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No habiéndose podido notificar a D. Ramón Tacoronte Beltrán en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Propuesta de Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia en el expediente 729/05 U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Ramón Tacoronte Beltrán la Propuesta de Resolución dictada por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 4 de septiembre de 2006, recaída en el expediente 729/05 U, y que dice textualmente:
"El Instructor del procedimiento sancionador seguido frente a usted, ha adoptado con fecha 4 de septiembre de 2006 el siguiente acuerdo:
Examinado el expediente sancionador instruido por esta Agencia seguido frente a D. Ramón Tacoronte Beltrán por realizar obras consistentes en construcción de dos edificaciones de dos plantas de altura y muro de cerramiento, careciendo del preceptivo título legitimante para la transformación e implantación de usos en suelo rústico (calificación territorial y licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en el lugar denominado "El Bailadero Alto", en el término municipal de Arona, en la isla de Tenerife.
Vistos el informe emitido por el Servicio Técnico de este Organismo, y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- En el lugar denominado "El Bailadero Alto", en suelo clasificado como rústico, no categorizado como asentamiento rural ni agrícola, en el término municipal de Arona, se realizaron obras consistentes en edificación de dos edificaciones de dos plantas de altura y muro de cerramiento, promovidas por D. Ramón Tacoronte Beltrán, careciendo del preceptivo título legitimante para la transformación e implantación de usos en este tipo de suelo (calificación territorial y licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Segundo.- Con fecha 15 de mayo de 2006, se dictó la Resolución nº 1262 por el Director Ejecutivo de esta Agencia, notificada el 29 de mayo del mismo año, en la que se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador contra D. Ramón Tacoronte Beltrán, como promotor de las antes citadas obras por la presunta comisión de una infracción al Texto Refundido, calificada de grave en el artículo 202.3.b), y tipificada y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros.
Tercero.- Con referencia al citado expediente, contra la citada Resolución, el interesado presenta escrito de alegaciones en el que sucintamente expone:
- Una de las edificaciones se encuentra completamente terminada desde el año 2001. Dicha construcción fue construida y es propiedad de la sociedad ganancial formada por D. Luis Manuel Tacoronte Delgado y su esposa Dña. Ana María Baute Pérez. A modo de prueba acompaña: 1) certificado de convivencia de fecha 2 de junio de 2006; 2) certificados municipales de fechas 1 de mayo de 1996 y 2 de junio de 2006, en los que consta como domicilio de D. Luis Manuel y de Dña. Ana María en calle Los Morritos, 13; 3) documento de alta en el servicio municipal de recogida de basuras desde marzo de 2001; 4) solicitud de inscripción de la vivienda en el censo de edificaciones no amparadas por licencia; 5) factura del constructor de la vivienda D. Manuel García Morales, de fecha 10 de noviembre de 1996, acreditativa del comienzo de las obras; 6) fotografía aérea de Grafcan del año 2002 en la que se aprecia la total terminación de la edificación en tal fecha; 7) diversas facturas acreditativas de la terminación de los diferentes elementos que conforman la vivienda.
- La referida edificación se ubica en suelo urbano, según acredita con certificado del Ayuntamiento de Arona, por consiguiente, solicita la aplicación de la Disposición Transitoria Duodécima del Texto Refundido.
- Han transcurrido más de cuatro años desde la completa terminación de las obras, por lo que la presunta infracción se encuentra prescrita, y, de cualquier manera, D. Ramón Tacoronte no tiene responsabilidad alguna dado que no es ni el promotor, ni constructor ni propietario de la referida vivienda.
- En relación con la segunda edificación, de su propiedad, consta de dos plantas, la primera finalizada en enero de 1999 y la segunda en mayo de 2005. A modo de prueba acompaña certificados emitidos por el contratista ejecutante de las obras. Por tanto ha prescrito la primera planta de la edificación.
- En relación con la segunda planta solicita la aplicación de la Disposición Transitoria Duodécima del Texto Refundido.
