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No habiéndose podido notificar a D. Juan José Vargas Afonso en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia en el expediente nº 164/04-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Juan José Vargas Afonso la Orden Departamental dictada por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 375, de fecha 2 de agosto de 2006 recaída en el expediente de referencia nº 164/04-U y que dice textualmente:
"Examinado el recurso de alzada interpuesto por D. Juan José Vargas Afonso, contra la resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 4048, de fecha 5 de diciembre de 2005, vistos los siguientes
ANTECEDENTES
1º) D. Juan José Vargas Afonso en el lugar denominado "El Calvario", en el término municipal de Guía de Isora, en la isla de Tenerife, viene realizando obras de construcción de una nave industrial de unos 560 m2 de superficie, en suelo clasificado como rústico, sin las autorizaciones pertinentes, calificación territorial y licencia municipal de obras, tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC).
2º)Incoado el correspondiente expediente sancionador, por Resolución nº 2377, de fecha 29 de junio de 2005, en orden a adoptar las medidas de protección de la legalidad territorial vigente, se impuso al interesado, tras los trámites oportunos, una multa de 58.000,00 euros, acordándose la demolición de las obras ejecutadas con la advertencia al mismo de que si repusiera los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción tendría derecho a una reducción de la multa en un 75% de la que se haya impuesto de conformidad con el artículo 182 del Texto Refundido antes citado.
3º) Contra la Resolución de 5 de diciembre de 2005, notificada el 13 de enero de 2006, el interesado interpuso recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en el que expone los siguientes argumentos:
- Que las alegaciones vertidas en el expediente sancionador no han sido debidamente contestadas.
- Que se alega la nulidad de la Resolución recurrida por haberse notificado fuera de plazo.
- Que se alega la nulidad del expediente por no estar debidamente notificada la Propuesta de Resolución.
- Que la Resolución recurrida no resuelve el problema respecto de la prescripción.
- Que la nave ya estaba en uso cuando los Agentes de la A.P.M.U.N. preguntaron por ella, sin estar ejecutando obra alguna.
- Que es la Administración quien tiene que concretar los hechos.
- Que se incurre en nulidad al no determinarse ni la fecha ni el momento en el que se comete la supuesta infracción.
- Que no se ha dado la oportunidad de instar la legalización de la vivienda.
- Que vuelve a instar la nulidad del procedimiento sancionador al no admitirse ninguna de las pruebas propuestas.
- Que se incumple con el principio de buena fe y proporcionalidad en la sanción.
- Que cerca de la obra existen otras construcciones.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- El presente recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma de acuerdo con los artículos 31, 38.4, 110 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Segunda.- En cuanto a las alegaciones aducidas por el recurrente, no pueden modificar el acto administrativo recurrido resolutorio del presente expediente, ya que el mismo ha sido dictado en estricta aplicación de la Normativa Urbanística en vigor, toda vez que:
- Las alegaciones vertidas por el interesado en el expediente sancionador han sido perfectamente rebatidas, teniendo siempre en cuenta la normativa de aplicación, y resolviendo todas y cada una de las cuestiones planteadas por el mismo.
- La Resolución nº 4048, por la que se impone multa y se acuerda la demolición de la obra expedientada, se intentó notificar dentro de plazo, esto es, dentro de los 6 meses a partir del inicio del procedimiento; plazo ya referenciado por el interesado en sus alegaciones. Toda vez que, y en base al artículo 58.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se entiende cumplida dicha obligación cuando el mencionado intento de notificar esté debidamente acreditado, como es el caso, pues consta en el expediente el intento de notificación al interesado, por parte del cartero, a las 12,00 horas del día 16 de diciembre de 2005, y a las 10,00 horas del día siguiente, esto es dentro del plazo de los 6 meses, siendo practicada la notificación posteriormente a la esposa del denunciado en su domicilio, el 13 de enero de 2006.
- Una vez intentada la notificación de la Propuesta de Resolución en el domicilio indicado por el propio interesado, y reiterado el intento de notificación en la otra dirección donde ya había sido notificada la incoación del procedimiento sancionador, y al resultar infructuosos dichos intentos, se publicó en el Boletín Oficial de Canarias, la citada Propuesta de Resolución, el 8 de noviembre de 2005, cumpliendo sobradamente así lo establecido en la normativa de aplicación (artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre). Todo lo cual deja claro que no se puede entender indefensión al practicarse la notificación por los medios que la ley establece, de tal forma que el interesado pudo conocer la Propuesta de Resolución. La Administración, en ningún momento ha actuado de mala fe, sino como marca la ley, dictándose la Resolución final, ahora recurrida, transcurridos 27 días desde que se publicara la Propuesta de Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.
