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BOC Nº 173. Viernes 2 de Septiembre de 2005 - 3193

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

3193 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 24 de agosto de 2005, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Manuel Magdalena García y hermanos interesados en el expediente nº 218/03-U.

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No habiéndose podido notificar a D. Manuel Magdalena García y hermanos en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Orden Departamental dictada por el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 218/03-U de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Manuel Magdalena García y hermanos la Orden Departamental dictada por el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial nº 324, de fecha 24 de junio de 2005, recaída en el expediente referencia 218/03-U, y que dice textualmente:

"Examinado el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel Magdalena García, contra la resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 602, de fecha 24 de febrero de 2005, vistos los siguientes

ANTECEDENTES

1º)D. Manuel Magdalena García y hermanos, en el lugar denominado "El Hornillo", en el término municipal de Valle Gran Rey, viene realizando obras consistentes en la construcción de un edificio de dos plantas de altura de uso residencial, en suelo clasificado como Rústico y Espacio Natural Protegido, dentro de los límites del Parque Rural de Valle Gran Rey, sin las autorizaciones pertinentes, calificación territorial y licencia municipal de obras, tal y como establece los artículos 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

2º) Incoado el correspondiente procedimiento sancionador, con fecha 2 de septiembre de 2004, y tras los trámites oportunos se impuso al interesado una multa de 95.431,22 euros y se acordó la demolición de las obras ejecutadas, por resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 602, de fecha 24 de febrero de 2005.

3º) Contra la Resolución nº 602, de fecha 24 de febrero de 2005, D. Manuel Magdalena García, interpuso recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, con fecha 14 de marzo de 2005 y en el que sucintamente expone:

- Que la propuesta de resolución no fue motivada y congruente con todas las cuestiones planteadas por los interesados, no haciéndose constar éstas en la Resolución nº 397, de 14 de febrero de 2005, en la que se imponía multa y orden de demolición, no constan necesariamente los hechos, especificándose los que se consideran probados y su exacta clasificación jurídica. Con fecha 24 de febrero de 2005 se dicta Resolución nº 601 en la que se revoca la Resolución de incoación y se dicta la Resolución nº 602, en la que se impone la multa y se acuerda la demolición. Que basándose en la Resolución anterior, se han dictado otra Resolución por el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de esa fecha 24 de febrero de 2005, Resolución nº 602, prescindiendo del procedimiento administrativo.

- Que esta zona esta calificada en la aprobación inicial del Plan de Uso y Gestión del Parque Rural de Valle Gran Rey, con la categoría de asentamiento rural, quedando legalizada este tipo de vivienda en esta zona, dado que la misma encaja dentro de este planeamiento, con lo que la calificación territorial no va a ser necesaria, y se va a poder obtener la oportuna licencia municipal.

- Que se ha completado con terminación de la segunda planta, que la primera planta fue reformada y lleva más de 50 años de construida, cuenta con escritura pública.

- Que entiende esta parte que la calificación de la falta es de grave y no muy grave al tratarse de una segunda planta, artículos 205.3 y 212.c), el Decreto Legislativo 1/2000, al no tratarse de suelos afectados, dado que las obras ejecutadas no afectan a ningún tipo de suelo y por lo tanto aunque la vivienda este Espacio Natural Protegido, la calificación del suelo es de asentamiento rural.

- Que se afirma en las condiciones jurídicas de la Propuesta de Resolución que el inicio del procedimiento sancionador no esta sometido a plazos algunos, hecho que no es cierto, tal y como se recoge en los artículos 201 y 205 del Decreto Legislativo 1/2000.

- Que según se establece en el artículo 62.1, letra e), de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que dispone la nulidad para los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido, en referencia al artículo 200 del Decreto Legislativo 1/2000.

- Que además entendemos que por parte de la Agencia se está enfocando el tema como una persecución, dado que dicha vivienda esta enclavada dentro de un núcleo poblacional consolidado, por lo que entendemos que dicha sanción no se justifica, dado que se trata de una vivienda familiar.

- Que en el presente caso no existe la separación de órganos.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El presente recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma de acuerdo con los artículos 31, 38.4, 110 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Segunda.- En cuanto a las alegaciones aducidas por el recurrente, no pueden modificar el acto administrativo recurrido resolutorio del presente expediente, ya que el mismo ha sido dictado en estricta aplicación de la Normativa Urbanística en vigor, toda vez que:

- Las obras se han ejecutado sin la obtención de las preceptivas autorizaciones y este hecho es suficiente para incoar el procedimiento sancionador correspondiente, porque desde el momento que se ejecutaron las obras sin las mismas se produjo el hecho tipificado en el artículo 213 del TRLoTENC, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por ser realizadas en Espacio Natural Protegido y por lo tanto y en base a lo establecido en el artículo 202.4.a) tiene la consideración de infracción muy grave.

