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BOC Nº 220. Miércoles 9 de Noviembre de 2005 - 4020

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

4020 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 28 de octubre de 2005, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Roland J. Raabe, interesado en el expediente nº 1593/00-U.

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No habiéndose podido notificar a D. Roland J. Raabe en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1593/00-U de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Roland J. Raabe la Resolución dictada por el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 16 de septiembre de 2005, recaída en el expediente de referencia 1593/00-U, y que dice textualmente:

"POR LA QUE SE ACUERDA MULTA Y DEMOLICIÓN

Examinado el expediente instruido por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a D. Roland J. Raabe por realizar obras consistentes en la construcción de una vivienda que consta de un sótano, planta baja y primera planta con cubierta a dos aguas de teja curva y un cuarto de aperos adosado a la vivienda, sin contar con la preceptiva licencia urbanística ni la previa Calificación Territorial, tal y como establece los artículos 166 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por le que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, en el lugar denominado "Camino de Vence", en el término municipal de San Miguel de Abona, en la isla de Tenerife.

Vistos el informe técnico y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado "Camino de Vence", en suelo clasificado como rústico, en el término municipal de San Miguel de Abona, se realizaron obras consistentes en la construcción de una vivienda que consta de sótano, planta baja y primera planta con cubierta a dos aguas de teja curva y un cuarto de aperos adosado a vivienda promovidas por D. Roland J. Raabe, sin contar con las autorizaciones pertinentes (Calificación Territorial y Licencia Municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166, y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias.

Segundo.- Con fecha 12 de julio de 2001, por Resolución nº 1147, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, notificada el siguiente día 26 de julio de 2001 se acordó la suspensión y precinto de las citadas obras, instando al interesado para que solicite las preceptivas autorizaciones y requiriendo al Ayuntamiento de San Miguel de Abona para que incoe procedimiento sancionador en ejercicio de sus competencias sin que dicho requerimiento haya sido cumplimentado.

Tercero.- Con fecha 31 de agosto de 2001 se efectuó el precinto de las obras habiéndose llevado a efecto con fechas 25 de septiembre de 2002 y 28 de abril de 2003 sendos seguimientos de precinto en donde se comprueba que las obras de edificación de la vivienda se encontraban en el mismo estado que cuando se llevó a cabo la diligencia de precinto.

Con fecha 14 de marzo de 2004 se valoraron las obras en la cantidad de ciento cincuenta mil cuatrocientos noventa y seis euros con ochenta y tres céntimos (150.496,83 euros). Asimismo con fecha 14 de abril de 2004 se informó expresamente por el Servicio Técnico que "Se hace constar que posteriormente se adjunta al mismo Resolución del Área de Planificación, Turismo y Cooperación Municipal del Cabildo Insular de Tenerife denegando la Calificación Territorial para la legalización de las obras realizadas, siendo por tanto éstas ilegalizables."

Cuarto.- El 18 de marzo de 2005 se dictó la Resolución nº 882 por el Director Ejecutivo de esta Agencia en la que se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador contra D. Roland J. Raabe, promotor de las antes citadas obras por la presunta comisión de una infracción urbanística tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del Decreto Legislativo 1/2000 y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.352,03 euros sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente.

Dicha Resolución fue notificada la interesado el siguiente día 2 de abril de 2005.

Quinto.- El interesado presentó el pasado día 29 de abril de 2005 ante este Centro Directivo escrito de alegaciones en el que sucintamente se expone lo siguiente:

- Que por la situación nueva en ese municipio de San Miguel que resulta de la modificación del Plan General se puede construir una vivienda unifamiliar con trastero y garaje.

- Que con el presente escrito solicito de nuevo la legalización de la obra situada en la Finca Paraje Viña Vieja, 5 de San Miguel de Abona.

- Que junto con el escrito les envío un Plano de situación y la normativa siendo el régimen específico del suelo rústico de protección de los asentamientos agrícolas la que regula la posibilidad de la construcción de una vivienda unifamiliar en esta zona de San Miguel, enviando en breve el proyecto de la vivienda pidiendo disculpas por la demora de los documentos que faltan.

Sexto.- En relación con las antes citadas alegaciones por el Instructor del expediente se señaló que las mismas en modo alguno pueden ser estimadas al no desvirtuar el hecho cierto y objetivo por el que se incoa el presente procedimiento, cual es, la inexistencia de los títulos habilitantes para proceder a la ejecución de las obras denunciadas. Asimismo hacer constar que la mera solicitud de legalización de las obras no autorizan su construcción, toda vez que es requisito imprescindible la obtención de las correspondientes autorizaciones con anterioridad a la ejecución de la referida obra. A mayor abundamiento en el presente supuesto consta en el expediente la "denegación de la Calificación Territorial solicitada por el interesado para la legalización de un salón agrícola y cuarto de bombas sito en el Camino de Vence en el término municipal de San Miguel de Abona por los motivos que constan en la presente resolución".

