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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Viceconsejería de Industria y Nuevas Tecnologías sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
1º)Notificar a la entidad Rop & Cazorla, S.L., la Resolución de 23 de junio de 2005 (libro 01, nº reg. 87/05, folio 85), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por D. Sergio González Bravo, en representación de la entidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía DGIE-5078, de fecha 8 de octubre de 2003, recaída en el expediente AT 03/65, relativa a la autorización y aprobación del proyecto de ejecución de un Centro de Transformación y línea de media tensión para 123 viviendas, en Vecindario, promovida por Rop & Cazorla, S.L.
2º) Remitir al Ayuntamiento de Santa Lucía la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de julio de 2005.- El Secretario General Técnico, Juan González Fontes.
A N E X O
Resolución de la Viceconsejería de Industria y Nuevas Tecnologías de 23 de junio de 2005, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Sergio González Bravo, en representación de la entidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., contra la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía, DGIE-5078, de fecha 8 de octubre de 2003, recaída en el expediente AT 03/65, relativa a la autorización y aprobación del proyecto de ejecución de Centro de Transformación y línea de media tensión para edificio de 123 viviendas, promovida por Rop & Cazorla, S.L.
Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Sergio González Bravo, en representación de la entidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía DGIE-5078, de fecha 8 de octubre de 2003, recaída en el expediente AT 03/65, relativa a la autorización y aprobación del proyecto de ejecución de un Centro de Transformación y línea de media tensión para 123 viviendas, en Vecindario, promovida por Rop & Cazorla, S.L., y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 8 de octubre de 2003, la Dirección General de Industria y Energía acuerda mediante resolución de referencia DGIE-5078, conceder la autorización y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión, tramitada bajo el expediente administrativo AT 03/65, relativo a ejecución de Centro de Transformación y línea de media tensión para edificio de 123 viviendas, cuyo emplazamiento se encuentra en el término municipal de Santa Lucía de Tirajana. Las instalaciones eléctricas se refieren en concreto a la línea subterránea de alta tensión, con carácter de red de distribución, origen en intercalado entre C-103.422 "C.C. Vecindario" y C-101.771 "Solcanarias", y final en CT del proyecto, y el Centro de Transformación proyectado, ubicado entre las calles Graciliano Alonso, Salvador Cuyas, Brasil y Los Llanos, en Santa Lucía de Tirajana, figurando como titular de ambas instalaciones Rop & Cazorla, S.L.
Por consiguiente, dicha autorización fue concedida al titular y peticionario Rop & Cazorla, S.L., en base al informe propuesta del Servicio de Instalaciones Energéticas de Las Palmas, en la cual se señalan entre las prescripciones a cumplimentar las siguientes:
"9. Habida cuenta de que Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. solicita que las líneas de media tensión proyectadas, que interconectan (acometidas) la red de distribución pública con el nuevo CT proyectado, sean de una sección de 150 mm2 de Al, y considerando que dicha red proveerá de suministro eléctrico tanto al peticionario del proyecto como a terceras futuras partes, atendiendo al artº. 45.4 del Real Decreto 1.955/2000, según el cual cuando la empresa distribuidora obligada al suministro considere oportuno dar una dimensión a la red superior a la necesaria para atender la demanda de potencia solicitada, la empresa distribuidora costeará dicha superior dimensión, el reparto de costes derivados de la ejecución material de la instalación es el siguiente:
Rop y Cazorla, S.L.: 5,77%.
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.: 94,23%.
10. La transmisión de la titularidad de las instalaciones a la empresa distribuidora, deberá estar sujeta a las condiciones establecidas en el vigente Real Decreto 1.955/2000, siempre que se acrediten las compensaciones económicas que se establezcan dentro del marco legal vigente."
Segundo.- Examinada la solicitud de puesta en servicio de las instalaciones autorizadas y documentación aportada al efecto, y una vez reconocidas dichas instalaciones por el personal técnico adscrito a la Dirección General de Industria y Energía, el mencionado órgano directivo acuerda, mediante Resolución DGIE-5160, de 27 de octubre de 2003, conceder al peticionario Rop & Cazorla, S.L., la autorización de puesta en marcha de las instalaciones objeto del proyecto ya mencionado, tramitado bajo el expediente de referencia AT 03/65, previa corrección de las deficiencias detectadas y con arreglo a las siguientes prescripciones:
"1ª) El titular de la instalación deberá mantener ésta en condiciones reglamentarias de funcionamiento y proceder a su revisión trianual en cumplimiento del artículo 163 del Real Decreto 1.955/2000, debiendo enviar copia del boletín de revisión a esta Administración, en los términos que establece la normativa específica.
