Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 238. Lunes 5 de Diciembre de 2005 - 4388

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

4388 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 24 de noviembre de 2005, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. José Juan Quintero Cabeza interesado en el expediente nº 385/03-U.

Descargar en formato pdf

No habiéndose podido notificar a D. José Juan Quintero Cabeza en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Propuesta de Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 385/03-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Juan Quintero Cabeza la Propuesta de Resolución dictada por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 10 de octubre de 2005, recaída en el expediente con referencia 385/03-U, y que dice textualmente:

"COMUNICANDO PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Instructor del procedimiento sancionador seguido frente a usted, ha adoptado en el día de la fecha el siguiente acuerdo:

Examinado el expediente sancionador instruido por esta Agencia seguido frente a D. José Juan Quintero Cabeza y D. Fernando Quintero Duque por realizar obras consistentes en la construcción de una vivienda de tres plantas de altura con una superficie total aproximada de 265 m2, sin contar con la preceptiva licencia urbanística ni la previa calificación territorial, en el lugar denominado "Camino Las Casitas- La Zapatera", en el término municipal de Arona, en la isla de Tenerife.

Vistos el informe emitido por el Servicio Técnico de este Centro Directivo, y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1.- En el lugar denominado "Camino Las Casitas-La Zapatera", en suelo clasificado como Rústico, en el término municipal de Arona, se realizaron obras consistentes en la edificación de una vivienda de tres plantas de altura con una superficie total aproximada de 265 m2, promovidas por D. José Juan Quintero Cabeza y D. Fernando Quintero Duque, sin contar con las autorizaciones pertinentes (calificación territorial y licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

2.- Con fecha 21 de octubre de 2003, por Resolución nº 1458 del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, notificada los siguientes días 11 y 14 de noviembre de 2003, se acordó la suspensión y precinto de las citadas obras, instando a los interesados para que soliciten las preceptivas autorizaciones.

3.- Con fecha 16 de marzo de 2004 se efectuó el precinto de las obras, habiéndose llevado a efecto con fechas 22 de junio de 2004 y 12 de noviembre de 2004, sendos seguimientos de precinto en donde se comprueba que las obras de edificación de la vivienda se encontraban en el mismo estado que cuando se llevó a cabo la diligencia de precinto.

Con fecha 22 de marzo de 2005 se informó por el Servicio Técnico que las obras se encuentran en el mismo estado que en la fecha de la denuncia pendiente de enfoscado y pintado exterior, valorándose la misma al 80% de su estado constructivo en la cantidad de ciento sesenta y seis mil ochocientos setenta y nueve (166.879) euros.

4.- Con fecha 6 de junio de 2005 tuvo entrada en este Centro Directivo escrito del Ayuntamiento de Arona en donde se pone en conocimiento "que con fecha 8 de marzo de 2004 se dictó la Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 1405/2004, por la que se informa desfavorablemente el procedimiento instruido a instancia de D. Fernando Quintero Duque en solicitud de otorgamiento de calificación territorial para rehabilitación de una vivienda sita en calle Las Casitas, 9 y se ordena remitir el expediente administrativo al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Asimismo en fecha 10 de junio de 2004, por el Consejero competente de dicha entidad se dictó Resolución denegatoria de la calificación territorial referida. En fecha 20 de enero de 2005, por el Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular, se desestimó el recurso de alzada interpuesto contra dicha Resolución".

5.- El 7 de julio de 2005 se dictó la Resolución nº 2422 por el Director Ejecutivo de esta Agencia en la que se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador contra D. José Juan Quintero Cabeza y D. Fernando Quintero Duque, promotores de las antes citadas obras por la presunta comisión de una infracción urbanística tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del Decreto Legislativo 1/2000 y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.352,03 euros sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente.

6.- El día 2 de septiembre de 2005, y dentro del plazo de alegaciones contra la reseñada incoación que se les concedió a los interesados, D. José Juan Quintero Cabeza en su propio nombre y en representación de D. Fernando Quintero Duque remitió escrito ante esta Agencia, en el cual expuso sucintamente los siguientes argumentos:

- Que no ha existido en ningún momento intención de incumplir la ley o incurrir en una infracción urbanística, en prueba de ello las obras fueron inmediatamente paralizadas tras recibir la orden de suspensión de las mismas, si bien ya en ese momento constituían la vivienda habitual de D. José Juan Quintero Cabeza toda vez que no dispone de otra vivienda en propiedad. Acreditándose con ello la buena fe por ambas partes reconocida por la propia Administración en el punto tercero de los antecedentes de hecho donde se recoge expresamente que: "habiéndose llevado a efecto con fechas 22 de junio y 12 de noviembre de 2004 sendos seguimientos de precinto en donde se comprueba que las obras de edificación de la vivienda se encontraban en el mismo estado que cuando se llevó a cabo la diligencia de precinto".

