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BOC Nº 195. Martes 4 de Octubre de 2005 - 3536

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías

3536 - Dirección General de Consumo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 22 de septiembre de 2005, sobre notificación de Resoluciones de expedientes sancionadores en materia de consumo a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles las Resoluciones recaídas en los expedientes incoados contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.

Los interesados podrán interponer recurso de alzada contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

RESOLUCIÓN

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 38/57/2004.

INSTRUIDO A: Supermercado Norte Tenerife, S.L.

D.N.I.-N.I.F.: B38700738.

MOTIVACIÓN

(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

REFERENCIA DE HECHOS: el día 4 de noviembre de 2003, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de rótulo Altesa del que es titular Supermercados Norte Tenerife, S.L., con domicilio en la Carretera General del Norte, en Santo Domingo, s/n, término municipal de La Guancha y extiende el acta 8051 correspondiente a la Campaña Nacional de Inspección y Control General de Aspectos Esenciales y Básicos de la Información al Consumidor, Productos Industriales, adjuntando a cada una de las actas un protocolo de comprobación de inspección, constatándose que tiene expuesto para su venta al público un tipo de colador de la marca Magefesa, en cuyo etiquetado no figura el nombre o razón social del fabricante, envasador, transformador o vendedor establecido en la UE y, en todo caso, su domicilio. Este hecho es constitutivo de infracción en materia de consumo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan aplicables los artículos 12.1, 12.2 y 40.4º.a) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34), en concordancia con el artº. 7 del Real Decreto 1.468/1988 (B.O.E. nº 294) por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 160, de fecha 19 de agosto de 2004, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de La Guancha, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y en el artículo 39, apartado 2, de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),

R E S U E L V O:

Imponer a Supermercado Norte Tenerife, S.L. la sanción de multa de trescientos (300) euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 3 de marzo de 2005.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.

RESOLUCIÓN

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 38/160/2004.

INSTRUIDO A: Mansukhani Mansukhani Ushavi.

D.N.I.-N.I.F.: 78640726T.

MOTIVACIÓN

(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

REFERENCIA DE HECHOS:el día 29 de enero de 2004, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de rótulo DamanÕs Electronics del que es titular Mansukhani Mansukhani Ushavi, con domicilio en la calle San Lucas, 24, término municipal de Puerto de la Cruz y extiende el acta 8280 para comprobar la reclamación nº 2.246/03 formulada por D. Alfonso Gómez-Feria Ponce, relativa a la adquisición el día 11 de octubre de 2003 de una cámara digital de la marca Olympus, modelo D560, cuya garantía no era válida para Europa y que figuraba en idioma extranjero.

De las actuaciones inspectoras llevadas a cabo se comprueba que tiene expuestas para su venta al público trece cámaras de vídeo, de las marcas Sony, Panasonic, Samsung, JVC, etc.; también tiene expuestas para su venta al público veintisiete cámaras fotográficas, de las marcas Fuji, Canon, JVC, Samsung, Konica, Olympus, etc. Todos estos artículos carecen del preceptivo marcado de precios de venta al público, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan aplicables los artículos 12, apartado 4º y 40.4.a) y d) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34) en concordancia con los artículos 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311).

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 196, de fecha 8 de octubre de 2004, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y en el artículo 39, apartado 2, de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),

R E S U E L V O:

Imponer a Mansukhani Mansukhani Ushavi, la sanción de multa de mil doscientos (1.200) euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 3 de marzo de 2005.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.

RESOLUCIÓN

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 38/163/2004.

INSTRUIDO A: María Rosa Alonso Alberto.

D.N.I.-N.I.F.: 42087309T.