2ª)Cualquier modificación de importancia, cambio de titularidad o cierre de la instalación deberá ser objeto de autorización administrativa expresa."
En cumplimiento de lo ordenado en la referida resolución DGIE-5160 la entidad peticionaria presenta nuevos planos del tendido, recogiendo las variaciones detectadas que se reflejan en la certificación adicional expedida por el Director de Obra.
Tercero.- Frente al acto resolutorio DGIE-5078, de 8 de octubre de 2003, la entidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. interpone recurso de alzada de fecha 4 de noviembre de 2003, en base a las alegaciones que se detallan a continuación:
1ª) El suelo donde se asientan los suministros solicitados tiene consideración de urbanizable dentro de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
2ª)El artículo 45.3 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, establece que cuando el suministro se solicite en suelo urbanizable, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 6/1998, su propietario deberá ejecutar a su costa, de acuerdo con las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, como con las establecidas por la empresa distribuidora y aprobadas por la Administración competente, la infraestructura eléctrica necesaria, incluyendo la red exterior de alimentación y los refuerzos necesarios.
3ª)El apartado 4.1 de la Norma Particular para Centros de Transformación en el ámbito de suministro de Unelco, S.A., aprobada por la Orden de 19 de agosto de 1997 de la Consejería de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, establece que "Cualquier nuevo CT que se diseñe formará parte de los anillos existentes. Las redes de AT en las nuevas urbanizaciones se diseñarán en anillo, de forma que todos los CT queden intercalados en el mismo ...".
4ª) El artículo 46 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, establece que "la elección de la tensión, el punto de entrega y las características del suministro serán acordados entre la empresa distribuidora y el solicitante teniendo en cuenta un desarrollo racional y óptimo de la red, con el menor coste y garantizando la calidad del suministro. En caso de discrepancia resolverá el órgano competente de la Administración".
El punto de conexión otorgado por esta empresa al peticionario, el día 20 de marzo de 2003, nunca ha sido sometido a discusión por éste. De hecho, el 13 de mayo de 2003 fue presentado en la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica de Canarias el proyecto de ejecución, de acuerdo con las condiciones fijadas en dicho punto de conexión. Asimismo, el proyecto presentado ha sido realizado de conformidad con las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, así como con las establecidas por la empresa distribuidora y aprobadas por la Administración competente.
5ª) Dicho punto de conexión fue concedido a la tensión nominal de 20 kv, dado que es la tensión de servicio normalizada para esta empresa en sus redes de distribución en la isla de Gran Canaria, siendo el tramo de la línea de M.T. Sardina que enlaza la C-103422 CC Vecindario y la C-101.771 Solcanarias, el más próximo al punto de suministro, lo cual implica el menor coste posible para el promotor. El recurrente estima que la solución técnica es la óptima y más racional por permitir por un lado cumplir con la normativa aplicable y por otro por mantener, y no mejorar como parece sugerir esa Consejería, el nivel de calidad existente en la zona.
A este respecto, es necesario citar el artº. 32.2 del Real Decreto 1.955/2000, relativo al "Desarrollo de las instalaciones de conexión", que contempla, entre otros aspectos, que cuando una nueva conexión dé lugar a la partición de una línea existente, las instalaciones necesarias para dicha conexión tendrán la consideración de la red a la que se conecta, siendo la titularidad de las instalaciones, del propietario de la línea a la que se conecta.
6ª)El artículo 45.4 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, establece que "cuando la empresa distribuidora considere oportuno dar una dimensión a la red superior a la necesaria para atender la demanda de potencia solicitada, la empresa distribuidora costeará dicha superior dimensión. En caso de discrepancias en el reparto de costes resolverá la Administración competente".
La entidad recurrente alega que en ningún momento ha exigido al peticionario del suministro dar una dimensión superior a la que precisa su instalación, sino la de establecer unas condiciones homogéneas y normalizadas para la red a instalar de forma que no se vea reducida la capacidad de la red y con ella la posibilidad de suministro a los clientes ya conectados.
A este respecto, estima la entidad recurrente que sería incongruente que en aquellos casos en que la nueva instalación se deba intercalar en el anillo existente, el peticionario del suministro dimensionará exactamente su red de alimentación de acuerdo a la potencia solicitada, dado que en ese supuesto, desde el mismo momento en que se conecte la nueva instalación, la red existente vería reducida su capacidad a la de la nueva línea, con lo que no podría atender los suministros que actualmente se encuentran conectados a dicha red, dando lugar a una pérdida de calidad, seguridad o regularidad en el servicio, incumpliendo lo establecido en los artículos 46 y 60.2 del Real Decreto 1.955/2000, sobre garantías en la seguridad, regularidad y la calidad de los suministros.
