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BOC Nº 133. Martes 11 de Julio de 2006 - 2469

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

2469 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 29 de junio de 2006, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Ignacio Barbuzano Padrón, interesado en el expediente nº 906/99-U.

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No habiéndose podido notificar a D. Ignacio Barbuzano Padrón en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia en el expediente nº 906/99-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Ignacio Barbuzano Padrón la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1482, de fecha 5 de junio de 2006, recaída en el expediente con referencia nº 9606/99-U, y que dice textualmente:

"Examinado el expediente instruido por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural contra D. Ignacio Barbuzano Padrón por la ejecución de obras consistentes en la construcción de una vivienda de una planta de altura, con una superficie aproximada de 194,00 m2, sin contar con las previas autorizaciones (calificación territorial y licencia municipal de obras), en el lugar denominado "Hoya de La Ballena", en el término municipal de Frontera, tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (TRLOTC).

Vistos, informe técnico y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1.- En el lugar denominado "Hoya de La Ballena", en suelo clasificado como rústico de Protección Agraria Productivo Extensivo, en el término municipal de Frontera, se realizaron obras consistentes en la edificación destinada a vivienda unifamiliar de un nivel de altura de 194 m2 de superficie construida aproximada, promovidas por D. Ignacio Barbuzano Padrón, sin contar con las autorizaciones pertinentes (calificación territorial y licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166, y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

2.- Con fecha 22 de diciembre de 1999, por Resolución nº 556, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, notificada el siguiente día 11 de enero de 2000 se acordó la suspensión y precinto de las obras.

3.- Con fecha 10 de febrero de 2000 se efectuó el precinto de las obras, habiéndose llevado a efecto con fechas 13 de marzo de 2001 y 4 de junio de 2001 sendos seguimientos de precinto en donde se comprueba que en la fecha del primer seguimiento las obras habían continuado, procediéndose al enfoscado de las fachadas del primer módulo de la vivienda, observándose acopio de materiales y medios auxiliares.

Como consecuencia del anterior incumplimiento se dictó la Resolución nº 133, de fecha 16 de enero de 2002, por la que se imponía al interesado una multa coercitiva por importe de 601,01 euros. Con fecha 29 de julio de 2003 se desestimó el correspondiente recurso de reposición interpuesto por el interesado mediante la Resolución nº 1147.

4.- Igualmente se realizaron con posterioridad dos nuevos seguimientos de precinto, el primero con fecha 8 de octubre de 2003 y el siguiente con fecha 27 de enero de 2004 constando en ambos que las obras no habían continuado.

5.- Con fecha 10 de junio de 2005, se informó por el Servicio Técnico que las obras se encuentran paralizadas, y en igual estado respecto lo manifestado en las diligencias de precinto y de seguimientos, valorándose la misma al 90% de su estado constructivo en la cantidad de ochenta y cinco mil quinientos cuarenta y cuatro (85.544) euros.

6.- El 28 de diciembre de 2005 se dictó la Resolución nº 4315, por el Director Ejecutivo de esta Agencia, en la que se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador contra D. Ignacio Barbuzano Martín, promotor de las antes citadas obras por la presunta comisión de una infracción urbanística tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del Decreto Legislativo 1/2000 y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.352,03 euros sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente.

Dicha Resolución fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias, el siguiente día 9 de febrero de 2006, al haber sido infructuoso su notificación por vía postal.

7.- Con fecha 23 de febrero de 2006 el interesado presentó en este Centro Directivo escrito de alegaciones en el que sucintamente expuso que:

- Con fecha 18 de enero de 2005 presentó en ese Organismo escrito de alegaciones por el que solicitaba la anulación del expediente de referencia, acompañado con el número uno de los documentos copia de dicho escrito.

En dicho escrito ya informaba que la vivienda la adquirió por medio de contrato de compraventa por lo que no es el promotor de la misma, aporta como documento número dos la citada escritura de compraventa, igualmente aportó copia del contrato entre Unelco y la anterior dueña de la vivienda que reproduce con el número tres de los documentos y certificado emitido por el Secretario del Ayuntamiento de Frontera por el que certifica que la vivienda tiene abastecimiento de agua potable desde el año 1996 aportando copia de dicho certificado con el número cuatro de los documentos.

Cuando adquirió dicha vivienda desconocía el hecho de que se encontrara enclavada en un paraje natural y que se estuviera cometiendo una infracción urbanística.

- Cuando conoció del expediente sancionador abonó la cantidad de 601,01 euros que se le imponía en el mismo, aportando copia de la carta de pago con el número cinco de los documentos.

- Por el Ayuntamiento de Frontera se emite certificado de fecha 8 de febrero de 2002, por el que certifique que la vivienda de referencia tiene una antigüedad de unos seis años y durante este tiempo no se ha modificado su estructura habiéndose realizado sólo trabajos de encalado. Aportando dicho certificado y fotos de la vivienda con los números seis, siete y ocho de los documentos.

- Con fecha 9 de junio de 2005 el Ayuntamiento de Frontera emite certificado por el que certifica que la vivienda tiene una antigüedad superior a cinco años y que sobre el expediente de infracción urbanística no tiene constancia de orden de demolición aportando dicho certificado con el número nueve de los documentos. Basándose en ese certificado llevó a cabo notarialmente declaración de obra nueva de la vivienda con fecha 16 de junio de 2005, aportando copia de dicha declaración de obra nueva con el número diez de los documentos. Con ese acto entiende legalizada la vivienda y por tal motivo con fecha 28 de julio de 2005, llevó a cabo la venta de la vivienda no siendo en la actualidad propietario de la misma. Aporta copia de dicha vivienda con el número once de los documentos.