MOTIVACIÓN

(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

REFERENCIA DE HECHOS: el día 4 de febrero de 2004, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de venta menor de telefonía móvil de rótulo Opticom Telecomunicaciones del que es titular María Rosa Alonso Alberto con domicilio en la calle Puerto Viejo, 30, local 21, término municipal de Puerto de la Cruz y extiende el acta 6521 para comprobar la reclamación nº 2484/03 formulada por D. Francisco Rodríguez González, relativa a la adquisición de un terminal telefónico de la marca Nokia 7650 con problemas técnicos de funcionamiento que no han sido resueltos, demorándose la entrega del mismo ya reparado.

De las actuaciones inspectoras llevadas a cabo se comprueba que las Hojas de Reclamaciones de las que dispone el establecimiento no figuran convenientemente cumplimentadas con los datos identificativos de la empresa. Este hecho es constitutivo de infracción en materia de consumo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan aplicables los artículos 27, 40.4.g) y Disposición Transitoria 2ª de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34), en concordancia con el Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 3 de agosto de 2004 mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y en el artículo 39, apartado 2, de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),

R E S U E L V O:

Imponer a María Rosa Alonso Alberto la sanción de multa de doscientos cuarenta (240) euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 22 de diciembre de 2004.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.

RESOLUCIÓN

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 38/165/2004.

INSTRUIDO A: Hansukani Hansukani Usha Vinod.

D.N.I.-N.I.F.: 78640726T.

MOTIVACIÓN

(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

REFERENCIA DE HECHOS: el día 5 de febrero de 2004, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de rótulo DimanÕs Electronic del que es titular Mansukani Mansukani Usha Vinod, con domicilio en la calle San Juan, 24, término municipal de Puerto de la Cruz y extiende el acta 8289 para comprobar la reclamación nº 1816/03 formulada por Dña. María Juana Matallana Ibáñez, relativa al excesivo importe de los precios de diversos artículos que tiene expuestos para su venta al público, tales como cámaras de vídeo de la marca Samsung, filtros, baterías, etc.

De las actuaciones inspectoras llevadas a cabo se comprueba que tiene expuestas para su venta al público, en escaparate exterior, doce cámaras de fotos, de las marcas Samsung, Nikon, Konica, etc., careciendo todas ellas del preceptivo marcado de precios de venta al público, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan aplicables los artículos 12, apartado 4º y 40.4.a) y d) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34) en concordancia con los artículos 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311).

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 210, de fecha 29 de octubre de 2004, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y en el artículo 39, apartado 2, de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),

R E S U E L V O:

Imponer a Hansukani Hansukani Usha Vinod la sanción de multa de mil doscientos (1.200) euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 3 de marzo de 2005.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.

RESOLUCIÓN

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 38/219/2004.

INSTRUIDO A: Shirly Sujanani.

D.N.I.-N.I.F.: X897429S.

MOTIVACIÓN

(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

REFERENCIA DE HECHOS: el día 11 de diciembre de 2003, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento del que es titular Shirly Sujanani, con domicilio en Centro Comercial Vistasur, b5, término municipal de Arona y extiende el acta nº 8521 procediendo a comprobar la reclamación nº 1829/03 formulada por el Sr. John Sinnott, siendo motivo de la misma las presuntas irregularidades cometidas por esta empresa que le vende una cámara, por importe de 964 euros y un protector de lente y batería por 110 euros, antes de salir del establecimiento el vendedor le comunica que la cámara está averiada y en el interior del comercio la examina, comprobando posteriormente el reclamante que se le había cambiado por otro aparato de inferior calidad. Así mismo reclama por no haberle expedido factura y por cobrarle por los artículos adquiridos un precio muy superior al habitual de mercado.

Personado el Inspector actuante se constata que efectivamente el comercio no entregó al reclamante factura y se comprueba que las Hojas de Reclamaciones que tiene a disposición de los consumidores no tienen consignados los datos identificativos del establecimiento, siendo estos hechos constitutivos de infracción en materia de consumo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO. Resultan aplicables: 1.- Por no expedir factura, los artículos 11.1.a) y 40.4.k) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34) en concordancia con los artículos 1 y 3 del Real Decreto 2.402/1985 (B.O.E. nº 312) que regula el deber de expedición y entrega por empresarios y profesionales, modificado por el Real Decreto 1.624/1992 (B.O.E. nº 33) y por el Real Decreto 80/1996, de 26 de enero (B.O.E. nº 27).