7ª)Lo manifestado por esa Consejería de que la red proyectada al disponer de una sección superior a la requerida por las necesidades del peticionario, pueda ser utilizada por terceros, queda perfectamente cubierto por el propio Real Decreto 1.955/2000, al establecer que "todas las instalaciones destinadas a más de un consumidor tendrán la consideración de red de distribución, debiendo ser cedidas a una empresa distribuidora, quien responderá de la seguridad y calidad del suministro, pudiendo exigir el titular de la instalación un convenio de resarcimiento frente a terceros por una vigencia máxima de 5 años, quedando dicha infraestructura abierta al uso de dichos terceros".
8ª)La autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución son resoluciones que permiten por un lado la iniciación de los trámites correspondientes para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, y por otro, la construcción o establecimiento de la instalación, y no parece, por tanto, el documento adecuado para resolver las discrepancias que puedan surgir entre el solicitante del suministro y la empresa distribuidora, discrepancia de las que no tiene constancia al no haberse recurrido el punto de conexión otorgado.
En este sentido, manifiesta que las controversias que puedan surgir entre el peticionario del suministro y las empresas distribuidoras, acerca de los puntos de conexión, deben ser resueltas desde el otorgamiento del mismo y no una vez finalizado el expediente administrativo, ya que cualquier modificación al mismo implica reformado del proyecto, con todo lo que ello conlleva tanto en lo referente a plazos de ejecución de las obras como a costos económicos.
9ª) En virtud de lo expuesto, solicita que se declare la obligatoriedad de que el peticionario del suministro en cuestión deberá ejecutar a su costa las obras de infraestructura eléctrica necesarias para atender el suministro demandado, de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la entidad recurrente.
Cuarto.- Con fecha 13 de noviembre de 2003, en trámite de audiencia se confiere traslado al peticionario del escrito de interposición del recurso precedente, y en respuesta, la referida entidad Construcciones y Promociones Rop & Cazorla, S.L., mediante escrito que tuvo entrada en este Departamento el día 5 de diciembre de 2003, realiza las siguientes manifestaciones:
1ª) La entidad promotora alega la inaplicabilidad del artículo 45, apartado tercero del Real Decreto 1.955/2000, por estimar que "el suelo donde se realiza la construcción tiene la calificación de Urbano", de acuerdo con el tenor literal del Decreto de 9 de octubre de 2001, por el que se resuelve el expediente municipal 294/2001, tramitado en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
2ª)La entidad recurrente alega que las características de la entrega del suministro deben ser acordadas entre la empresa distribuidora y el solicitante y entiende que el peticionario no ha sometido a discusión el punto de conexión otorgado por esa empresa. Y por el informe técnico realizado por el facultativo del Gobierno de Canarias queda constancia de que el peticionario del proyecto hizo una solicitud de 630 kva lo cual corresponde a una intensidad de 18,18 A, y a pesar de ello la empresa distribuidora indica que a través de los conductores a instalar para la conexión del nuevo CT puede circular una intensidad de 315 A, luego el peticionario sólo ha solicitado un 5,77% de la capacidad de los conductores que se pretenden instalar.
La entidad promotora ha seguido las directrices, planos y proyecto técnico que la entidad distribuidora ha exigido en todo momento, a pesar de que sus necesidades se limitan a lo ya indicado y que la misma lo ha dejado explícito desde el inicio del expediente. Por lo cual estima que difícilmente un particular puede poner objeciones respecto a unas instalaciones que necesariamente han de ser aprobadas para su funcionamiento por la propia entidad distribuidora. Continúa señalando que la empresa distribuidora plantea un punto de conexión y presenta su proyecto de ejecución al margen de las necesidades explícitas en la solicitud del peticionario.
3ª) Alega que es la empresa distribuidora la que ha considerado oportuno aumentar la dimensión de la red con la finalidad de proveer de suministro eléctrico a terceras futuras partes, pretendiendo además que el peticionario cubra los costes de una red que ella misma ha dimensionado y de la cual se beneficiarán terceros. Y a este respecto estima que si el peticionario no es competente para dimensionar la red, tampoco lo es para cubrir los costes de la superior dimensión que ha impuesto la compañía eléctrica, pues añade que en tal caso el peticionario estaría a merced de posibles prácticas abusivas por parte de una empresa que decida cómo se debe instalar y quién lo debe costear. Opina que tal pretensión de una nueva instalación de suministro general con coste nulo para el distribuidor, constituiría un enriquecimiento injusto, habida cuenta que va a ser éste quien la controle y explote su utilidad.