- Ya fue reseñado en la Resolución ahora impugnada, que el artº. 201.1, segundo párrafo, del TRLoTENC, establece que el plazo de prescripción empieza a computarse una vez la obra esté totalmente terminada, toda vez que estamos ante una infracción urbanística grave [artº. 202.3.b) del TRLoTENC], prescribiría la posibilidad de sancionarla a los dos años de su total terminación (artº. 205.1 del TRLoTENC), si bien la obra no ha sido finalizada, como consta en el informe y valoración de nuestra Oficina Técnica de 16 de mayo de 2005, ello hace evidente que los plazos para que empiece a computarse el tiempo para que opere la prescripción, ni siquiera había empezado a computarse en dicha fecha (mayo de 2005), y por tanto no se puede entender de ninguna manera que la obra se encontrase terminada desde enero de 2002. Recordando que la infracción se comete al ejecutarse una obra consistente en la construcción de una nave industrial de unos 560 m2 de superficie, obra que se aprecia como tal en los distintos informes y reportajes fotográficos obrantes en el expediente, sin que quede rastro alguno de la obra primigenia alegada por el interesado, entendiéndose por tanto, que ésta fue integrada en la obra actual o demolida previamente. Sin advertirse tampoco que la obra sea un techo apoyado en los muros perimetrales preexistentes.
- El procedimiento sancionador se inicia al existir una construcción sin los títulos habilitantes, recordando que toda obra debe ejecutarse previa obtención de los mencionados títulos. Toda vez que el muro medianero mencionado por el interesado, del cual es responsable, y que forma uno de los laterales de la nave presentando cinco ventanas, está claramente inacabado, como ya se ha reiterado, entendiéndose, por ello, como una obra sin estar totalmente terminada.
- Ha quedado demostrado que estamos ante una obra inconclusa, de la que es responsable el denunciado, quien se empeña en afirmar que sólo colocó un techo sobre un muro perimetral preexistente, algo difícil de creer, al tener dichos muros unos 8 metros de altura aproximadamente y existir en los mismos las vigas y pilares de contención y al menos, doce ventanas, toda vez que, independientemente de lo anterior, el muro inconcluso conforma claramente una de las fachadas del edificio sin poderse considerar como muro medianero, desde un punto de vista jurídico, pues éste no puede tener las ventanas que presenta (artº. 580 del Código Civil).
- Ya fue reseñado en el procedimiento sancionador que han sido respetados todos los derechos y garantías del administrado exigidos por la normativa de aplicación, reseñándose en todo momento el contenido exigido por el Real Decreto 1.398/1993 por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, por lo que no se puede apreciar la nulidad señalada en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
- En la orden de suspensión de la obra se requiere al afectado para instar la legalización, algo que es una obligación del interesado y que no consta que haya promovido. Por tanto no se puede entender de ninguna manera que haya existido indefensión, transcurriendo más de un año desde que se ordenara la suspensión de las obras, tiempo más que suficiente para intentar regularizar la situación.
- Ya se señaló en el procedimiento sancionador por qué no se creía necesario abrir un período probatorio (como así establece el artº. 80.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), para comprobar algo que quedaba demostrado con la documentación obrante en el expediente, toda vez que, a parte de no aportarse nada nuevo, se hubiese dilatado innecesariamente el procedimiento.
- Ha sido reiterado en multitud de ocasiones que la infracción se clasifica como grave, en virtud del artº. 202.3.b) del TRLoTENC, sancionándose con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, toda vez que se apreció como atenuante la ausencia de intención de causar daño, queda más que claro que la sanción se fijó estableciéndose a través de la aplicación de lo establecido en los artículos 196 y siguientes del TRLoTENC, sobre la valoración global de la infracción, sancionándose la infracción con multa dentro de la mitad del tipo. No existiendo por tanto ningún tipo de arbitrariedad.
- El hecho de que puedan existir en la zona otras construcciones no es impedimento para iniciar un procedimiento sancionador, con independencia de que se hayan podido o no tramitar igualmente procedimientos sancionadores sobre el resto de edificaciones.
Tercera.- El acto recurrido es conforme a derecho, y no se da en el mismo ninguno de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Visto igualmente el TRLoTENC y en especial, en cuanto a la competencia para resolver el presente recurso, el artículo 190.2 del citado TRLoTENC, en relación con el artículo 20.1 in fine del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la A.P.M.U.N. que establece que las Propuestas de Resolución de los recursos de alzada deberán ser informados por el Consejo.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Único.- Desestimar el recurso de alzada, interpuesto por D. Juan José Vargas Afonso, contra la resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 4048, de fecha 5 de diciembre de 2005, confirmando la misma por ser ajustada a derecho.
Notifíquese al interesado y al Ayuntamiento, a los que se les hace constar que contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de septiembre de 2006.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.
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