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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Viceconsejería de Industria y Nuevas Tecnologías sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
1º) Notificar a D. Thomas Bachmann, la Resolución de 29 de junio de 2005 (libro 01, nº reg. 108/05, folio 86), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por D. José Luis Mestres Izquierdo, en representación de la entidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 3 de enero de 2005, recaída en el expediente de referencia VBT 04/333, sobre daños a mercancías almacenadas en heladería, como consecuencia de la interrupción del suministro eléctrico producida el día 21 de marzo de 2004 en la isla de La Palma.
2º) Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de julio de 2005.- El Secretario General Técnico, Juan González Fontes.
A N E X O
Resolución del Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías de 29 de junio de 2005, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. José Luis Mestres Izquierdo, en representación de la entidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 3 de enero de 2005, recaída en el expediente administrativo VBT 04/333, sobre daños a mercancías almacenadas en heladería, como consecuencia de la interrupción del suministro eléctrico producida el día 21 de marzo de 2004 en la isla de La Palma.
Visto el recurso de alzada interpuesto por D. José Luis Mestres Izquierdo, en representación de la entidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 3 de enero de 2005, recaída en el expediente de referencia VBT 04/333, sobre daños a mercancías almacenadas en heladería, como consecuencia de la interrupción del suministro eléctrico producida el día 21 de marzo de 2004, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 20 de julio de 2004, D. Tomás Bachmann presentó escrito de reclamación en la Dirección General de Industria y Energía, por medio del cual manifiesta que el día 21 de marzo de 2004 se produjo un corte de suministro eléctrico que duró varias horas en la isla de La Palma, el cual provocó daños a mercancías almacenadas en su heladería.
Segundo.- Con fecha 13 de agosto de 2004, Endesa Distribución Eléctrica, S.L. informó sobre la referida denuncia en el sentido de que el incidente se ocasionó por deslastre total de cargas en la Central de Los Guinchos.
Tercero.- El Ingeniero Industrial adscrito a la Dirección General de Industria y Energía D. Antonio Carlier Millán formula la siguiente propuesta:
"Estimar la reclamación de D. Tomás Bachmann, en cuanto a considerar responsable de los desperfectos provocados por la irregularidad del suministro eléctrico ocurrido el día 21 de marzo de 2004 en la instalación denunciada a la empresa suministradora (Unelco-Endesa), no debiendo entrar por parte de esta Dirección General en la cuestión de indemnización derivada de ello, ya que estas son por su naturaleza estrictamente civil, competencia de la jurisdicción ordinaria y no de esta vía.
Notificar a D. Tomás Bachmann que el incumplimiento de la calidad de servicio individual, determinará la obligación para los distribuidores de aplicar en la facturación de los consumidores conectados a sus redes los descuentos regulados en el artículo 105.3 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, dentro del primer trimestre del año siguiente al del incumplimiento."
Cuarto.- El Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas, por delegación de firma del Director General de Industria y Energía, dictó Resolución el 3 de enero de 2005 en el sentido de aceptar la citada propuesta del Instructor del expediente.
Quinto.- Con fecha 24 de febrero de 2005, la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. presentó recurso de alzada, por medio del cual viene a decir lo siguiente:
1. La parte recurrente da por reproducidas las consideraciones formuladas en nuestro escrito de fecha 13 de agosto último.
2. La obligación de prestar el suministro en las adecuadas condiciones de legalidad y seguridad es vínculo de carácter relativo y por ello exige, como correlato necesario, que las instalaciones receptoras, propiedad del abonado, estén dotadas de las debidas protecciones frente a sobreintensidades y sobretensiones. El artículo 22 del Reglamento Electrotécnico para baja tensión aprobado por Decreto 2.413/1973, de aplicación al caso al igual que el hoy vigente, exige que los sistemas de protección de las instalaciones receptoras de baja tensión sean capaces de impedir los efectos de las sobreintensidades y sobretensiones que, por distintas causas cabe prever en las mismas y resguarden a sus conductores de las acciones y efectos de los agentes externos. El mismo precepto señala que en la utilización de la energía eléctrica para viviendas y locales comerciales, deben adoptarse las medidas de seguridad, tanto para la protección de los usuarios como para la de las redes, proporcionadas a las características y potencia de los aparatos receptores utilizados.
