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No habiéndose podido notificar a Dña. Mónica Delgado Fariña en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1112/00-U de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a Dña. Mónica Delgado Fariña la Orden Departamental de fecha 24 de junio de 2005, recaída en el expediente con referencia 1112/00-U, y que dice textualmente:
"Orden del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 97.
Examinado el recurso de alzada interpuesto por Dña. Mónica Delgado Fariña, contra la resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 97, de fecha de 17 de enero del 2005, notificada el siguiente día 27 de enero de 2005, y vistos los siguientes
ANTECEDENTES
1.- Dña. Mónica Delgado Fariña en el lugar denominado Lomo del Fuego, La Corujera, en el término municipal de Güímar, en la isla de Tenerife, viene realizando obras de construcción de una edificación de dos niveles de altura de unos 200 m2 de superficie construida aproximada y muros de cerramiento de altura media 3,5 m a lo largo de todo el perímetro de la finca, en suelo clasificado como Rústico, sin las autorizaciones pertinentes, calificación territorial y licencia municipal de obras, tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
2.- Incoado el correspondiente expediente sancionador por Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 2414, con fecha de 30 de julio de 2004, y tras los trámites oportunos se impuso al interesado por Resolución nº 97, de fecha 17 de enero de 2005, notificada el siguiente día 27 de enero de 2005, una multa de trece mil seiscientos treinta y cinco (13.635) euros, y se acordó la demolición de las obras ejecutadas.
3.- Contra la citada Resolución nº 97, de fecha 17 de enero de 2005, la interesada interpuso recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, en el que sucintamente expone que:
- Que reitera y da por reproducidos los hechos y los fundamentos de derecho que se han hecho valer por la misma en los escritos de alegaciones de 26 de noviembre de 2004 y otros anteriores presentados en el expediente administrativo.
- Que insiste en que ni la sanción económica impuesta ni el resto de las medidas acordadas por la Resolución recurrida deberían tener lugar.
- Que insiste también en que los trabajos realizados lo han sido con mano de obra de la propia familia al tratarse de una autoconstrucción y en el que el gasto real de dichos trabajos ascendió a un millón de las antiguas pesetas (6.010,12 euros) tal y como ha quedado acreditado a través de las facturas aportadas a este expediente sancionador. Este gasto real no ha sido desvirtuado por la resolución recurrida, puesto en relación con la Propuesta de Resolución de la que deriva que la sanción que se pretende imponer a la firmante se ha determinado en función del valor de las obras realizadas, valor que no es el de 27.635 euros que se propuso en la citada Propuesta, ni de 13.635 euros que resulta de la resolución recurrida sino de 6.010,12 euros, tal y como ha quedado acreditado por quien suscribe en el expediente sancionador de referencia.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- El presente recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma de acuerdo con los artículos 31, 38.4, 110 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Segunda.- En cuanto a las alegaciones aducidas por el recurrente, no pueden modificar el acto administrativo recurrido resolutorio del presente expediente, ya que el mismo ha sido dictado en estricta aplicación de la Normativa Urbanística en vigor, toda vez que:
Las obras objeto del presente expediente no cuentan con las mencionadas autorizaciones administrativas preceptivas, por lo que incurren en una infracción urbanística tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del citado Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, no existiendo fundamento legal alguno que permita actualmente a la Administración el no ordenar la reposición del terreno al estado anterior a la comisión de la infracción, mediante la demolición de las obras al ser éstas en la actualidad manifiesta e indudablemente ilegalizables. Y no es óbice para ello el que hipotéticamente en un futuro el Plan General de Ordenación pudiera cambiar la clasificación o la calificación del suelo donde se ubica la edificación, ya que no cabe posponer indefinidamente el cumplimiento de la legalidad establecido en el artº. 179 del TRLOTENC, en espera de que eventualmente tuviese lugar un hecho que en la actualidad es futuro e incierto.
Asimismo, hay que señalar que en base al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 131 de la Ley 30/1992, en la determinación de la sanción por las Administraciones Públicas se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. En el presente supuesto la multa impuesta por la Resolución recurrida es de trece mil seiscientos treinta y cinco (13.635) euros, al haberse tenido en cuenta la concurrencia de la circunstancia atenuante establecida el artº.198.c) del TROLENC "la paralización de las obras o el cese en la actividad o uso de modo voluntario tras la inspección y la pertinente advertencia del agente de la autoridad", lo que atempera la sanción propuesta que al tipificarse como grave en el artº. 202.3.b) del TRLOTENC le corresponde una multa según el artº. 203.1.b) que va de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros, en función de las circunstancias que concurran, lo que corrobora a la vista de tan extenso espectro que la sanción impuesta en modo alguno vulnera el principio de proporcionalidad.
En vista de todo lo anterior, no ha quedado desvirtuado que las obras promovidas por la recurrente carecen de la preceptiva calificación territorial, ni de la licencia municipal, de conformidad con los artículos 27, 66, 166, 168 y 170 de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias, hoy refundida en el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, lo cual es objeto de una infracción urbanística tipificada en el artículo 202.3.b) y sancionada en el artículo 203.1.b) de dicho texto legal con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, habiendo sido en este caso impuesta una multa de 13.635 euros.
Tercera.- El acto recurrido es conforme a derecho, y no se dan en el mismo ninguno de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Vistas la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y en especial, en cuanto a la competencia para resolver el presente recurso, el artículo 190.2 a) del citado Decreto Legislativo 1/2000, en relación con el artículo 20.1 in fine del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la A.P.M.U.N. que establece que las propuestas de resolución de los recursos de alzada deberán ser informados por el Consejo.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Único.- Desestimar el recurso de alzada, interpuesto por Dña. Mónica Delgado Fariña contra la Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 97, de fecha 17 de enero de 2005, confirmando la misma por ser ajustada a derecho.
Notifíquese a la interesada y al Ayuntamiento, a los que se les hace constar que contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 31 de agosto de 2005.- El Director Ejecutivo, p.s., el Director General de Ordenación del Territorio (Acuerdo del Consejo de 16.6.05), Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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