4ª) Esta entidad considera ajustada a derecho la resolución impugnada ya que tiene en cuenta que dicha red proveerá tanto al peticionario del proyecto como a terceras futuras partes, siéndole de aplicación el artº. 45.4 del Real Decreto 1.955/2000, pues ha sido la empresa distribuidora quien ha considerado oportuno dar una dimensión a la red superior a la solicitada, y en este sentido entiende que es la Administración quien debe decidir en última instancia sobre el régimen de acometidas, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del referido artº. 45.4 que dispone "En caso de discrepancias en el reparto de costes resolverá la administración competente".
5ª)En base a lo expuesto solicita que se acuerde la desestimación del recurso interpuesto por la entidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., manteniendo íntegramente el contenido de la resolución recurrida.
Quinto.- En contestación a los requerimientos dirigidos a la entidad distribuidora, con fecha 28 de noviembre de 2003, la mencionada entidad aporta copia del acta de puesta en servicio de las instalaciones a las que se conectan las nuevas instalaciones, señalando al respecto que las mismas pasaban a considerarse servicio público y de titularidad de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., realizando esta empresa su explotación y mantenimiento desde la fecha de su puesta en marcha. Asimismo, informa que aún no han sido satisfechos derechos de acometida por el titular, ni se ha suscrito póliza de abono al respecto.
Sexto.- Sobre el recurso de alzada aquí deducido, el Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas de Las Palmas da traslado del expediente correspondiente, así como del informe técnico emitido en contestación a las alegaciones formuladas por la entidad recurrente.
Séptimo.- En atención a las alegaciones deducidas por el interesado en contestación al escrito del recurso interpuesto por la entidad distribuidora el Jefe de Servicio de Actuación Administrativa solicita certificación del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana acerca de la clasificación del suelo donde se ubican las instalaciones eléctricas de referencia AT 03/65, habiendo transcurrido en exceso y sin respuesta el plazo de 10 días establecido por el artículo 83 de la LRJ-PAC para evacuación de dicha certificación desde que tuvo lugar la recepción del requerimiento, el día 20 de febrero de 2004, según fecha señalada en el acuse de recibo obrante en el expediente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En relación a los requisitos de admisibilidad del presente recurso de alzada, no hay que formular ningún pronunciamiento en contrario por cuanto ha sido interpuesto dentro del plazo de un mes previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante referida como LRJ-PAC), la parte recurrente tiene plena legitimación activa para promover dicho recurso y el órgano competente para su resolución es el Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, de acuerdo con el vigente Reglamento Orgánico y el artículo 20 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.
Segundo.- El acto resolutorio impugnado tiene su fundamentación jurídica principal en el Decreto 26/1996, de 9 de febrero, en relación al procedimiento tramitado en orden a la concesión de la autorización de las instalaciones proyectadas, y por lo que respecta a la cuestión aquí planteada, en los criterios señalados en el artículo 45 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, en relación a la determinación de los derechos de extensión, y concretamente, en el apartado cuarto del citado artículo 45, que dispone que en casos de que la empresa distribuidora estime oportuno dar una dimensión a la red superior a la necesaria para atender la demanda de potencia solicitada, la empresa distribuidora costeará dicha superior dimensión.
A este respecto, el mismo apartado cuarto concluye que en caso de discrepancias en el reparto de costes resolverá la Administración competente, y según valoración técnica del Servicio de Instalaciones Energéticas encargado de la instrucción y reconocimiento de las instalaciones eléctricas que nos ocupa, debemos entender que nos encontramos ante el caso tipificado en la norma referido a un sobredimensionamiento de la red, sea por razones técnicas de explotación, armonización de la red eléctrica, distancia e importancia de los consumos, lo cual significa una desproporción con respecto a la potencia solicitada por el usuario, siendo el órgano competente para intervenir en este reparto de costes la Dirección General de Industria y Energía, en atención a la exigencia de la empresa distribuidora de dotar a la nueva red de una sección normalizada de 150 mm2 Al a costa de los peticionarios, lo cual ha supuesto en este supuesto como en otros ya planteados una sobredimensión en la red que excedía a los intereses económicos de aquéllos calculada en cada caso sobre la potencia o intensidad solicitada.
