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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura a tales efectos en el correspondiente expediente, sin que haya sido recibida por la entidad recurrente.
Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Luis Fernández García, en representación de la entidad mercantil Incentive Leisure Group Gran Canaria, S.L., la Resolución de 3 de agosto de 2005 (Libro nº 1, Folio 772, nº 438), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de reposición nº 084/05 (expediente nº 002/05), interpuesto contra la Orden del Consejero de Turismo del Gobierno de Canarias nº 75, de fecha 4 de abril de 2005.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de septiembre de 2005.- El Secretario General Técnico, Bruno Suárez Medina.
A N E X O
"Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo por la que se resuelve el recurso de reposición nº 084/05 interpuesto por D. Luis Fernández García, en representación de la entidad mercantil Incentive Leisure Group Gran Canaria, S.L.
Visto el recurso de reposición nº 084/05 formulado por D. Luis Fernández García, en representación de la entidad mercantil Incentive Leisure Group Gran Canaria, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Incentive Leisure Group Gran Canaria, sito en Carretera General del Sur, Patalavaca, término municipal de Mogán, contra la Orden del Consejero de Turismo del Gobierno de Canarias nº 75, de fecha 4 de abril de 2005, recaída en el expediente sancionador nº 002/05, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística consistente en: "Estar abierto al público el establecimiento de referencia, sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de agencia de viajes".
Hecho que determinó la imposición de sanción de multa en cuantía de cuarenta y nueve mil quinientos ochenta y tres euros con cincuenta céntimos (49.583,50 euros).
Segundo.- Contra la Orden sancionadora ha sido interpuesto recurso de reposición solicitando se deje sin efecto el acto administrativo impugnado o, subsidiariamente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, la infracción sea considerada como leve ante la falta de intencionalidad y resto de circunstancias concurrentes, imponiendo la sanción correspondiente a dicha calificación.
Del cuerpo del escrito presentado, resulta que el recurso se fundamenta, en síntesis, en los siguientes argumentos:
1º) La actividad desarrollada no es susceptible de incardinación en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 2 del Decreto 135/2000, de 10 de julio, regulador de las agencias de viaje. No obstante, en todo momento la entidad ha mostrado su deseo de respetar la legalidad, cualquiera que fuera el régimen que se estimara de aplicación.
2º) El paquete vacacional que comercializa la entidad sancionada, un club de vacaciones denominado Designer Way Vacation Club, que permite a sus asociados la contratación directa de todo tipo de servicios turísticos, incluidos en su inventario, con garantía de descuentos sobre los precios libres de mercado, no es una actividad de las incluidas en la Ley 42/1998.
3º)En ningún momento ha existido mala fe o pretensión de incumplimiento de la legalidad vigente, como tampoco ha existido perjuicio grave, ni trascendencia social, dado el reducido mercado a que dicha actividad se dirige. Tampoco ha existido repercusión grave en la imagen turística de las islas, o en el sector de las agencias de viaje.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95) en relación con la Orden de fecha 6 de agosto de 2003 (B.O.C. nº 158, de 18.8.03) por la que se mantiene en el Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo la delegación de la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos de este Departamento en materia de turismo y costas.
Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.
Tercero.- De la documentación obrante en el expediente tramitado se constata la existencia de defecto formal en la sustanciación del mismo, tal y como se acredita documentalmente.
Figura en el expediente sancionador Acta de Inspección nº 18.240, de fecha 7 de abril de 2004, en la que se constata por el Inspector actuante que el establecimiento Incentive Leisure Group Gran Canaria, carece de la autorización para el desempeño de la actividad turística reglamentada de agencia de viajes, como del resto de la documentación administrativa preceptiva. Por Resolución del Director General de Ordenación y Promoción Turística de fecha 21 de enero de 2005, se inicia el correspondiente expediente sancionador, concretándose en él el hecho sucintamente expuesto que motiva la incoación del procedimiento, siendo este hecho el constatado por la referida Acta de Inspección, la norma sustantiva infringida, artículos 2.4 y 10 del Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que se regulan las agencias de viaje, la tipificación de la infracción, artículo 75.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, la calificación jurídica de la infracción y la sanción que pudiera corresponder. Iguales datos se contienen en la Propuesta de Resolución y en la Orden sancionadora, sin embargo el defecto formal se comete en sendos actos administrativos cuando en la fundamentación jurídica, para estimar la responsabilidad administrativa de la entidad mercantil expedientada, se habla de que la actividad ejercida por la misma, sin la preceptiva autorización administrativa, es propia de agencias de viaje (contrato de uso por tiempo compartido). En la Orden sancionadora, como en la propia Propuesta de Resolución, sin que se hubiera producido una modificación del hecho infractor, ni de la norma sustantiva infringida, relativa a las agencias de viaje, se introduce un nuevo elemento que no tiene amparo ni en el Acta de Inspección, ni en ningún otro documento que obre en el expediente, como es el de la propiedad a tiempo compartido. Bajo la denominación de "multipropiedad", propiedad a tiempo compartido o "time-sharing", se aglutinan diversas fórmulas comerciales de explotación de establecimientos turísticos caracterizadas por atribuir a distintos usuarios-titulares la facultad de ocupar y disfrutar, sucesivamente y con carácter exclusivo, una misma unidad alojativa por un período de tiempo concreto dentro de cada año, reguladas todas ellas en el Decreto Territorial 272/1997, de 27 de noviembre. El alojamiento en régimen de uso a tiempo compartido, no es una de las actividades propias de las agencias de viajes que se enumeran en el artículo 2 del Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que se regulan las agencias de viaje, pese a ello, en el expediente sancionador tramitado se consignan dos actividades turísticas diferentes entre sí, que se regulan por normas distintas, sin fundamentación alguna para ello. En razón de lo expuesto, no puede subsanarse como error material por la vía del artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la mención expresa al contrato de uso por tiempo compartido, toda vez que en el pliego de descargos y en el propio escrito de recurso, la entidad recurrente se ha visto obligada a desvirtuar este hecho por entender que se le estaba sancionando por la comisión de alguna infracción relacionada con el mismo, causándole indefensión e inseguridad jurídica al carecer el acto administrativo impugnado, como la propia Propuesta de Resolución, de elementos que permitieran exigir responsabilidad administrativa por actividad distinta de la que originó el expediente sancionador.