En este caso, a la entidad recurrente no le consta que las instalaciones receptoras dispongan de las preceptivas protecciones, ello a pesar de que se solicitó que por el reclamante se exhibiese copia testimoniada del proyecto técnico correspondiente a las instalaciones receptoras del inmueble, a fin de comprobar si contenían especificaciones en cuanto a las preceptivas protecciones frente a sobreintensidades y sobretensiones y frente a agentes externos. Sobre esta solicitud de prueba no se pronunciaron ni el instructor del expediente ni el órgano recurrido al resolver, dejando en patente indefensión a esta compañía, en contravención de las garantías establecidas por el artículo 24 de la Constitución Española.
3. La entidad recurrente cita la Directiva 89/336/CEE, de Compatibilidad Electromagnética, modificada por las Directivas 91/263/CEE, 92/31/CEE y 93/97/CEE, que tiene como principal objetivo garantizar la libre circulación de aparatos y la creación de un entorno electromagnético adecuado en los países del Espacio Económico Europeo. La norma comunitaria armoniza los requisitos de protección (emisión e inmunidad) para garantizar el funcionamiento y compatibilidad de los equipos en su entorno electromagnético; se trata entre otras cosas, de asegurar que los aparatos gozan de un adecuado grado de inmunidad intrínseca frente a perturbaciones electromagnéticas que le permitan funcionar de la forma prevista.
Como complemento necesario de la Directiva reseñada, la entidad recurrente trae a colación la Norma EN 61000-4-12:1995, que forma parte de de la serie de Normas Internacionales CEI 1000, en cuya parte 1ª establece las exigencias en materia de inmunidad y de los métodos de ensayo de los equipos eléctricos y electrónicos sometidos a condiciones de funcionamiento contra las ondas oscilatorias.
A la empresa recurrente no le consta la compatibilidad de los objetos que se dicen dañados a su entorno electromagnético.
4. La interrupción del suministro eléctrico no es causa suficiente para producir los daños por los que se reclama. En la tramitación del expediente no se ha practicado prueba alguna que permita establecer el nexo causalidad entre los daños denunciados y la actividad del suministro eléctrico.
La Ley 22/1994 sobre responsabilidad por productos defectuosos, corroborando lo sostenido por el artículo 1.902 CC, establece en su artículo 5: "El perjudicado que pretenda obtener la reparación de los daños causados tendrá que probar el defecto, el daño y la relación de causalidad entre ambos".
El hecho de que no se haya acreditado que las instalaciones receptoras disponían de las necesarias protecciones frente a sobreintensidades y sobretensiones o frente a la acción de los agentes externos, son hechos objetivos que sólo conducen a la conclusión de que no existe nexo causal entre los daños denunciados y la actividad de suministro eléctrico, a la inexistencia de protecciones en las instalaciones receptoras y a la inadecuación de los aparatos dañados a las exigencias de homologación comunitaria.
No cabe hablar de negligencia alguna en la actuación de la empresa distribuidora; ni de relación de causa a efecto entre dicha actividad y los daños que se dicen producidos. Al no darse estos requisitos fundamentales, establecidos por el artículo 1.902 del Código Civil, no cabe, tampoco, la imputación de responsabilidad formulada por la resolución impugnada.
5. La entidad recurrente también alega que la obligación de la distribuidora de realizar el suministro de energía a los usuarios está condicionada por su derecho a adquirir la energía eléctrica necesaria a tal fin. En este caso, fue la falta de disponibilidad de potencia la circunstancia que impidió la adquisición y, por ende, su transporte, distribución y suministro por parte de la recurrente; no puede imputarse a Endesa incumplimiento de sus obligaciones legales ni reglamentarias.
La entidad recurrente considera que nos encontramos ante un supuesto genuino de fuerza mayor, que impidió de forma terminante, la prestación final del suministro energético. El concepto de fuerza mayor contempla una causa de intervención en la relación de causalidad, que, por su propia naturaleza y definición, exime de responsabilidad por incumplimiento.