2.- Por irregularidades en Hojas de Reclamaciones, los artículos 27, 40.4.g) y Disposición Transitoria 2ª de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34).

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 210, de fecha 29 de octubre de 2004, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Arona, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y en el artículo 39, apartado 2, de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),

R E S U E L V O:

Imponer a Shirly Sujanani la sanción de multa de seiscientos (600) euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 3 de marzo de 2005.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.

RESOLUCIÓN

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 38/273/2004.

INSTRUIDO A: Soltesa, S.A.

D.N.I.-N.I.F.: A28672293.

MOTIVACIÓN

(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

REFERENCIA DE HECHOS: el día 13 de febrero 2004, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento del que es titular Soltesa, S.A., con domicilio en calle Mequin, 2, término municipal de Puerto de la Cruz y extiende el acta nº 8212 procediendo a comprobar la reclamación nº 2685/03 formulada por Dña. Sonia Machín Herranz, siendo motivo de la misma las presuntas irregularidades cometidas por esta empresa por cobrarle un precio que considera abusivo por una llamada telefónica con prefijo 902, con un coste de 6 euros por una duración de nueve minutos.

Personado el Inspector actuante se constata que esta empresa sólo expone al público el precio del servicio de llamadas internacionales, pero no existe indicación alguna a los consumidores del precio de las llamadas nacionales, siendo esta omisión constitutiva de infracción en materia de consumo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan aplicables los artículos 12, apartado 5º y 40 de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34) en concordancia con el artº. 6 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247) por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 210, de fecha 29 de octubre de 2004, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y en el artículo 39, apartado 2, de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),

R E S U E L V O:

Imponer a Soltesa, S.A. la sanción de multa de cuatrocientos cincuenta (450) euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 3 de marzo de 2005.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.

RESOLUCIÓN

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 38/277/2004.

INSTRUIDO A:Isabel Hoyos, S.L.

D.N.I.-N.I.F.: B38622874.

MOTIVACIÓN

(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

El día 19 de febrero de 2004, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento del que es titular Isabel Hoyos, S.L., con domicilio en Avenida Santa Cruz, 123, término municipal de Granadilla y extiende el acta nº 8762 procediendo a comprobar la reclamación nº 2348/03, formulada por D. Herminio López Rodríguez, siendo motivo de la misma las presuntas irregularidades cometidas por esta empresa a la que entrega un teléfono móvil para su reparación, indicándosele varias fechas de entrega, sin que en ninguna de ellas se hubiera producido la devolución del terminal.

Personado el Inspector actuante se constata que esta empresa no entregó al reclamante el preceptivo presupuesto escrito, limitándose a comunicar el importe de la reparación telefónicamente.

Siendo estos hechos constitutivos de infracción en materia de consumo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan aplicables los artículos 3, apartado 1, letra b), 11, apartado 1, letra c) y 40, apartado 4, letra i) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en concordancia con el artículo 3º del Real Decreto 58/1988, de 29 de enero (B.O.E. nº 29) sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de reparación de aparatos de uso doméstico.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 2 de agosto de 2004 mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y en el artículo 39, apartado 2, de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),

R E S U E L V O:

Imponer a Isabel Hoyos, S.L. la sanción de multa de trescientos (300) euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 22 de diciembre de 2004.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.

RESOLUCIÓN

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 38/325/2004.

INSTRUIDO A: Anrober Roma, S.L.

D.N.I.-N.I.F.: B38353678.