En este sentido, conviene destacar los términos del informe emitido por el Servicio de Instalaciones Energéticas, a propósito de este tipo de proceder de la entidad distribuidora, ya planteada en otros expedientes y que al parecer se repite de modo sistemático en todos los nuevos suministros y ampliación de los existentes en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma, en los cuales dicha entidad pretende en posición clara de dominio y amparándose en una errónea interpretación de los preceptos que regulan los derechos de acometidas, que el usuario costee una inversión en concepto de infraestructura eléctrica por encima de sus necesidades, en beneficio exclusivo de sus intereses empresariales, que dicho peticionario se ve obligado a aceptar conociendo realmente las dificultades para conseguir suministro eléctrico en caso de ejercer el derecho de discrepancia del que dispone legalmente. Así mismo, el Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas nos informa de la actitud negligente de dicha empresa eléctrica en su deber de asesorar de forma adecuada al cliente sobre sus derechos y deberes frente a una solicitud de acometida eléctrica, lo cual ha motivado que esa Dirección General se haya visto obligada a informar a los usuarios sobre sus derechos e intereses en relación con la prestación del servicio eléctrico, frente a este tipo de actuaciones de la empresa eléctrica, en aras de salvaguardar el interés general que supone la prestación del suministro eléctrico de carácter esencial, y de lograr la adecuación de este servicio a las necesidades de los consumidores, como uno de los objetivos prioritarios de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, según lo previsto en su artículo primero y en la propia Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, en su artículo 2.2, por lo que se refiere a la protección prioritaria de sus derechos, en consonancia con lo previsto en el artículo 51.2 de la Constitución Española.
Tercero.- En relación a las alegaciones formuladas en vía de recurso, cabe realizar las siguientes manifestaciones:
1ª)Mediante la presente vía de impugnación, el recurrente pretende dejar sin efecto la resolución DGIE-5078, de 8 de octubre de 2003, por la cual se autorizó y aprobó el proyecto de ejecución de referencia AT 03/65, cuyo apartado noveno establece un reparto de costes entre el peticionario y la entidad recurrente, determinando en aplicación del artículo 45, apartado 4, del Real Decreto 1.955/2000, que le correspondía a esta entidad abonar el 94,23% de dichos costes, en concepto de la sobredimensión dada a la red, superior a la necesaria, por exigencia de la misma entidad distribuidora.
2ª)El mismo escrito de interposición de recurso concluye con la petición de que se declare la obligatoriedad del peticionario de ejecutar a su costa las obras de infraestructura eléctricas necesarias para atender al suministro eléctrico demandado de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas y es obvio que se refiere a la discrepancia por el reparto de costes establecido en el mencionado apartado noveno de la resolución impugnada por cuanto en dicha resolución no se ha puesto objeción alguna a la responsabilidad y obligación del peticionario de ejecutar a su costa la infraestructura eléctrica necesaria en atención a la clasificación del suelo considerado urbanizable por la entidad distribuidora y en el mismo informe emitido sobre el recurso deducido, en atención a lo previsto en el artículo 45.3 del Real Decreto 1.955/2000, habiéndose presentado el proyecto el peticionario y ejecutado la obra, sin haber intervenido al respecto la Dirección General de Industria y Energía.
3ª)No obstante, y en consideración a la disconformidad formulada por la entidad promotora con relación a la clasificación del suelo donde se encuentran las instalaciones, fue requerido informe de la Autoridad Municipal competente, y dado que hasta la fecha actual no ha podido evacuarse la información solicitada, se estimó procedente proseguir con la tramitación del recurso en orden a la resolución definitiva del expediente que nos ocupa, en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 83.4 de la LRJ-PAC, teniendo presente además que en el presente caso el contenido de tal informe no alteraría en absoluto el sentido de la resolución impugnada en relación a la imputación de costes de las infraestructuras eléctricas realizadas, por los siguientes motivos:
A. Aun en el caso de que se hubiese certificado la condición de solar urbano, en este supuesto no concurre la otra condición requerida por el artículo 45, apartado 1º, del Real Decreto 1.955/2000, para suministros en alta tensión, referente a la potencia máxima solicitada de 250 kw, presupuestos cuya concurrencia implicaría la obligación de la empresa distribuidora de cubrir los gastos correspondientes a la instalación de extensión para atender al nuevo suministro.
B. Como el propio peticionario reconoce, en su escrito de alegaciones sobre el recurso de alzada, la potencia máxima solicitada es de 630 kva, superior a los 250 kva, y por consiguiente, en último caso, aun en el supuesto de que se tratase de solar urbano, el mismo apartado primero del artículo 45, párrafo cuarto, dispone textualmente lo siguiente: "Cuando la instalación de extensión supere los límites de potencia anteriormente señalados, el solicitante realizará a su costa la instalación de extensión necesaria, de acuerdo tanto con las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, como con las establecidas por la empresa distribuidora y aprobadas por la Administración competente".