8.- Las referidas alegaciones del interesado a la resolución de incoación del expediente no pueden ser estimadas, toda vez que no desvirtúan el hecho cierto y objetivo por el que se incoa el presente expediente, cual es la inexistencia de los permisos necesarios para realizar las obras de las que traen causa el presente procedimiento, no pudiendo obviarse que la mera solicitud de legalización de las obras no autorizan su construcción, toda vez que es requisito imprescindible la obtención de las correspondientes autorizaciones con anterioridad a la ejecución de la referida obra.

En cuanto a la primera de las alegaciones referente a que dicha vivienda la adquirió en compraventa por lo que no es el promotor de la misma, se ha de decir que la escritura de compraventa a la que hace mención el interesado de fecha 7 de julio de 1999 se refiere únicamente a la finca rústica de 250,00 m2 de superficie sita en el lugar denominado "Hoya de la Ballena" en el término municipal de La Frontera, lo que no acredita en modo alguno la condición de no promotor del interesado. A mayor abundamiento el propio interesado reconoce en la alegación segunda el pago efectuado de una multa coercitiva impuesta por la Agencia al haber incumplido el mismo la resolución de suspensión de obras de fecha 22 de diciembre de 1999, lo que no casa bien con la alegación primera de que el mismo no era promotor de la vivienda, puesto que al asumir el referido pago de la multa reconoce su condición de promotor al incumplir la citada orden de suspensión de obras.

En cuanto al certificado del Ayuntamiento de la antigüedad de la vivienda el mismo no tiene valor probatorio alguno por cuanto de los informes técnicos obrantes en el expediente y en especial de la diligencia de precinto efectuada el pasado día 10 de febrero de 2000 las obras se encontraban sin finalizar con lo cual en modo alguno pueden operar los plazos de prescripción de la infracción urbanística.

Por último y a la vista de la venta realizada de la vivienda objeto del presente procedimiento a Dña. Juana Rodríguez Marrero y D. Juan Antonio Izquierdo Rodríguez, en virtud de lo dispuesto en la ley de procedimiento hay que darles traslado del presente procedimiento en calidad interesados en el mismo.

9.- Con fecha 6 de abril de 2006, se eleva Propuesta de Resolución que es notificada al interesado en fecha 25 de abril de 2006 en la que el Instructor del procedimiento propone la imposición de una multa de cuarenta y cuatro mil (44.000,00) euros a D. Ignacio Barbuzano Padrón, como responsable de una infracción contra la ordenación del territorio tipificada en el artículo 202.3.b) del TRLOTC, consistente en la construcción de una vivienda unifamiliar de una planta de altura de aproximadamente 190,00 m2, en el lugar denominado "Hoya de La Ballena", término municipal de Frontera, así como el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras.

10.- Por parte de los interesados no se presentan alegaciones a la referida Propuesta de Resolución.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) y 229 del TRLOTC, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la misma.

II.- Las actuaciones a realizar en suelo rústico requieren, con carácter previo al otorgamiento de la licencia municipal de obras, de la preceptiva calificación territorial, de conformidad con los artículos 27, 66, 166, 168 y 170 del TRLOTC antes mencionado.

III.- Los hechos anteriormente relacionados son constitutivos de infracción urbanística, tipificada y calificada como grave en el artículo 202.3.b) del TRLOTC y sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo texto legal con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros, ello en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente, al carecer las obras objeto de este expediente de la autorizaciones pertinentes, esto es, calificación territorial y licencia municipal de obras.

En función de las circunstancias agravantes, atenuantes y mixtas establecidas, respectivamente, en los artículos 197, 198 y 199 del TRLOTC que concurren en el presente expediente, toda vez que han podido ser apreciadas las atenuantes de ausencia de intención de causar daño, así como la circunstancia mixta de desconocimiento de la normativa legal, resulta aplicable una sanción por importe de cuarenta y cuatro mil (44.000,00) euros.

V.- De conformidad con el artículo 179 del TRLOTC, se procederá a la demolición de las obras objeto de este expediente y a reponer los terrenos al estado inmediatamente anterior a la infracción, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.

VI.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer una multa de cuarenta y cuatro mil (44.000,00) euros a D. Ignacio Barbuzano Padrón en calidad de promotor de las obras consistentes en la construcción de una vivienda unifamiliar de dos plantas de altura de unos 190,00 m2, de conformidad con el artículo 189 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un (1) mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole de que de no cumplimentar el mencionado requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Advertir al interesado de que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un setenta y cinco por ciento, de la que se haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del TRLOTC.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución al interesado, y al Ayuntamiento de La Frontera.

El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Economía y Hacienda a este fin, una vez sea firme la resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, el cual podrá presentarse en las dependencias sitas en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, o en los registros previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes señalada, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la notificación de la presente Resolución, ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de junio de 2006.- El Director Ejecutivo, p.d., la Jefa de Servicio de Vigilancia Territorial y Ambiental y Actuaciones Previas (Resolución nº 681, de 1.3.05), Marta Martín Ballester.

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