- En cuanto a que la propuesta de resolución no fue motivada y congruente con todas las cuestiones planteadas por los interesados, no haciéndose constar éstas en la Resolución nº 397, de fecha 14 de febrero de 2005, en la que se imponía multa y se ordena la demolición, decir que en dicha propuesta consta en los antecedentes las alegaciones expuestas por el recurrente en su escrito de fecha 21 de septiembre de 2004, contestándose las mismas de forma motivada en las consideraciones jurídicas. Con fecha 22 de noviembre de ese mismo año fue notificada la propuesta de resolución y al no haberse presentado alegación alguna por parte de los interesados es por lo que con fecha 14 de febrero de 2005, se dictó Resolución nº 397, por la que se resuelve imponer multa y se acuerda la demolición de las obras, notificada ésta con fecha 22 de febrero de 2005. Con fecha 17 de febrero de 2005, el Ayuntamiento de Valle Gran Rey remite a esta Agencia, escrito de alegaciones presentadas en ese registro por D. Manuel Magdalena García, con fecha 30 de noviembre de 2004, contra la propuesta de Resolución, por lo que esta Agencia dicta la Resolución nº 601, de fecha 24 de febrero, por la que se resuelve revocar la Resolución nº 397, dejando ésta sin efecto y proceder a dictar una nueva resolución, en este caso la nº 602, de fecha 24 de febrero de 2005, que recoja las alegaciones del recurrente, en virtud a lo dispuesto en el artº. 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, "Las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico". Por lo tanto no se ha prescindido del procedimiento administrativo como así afirma el recurrente y no se puede considerar que el mismo sea nulo de pleno derecho.

- En cuanto a que el Plan Rector de Uso y Gestión se halle en fase de aprobación inicial, y cambie la clasificación o la calificación del suelo donde se ubica la edificación, se ha de señalar que aunque en un futuro el Plan General de Ordenación cambiara la clasificación o la calificación del suelo en el que se ubica la edificación destinada a uso residencial, ello en modo alguno eliminaría la infracción presuntamente cometida, ni las consecuencias puramente sancionadoras que de ella se derivaran. Por otra parte, dado que lo ejecutado es incompatible con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables [al tratarse de una edificación destinada a vivienda, situada en suelo rústico y espacio natural protegido (dentro de los límites del Parque Rural de Valle Gran Rey), no calificado por el planeamiento vigente como asentamiento rural ni como asentamiento agrícola, por lo que se vulnera el artículo 66.7.a) del TRLoTENC], no existe fundamento legal alguno que impida actualmente a la Administración el proponer ordenar la reposición del terreno al estado anterior a la comisión de la infracción, mediante la demolición de la edificación. Y no es óbice para ello el que hipotéticamente en un futuro el Plan General de Ordenación pudiera cambiar la clasificación o la calificación del suelo en el que se ubica ésta, ya que no cabe posponer indefinidamente el cumplimiento de la legalidad (en este caso, el atender al mandato establecido en el artículo 179 TRLoTENC, según el cual, en ningún caso la Administración puede dejar de adoptar las medidas de reposición de la realidad física alterada), en espera de que eventualmente tuviese lugar un hecho (el cambio de clase o de categoría de suelo) que en la actualidad se encuentra en fase de aprobación inicial. Así, vemos cómo para que una licencia de legalización pueda ser otorgada válidamente es preciso que lo ejecutado se ajuste a la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística aplicable (es decir, vigente en el momento de su concesión) [artº. 166.5.a) TRLoTENC por remisión del artº. 178.2 TRLoTENC], no siendo posible, por tanto, concederla al amparo de una ordenación futura. De la misma forma, el artículo 179.1 TRLoTENC exige que la propuesta de resolución del expediente sancionador incluya la medida de reposición de la realidad física alterada si de la instrucción del procedimiento resulta la incompatibilidad de lo realizado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables (es decir, vigentes en el momento de emitir ésta), no siendo posible, por tanto, el posponer la propuesta de adopción de esta medida en espera de un futuro cambio de clase o de categoría de suelo.

- En lo referente a que en las condiciones jurídicas de la Propuesta de Resolución se hacía referencia a que el inicio del procedimiento sancionador no esta sometido a plazos algunos, decir que la medida de suspensión dictada en su momento y el requerimiento al interesado para que instara la legalización de las mismas, no esta ligada a la incoación de un procedimiento sancionador, la apreciación de una presunta infracción va a dar lugar a la incoación, instrucción y resolución del correspondiente expediente sancionador. Que según informe técnico emitido por esta Agencia y reportaje fotográfico, se constata que las obras inspeccionadas consisten en la demolición de una edificación persistente y la ejecución de un nuevo edificio, que cuenta con dos plantas de altura y que a fecha 23 de septiembre de 2003 estas aún se encontraban sin terminar, por lo que y en virtud del artículo 201 "in fine" de Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, el plazo de la prescripción aún no ha comenzado a correr, pues éste empezará a correr a partir de la total terminación de las obras, por lo tanto la infracción no ha prescrito, y procede la incoación del correspondiente expediente sancionador.