MOTIVACIÓN

(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

REFERENCIA DE HECHOS: el día 16 de abril de 2004, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento estación de servicio de rótulo Shell del que es titular Anrober Roma, S.L., con domicilio en la autopista del sur, km 70,500, término municipal de Arona y extiende el acta 8863 correspondiente a la Campaña Nacional de Inspección de Control de Estaciones de Servicio y sus Multitiendas, adjuntando a cada una de las actas un protocolo de comprobación de inspección, constatándose que tiene expuestos para su venta al público los siguientes artículos no alimenticios en los que no se indica el precio por unidad de medida: limpia llantas Soligel 0,5 l; líquido hidráulico 500 ml Krafft, champú para coches CarPlan 500 ml; brillo para neumáticos Turtle wax 500 ml, etc; asimismo se comprueba que tiene expuestos para su venta al público los siguientes productos alimenticios en los que tampoco se indica el precio por unidad de medida: pasta La Isleña 250 g; pan rallado Los Compadres 250 g; arroz Rocío 500 g; dulce de membrillo 400 g, etc. Estos hechos son constitutivos de infracción en materia de consumo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan aplicables los artículos 12, apartado 4º y 40.4.a) y d) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34) en concordancia con los artículos 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311).

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado en escrito presentado en el registro de entrada de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías provisto de nº 76465, de fecha 8 de octubre de 2004, sucintamente, manifiesta:

"... Cuando el Inspector ... nos indicó lo que en la actualidad es preceptivo o sea que además de los precios unitarios es preciso que tengan ... el precio de la unidad de medida, nos pusimos inmediatamente a conseguir establecer dicho código. Tras muchas dificultades y con la ayuda de Shell, S.A. se ha conseguido e inmediatamente se ha aplicado a todos los productos de la tienda. En la actualidad se cumple con lo que nos indicó el Inspector y por lo tanto en un tiempo récord se ha subsanado la infracción burocrática administrativa ...

Que no tratándose de una infracción que pudiera afectar a la salud y economía de los consumidores sino burocrático y prácticamente sin ningún efecto informático o negativo a los mismos por tratarse de productos en muy pequeñas cantidades y que además ya ha sido subsanada tal infracción y ... junto con los principios de buena fe y de la equidad sustentados en varias sentencias del Tribunal Supremo, solicitamos a V.I. sea sobreseído dicho expediente sancionador ...".

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no se desvirtúan en modo alguno los hechos imputados en el Acuerdo de inicio, por lo que no procede eximir de responsabilidad al interesado, si bien, al haber subsanado los hechos constitutivos de infracción administrativa, en virtud del artículo 43.2.a) de la Ley 3/2003, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, procede aplicar tal circunstancia atenuante, reduciéndose el importe de la sanción a una multa de 100 euros.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y el artículo 39, apartado 2, de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),

R E S U E L V O:

Imponer a Anrober Roma, S.L. la sanción de multa de cien (100) euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2005.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.

RESOLUCIÓN

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 38/335/2004.

INSTRUIDO A: Hagen Rose Marie Ingrid.

D.N.I.-N.I.F.: X3637366P.

MOTIVACIÓN

(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

REFERENCIA DE HECHOS: el día 22 de abril de 2004, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento estación de servicio de rótulo Texaco del que es titular Hagen Rose Marie Ingrid, con domicilio en la Carretera General Adeje-Puerto de Santiago, en Callao Salvaje, término municipal de Adeje y extiende el acta 8885 correspondiente a la Campaña Nacional de Inspección de Control de Estaciones de Servicio y sus Multitiendas, adjuntando a cada una de las actas un protocolo de comprobación de inspección, constatándose que tiene expuestos para su venta al público los siguientes artículos no alimenticios en los que no se indica el precio por unidad de medida: detergente Macota 750 ml; líquido servo, direcciones, etc. AutoBrill 475 ml; Gel Barbacoas Fuego Net Masso 500 ml. Asimismo se comprueba que tiene expuestos para su venta al público los siguientes productos alimenticios en los que tampoco se indica el precio por unidad de medida: bizcochos Las Dos Hermanas 350 g; canutillos Arrua Barrena 190 gr; rosquillas Las Dos Hermanas 350 g; aceite Girasol 500 ml, néctar de melocotón Vital 200, etc. Estos hechos son constitutivos de infracción en materia de consumo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan aplicables los artículos 12, apartado 4º y 40.4.a) y d) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34) en concordancia con los artículos 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311).