- Para la demostración de los hechos, se propone la práctica de los siguientes medios de prueba: oficio al Ayuntamiento de Arona para que informe sobre clasificación del suelo y a Grafcan para que remita vuelo aéreo del año 2002.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I
Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, modificado por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II
Las actuaciones en suelo rústico requieren calificación territorial con carácter previo al otorgamiento de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras, de conformidad con los artículos 27, 66, 166, 168 y 170 del Texto Refundido.
En cuanto a las alegaciones del interesado cabe señalar:
El procedimiento se inicia por la construcción de dos edificaciones, la primera de ellas de unos 200 m2 y la segunda de unos 150 m2, ambas con dos niveles de altura. En relación con una de ellas, concretamente la de 150 m2, e identificada con el nº 13, afirma el interesado no ser el promotor, propietario ni constructor. Dado que consta en el expediente boletín de denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que señala a D. Ramón Tacoronte Beltrán como presunto promotor de las dos edificaciones, con fecha 3 de julio de 2006 se solicita informe en relación con dicha denuncia, a efectos de seguir en la tramitación del expediente.
Con fecha 7 de agosto, tiene entrada en esta Agencia el informe interesado, en el cual se hace constar lo siguiente: "en el momento de la denuncia, D. Ramón Tacoronte Beltrán se identificó como propietario y promotor de ambas viviendas, si bien las gestiones practicadas han dado el resultado siguiente: en la construcción con nº 13, reside el hijo del denunciado, llamado Luis Manuel Tacoronte Delgado (...) quien se identifica como promotor y propietario de la edificación nº 13. Presenta fotocopia de la escritura privada de compra venta de los terrenos donde se encuentra la vivienda adquiridos por su esposa Ana María Baute Pérez, en régimen de gananciales. Asimismo presenta fotocopia de escrito dirigido al Ilmo. Sr. Director General de Disciplina Urbanística".
Por lo expuesto, queda acreditado que D. Ramón Tacoronte Beltrán no es responsable de la ejecución de la vivienda identificada con el nº 13, edificación que, si procede, y de conformidad con la legislación vigente, deberá ser objeto de un procedimiento sancionador independiente.
En relación a la segunda de las edificaciones de unos 200 m2, y de la que declara el interesado ser propietario, cabe señalar que:
La ejecución de las obras sin la preceptiva cobertura legal, constituye infracción grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202.3.b) del Texto Refundido el cual establece que tendrá tal consideración "la realización de actos y actividades de transformación del suelo mediante la realización de obras, construcciones, edificaciones o instalaciones sin la cobertura formal de la o las aprobaciones, calificaciones territoriales, autorizaciones, licencias u órdenes de ejecución preceptivas o contraviniendo las condiciones otorgadas (...)".
Las posibilidades futuras de legalización son algo que no objeta la legalidad del presente procedimiento, a tenor de lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido que establece la obligación de iniciar, instruir y resolver el correspondiente procedimiento sancionador cuando se aprecie una presunta comisión de infracción al Texto Refundido, sean o no legalizables las obras, actos, actividades o usos objeto de éste.
De tal manera que la legalización en su caso será oponible frente a los actos de ejecución del restablecimiento del orden jurídico perturbado si, llegado el momento de la demolición, las expectativas de legalización que se alegan cobran virtualidad jurídica.
El Texto Refundido especifica que el cómputo del plazo de prescripción se inicia con las obras totalmente terminadas, así, el artículo 201.1 señala "cuando la infracción se haya cometido con ocasión de la ejecución de obras (...), el plazo de prescripción de aquélla nunca comenzará a correr antes de la total terminación (...)".
De los datos obrantes en el expediente no se desprende que la infracción se encuentre prescrita, antes al contrario, consta en el mismo boletín de denuncia de fecha 13 de mayo de 2005, al que acompaña reportaje fotográfico, en el que se aprecia sin ningún género de duda, que las obras en tal fecha se encuentran sin finalizar, encontrándose ambas plantas en fase de enfoscado, sin puertas ni ventanas. Por consiguiente, el argumento esgrimido en cuanto a la prescripción de la infracción decae por su propio peso.
En este sentido, los certificados emitidos por el contratista ejecutante de las obras, no constituyen prueba suficiente para desvirtuar los hechos constatados por funcionarios a los que se les reconoce la condición de autoridad.
