Estás en:
No habiéndose podido notificar a D. Lorenzo Nale en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1068/00-U de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Lorenzo Nale la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 2504, de fecha 14 de julio de 2005, recaída en el expediente referencia 1068/00-U, y que dice textualmente:
Visto los datos obrantes en esta Agencia, informe de los Servicios Técnicos, relativos a supuestas infracciones en materia de urbanismo y teniendo en cuenta los siguientes,
1) ANTECEDENTES DE HECHOS
Primero.- Con fecha 23 de agosto de 2000, los Agentes de Medio Ambiente adscritos a la Unidad Insular de Medio Ambiente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, denuncian que en el lugar denominado La Caletas 63, Polígono 15, parcelas 23 y 24, en el término municipal de Fuencaliente, en suelo clasificado como Rústico, se han venido ejecutando obras consistentes en la construcción de una vivienda de un nivel de altura de unos 120 m2, promovidas por D. Lorenzo Nale, sin contar con las autorizaciones pertinentes (calificación territorial y licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante TRLoTENC).
Segundo.- Mediante resolución nº 1095 de fecha 19 de octubre de 2000, notificada a la persona interesada con fecha 9 de noviembre de 2000, el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural ordenó la suspensión de las referidas obras, requiriendo al afectado para que en el plazo de tres meses instara la correspondiente legalización de las obras.
Tercero.- Con fecha 26 de junio de 2002, se efectúa el correspondiente precinto, habiéndose llevado a efecto con fecha 24 de mayo de 2004, seguimientos de precinto en donde se comprueba que las obras han continuado completándose el enfoscado de la vivienda.
Cuarto.- Con fecha 6 de marzo de 2003, el Sr. Consejero de Planificación y Sanidad dicta Decreto por el que resuelve denegar la calificación territorial a D. Lorenzo Nale y Dña. Nadia Carola, para la legalización de las obras consistentes en la reforma de una vivienda unifamiliar aislada de 62m2 y ampliación de 57m2, en el lugar denominado La Caleta, en el término municipal de Fuencaliente.
Quinto.- Una vez realizadas las visitas de inspección en el lugar de los hechos, se emiten los correspondientes informes técnicos con fecha 17 de junio de 2004, comprobándose que las obras no se encuentran terminadas y que están ubicadas en suelo Rústico de acuerdo con el TRLoTENC, no siendo las obras conforme a la Legislación vigente.
2) FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La normativa en el ejercicio de la potestad sancionadora, en materia de urbanismo, se encuentra establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las modificaciones operadas por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. de 8 de agosto), por el que se aprueba el Reglamento de la potestad sancionadora y con el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Segundo.- La normativa infringida sobre los hechos infractores resulta la siguiente:
1) Se infringen los artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por la realización de obras sin contar con las autorizaciones pertinentes (calificación territorial y licencia municipal de obras).
2) Se infringe lo especificado en el artículo 66.7.a) del citado Texto, las obras se encuentran ubicadas en suelo rústico y por lo tanto cualquier posible destino residencial, al no estar situado en asentamiento rural o agrícola, incumple lo preceptuado en el mismo y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 63.4 de TRLoTENC, en esta clase de suelo sólo serán posible usos y actividades, con sus correspondientes construcciones e instalaciones, de carácter provisional y realizadas con materiales fácilmente desmontables.
3) PERSONA RESPONSABLE
De las infracciones citadas se establece como presuntas personas responsables de las mismas, a D. Lorenzo Nale y Dña. Nadia Carola, con domicilio en calle La Cerquito, Los Quemados, 38740-Fuencaliente, La Palma, de conformidad con los hechos y fundamentos de derecho señalados y en virtud de lo dispuesto en el artículo 189 de TRLoTENC.
4) SANCIONES Y LAS MEDIDAS QUE SE ESTIMEN PRECISAS PARA LA REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA ALTERADA, QUE PUEDEN CORRESPONDER
4.1) Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de una infracción tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b), del TRLoTCENC aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente, con advertencia de que si no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes, se podrá imponer una multa por importe de setenta y dos mil (72.000) euros correspondiente a su grado medio.
4.2) De conformidad con el artículo 179 del TRLoTCENC, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se procederá a la reposición de las cosas a su estado anterior a la presunta infracción en los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido el efecto, y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
5) ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER
Esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c).3 y 229 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y la Ley de Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el artículo 19.3 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
Por todo lo expuesto y en el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas,
R E S U E L V O:
I.- Incoar expediente sancionador a D. Lorenzo Nale y Dña. Nadia Carola, en calidad de promotor de las obras objeto del presente procedimiento como presunto responsable de una infracción urbanística al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y la Ley de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
II.- Nombrar Instructora y Secretaria del mencionado expediente sancionador, respectivamente, a Dña. María Concepción Zamorín Fernández y Dña. Ana Isabel Hernández González, quienes podrán ser recusadas en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
III.- Derecho a formular alegaciones: significarle que dispone de un plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente Resolución, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenda valerse hacerla(s) efectiva(s), según lo que establece el artículo 16.1 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
IV.- Advertir al interesado, asimismo, que si reconociera su responsabilidad o no presentase alegaciones, dentro del plazo de 15 días de que dispone, sobre el contenido del presente acto administrativo por el que se inicia la incoación del referido expediente sancionador, aquél podrá entenderse como Propuesta de Resolución de dicho expediente, a cuyo efecto dispondrá de un plazo de audiencia de quince días para alegar cuanto considere conveniente en su defensa, así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes ante el Instructor del procedimiento, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8, 13.2 y 19 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
V.- Advertir al interesado que en los supuestos contemplados en el punto cuarto, apartado segundo del presente inicio, se procederá a demoler las obras objeto del presente expediente. No obstante, de conformidad con el artículo 182 si procede a la demolición por sí mismo en los términos que disponga la Administración tendrá derecho a la reducción en un setenta y cinco por ciento (75%), de la multa que deba imponerse o que se haya impuesto o, en su caso, a la devolución del importe correspondiente de la que ya hubiere satisfecho.
A los efectos de los apartados anteriores, el expediente sancionador que ahora se inicia se encuentra a disposición del interesado en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano, de Santa Cruz de Tenerife, en orden a garantizar el principio de acceso permanente al mismo, consagrado en los artículos 35 de la citada Ley 30/1992, y en el 3 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Notifíquese la presente Resolución a los nombrados Instructor y Secretaria, a los legalmente considerados interesados en el presente expediente sancionador, así como al Ayuntamiento".
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 31 de agosto de 2005.- El Director Ejecutivo, p.s., el Director General de Ordenación del Territorio (Acuerdo del Consejo de 16.6.05), Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
© Gobierno de Canarias