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BOC Nº 133. Martes 11 de Julio de 2006 - 2470

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

2470 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 29 de junio de 2006, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña. Ana Hernández Navarro, interesada en el expediente nº 29/04-U.

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No habiéndose podido notificar a Dña. Ana Hernández Navarro en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia en el expediente nº 29/04-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. Ana Hernández Navarro la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1434, de fecha 29 de mayo de 2006, recaída en el expediente con referencia nº 29/04-U, y que dice textualmente:

Vistos los datos obrantes en este Agencia, informe de los Servicios Técnicos y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el lugar denominado "Degollada de Peraza" término municipal de San Sebastián de La Gomera, dentro del Espacio Natural Protegido, Monumento Natural G-9, Barranco del Cabrito, en el término municipal de San Sebastián de La Gomera, se están ejecutando obras en suelo rústico no categorizado como asentamiento rural o agrícola, consistentes en la apertura de una pista y en la construcción de una edificación de un nivel de 140 m2 de superficie aproximada construida, promovidas por Dña. Ana Hernández Navarro, careciendo del preceptivo título legitimante para la transformación e implantación de usos en suelo rústico (calificación territorial o, en su caso, proyecto de actuación territorial) y sin la preceptiva licencia urbanística.

Segundo.- De tales obras se tiene conocimiento por la denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza de fecha 14 de diciembre de 2003.

Tercero.- Mediante Resolución nº 612, de fecha 2 de marzo de 2004, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural ordena la suspensión y el precinto de las referidas obras y requiere al afectado para que en plazo de tres meses inste la correspondiente legalización de las obras, habiéndose llevado a cabo el precinto acordado con fecha 11 de noviembre de 2004.

Cuarto.- Con fechas 3 de diciembre de 2004 y 27 de abril de 2005, se llevan a cabo seguimientos del precinto en el que se comprueba que las obras no han continuado tras el precinto acordado, adjuntándose a la diligencia extendida al efecto, reportaje fotográfico.

Quinto.- Consta en el expediente informe del Servicio Técnico de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de fecha 9 de agosto de 2005, donde se valoran las obras ejecutadas en una cantidad que asciende a veinticinco mil trescientos cincuenta y cinco (25.355,00) euros.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I

De conformidad con el artículo 190.1.c).3 del TRLoTCENC, en relación con el artículo 19.3 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, resulta competente este Organismo para incoar, instruir y resolver procedimientos sancionadores por infracciones a dicha ley no atribuidas expresamente a los Entes Locales, o por aquellas que constituyan también una infracción de la competencia de esta Agencia, como es el caso que nos ocupa, en el que el hecho constituye tanto una infracción urbanística (falta de licencia) como una infracción contra la ordenación del territorio (ausencia de calificación territorial o de proyecto de actuación territorial).

II

La normativa relativa al ejercicio de la potestad sancionadora en materia de urbanismo, se encuentra recogida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y en el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

III

Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de una infracción tipificada y calificada como muy grave en el artículo 202.4.a) del TRLoTCENC y sancionada en el artículo 213 del mismo cuerpo legal con multa del 100 al 200 por ciento del valor de las obras ejecutadas.

IV

Dispone el artículo 188.2 del TRLoTCENC que en ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas dirigidas a reponer los bienes afectados al estado anterior a la comisión de la infracción, incluida la demolición. Éstas procederán, conforme a lo dispuesto en el artículo 179 del citado Texto Refundido, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto, y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.

VI

De las infracciones citadas se considera persona responsable a Dña. Ana Hernández Navarro de conformidad con los hechos y consideraciones jurídicas señaladas y en virtud de lo expuesto en el artículo 189 del TRLoTCENC.

Por todo lo expuesto y en el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

a) Incoar expediente sancionador a Dña. Ana Hernández Navarro, en calidad de promotor de las obras objeto del presente procedimiento como presunto responsable de una infracción al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

b) Nombrar Instructora y Secretaria del mencionado expediente sancionador, respectivamente a Dña. María Luisa Valverde Jiménez y Dña. Ana Isabel González Hernández, y como sustitutas de las mismas a Dña. Concepción Zamorín Fernández y Dña. Ángeles Bouza Cruz respectivamente, quienes podrán ser recusadas en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Significarle que dispone de un plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente Resolución, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenda valerse hacerla(s) efectiva(s), según lo que establece el artículo 16.1 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

d) Advertir al interesado, asimismo, de que si reconociera su responsabilidad o no presentase alegaciones, dentro del plazo de 15 días de que dispone, sobre el contenido del presente acto administrativo por el que se inicia la incoación del referido expediente sancionador, aquél podrá entenderse como Propuesta de Resolución de dicho expediente, a cuyo efecto dispondrá de un plazo de audiencia de quince días para alegar cuanto considere conveniente en su defensa, así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes ante el Instructor del procedimiento, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8, 13.2 y 19 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

e) Advertir al interesado de que en los supuestos contemplados en la consideración jurídica IV, se procederá a demoler las obras objeto del presente expediente. No obstante, de conformidad con el artículo 182, si procede a la demolición por sí mismo en los términos que disponga la Administración, tendrá derecho a la reducción en un setenta y cinco por ciento (75%), de la multa que deba imponerse o que se haya impuesto o, en su caso, a la devolución del importe correspondiente de la que ya hubiere satisfecho.

A los efectos de los apartados anteriores, el expediente sancionador que ahora se inicia se encuentra a disposición del interesado en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano, de Santa Cruz de Tenerife, en orden a garantizar el principio de acceso permanente al mismo, consagrado en el artículo 35 de la citada Ley 30/1992 y en el artículo 3 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Notifíquese la presente Resolución a los nombrados Instructor y Secretaria, a los legalmente considerados interesados en el presente expediente sancionador, así como al Ayuntamiento."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de junio de 2006.- El Director Ejecutivo, p.d., la Jefa de Servicio de Vigilancia Territorial y Ambiental y Actuaciones Previas (Resolución nº 681, de 1.3.05), Marta Martín Ballester.

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