C. Asimismo el mismo artículo 45, apartado segundo, dispone para el caso del suministro solicitado en suelo urbano que no disponga de condición de solar al amparo de lo previsto en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, que corresponde al propietario completar a su costa la infraestructura eléctrica necesaria para que se adquiera tal condición, aplicándose en su caso lo previsto en el apartado precedente que prevé en tales casos la autorización de construcción y cesión de las instalaciones de extensión a la empresa distribuidora, en los términos previstos en el título VII del Real Decreto 1.955/2000, y sin que proceda el cobro por el distribuidor de la cuota de extensión establecida en el artículo 47 de la reiterada disposición reglamentaria.
D. En virtud de las prescripciones reglamentarias señaladas no procede realizar objeción alguna a la ejecución de las instalaciones necesarias de extensión a cargo del peticionario, debiendo distinguirse en todo caso entre las instalaciones ejecutadas por dicho peticionario para cubrir sus necesidades en atención a la potencia solicitada, de aquellas sobredimensionadas por la entidad suministradora que exceden a la demanda de potencia realizada por el interesado.
4ª)Tampoco se ha discrepado por el punto técnico de conexión acordado por la entidad distribuidora, pues la configuración proyectada es la habitualmente usada por Unelco en sus redes, como informa el Servicio Técnico de Instalaciones Energéticas, y como la propia entidad distribuidora reconoce en su escrito de recurso, el proyecto se ajustó a sus exigencias.
No obstante, y a este respecto, no debemos olvidar que el artículo 46 del Real Decreto 1.955/2000, habla de que el punto de conexión será el de menor coste posible, garantizando el desarrollo de la red y calidad del servicio. Y por ello resulta evidente la intención de la entidad recurrente cuando manifiesta que ésta es la solución óptima en atención a los criterios de normalización establecidos por dicha entidad, pues como resulta obvio dichos criterios no coinciden con las necesidades del usuario, como así lo corrobora el propio peticionario en el trámite de audiencia, sino que al contrario se adapta a los suyos únicamente, si bien la normativa de referencia lo permite, pero fijando en tal caso el deber de la entidad distribuidora de sufragar los costes que le corresponden por la decisión unilateral adoptada por dicha empresa de "dar una dimensión a la red superior a la necesaria para atender la demanda de potencia solicitada", tal cual se prevé de forma explícita y clara para estos supuestos en el apartado cuarto del artículo 45, con independencia del régimen del suelo aplicable, y aparte de aquellas infraestructuras eléctricas necesarias ejecutadas por los peticionarios en proporción a la potencia solicitada.
5ª)Por consiguiente, debemos entender que la resolución impugnada es ajustada a derecho, a la luz de la normativa aplicable, de los mismos antecedentes obrantes en el expediente en cuestión y de los fundamentos jurídicos que sirvieron de base a la citada resolución, por cuanto de ellos se desprende que el reparto de costes económicos dispuesto en la prescripción décima obedece a la exigencia de la entidad Unelco-Endesa de dotar de una sección normalizada de 150 mm2 a la nueva red, lo que lleva consigo un sobredimensionamiento medido sobre la potencia o intensidad solicitada del 94,23%, correspondiendo el resto, es decir el 5,77% al solicitante, a los efectos del reparto de costes, según se estipula en el reiterado artículo 45, apartado cuarto, del Real Decreto 1.955/2000 y según el cálculo realizado por el Servicio de Instalaciones Energéticas de la Dirección General de Industria y Energía.
6ª) En este sentido ya la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2000 (RJ 2001\326) invocando la aplicación del artículo 122 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, se refería a la obligación de sufragar los costes de urbanización por los propietarios afectados sin perjuicio del derecho de éstos a reintegrarse de los gastos de instalación de las redes de energía eléctrica que en su caso procediese según la reglamentación correspondiente, con cargo a las empresas prestatarias del servicio, esto es en la parte que, según la reglamentación vigente de tales servicios, no tenga que correr a cargo de los usuarios, y ello, siguiendo el criterio judicial, porque se entiende que dentro de la unidad de ejecución en cuyo interés se ejecuta la urbanización, habrá dotaciones que no sólo benefician a tales propietarios, sino a toda la colectividad. Y en esta misma línea viene a pronunciarse el referido artículo 45, apartado cuarto, del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, al asignar a la empresa eléctrica los costes derivados de un sobredimensionamiento de la red eléctrica.