Igualmente se ha de establecer que en modo alguno en la actualidad ha cambiado la clasificación del suelo donde se ubican las obras, encontrándose en la actualidad el Plan General de Ordenación Urbana de San Miguel en fase de aprobación inicial por lo que en la actualidad son de aplicación las Normas Subsidiarias municipales del Ayuntamiento de San Miguel de Abona (Texto Refundido 83) siendo la clasificación y calificación del suelo donde se encuentran las obras de las que trae causa el presente expediente de suelo rústico no urbanizable general, tal y como quedó reflejado en el informe técnico de fecha 24 de abril de 2001.

Asimismo por el Instructor del procedimiento se formuló como Propuesta de Resolución la imposición de una multa de cincuenta y ocho mil (58.000) euros, a D. Roland J. Raabe, como responsable de una infracción urbanística tipificada en el artículo 202.3.b) del TRLOTENC consistentes en la construcción de una vivienda que consta de un sótano, planta baja y primera planta con cubierta a dos aguas de teja curva y un cuarto de aperos adosado a vivienda en el lugar denominado "Camino de Vence" en el término municipal de San Miguel de Abona.

Séptimo.- El interesado no ha presentado alegaciones a la propuesta de resolución.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) y 229 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y la Ley de Espacios Naturales de Canarias en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II

Las actuaciones en suelo rústico requieren calificación territorial con carácter previo al otorgamiento de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras, de conformidad con los artículos 27, 66 166, 168 y 170 del TRLOTENC.

III

Los hechos anteriormente relacionados son constitutivos de infracción urbanística, tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3 del citado Decreto Legislativo 1/2000, y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente al carecer las obras objeto de este expediente de las autorizaciones pertinentes, calificación territorial y licencia municipal de obras. En el presente caso concurre la atenuante establecida en el artº. 198.c) del TRLOTENC por lo que de conformidad con lo preceptuado en el artº. 196 del mismo texto legal referente a la graduación de sanciones se impone una multa por importe de 58.000 euros.

IV

El artº. 164.2 TRLOTENC dispone que la potestad de protección de la ordenación es de ejercicio inexcusable, de forma que en ningún caso la Administración puede dejar de adoptar las medidas de restablecimiento del orden jurídico infringido, estableciendo el artº. 188.1.a) del TRLTOENC que toda acción u omisión tipificada como infracción dará lugar a la adopción de las medidas para el restablecimiento del orden jurídico perturbado. De conformidad con el artº. 179 del TRLOTENC se procederá a la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la comisión de la infracción, incluida la demolición, en los siguientes supuestos: a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma (...).

En el caso que nos ocupa, es necesaria la calificación territorial (ex artículos 66, 27 y 170.1 TRLOTENC) y se carece de la misma, y a mayor abundamiento, resulta evidente la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables: la vivienda se ha edificado en suelo rústico no categorizado por el planeamiento urbanístico municipal vigente como asentamiento rural o asentamiento agrícola, por lo que se ha vulnerado el artº. 66.7 del TRLOTENC que exige entre otros requisitos, que las viviendas de nueva planta que se construyan en suelo rústico se hallen situadas en terrenos categorizados expresamente por el planeamiento vigente como asentamiento rural o como asentamiento agrícola.

Por tanto procede ordenar la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la infracción, mediante la demolición de las referidas obras.

V

Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.389/1993, de 4 de agosto.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer una multa de cincuenta y ocho mil (58.000) euros, a D. Roland J. Raabe, en calidad de promotor de las obras consistentes en la construcción de una vivienda que consta de un sótano, planta baja y primera planta con cubierta a dos aguas de teja curva y un cuarto de aperos adosado a la vivienda, de conformidad con el artículo 189 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria advirtiéndoles que de no cumplimentar el mencionado requerimiento se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Advertir al interesado que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un 75%, de la que se haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del Decreto 1/2000, de 8 de mayo.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución al interesado y al Ayuntamiento de San Miguel de Abona.

El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forme que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Hacienda a este fin, una vez que sea firme la resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, el cual podrá presentarse en las dependencias sitas en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco o en los registro previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente resolución y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2005.- El Director Ejecutivo, la Jefa de Servicio de Vigilancia Territorial y Ambiental y Actuaciones Previas (Resolución nº 681, de 1.3.05), Marta Martín Ballester.

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