En cuanto a la práctica de los medios de prueba que se propone, no se estima pertinente ni necesaria para la tramitación del presente procedimiento, habiendo quedado suficientemente probados en el expediente, los extremos relevantes para la tramitación del mismo.
Finalmente, en relación a la aplicación de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 12ª.6º del Texto Refundido -introducida por la Ley 4/2006, de 22 de mayo (artículo 3)-, debe tenerse en cuenta que, aun cuando la reforma operada por la referida Ley entró en vigor el día 31 de mayo de 2006, siendo desde entonces normativa de aplicación directa por parte de este Organismo, se trata de una medida prevista para órdenes de demolición ya dictadas, esto es, adoptadas en las resoluciones finales de los procedimientos sancionadores o de restablecimiento de la realidad física alterada, por lo que no es éste el momento procedimental oportuno para acordarla dado que no puede suspenderse la ejecutoriedad de una orden de demolición que aún no se ha dictado.
En el presente caso se observa que concurren las siguientes circunstancias modificativas de la sanción:
- La circunstancia mixta prevista en el artículo 199.a) del Texto Refundido, en su consideración como atenuante, al no haber quedado acreditado en el expediente de forma expresa un conocimiento específico de la normativa legal.
- La circunstancia mixta prevista en el artículo 199.b) del Texto Refundido, en su consideración de agravante, en función de la valoración de las obras. En base al informe técnico de fecha 14 de septiembre de 2005, las obras ascienden a la cantidad de 86.150,00 euros.
Examinada la valoración de las obras, las circunstancias concurrentes y todo ello en relación con el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se propone la imposición de una multa de sesenta y cinco mil quinientos (65.500,00) euros.
III
En virtud del artículo 179.1 las Propuestas de Resolución que se formulen en todos los procedimientos sancionadores deberán incluir las medidas que se estimen precisas para la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presunta infracción, incluida la demolición, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando, instada la legalización, ésta haya sido denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y, de la instrucción del procedimiento, resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado, con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
IV
En virtud del artículo 182 del Texto Refundido, si el responsable o los responsables de la alteración de la realidad física repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción en un 90% de la multa que deba imponerse o se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.
V
Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.389/1993, de 4 de agosto.
En virtud de lo expuesto se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Imponer una multa de sesenta y cinco mil quinientos (65.500,00) euros a D. Ramón Tacoronte Beltrán, en calidad de promotor de las obras de construcción de una edificación de dos plantas de altura y unos 200 m2, de conformidad con el artículo 189 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 202.3.b) del Texto Refundido, y sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo.
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria advirtiéndole de que de no cumplimentar el mencionado requerimiento se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En los supuestos de ejecución subsidiaria de la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior, si los responsables de la alteración ofreciesen su total colaboración en la ejecución, y así constase en el acta levantada a tal efecto por la Administración actuante, el coste de la demolición será repercutido a los responsables obligados con una bonificación del cincuenta por ciento (50%), de conformidad con el artículo 183.
Tercero.- Advertir al interesado de que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un noventa por ciento (90%), de la que se haya impuesto o deba imponerse, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.
Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 182 del referido Texto.
Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de Resolución al interesado."
De todo lo cual se da traslado al interesado, concediéndole un plazo de quince días, contados a partir del día en que se le notifique la presente Resolución, para que pueda alegar cuanto considere conveniente en su defensa ante esta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano), así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
Adjunto se acompaña relación de los documentos obrantes en el procedimiento a los efectos establecidos en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
RELACIÓN DE DOCUMENTOS OBRANTES
EN EL EXPEDIENTE Nº 729/05 U
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, a continuación se relacionan los documentos obrantes en el expediente de referencia, a fin de que los interesados puedan obtener las copias de lo que estimen conveniente, teniendo en cuenta lo previsto por la Dirección General de Tributos en su Resolución de 23 de enero de 2006, por la que se informa sobre el importe actualizado de las cuantías fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2006.
·Boletín de denuncia y fotos.
·Informe técnico y valoración.
·Informe.
·Resolución de incoación y notificaciones.
·Alegaciones."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de octubre de 2006.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.
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