6. Al considerar que las interrupciones del suministro de referencia se deben a causa de fuerza mayor, también las perturbaciones que, en hipótesis, se hagan derivar de su reposición han de considerarse ocasionadas por fuerza mayor. A este respecto, la empresa recurrente cita una resolución de la Viceconsejería de 30 de septiembre de 2004 (expediente VBT 03/275), en la que, literalmente, se sostiene: "... De esta manera, si se interrumpió el suministro por causa de fuerza mayor, las perturbaciones que se pudieron provocar al reponerlo, necesariamente han de ser consideradas también por fuerza mayor, por cuanto es evidente la relación causa-efecto entre el corte y la reposición. El mismo argumento ha de hacerse respecto a las perturbaciones o incidencias que pudieran sobrevenir durante las horas posteriores a la reposición del suministro".
7. Por todo ello, la entidad recurrente solicita que se declare la nulidad de la resolución recurrida y el archivo del expediente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En relación con los requisitos de admisibilidad del presente recurso no hay que formular ningún pronunciamiento en contrario por cuanto el recurso de alzada se ha interpuesto dentro del plazo de un mes previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la parte recurrente tiene plena legitimación activa para promover el presente recurso, y el órgano competente para su resolución es el Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, de acuerdo con el vigente Reglamento Orgánico, y el artículo 20 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.
Segundo.- El presente recurso de alzada no puede prosperar, y ello en base a los siguientes razonamientos:
1. La resolución recurrida fue dictada en base a las pruebas de presunciones o indiciarias obrantes en el expediente, y cuya utilización se ha realizado de un modo razonable, y la operación deductiva que comporta es perfectamente lógica. En el presente caso, la empresa eléctrica reconoce la existencia de varios cortes de suministro eléctrico en la zona que alimenta el suministro del reclamante producidos el día 21 de marzo de 2004, fecha en la cual se originó también una sobretensión en el negocio del usuario que provocó daños a mercancías almacenadas en su heladería, por lo tanto, existe una enlace directo y preciso entre el corte de suministro y su reposición, y la sobretensión producida. En este sentido, la resolución recurrida pone de manifiesto en el fundamento de derecho nº 2 lo siguiente: "Como consecuencia de estas interrupciones de suministro y posteriores reposiciones, pueden producirse sobretensiones o sobreintensidades. Este tipo de incidencias provoca un régimen transitorio, con picos o crestas que bien pueden ocasionar los daños que se reclaman".
2. Nuestro Código Civil como la jurisprudencia del Tribunal Supremo han admitido la utilización de pruebas indiciarias. Sobre este particular, hay que señalar lo siguiente:
a) El propio Código Civil admite la valoración de las pruebas de presunciones no previstas por la ley, a este respecto, conviene citar el artículo 1.253 del Código Civil, cuyo tenor literal es el siguiente: "Para que las presunciones no establecidas por la ley sea apreciables como medio de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano".
b) La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha admitido la utilización de pruebas indiciarias tanto en el derecho civil como en el derecho penal. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2002 (RJ 2002\7025) tiene declarado lo siguiente: "Como acabamos de afirmar, constituyen también pruebas aptas para enervar el derecho presuntivo que se alega, las indirectas, indiciarias o circunstanciales. Recordemos la doctrina de esta Sala sobre el particular, ya que las pruebas de las que legítimamente se ha valido el Tribunal provincial para condenar fueron de tal naturaleza. Nos dice la Sentencia de 29 de marzo de 2001 (nº RJ 2001\3334) es oportuno manifestar, habida cuenta que la recurrente niega la participación en los hechos, que la prueba indiciaria, circunstancial o indirecta es suficiente para justificar tal participación en el hecho punible, siempre que reúna unos determinados requisitos, que esta Sala, recogiendo principios interpretativos del Tribunal Constitucional, ha repetido hasta la saciedad (entre las últimas sentencias dictadas, mencionemos a título de ejemplo, las de 13.12.99 RJ 1999\7770; 26.5.00 RJ 2000\4969; 22.6.00 RJ 2000\5787; 16.6.00 RJ 2000\4741; 8.9.00 RJ 2000\7926, etc.) Tales exigencias se pueden concretar en las siguientes:
1) De carácter formal: a) que en la sentencia se expresen cuáles son los hechos base o indicios que se estimen plenamente acreditados y que van a servir de fundamento a la deducción o inferencia; b) que la sentencia haya explicitado el razonamiento a través del cual, partiendo de los indicios se ha llegado a la convicción del acaecimiento del hecho punible y la participación en el mismo del acusado, explicitación, que aun cuando pueda ser sucinta o escueta se hace imprescindible en el caso de prueba indiciaria, precisamente para posibilitar el control casacional de la racionalidad de la inferencia.