Dado que el artículo 113.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación a la resolución del recurso preceptúa que "cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en que el vicio fue cometido salvo lo dispuesto en el artículo 67", ello en relación con el artículo 63.2 de la citada Ley que dispone que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, es por lo que a efectos de subsanar la indefensión causada al titular de la explotación turística del establecimiento consignado en el expediente sancionador nº 02/05, y en evitación de toda posible inseguridad jurídica, resulta procedente estimar el recurso interpuesto, sin entrar en el fondo del mismo, y anular la Orden recurrida, ordenando retrotraer el expediente al momento en que fueron formuladas alegaciones a la Resolución de inicio del expediente sancionador, declarando, sin embargo la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Asimismo, se constatan en el expediente sancionador los errores materiales que se señalan a continuación, procediéndose en la resolución de este recurso a su subsanación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero "Las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos".
En la Resolución de inicio se consigna "... Ley 19/2003, de 14 de abril, que aprueba las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias ...", error que se repite en la Orden sancionadora al transcribirse erróneamente el año de la Ley "... artº. 7.2.e) del Decreto 84/2004, de 29 de junio ...", "... Carretera del Sur, s/n ...", "... artículo 80.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril ...", que también se reproduce en la Orden sancionadora, en vez de "... Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias ...", "... artº. 7.2.B).e) del Decreto 84/2004, de 29 de junio ...", "... Carretera General del Sur, Patalavaca ..." y "... artículo 80.1.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril ...".
En la Propuesta de Resolución figura "... titular del establecimiento ...", "... sito en Carretera General del Sur ...", "... la entidad expedientada tuvo un expediente ...", "... toda vez que en el acta de inspección nº 18.240 ..." y "... artº. 3.3.k) del anexo al Decreto ...", errores estos últimos que se repiten igualmente en la Orden sancionadora, debiendo consignarse "... titular de la explotación turística del establecimiento ...", "... sito en Carretera General del Sur, Patalavaca ...", "... la entidad expedientada tuvo un expediente ...", "... toda vez que en el acta de inspección nº 18.240, de fecha 7 de abril de 2004 ..." y "... artº. 3.3.k) del Decreto ..." .
Finalmente, en la Orden sancionadora figuran como errores materiales "... Kupler-Wolf ...", "... Patalava ...", "... no queda probado por las alegaciones vertidas ...", "... cuarenta y nueve mil quinientas ochenta ..." e "... Incentive Leisure Group Gran Canaria ...", procediendo su subsanación en el sentido que se expone: "... Kupfer-Wolf ...", "... el hecho infractor no queda desvirtuado por las alegaciones vertidas ...", "... cuarenta y nueve mil quinientos ochenta ..." e "... Incentive Leisure Group Gran Canaria, S.L. ...".
Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 095/05-C emitido con fecha 29 de julio de 2005 por la Letrada Habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Estimar el recurso de reposición nº 84/05 formulado por D. Luis Fernández García, en representación de la entidad mercantil Incentive Leisure Group Gran Canaria, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Incentive Leisure Group Gran Canaria, sito en Carretera General del Sur, Patalavaca, término municipal de Mogán, y anular la Orden del Consejero de Turismo del Gobierno de Canarias nº 75, de fecha 4 de abril de 2005, recaída en el expediente sancionador nº 02/05, que determinó la imposición de una sanción de multa en cuantía de cuarenta y nueve mil quinientos ochenta y tres euros con cincuenta céntimos (49.583,50 euros), ordenando retrotraer el expediente al momento en que fueron formuladas alegaciones a la Resolución de inicio del expediente sancionador, y declarar la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiere mantenido igual de no haberse cometido la infracción, todo ello de conformidad con lo expuesto en el fundamento tercero de la presente Resolución.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- El Secretario General Técnico, Bruno Suárez Medina.
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