7ª)Con respecto a la determinación de los derechos de acometida y reparto de costes de extensión entre empresas eléctricas y peticionarios, conviene reproducir la doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo en relación a la normativa vigente en materia de acometidas eléctricas aplicable hasta la entrada en vigor del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, dejando claro que las redes de distribución se retribuyen a través de la tarifa general y no de los derechos de acometida. Dicha doctrina (recogida en sentencias de referencias RJ 1991\8863, RJ 1993\8097, RJ 1993\8123, RJ 1994\8084, RJ 1995\8870, RJ 1996\5409, RJ 1996\7470, RJ 1996\7476, RJ 1996\9275, entre otras) se expresa del siguiente modo: "El Reglamento de Verificaciones Eléctricas, junto a un conjunto de disposiciones favorables a las empresas suministradoras de energía eléctrica ... impone a las entidades distribuidoras la obligación de efectuar las ampliaciones necesarias para atender las exigencias del mercado eléctrico en las zonas que están servidas por dichas entidades (artículo 87.1), y de establecer los centros de transformación en condiciones y con capacidad bastante para proporcionar a las redes de distribución en baja tensión un suministro regular (artículo 89), preceptos que están poniendo de manifiesto, que el mantenimiento de las líneas conductoras en condiciones idóneas para atender las demandas normales de suministro -o en su caso el refuerzo de las mismas con este fin- no puede repercutirse a los usuarios porque forman parte de las empresas y de las inversiones precisas para atender las solicitudes de consumo de energía, que constituyen la base de su particular negocio, no siendo olvidable que las instalaciones de la red de distribución son en todo caso propiedad de la compañía suministradora ... comportando la obligación de mantener, extender y ampliar, al menos en suelo urbano (artículo 88), la red de distribución de energía eléctrica, no sólo la realización de la extensión y ampliación, sino también que se efectúe con cargo a la empresa suministradora, de tal modo que el particular sólo precise construir la acometida individual. Acometida que no puede ser otra que la que se haya de realizar a partir de los centros de transformación o de la red de baja tensión existente, o a partir de los centros y redes de alta, media o baja tensión que sea necesario realizar previamente, en cumplimiento de la obligación genérica de extensión de redes en los diferentes tipos de suelo; "Entenderlo de otra forma equivaldría a hacer recaer sobre el particular solicitante de una acometida individual el coste de instalaciones que benefician a la colectividad en su conjunto y que por imperativo del mencionado precepto debe sufragar la empresa distribuidora".
En este sentido, el Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas nos informa de la práctica habitual llevada a cabo por la entidad distribuidora obligando al usuario a ceder gratuitamente las instalaciones firmando un contrato de cesión, elaborado unilateralmente por la propia empresa, como paso previo a la conexión de las instalaciones, abusando de su posición de dominio en la adquisición de un bien básico y primordial como es el de la energía eléctrica, obviando sus obligaciones de costear las infraestructuras eléctricas exigidas al peticionario que exceden a la potencia solicitada por éste, amparándose en la necesidad de cumplir con las condiciones homogéneas y normalizadas para la red establecidas por dicha empresa a fin de evitar que con la conexión de la nueva instalación se vea reducida la capacidad de la red, en perjuicio del suministro a los clientes ya conectados, justificación ofrecida además por la misma entidad recurrente, tratando de encubrir de esta manera una opción contemplada de forma expresa en la norma, con la intención evidente de eludir la obligación que le corresponde por la opción de realizar un sobredimensionamiento a la red superior al necesario.
De esta forma la empresa eléctrica viene exigiendo unas condiciones técnicas y económicas acordes a sus necesidades y espera la inversión del peticionario como condición previa a la extensión de sus redes de distribución del sistema eléctrico sin coste alguno para la misma, incumpliendo la normativa señalada y generando un enriquecimiento injusto, pues según establece el artículo 45.6 del Real Decreto 1.955/2000, las redes dimensionadas según las necesidades de la empresa distribuidora y destinadas a más de un consumidor deben ser cedidas a la empresa distribuidora y el hecho de que dicho precepto disponga el derecho del usuario de establecer un convenio de uso por terceros, no por ello la empresa eléctrica queda exenta de cumplir con la obligación que le corresponde de sufragar los costes debidos de la sobredimensión de la red exigida superior a la necesaria, al amparo de lo previsto en el apartado cuarto del mismo artículo 45 del Real Decreto 1.955/2000.
8ª)Por su parte, en relación a la invocación del artículo 32.2 del Real Decreto de referencia, encuadrado en el título II sobre Transporte de Energía Eléctrica y a su vez en el capítulo V referido a las Instalaciones de conexión de centrales de generación y de consumidores, según nos informa el Servicio de Instalaciones Energéticas de Las Palmas, dicha mención no se corresponde con el supuesto analizado, ya que como se indica en el artículo 31.2, dichas instalaciones no formarán parte de las redes de transporte ni de distribución; y en todo caso se refieren a instalaciones de conexión y no a redes de distribución.