- Que teniendo en cuenta lo anterior y partiendo del hecho de que la obra ejecutada consiste en la rehabilitación de viviendas existentes con más de 50 años de antigüedad, entendiendo que actuaban conforme a la ley al tratarse de un supuesto de rehabilitación de viviendas existentes.

- Que muestra su absoluta disconformidad con la valoración realizada sobre las obras ejecutadas solicitando se exponga el criterio utilizado para obtener esa valoración.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) y 229 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II.- En cuanto a las alegaciones aducidas por el interesado hay que señalar:

Que las mismas en modo alguno pueden ser estimadas toda vez que no desvirtúan el hecho cierto y objetivo por el que se incoa el presente expediente, cual es, la inexistencia de los permisos necesarios para realizar las obras de las que trae causa el presente procedimiento, no pudiendo obviarse que la mera solicitud de legalización de las obras no autorizan su construcción, toda vez que es requisito imprescindible la obtención de las correspondientes autorizaciones con anterioridad a la ejecución de la referida obra.

En el presente supuesto consta expresamente en el expediente la denegación de la calificación territorial solicitada por los interesados.

En el presente caso se observa que concurren las circunstancias atenuantes previstas en el artículo 198.1.a) (ausencia de intención de causar daño tan grave a los intereses públicos afectados) y 198.1.c) (paralización de las obras) del TRLOTENC, lo que hace que resulte una multa por importe de cuarenta y cuatro mil (44.000) euros.

III.- Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de infracción urbanística, tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3 del citado Decreto Legislativo 1/2000, y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente. Concurren las atenuantes establecidas en el artº. 198.1.a) del TRLOTENC consistentes en la ausencia de intención de causar un daño tan grave a los intereses públicos o privados afectados, y 198.1.c) del mismo texto legal de la paralización de las obras, por lo que se cuantifica la sanción en la cantidad de 44.000 euros.

IV.- En virtud del artículo 179.1.b), las Propuestas de Resolución que se formulen en todos los procedimientos sancionadores deberán incluir las medidas que se estimen precisas para la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presunta infracción, incluida la demolición, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezca de la misma.

V.- En virtud del artº. 182 del Decreto Legislativo 1/2000 del Texto Refundido, si el responsable o los responsables de la alteración de la realidad repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción en un 75% de la multa que deba imponerse o se haya impuesto en el procedimiento sancionador o, en su caso, a la devolución del importe correspondiente de la que ya hubieren satisfecho.

VI.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

En virtud de lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Imponer una multa de cuarenta y cuatro mil (44.000) euros, a D. José Juan Quintero Cabeza y D. Fernando Quintero Duque, en calidad de promotores de las obras descritas en los antecedentes de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 189 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 202.3 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, y sancionada en el artº. 203.1.b) del mismo.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir a los interesados para que en el plazo de un mes presenten en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria advirtiéndoles que de no cumplimentar el mencionado requerimiento se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Advertir a los interesados que si reponen los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrán derecho a una reducción de la multa en un 75%, de la que se haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del Decreto 1/2000, de 8 de mayo.

Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de Resolución a los interesados.

De todo lo cual se da traslado a los interesados, concediéndoles un plazo de quince días, contados a partir del día en que se le notifique la presente Resolución, para que puedan alegar cuanto consideren conveniente en su defensa ante esta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano), así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

Adjunto se acompaña relación de los documentos obrantes en el procedimiento a los efectos establecidos en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE Nº 385/03-U.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, a continuación se relacionan los documentos obrantes en el expediente de referencia, a fin de que los interesados puedan obtener las copias de lo que estimen conveniente, teniendo en cuenta lo previsto por la Dirección General de Tributos en su Resolución de 24 de enero de 2005, por la que se informa sobre el importe actualizado de las cuantías fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2005.

- Escrito de denuncia, registro de entrada nº 243964, de 11 de abril de 2003.

- Boletín de denuncia de 4 de julio de 2003.

- Informe del AMA de 9 de julio de 2003.

- Escrito de denuncia, registro de entrada nº 516828, de 21 de julio de 2003.

- Resolución de suspensión nº 1458, de 21 de octubre de 2003.

- Diligencia de precinto de 16 de marzo de 2004.

- Escrito del denunciado, registro de entrada nº 196693, de 22 de marzo de 2004.

- Diligencia de primer seguimiento del precinto de 22 de junio de 2004.

- Diligencia del segundo seguimiento del precinto de 14 de noviembre de 2004.

- Informe técnico y valoración de 22 de marzo de 2005.

- Solicitando información al Cabildo de 14 de abril de 2005.

- Solicitando información al Ayuntamiento de 14 de abril de 2005.

- Resolución de incoación nº 2422, de 7 de julio de 2005.

- Escrito de alegaciones, registro de entrada nº 785909, de 6 de septiembre de 2005."

Segundo.- Remitir la presente Propuesta de Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2005.- El Director Ejecutivo, la Jefa de Servicio de Vigilancia Territorial y Ambiental y Actuaciones Previas (Resolución nº 681, de 1.3.05), Marta Martín Ballester.

© Gobierno de Canarias