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 225, de fecha 19 de noviembre de 2004 y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de la Villa de Adeje, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y en el artículo 39, apartado 2, de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),

R E S U E L V O:

Imponer a Hagen Rose Marie Ingrid la sanción de multa de trescientos (300) euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 3 de marzo de 2005.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.

RESOLUCIÓN

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 38/350/2004.

INSTRUIDO A: Marpatel Sur, S.L.

D.N.I.-N.I.F.: B38535167.

MOTIVACIÓN

(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

REFERENCIA DE HECHOS: el día 2 de marzo de 2004, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de rótulo El Mundo de Teléfono del que es titular Marpatel Sur, S.L. con domicilio en la calle Calvario, 26, término municipal de Granadilla y extiende el acta 8853 para comprobar la reclamación nº 2862/03 formulada por D. Juan Bernabé González Donate, con D.N.I. nº 42.074.945, relativa a la adquisición de un terminal telefónico de la marca Ericsson con problemas técnicos de funcionamiento que no fueron subsanados por el servicio técnico, negándole la entrega de otro al estar en período de garantía.

De las actuaciones inspectoras llevadas a cabo se comprueba que no fue atendido el requerimiento efectuado por el Inspector actuante quien había concedido un plazo de diez días para que fuera presentado en el registro de entrada de la Dirección General de Consumo informe del servicio técnico detallando los motivos por los cuales se consideró que la avería del equipo tenía la consideración de irreparable, transcurriendo dicho plazo sin que el interesado enviara documento alguno, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo por no colaborar con los servicios de inspección en el esclarecimiento de la reclamación formulada por D. Juan B. González Donate.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:resultan aplicables los artículos 32.b), 34 y 40.4.m) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34).

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE:existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 20 de agosto de 2004 mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y en el artículo 39, apartado 2, de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),

R E S U E L V O:

Imponer a Marpatel Sur, S.L. la sanción de multa de seiscientos (600) euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 28 de enero de 2005.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.

RESOLUCIÓN

VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 38/376/2004.

INSTRUIDO A: María Angélica Carro Di Tomaso.

D.N.I.-N.I.F.:78728469K.

MOTIVACIÓN

(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

REFERENCIA DE HECHOS:el día 5 de abril de 2004, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento del que es titular María Angélica Carro Di Tomaso, con domicilio en Plaza del Príncipe, 29, término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende el acta nº 8877 procediendo a comprobar la reclamación nº 2906/03, formulada por Dña. Carmen Alberto Santa Cruz, siendo motivo de la misma las presuntas irregularidades cometidas por esta empresa, en la que adquiere un anillo para hacer un regalo, asegurándosele que en caso de no servirle al destinatario se arreglaría la joya sin coste alguno, sin embargo se da aquella circunstancia y el titular del establecimiento niega que en el mismo se efectúen reparaciones.

De la documentación obrante en el expediente y de las actuaciones inspectoras se constata que la reclamada no consignó sus datos identificativos en la Hoja de Reclamaciones que entregó al reclamante, siendo este hecho constitutivo de infracción en materia de consumo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan aplicables los artículos 27, 40.4.g) y Disposición Transitoria 2ª de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34), en concordancia con el Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 8 de octubre de 2004 mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y en el artículo 39, apartado 2, de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),

R E S U E L V O:

Imponer a María Angélica Carro Di Tomaso la sanción de multa de doscientos cuarenta (240) euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 10 de marzo de 2005.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de septiembre de 2005.- El Director General de Consumo, Pedro Manuel Rodríguez Pérez.

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