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No habiéndose podido notificar a Dña. María Ángeles Morales Cabrera en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 560/03-M, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a Dña. María Ángeles Morales Cabrera, la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 2678, de fecha 28 de julio de 2005, recaída en el expediente con referencia 560/03-M, y que dice textualmente:
"IMPONE SANCIÓN Y ORDENA RESTAURACIÓN.
Examinado el expediente sancionador nº 560/03-M instruido por esta Agencia a Dña. María Ángeles Morales Cabrera por infracción administrativa la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones jurídicas.
ANTECEDENTES
1º) Con fecha 11 de junio de 2003 tiene entrada en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de fecha 22 de mayo de 2003 por la que se atribuye a Dña. María Ángeles Morales Cabrera, la comisión de una presunta infracción a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, consistente en el vertido de residuos sólidos, en concreto, de un turismo marca Seat, modelo 131 1430, matrícula TF-0091-J, en el lugar conocido por inmediaciones Playa La Bombilla (dentro de la servidumbre de protección de la Costa), término municipal de Tazacorte.
2º) Con fecha 4 de julio de 2003, se notifica a Dña. María Ángeles Morales Cabrera requerimiento formal para la retirada de vehículo, que no ha sido atendido en plazo.
3º) Con fecha 9 de marzo de 2004 y 23 de febrero de 2005 Agentes de Medio Ambiente, personados en la Playa de la Bombilla, comprueban que el vehículo denunciado continúa en el mismo lugar, según consta en las Diligencias extendidas al efecto.
4º) Por Resolución nº 1084, de fecha 1 de abril de 2005, del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, se incoa procedimiento administrativo sancionador a Dña. María Ángeles Morales Cabrera por la presunta comisión de una infracción administrativa grave a la Ley de Costas, consistente en el vertido de residuos sólidos, en concreto, de un turismo marca Seat, modelo 131 1430 con placa de matrícula TF-0091-J, en el lugar conocido por inmediaciones de la Playa de la Bombilla, en Servidumbre de Protección, término municipal de Tazacorte.
5º) La Resolución fue notificada el día 16 de mayo de 2005, sin que conste en el expediente escrito de alegaciones formuladas por la interesada.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 99.1, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y en el 189.1 del Real Decreto 1.471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley de Costas, la imposición de las multas por la comisión de infracción a dicha ley, corresponderá a la Administración competente por razón de la materia. Y según dispone el artículo 207.1 del mismo reglamento "Las Comunidades Autónomas ejercerán las competencias que en las materias de ordenación territorial y del litoral, puertos, urbanismo, vertidos al mar y demás relacionadas con el ámbito de la Ley de Costas tengan atribuidas en virtud de sus respectivos Estatutos". En concreto, la Comunidad Autónoma Canaria tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y del litoral, y urbanismo (artículo 30.15 del Estatuto de Autonomía) y el desarrollo legislativo y ejecución en materia de protección del medio ambiente, incluidos los vertidos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma (artículo 32.12, del Estatuto).
Dentro de la estructura orgánica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para la incoación, tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores por infracción a la vigente Ley de Costas, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera del vigente Reglamento Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, aprobado en virtud del Decreto 20/2004, de 2 de marzo.
II.- Conforme al artículo 25.1 de la Ley de Costas, en la zona de servidumbre de protección estarán prohibidos: c) el vertido de residuos sólidos [...], por lo que ha resultado probada la comisión de una infracción administrativa tipificada en el artículo 90.c), del citado texto legal y calificada de grave en el artículo 91.2.g), que tipifica como infracción administrativa la utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para los usos no permitidos por la presente Ley, siendo éste un uso prohibido.
III.- De conformidad con el artículo 97.1 de la Ley 22/1988, de Costas, para las infracciones graves, la sanción será, en el supuesto del apartado g) del artículo 91.2, de multa de hasta 50 millones de pesetas (300.506,05 euros) y, a efectos de concretar el importe de la sanción resulta de aplicación el artículo 184.d) del Real Decreto 1.471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, imponiéndose en el presente caso una multa de mil ochocientos (1.800,00) euros, en atención a las circunstancias que concurren al caso.
IV.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.b) de la Ley de Costas, serán responsables de la comisión de las infracciones que no consistan en el incumplimiento de las condiciones de un título administrativo, como ocurre en este caso, las personas físicas o jurídicas que posean la condición de promotor de la actividad, empresario que la ejecuta y técnico director de la misma.
A la vista de este precepto y teniendo en cuenta los hechos expuestos se desprende que Dña. María Ángeles Morales Cabrera es la responsable en calidad de promotora y a título de responsabilidad directa de la comisión de los hechos que han resultado probados.
V.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y 100 de la Ley de Costas, las consecuencias jurídicas de la infracción que podrán recaer sobre el responsable de la infracción son las siguientes:
- Restitución de las cosas y reposición a su estado anterior.
- Cuando no fueran posibles la restitución y reposición y, en todo caso, cuando subsistan daños irreparables y perjuicios, los responsables deberán abonar las indemnización que procedan.
En el presente supuesto la expedientada está obligada a la retirada del vehículo y su entrega a gestor autorizado, circunstancia ésta que deberá ser acreditada mediante la aportación del correspondiente justificante de entrega.
En caso de incumplimiento, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Costas, los órganos sancionadores podrán imponer multas coercitivas cuando transcurran los plazos señalados en el requerimiento correspondiente, sin que la cuantía de las multas coercitivas impuestas pueda superar el 20% de la multa fijada para la infracción cometida.
VI.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en el supuesto de que el interesado no formule alegaciones sobre el contenido de la resolución de incoación del procedimiento sancionador en el plazo de 15 días desde la notificación de dicha resolución, como así ha tenido lugar en este procedimiento, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución si se dan los siguiente requisitos:
- Advertencia a la interesada de que la resolución de incoación tendrá la consideración de propuesta de resolución si la interesada no formulara alegaciones. Dicha advertencia consta en la Resolución nº 1084, de 1 de abril de 2005.
- Que la resolución de incoación contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, como así consta, en este caso, en el antecedente de dicha resolución.
Por todo lo expuesto y en virtud de las competencias que me han sido conferidas,
R E S U E L V O:
Primero.- Imponer a Dña. María Ángeles Morales Cabrera una multa de mil ochocientos (1.800,00) euros, por la comisión de una infracción grave a la Ley de Costas, consistente en el vertido de residuos sólidos, en concreto, de un turismo marca Seat, modelo 131 1430 con placa de matrícula TF-0091-J, en el lugar conocido por inmediaciones de la Playa de La Bombilla, en Servidumbre de Protección, término municipal de Tazacorte.
Segundo.- Ordenar la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la comisión de la infracción. A tal efecto se le requiere para que, en el plazo máximo de un mes proceda a retirar el vehículo matrícula TF-0091-J, en el sentido previsto en la consideración jurídica quinta, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole que, de no cumplimentar el antedicho requerimiento, se acordará la imposición de multas coercitivas, de conformidad con lo establecido en el artículo 107.3 de la Ley de Costas, y en el artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Se le advierte de que, en el supuesto de que incurra en análoga conducta, podría ser considerado como reincidente, con el agravamiento de la sanción que conllevaría.
El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Economía y Hacienda a este fin, una vez sea firme la resolución en vía administrativa.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa procede la interposición de recurso administrativo de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en el plazo de un mes desde la notificación de la presente Resolución y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 23 de septiembre de 2005.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.
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