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BOC Nº 139. Jueves 12 de Julio de 2007 - 2772

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

2772 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 29 de junio de 2007, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. José Laureano Vargas Cruz, interesado en el expediente nº 574/01-M.

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No habiéndose podido notificar a D. José Laureano Vargas Cruz en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 574-01-M, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. José Laureano Vargas Cruz la Resolución de fecha 10 de mayo de 2007, recaída en el expediente con referencia 574-01-M, y que dice textualmente:

"Examinado el recurso de reposición interpuesto por D. José Laureano Vargas Cruz en nombre y representación debidamente acreditada de la Comunidad Tres Palmeras, y con domicilio en la Carretera Playa del Inglés, s/n, del término municipal de Valle Gran Rey, contra la Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano Natural nº 269, de fecha 29 de enero de 2007, recaída en el expediente nº 574/01-M y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones jurídicas.

ANTECEDENTES

1º) La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural acordó, mediante Resolución nº 269, de fecha 29 de enero de 2007, imponer a la Comunidad de Propietarios Las Tres Palmeras una multa coercitiva por importe de seiscientos un euro con un céntimo (601,01 euros), que será reiterada en el plazo de un mes de persistir con el incumplimiento de la orden de reposición de la realidad física alterada que se cita al comienzo de la presente Resolución.

La resolución fue notificada el día 14 de febrero de 2007.

2º) Contra la citada resolución, D. José Laureano Vargas Cruz en nombre y representación debidamente acreditada de la Comunidad de Propietarios Las Tres Palmeras, y con domicilio en la Carretera Playa del Inglés, s/n, del término municipal de Valle Gran Rey, interpuso recurso de reposición contra la Resolución nº 269, de fecha 29 de enero de 2007, del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, solicitando la revocación de la misma.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, la referida resolución es susceptible de ser impugnada mediante recurso de reposición.

Segunda.- De conformidad con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los actos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. Por tanto, se admitirá a trámite el recurso interpuesto por quien es titular de un derecho que le confiere legitimación activa, entrando a valorar las cuestiones en él planteadas.

Tercera.- El artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, establece que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición es de un mes. De conformidad con el artículo 43.2 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo Común, transcurrido el plazo de un mes sin que recaiga resolución se podrá entender desestimado el recurso. En el presente supuesto, a pesar de haber transcurrido en exceso el plazo que es otorgado a la Administración para resolver el recurso de reposición presentado, dada la obligación que tiene de dictar resolución expresa en todos los procedimientos (artº. 42 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999), se procede por este órgano a resolver fuera de plazo el recurso interpuesto, con sujeción al régimen establecido en el artículo 43.4, letra b), de la citada Ley procedimental.

Cuarta.- El presente recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma por quien es titular de un derecho que le confiere legitimación activa, por lo que procede entrar en las cuestiones que en él se plantean.

Quinta.- El infractor, en su escrito con fecha de registro de entrada 14 de marzo de 2007, formuló escrito de alegaciones que según el criterio de este órgano no desvirtúan los hechos probados.

En primer lugar, los hechos que motivaron la incoación del expediente sancionador presente son el vertido no autorizado de aguas procedentes del vaciado de las piscinas pertenecientes a las instalaciones de los Apartamentos Las Tres Palmeras, que fueron constatados por funcionarios del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Viceconsejería de Medio Ambiente (fecha de registro de entrada de la denuncia 22 de junio de 2001), extendida conforme a los requisitos legalmente establecidos, tiene la consideración de documento público, y por ello, los hechos allí consignados disponen de "valor probatorio" según se recoge en el artº. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (SSTS 5ª, de 5.5.88, 3ª 2ª, de 5.4.90, 3ª 7ª, de 18 de febrero y 25.3.92), lo que supone que se tendrán por cierto hasta tanto no se acredite o demuestre lo contrario a través de cualquier medio de prueba.

Partiendo de este valor probatorio, y de la presunción "iuris tantum" de que goza, el presunto sujeto infractor ha podido utilizar contra dicho medio probatorio, los medios de defensa que estimara oportunos, lo que no supone, en ningún caso, invertir la carga de la prueba, sino actuar contra el acto de prueba aportado por la parte denunciante. No será, por tanto, a la Administración a quien le corresponda destruir dicha presunción. Al no haber sido aportado en este procedimiento prueba alguna en su defensa por parte del interesado, teniendo en cuenta la presunción de la que goza la denuncia, y atendiendo a la libre valoración que de las pruebas realiza el órgano competente para resolver, se entiende que los hechos denunciados no han quedado desvirtuados.

Los hechos probados cuales son la no existencia de autorización administrativa de vertido de aguas residuales al mar otorgada por la Viceconsejería de Medio Ambiente, se han podido constatar efectuando comprobación en las dependencias del Servicio de Coordinación y Programas de la referida Viceconsejería constatando que las instalaciones carecen de la preceptiva autorización administrativa de vertido al mar, y prueba de ello es el escrito que obra en el expediente suscrito por el Jefe de Servicio de fecha 12 de marzo de 2004, en el que se manifiesta que las instalaciones denunciadas no cuentan con la preceptiva autorización administrativa de vertido.

En conclusión, los hechos denunciados y probados no han sido desvirtuados por el recurrente.

Sexta.- En base a lo expuesto queda patente que la resolución recurrida no incurre en ninguno de los motivos de nulidad o anulabilidad establecidos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, exigidos como presupuesto en el artículo 107.1 de la citada Ley procedimental para la interposición de recurso potestativo de reposición, y por tanto, hay que entender que la resolución recurrida ha sido dictada en estricta aplicación de la normativa en vigor, esto es ajustándose a derecho.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. José Laureano Vargas Cruz, en nombre y representación debidamente acreditada de la Comunidad de Propietarios Las Tres Palmeras, contra la Resolución nº 269, de fecha 29 de enero de 2007, del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por la que se impone a la Comunidad de Propietarios Las Tres Palmeras una multa coercitiva por importe de seiscientos un euro con un céntimo (601,01 euros), que será reiterada en el plazo de un mes de persistir con el incumplimiento de la orden de reposición de la realidad física alterada que se cita al comienzo de la presente resolución.

Notifíquese al interesado, haciendo constar que el presente acto, abre paso a la vía contenciosa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de junio de 2007.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.

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