9ª) En relación a la invocación de la aplicación de las normas particulares de la empresa distribuidora aprobadas por la Orden de 19 de agosto de 1997, que fijan las condiciones técnicas de ejecución de las infraestructuras eléctricas, según lo dispone el mismo artículo 45, apartados 2, 3 y 5, no debemos olvidar que se trata de una norma de rango jerárquico inferior al Real Decreto 1.955/2000, de aplicación al caso, y por lo tanto nunca podrá contradecir las condiciones técnicas y reglamentarias fijadas en esta norma.
10ª)El planteamiento de la entidad recurrente por el que rechaza el hecho de que se haya exigido a los peticionarios una dimensión superior a la necesaria, no responde a la realidad, según declaración recogida en el informe emitido por el Servicio de Instalaciones Energéticas, matizando al respecto que efectivamente la referida empresa ha impuesto condiciones y dimensiones superiores a lo precisado por los peticionarios.
Asimismo, esta Viceconsejería coincide en apreciar una contradicción en dicho planteamiento por cuanto la parte recurrente comienza su alegato negando el hecho de haber exigido una sobredimensión en la red superior a la que precisa la instalación particular, para sostener a continuación que sería incongruente el hecho de permitir que en aquellos casos en que la nueva instalación deba intercalarse en el anillo existente la red de alimentación se dimensionase exactamente de acuerdo a la potencia solicitada. Asimismo, dicha contradicción se aprecia con el hecho de invocar el precepto artículo 45.6 referente a la cesión en su favor de las instalaciones destinadas a más de un consumidor.
Y a este respecto debemos recordar a esa empresa que para que dicha cesión se produzca, deberá cumplir con su obligación de costear dicha sobredimensión según lo previsto en el artículo 45.4 del Real Decreto 1.955/2000, pues con la reproducción literal del apartado sexto del artículo 45 y el rechazo de la aplicación del apartado cuarto, da la impresión de que la empresa estima que ha cumplido por su parte haciéndole saber al peticionario que está en su derecho de establecer un convenio de resarcimiento frente a terceros para compensar los gastos originados en concepto de esta sobredimensión de la red eléctrica.
11ª)Por último, y por lo que respecta a la procedencia de resolver sobre el reparto de los costes económicos en el mismo texto resolutorio por el que se concede la autorización administrativa y aprobación de ejecución, debemos señalar que la Dirección General de Industria y Energía, en calidad de órgano competente en la tramitación de las solicitudes de autorización de las instalaciones eléctricas proyectadas, con funciones de control y vigilancia del cumplimiento de las condiciones establecidas para el servicio de electricidad, al amparo de lo previsto en el artículo 39.2.B) del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, le corresponde resolver sobre todas aquellas cuestiones que se susciten en la tramitación del expediente, siendo éste, el reparto de costes económicos, una de las cuestiones que se derivan de dicha tramitación al tratarse de una materia regulada por el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, que establece el procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en el que se incluye el régimen económico de acometidas eléctricas y demás actuaciones necesarias para atender los requerimientos del suministro de energía eléctrica de los usuarios, por lo cual entendemos que la Dirección General de Industria y Energía ha procedido adecuadamente al pronunciarse en la resolución del expediente iniciado por el titular de las instalaciones eléctricas bajo la referencia AT 03/65, sobre todas aquellas cuestiones derivadas de la tramitación según lo dispone el artículo 89 de la LRJ-PAC.
VISTOS
El Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. nº 310, de 27.12.00); la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (B.O.E. nº 285, de 28.11.97); el Decreto 26/1996, de 9 de febrero, por el que se simplifican los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas (B.O.C. nº 28, de 4.3.96); el Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica (B.O.C. nº 64, de 25.5.01), vigente de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Única del Decreto 178/2003, de 23 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia, y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias; el Decreto 241/2003, de 11 de julio, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías (B.O.C. nº 134, de 14.7.03); el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias; el Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, modificado parcialmente por el Decreto 232/1998, de 18 de diciembre (B.O.C. nº 5, de 11.1.99); la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y demás normativa de aplicación general.
Por todo ello, el Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, en el ejercicio de sus competencias,
R E S U E L V E:
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Sergio González Bravo, en representación de la entidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía DGIE-5078, de fecha 8 de octubre de 2003, recaída en el expediente AT 03/65, manteniendo la misma en los mismos términos.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, Jorge M. Rodríguez Díaz.
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