- En lo referente a la aplicación del artículo 200 TRLoTENC y que la vivienda esta enclavada dentro de un núcleo de poblacional consolidado, decir que este hecho de modo alguno, permite la ejecución de las obras sin tener las autorizaciones administrativas preceptivas y al no tener éstas, no procede la anulación de los actos administrativos, ya que dichas obras no tienen ningún tipo de cobertura formal.

- En cuanto a que la obra se ha completado con la terminación de la segunda planta, que la primera planta fue reformada y lleva más de 50 años de construida, consta en el expediente informe técnico de fecha 23 de septiembre, en donde se constata que las obras consisten en la demolición de una edificación persistente y la ejecución de un nuevo edificio y que cuenta con dos plantas de altura, no obstante en ningún momento del procedimiento, el recurrente no ha probado lo contrario, y al interesado es al que le corresponde probarlo, ya que la carga de esa prueba no la soporta la administración, como ha establecido numerosa jurisprudencia, ya que es el administrado el que voluntariamente se ha colocado en una situación de clandestinidad en la realización de las obras y el principio de la buena fe, plenamente operante en el campo procesal, artº. 11.1 LOPJ impide que el que crea una situación de ilegalidad pueda obtener ventaja de dificultades probatorias originadas por esa legalidad.

- En lo referente a la inexistencia de la debida separación entre los órganos instructor y sancionador se ha de decir que el presente procedimiento, ha cumplido escrupulosamente con el procedimiento establecido en la ley no habiéndose infringido precepto legal alguno así como con las garantías que ha de tener cualquier procedimiento administrativo y por lo tanto existe la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora preceptuada por el artículo 134.2 de la Ley 30/1992, ya que a pesar de la dependencia jerárquica que se alega por el interesado, la misma no conculca la garantía procedimental de la separación entre las fases de instrucción y sancionadora puesto que se han encomendado a órganos distintos. Así no se puede dejar de mencionar numerosa jurisprudencia al respecto en donde se pone de manifiesto que la estricta imparcialidad e independencia de los órganos del Poder Judicial, no es por esencia predicable en la misma medida de un órgano administrativo (SSTC 22/1990, de 15 de febrero y 47/1983, de 31 de mayo). También el T.S. ha reconocido la inaplicabilidad del referido derecho al ámbito administrativo sancionador (S.T.S. 3ª y 9ª, de 4.12.90). En definitiva, encontrándose la organización administrativa informada no por el principio de la independencia sino por el de jerarquía (artículo 103.1 C.E.) carece de sentido trasladar las garantías propias del personal judicial con independencia orgánica e individual a los funcionarios que conducen el procedimiento administrativo sancionador, dado que resulta en principio indiferente la separación o no de las funciones de investigación y decisión entre funcionarios pertenecientes a una misma organización y sometidos todos ellos al criterio jerárquico. A mayor abundamiento, el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, sobre el procedimiento sancionador, parece delimitar la exigencia de la dualidad de órganos, a que sean personas distintas quienes instruyan y resuelvan los procedimientos sancionadores. Así la exposición de motivos de dicho Real Decreto señala que la recepción que efectúa la Ley 30/1992, del principio del orden penal de la separación entre órgano instructor y órgano que resuelve ha de entenderse como es evidente y ha sido declarado por la jurisprudencia constitucional (sentencia de 8 de junio de 1981), de forma adecuada a la naturaleza administrativa. Así en el orden penal, el principio, atiende a la configuración, en muchas ocasiones unipersonal, de los órganos judiciales y pretende, por tanto, que no sea la misma persona o personas las que acusen y resuelvan.

No ha quedado desvirtuado que las obras promovidas por el recurrente carecen de la preceptiva licencia municipal de obras, y de la calificación territorial de conformidad con los artículos 27, 166, 168 y 170 del TRLoTCENC, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, lo cual es objeto de una infracción urbanística tipificada en el artículo 202.3.b) y sancionada en el artículo 203.1.b) de dicho texto legal con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros, habiendo sido en este caso impuesta una multa de treinta mil euros, determinada en función de las circunstancias atenuantes y mixtas apreciadas en el procedimiento.

Tercera.- El acto recurrido es conforme a derecho, y no se dan en el mismo ninguno de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Vistas la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y en especial, en cuanto a la competencia para resolver el presente recurso, el artículo 190.2 del citado TRLoTCENC, en relación con el artículo 20.1 in fine del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que establece que las propuestas de resolución de los recursos de alzada deberán ser informados por el Consejo.

En ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Único.- Desestimar el recurso de alzada, interpuesto por D. Manuel Magdalena García, contra la resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 602, de fecha 24 de febrero de 2005, confirmando la misma por ser ajustada a derecho.

Notifíquese al interesado, y al Ayuntamiento, a los que se les hace constar que contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de agosto de 2005.- El Director Ejecutivo, por suplencia (Acuerdo del Consejo de 16.6.05), el Director General de Ordenación del Territorio, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.

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