2) Desde el punto de vista material es preciso cumplir unos requisitos que se refieren tanto a los indicios en sí mismos, como a la deducción o inferencia.
Respecto a los indicios es necesario:
a) Que estén plenamente acreditados.
b) De naturaleza inequívocamente acusatoria.
c) Que sean plurales o siendo único que posea una singular potencia acreditativa.
d) Que sean concomitantes el hecho que se trate de probar.
e) Que están interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí.
En cuanto a la deducción o inferencia es preciso:
a) Que sea razonable, es decir, que no solamente no sea arbitraria, absurda e infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia.
b) Que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato precisado de acreditar, existiendo entre ambos un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano".
3. En cuanto al alegato de la empresa recurrente de que las instalaciones receptoras, propiedad del abonado deben estar dotadas de las debidas protecciones frente a sobreintensidades y sobretensiones, y en este caso, se arguye que no se ha probado la existencia de dichas protecciones, hay que señalar que cuando una instalación receptora se pone en servicio se presume, salvo prueba en contrario, que la misma está dotada de las protecciones preceptivas frente a sobreintensidades y sobretensiones, de acuerdo con lo exigido en el reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. Y, a este respecto, la empresa distribuidora no aporta en el período probatorio abierto por la Administración, mediante comunicación de 28 de julio de 2004, ningún medio de prueba que acredite el hecho de que dicha instalación carecía de las protecciones mencionadas.
4. En el presente caso, y del examen de las pruebas indiciarias, se pude colegir la existencia de una relación de causalidad entre el corte de suministro eléctrico, la reposición del suministro, y la sobretensión que provocó, a su vez, los daños que reclama el abonado.
5. En el presente caso, no existe el supuesto de causa de fuerza mayor que esgrime la entidad recurrente. En efecto, la falta de disponibilidad de potencia que dio origen al corte de suministro eléctrico no puede encuadrarse dentro del concepto de fuerza mayor que maneja la Orden ECO 797/2002, de 22 de marzo. En cualquier caso, los daños ocasionados por la reposición del suministro eléctrico deben encuadrarse en el ámbito de responsabilidad de la empresa distribuidora, no pudiendo admitirse esta circunstancia como causa de fuerza mayor.
6. Finalmente, y en relación con la mención que hace la entidad recurrente de la resolución recaída en el expediente VBT 03/275, hay que señalar que en ese caso las circunstancias fácticas son muy diferentes al supuesto que nos ocupa, por cuanto efectivamente se exoneró a la compañía distribuidora de responsabilidad administrativa frente a daños ocasionados a electrodomésticos, pero por una causa de fuerza mayor consistente en la existencia de un fuerte temporal reinante en el período comprendido entre el 12 y el 16 de diciembre de 2002, extremo éste que no se produce en el presente recurso. Y, en consecuencia, no resulta procedente invocar el expediente VBT 03/275 para justificar la existencia de una causa de fuerza mayor en el caso que nos ocupa, cuando entre ambos casos no concurren las mismas circunstancias fácticas.
VISTOS
El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de transferencia a la Junta de Canarias de competencias, funciones y servicios en materia de industria, energía y minas; el Real Decreto 2.091/1984, de 26 de septiembre, sobre adaptación de los servicios transferidos en fase preautonómica a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de industria, energía y minas; el Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, vigente de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Única del Decreto 178/2003, de 23 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia, y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias; el Decreto 241/2003, de 11 de julio, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías; el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y demás normativa de aplicación general.
Por todo ello, el Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, en el ejercicio de sus competencias,
R E S U E L V E:
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. José Luis Mestres Izquierdo, en representación de la entidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 3 de enero de 2005, recaída en el expediente de referencia VBT 04/333, sobre daños a mercancías almacenadas en heladería, como consecuencia de la interrupción del suministro eléctrico producida el día 21 de marzo de 2004, manteniendo la misma en todos sus términos.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, Jorge M. Rodríguez Díaz.
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