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No habiéndose podido notificar a Dña. Concepción Bello Alfonso en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 505/005-M de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a Dña. Concepción Bello Alfonso, la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 2953, de fecha 24 de agosto de 2005, recaída en el expediente referencia 505/05-M, y que dice textualmente:
"POR LA QUE SE INCOA PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Vista la documentación que consta en el expediente número 505/05-M y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones jurídicas,
ANTECEDENTES
1º) Con registro de fecha 27 de abril de 2005 tiene entrada en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural oficio del Cabildo Insular de Tenerife dando traslado de denuncia de Agente de Medio Ambiente de fecha 18 de enero de 2005 y documentación adjunta a la misma consistente en Informe del Servicio Técnico de Medio Ambiente, plano de situación y reportaje fotográfico, en relación al "vertido de varios vehículos, piezas de vehículos y residuos domiciliarios en el interior del Espacio Natural Protegido del Monumento Natural Montaña de Guaza", en el término municipal de Arona, siendo presunta responsable del mismo, Dña. Concepción Bello Alfonso, propietaria de las parcelas 17 y 55 del polígono 2.
2º) Con fecha 28 de junio de 2005 se emite informe por técnico competente en la materia.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I
Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) y 229 del Decreto Legislativo 1/2000, de fecha 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia y el Convenio de adhesión del Cabildo Insular de Tenerife a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (B.O.C. nº 102, de 29.5.03), en virtud de la cual se delegan las competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad en materia disciplinaria por infracciones al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
II
Los hechos relatados, vertido de vehículos fuera de uso, así como de residuos urbanos, metálicos y plásticos, en el Espacio Natural Protegido Monumento Natural de la Montaña de Guaza (T-22), en el término municipal de Arona, son constitutivos de presunta infracción administrativa al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de agosto, calificada como muy grave en el artículo 202.4.a) en relación con su apartado 3.c) del citado Texto Legal que dispone "... la implantación y desarrollo de usos no amparados por el o los actos administrativos que legalmente deban legitimarlos e incompatibles con la ordenación aplicable".
III
En virtud de lo prescrito en el artículo 189.2 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, según el cual "a los efectos de responsabilidad por la comisión de infracciones, se considerará también como promotor al titular del derecho a edificar o usar el suelo sobre el cual se cometa o hubiera cometido la infracción, cuando haya tenido conocimiento de las obras, instalaciones, construcciones, actividades o usos infractores", y teniendo en cuenta los hechos expuestos, se imputa la presunta responsabilidad de los vertidos denunciados, a Dña. Concepción Bello Alfonso en calidad de propietaria del terreno en el que se localizan los vertidos, conocedora de los mismos y presuntamente incumplidora del deber de mantener el terreno en condiciones de seguridad, salubridad y decoro (artículo 153.1 del Texto Refundido).
IV
El artículo 221 del Texto Refundido sanciona con multa de 601,01 a 60.101,21 el depósito o abandono de materiales no autorizado, proponiéndose en el presente supuesto una multa de quince mil (15.000,00) euros en atención a las circunstancias que concurren al caso, y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.
V
De conformidad con el artículo 179 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, se procederá a la reposición de las cosas a su estado anterior a la presunta infracción en los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
En virtud de lo expuesto se formula la siguiente
R E S U E L V O:
A) Incoar procedimiento administrativo sancionador a Dña. Concepción Bello Alfonso por la presunta comisión de una infracción muy grave al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, consistente en el depósito no autorizado de residuos, en el Espacio Natural Protegido Monumento Natural de la Montaña de Guaza, en el término municipal de Arona.
B) Designar como Instructora y Secretaria de este expediente sancionador a las funcionarias Dña. Marta Martín Ballester y Dña. Ana González Hernández, respectivamente y por sustitución Dña. Concepción Zamorín Fernández y Dña. Ángeles Bouza Cruz. Las nombradas Instructora y Secretaria deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento y comunicarlo a su superior inmediato, de concurrir alguno de los motivos de abstención señalados en el artº. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, pudiendo ejercer los interesados el derecho de recusación en cualquier momento del procedimiento por los motivos señalados en el artº. 29 de la citada Ley procedimental.
C) Advertir a la interesada que si al tiempo de formularse la Propuesta de Resolución no se hubiera procedido a instar la legalización de las mencionadas obras o a ajustar las obras a los títulos habilitantes, se propondrá, y en la resolución definitiva se acordará la imposición de hasta doce multas coercitivas por plazo de un mes e importe, en cada ocasión, del 5% del coste de las obras en su caso y, como mínimo 601,01 euros.
D) Que de conformidad con el artículo 182 del mencionado Texto Refundido, si el responsable de la alteración de la realidad repusiera ésta por sí mismo a su estado anterior a los términos dispuestos por la Administración, tendrá derecho a la reducción en un setenta y cinco por ciento de la multa que deba imponerse o se haya impuesto en el procedimiento sancionador o, en su caso, a la devolución del importe correspondiente de la que ya hubieran satisfecho.
E) Significarle que a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, dispone de un plazo de quince (15) días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse según establecen los artículos 3 y 16 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
El expediente administrativo se encuentra a su disposición en las oficinas de esta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano) de 10 a 12 horas, de lunes a viernes, en orden a garantizar el principio de acceso permanente de conformidad con el artº. 3 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
En el supuesto de tratarse de una entidad mercantil habrá de acompañar acreditación suficiente de su representante legal.
Si reconoce su responsabilidad o no presenta alegaciones, podrá entenderse concluida la instrucción del expediente, considerándose el presente escrito como Propuesta de Resolución (artículos 8 y 13.2 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobado por el Real Decreto 1.398, de 4 de agosto). El pago voluntario de la multa implicará igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.
El plazo máximo para resolver el presente procedimiento y notificar su resolución es de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo y consecuente archivo de las actuaciones, sin perjuicio de una nueva iniciación, de no haber prescrito la infracción.
Notifíquese la presente Resolución a las nombradas Instructora y Secretaria, así como a la interesada".
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 29 de septiembre de 2005.- El Director Ejecutivo (Resolución nº 681, de 1.3.05), la Jefa de Servicio de Vigilancia Territorial y Ambiental y Actuaciones Previas, Marta Martín Ballester.
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