la citada resolución aportada por el interesado en el presente procedimiento, la misma trae causa de un procedimiento sancionador incoado mediante Acuerdo de fecha 21 de noviembre de 2002, lo que a todas luces contraviene lo establecido en el artº. 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora que establece un plazo de seis meses para resolver el procedimiento sancionador desde su incoación. Consiguientemente el procedimiento iniciado por el Ayuntamiento de Adeje se encuentra a todas luces caducado, por lo que en modo alguno se vulnera el principio de "non bis in idem" invocado de adverso.

En cuanto a la incompetencia de la Agencia para incoar el presente procedimiento sancionador alegada de contrario se ha de decir que en modo alguno es correcta la citada aseveración por cuanto el artº. 190.1.c).3 del TRLOTENC establece la competencia directa de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural cuando preceptúa que "la competencia para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores no disciplinarios corresponderá a la Agencia por las demás infracciones tipificadas en este Texto Refundido." Así la falta de la preceptiva calificación territorial establecida en los artículos 27 y 170 del TRLOTENC, es una infracción grave preceptuada en el artº. 202.3.b) del mismo texto legal. Consiguientemente la Agencia es competente en el presente supuesto al carecer las obras denunciadas de la citada calificación territorial, para la incoación de este procedimiento sancionador. A mayor abundamiento el antes citado artº. 190.1.c).3 del TRLOTENC continúa estableciendo de forma expresa una vis atractiva a favor de la Agencia cuando establece que "Cuando en un mismo supuesto concurran presuntas infracciones de la competencia municipal o insular y de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural la competencia corresponderá a esa última".

Relativo a la alegación de la vulneración del principio "non bis in idem" al existir una resolución final sancionadora dictada por el Ayuntamiento en fecha 7 de enero de 2005 por la que se impone multa y se acuerda demolición por los mismos hechos que la que se sigue por la Agencia, se ha de establecer que tal y como se recoge en la copia que de la citada resolución aporta el interesado al escrito de alegaciones la misma trae causa de un procedimiento sancionador incoado mediante Acuerdo de fecha 21 de noviembre de 2002, lo que a todas luces contraviene lo establecido en el artº. 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora que establece un plazo de seis meses para resolver el procedimiento sancionador desde su incoación. Consiguientemente el procedimiento iniciado por el Ayuntamiento de Adeje se encuentra a todas luces caducado, por lo que en modo alguno se vulnera el principio de "non bis in idem" invocado de adverso.

4.- En cuanto a la inadmisión de las pruebas propuestas por el recurrente, se reitera lo ya manifestado por la Instrucción del procedimiento por cuanto la misma es una facultad discrecional del Instructor quien de conformidad con lo establecido en el artº. 80.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre "sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias mediante resolución motivada" en relación con lo establecido en el artº. 137.4 del mismo texto legal. Sentado lo anterior en modo alguno se ha producido indefensión al recurrente habiendo sido desestimadas en virtud de lo establecido en el artº. 80.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por ser innecesarias por cuanto los extremos a los que se refiere la misma han quedado debidamente acreditados en la documentación obrante en el expediente.

5.- Referente a la indeterminación de los hechos en el Acuerdo de inicio de expediente, no ha lugar a su admisión por cuanto quedan recogido en el mismo todos los extremos establecidos en el artº. 13 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

6.- En cuanto a la alegación referente a una presunta indefensión del interesado porque no se le ha dado trámite para la legalización de la vivienda tampoco se puede admitir la misma por cuanto no es cierta. Así en la Resolución nº 2092, de fecha 7 de noviembre de 2002, por la que se ordena la suspensión de las obras se le requiere para que inste la legalización de las mismas en el plazo de tres meses, constando igualmente en el expediente la solicitud de calificación territorial presentada por el interesado ante el Ayuntamiento el pasado día 10 de octubre de 2002.

7.- Respecto al carácter desmesurado de la multa impuesta hay que señalar que en base al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 131 de la Ley 30/1992, en la determinación de la sanción por las Administraciones Públicas se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada.

Las obras objeto del presente expediente se tipifican y califican de infracción urbanística grave en el artículo 202.3.b) del Decreto Legislativo 1/2000, y se sanciona en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros. La multa impuesta por Resolución nº 2932, de fecha 24 de agosto de 2005, es de cincuenta y ocho mil (58.000,00) euros, habiéndose apreciado la circunstancia atenuante establecida en el artº. 198.c) del TRLOTENC por lo que no se entiende desmesurada en su cuantía.

En vista de todo lo anterior, no ha quedado desvirtuado que las obras promovidas por el recurrente carecen de la preceptiva calificación territorial, ni de la licencia municipal, de conformidad con los artículos 27, 66, 166, 168 y 170 de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias, hoy refundida en el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, lo cual es objeto de una infracción urbanística tipificada en el artículo 202.3.b) y sancionada en el artículo 203.1.b) de dicho texto legal con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, habiendo sido en este caso impuesta una multa de 58.000,00 euros.

Tercera: el acto recurrido es conforme a derecho, y no se dan en el mismo ninguno de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Vistas la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y el artículo 20.1 in fine del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la A.P.M.U.N., que establece que las Propuestas de Resolución de los recursos de alzada deberán ser informados por el Consejo.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Único.- Desestimar el recurso de alzada, interpuesto por D. Juan Antonio Rodríguez Ramos contra la Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 2932, de fecha de 24 de agosto de 2005, confirmando la misma por ser ajustada a derecho.

Notifíquese al interesado y al Ayuntamiento, a los que se les hace constar que contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de junio de 2007.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.

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