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No habiéndose podido notificar a D. Eduardo Castro Godoy en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 247/05-U de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Eduardo Castro Godoy la Propuesta de Resolución dictada por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 21 de junio de 2005, recaída en el expediente con referencia 247/05-U, y que dice textualmente:
"El Instructor del procedimiento sancionador seguido frente a usted, ha adoptado en el día de la fecha el siguiente acuerdo:
Examinado el expediente sancionador instruido por esta Agencia seguido frente a D. Eduardo Castro Godoy por realizar obras consistentes en la construcción de una edificación con una superficie total construida aproximada de 169 m2 de los cuales 76,7 m2 aproximadamente están destinados a garaje y el resto a vivienda, sin contar con la preceptiva licencia urbanística ni la previa Calificación Territorial, en el lugar denominado "Camino El Llano de la Cuentita, Valle San Lorenzo", en el término municipal de Arona, en la isla de Tenerife.
Vistos el informe emitido por el Servicio Técnico de este Centro Directivo, y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1.- En el lugar denominado "Llano de la Cuentita, Valle San Lorenzo", en Suelo clasificado como rústico, en el término municipal de Arona, se realizaron obras consistentes en la construcción de una edificación con una superficie total construida aproximada de 169 m2 de los cuales 76,7 m2 aproximadamente están destinados a garaje y el resto a vivienda, promovidas por D. Eduardo Castro Godoy, sin contar con las autorizaciones pertinentes (calificación territorial y licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias.
2.- Con fecha 27 de febrero de 2002, por Resolución nº 427 del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, notificada el siguiente día 6 de abril de 2002, se ordenó la suspensión de las obras, y se requirió al Ayuntamiento de Arona para que en ejercicio de sus competencias adoptara las medidas de disciplina urbanística que fueran procedentes, esto es, incoar el correspondiente procedimiento sancionador, requerimiento éste que no ha sido cumplimentado.
3.- El pasado día 30 de abril de 2002 se efectuó visita de inspección por los Servicios Técnicos de esta Agencia en donde se constata que las obras se encontraban paralizadas en fase de acabados por lo que se procedió al precinto de las mismas.
Asimismo con fecha 23 de mayo de 2002 y 3 de febrero de 2004 se ha informado por los Agentes de Medio Ambiente en sendas diligencias de seguimiento de precinto que las obras no han continuado, encontrándose paralizadas y en el mismo estado que presentaban cuando se efectuó el precinto.
4.- Con fecha de registro de entrada en este Centro Directivo de 24 de marzo de 2003 y 31 de marzo de 2003 constan en el presente expediente la denegación de la declaración de prescripción urbanística solicitada por el interesado al Ayuntamiento de Arona y la denegación de la Calificación Territorial, respectivamente.
5.- Con fecha 25 de mayo de 2004 se volvió a informar por el Servicio Técnico que las obras se encuentran paralizadas y en el mismo estado que presentaban cuando fueron precintadas, existiendo signos evidentes de proyección a plantas superiores, por lo que el conjunto edificatorio se encuentra en fase de ejecución, valorándose la misma en la cantidad de cincuenta y nueve mil quinientos treinta y cinco euros con sesenta y tres céntimos (59.535,63 euros).
6.- Con fecha 24 de junio de 2004 se dictó por el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural la Resolución nº 2023, notificada el siguiente día 7 de julio de 2004 por la que se acordó incoar el oportuno expediente sancionador con el número de expediente 92/02-U, que fue caducado mediante Resolución nº 201, de fecha 25 de enero de 2005 al haber transcurrido el plazo máximo establecido en la ley sin que se haya dictado y notificado su resolución expresa.
7.- Con fecha 22 de abril de 2005 se dictó la Resolución nº 1375, por el Director Ejecutivo de esta Agencia notificada el siguiente día 7 de mayo de 2005 en la que se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador contra D. Eduardo Miguel Castro Godoy, promotor de las antes citadas obras por la presunta comisión de una infracción urbanística tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del Decreto Legislativo 1/2000 y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.352,03 euros sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente.
8.- Con fecha 25 de mayo de 2005 el interesado remitió por correo escrito de alegaciones que tuvieron fecha de registro de entrada en este Centro Directivo el siguiente día 6 de junio de 2005 en el que sucintamente expuso que:
No queda constatado en el acuerdo de inicio del expediente sancionador la fundamentación por la que dicha Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural incoa el mismo, ya que tan solo se hace una cita vaga de varios preceptos y siendo uno de ellos incorrectos ya que no se refiere al artículo 229 en toda su extensión, sino tan solo a su apartado 2º y sin concretar en que se basa dicho órgano unipersonal para incoar el expediente sancionador cuando no es de su competencia, tal defecto es un defecto de forma que invalida el expediente sancionador.
En la resolución por la que se acuerda iniciar expediente sancionador se hace una advertencia equiparando jurídicamente el reconocimiento de la responsabilidad con la no presentación de alegaciones en el plazo de quince días siendo ello incorrecto jurídicamente puesto que las consecuencias jurídicas en ambos casos son diferentes. El acuerdo de inicio del expediente sancionador induce a un claro error produciendo al interesado un agravio en relación a los derechos que así se expresan en el artº. 38 de la Ley 30/1992 ya que no se informa correctamente al interesado no se actúa con objetividad y sometimiento a la ley infringiendo lo dispuesto en el artº. 103 de la C. E. así como también en ejercicio de la potestad sancionadora llevada a cabo por la Administración a realizar un procedimiento con todas las garantías por lo que la advertencia hecha por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural incurre en nulidad de pleno derecho subsumible en el artº. 62.1.a) y e) de la Ley 30/1992.
Mediante Resolución nº 201, de fecha 25 de enero de 2005 se acordó declarar la caducidad del expediente sancionador nº 92/02 U al haber transcurrido el plazo máximo establecido en el de la Ley sin que se haya dictado y notificado resolución expresa.
Con fecha 7 de mayo de 2005 se me notifica resolución de acuerdo de inicio de expediente sancionador de nuevo fundamentado en los mismos supuestos de hechos que en la Resolución de 24 de junio de 2004. La reapertura de un nuevo procedimiento sancionador llevado a cabo por la Agencia no es procedente una vez que dicho procedimiento ha caducado previamente y más aún cuando dicha caducidad se ha debido a causas imputables a la Agencia y no al imputado. La Agencia ha de actuar con especial diligencia y eficacia tal y como se establece en el artº. 103 de la Constitución. La reapertura de un nuevo expediente sancionador que ya ha sido caducado produce una situación de incertidumbre para el interesado.
La Agencia ha tomado como base de incoación del antiguo y presente expediente sancionador actas de sus inspectores, las cuales carecen de todo valor probatorio al no cumplir los requisitos dispuestos en el artº. 137.3 de la Ley 30/1992, así como lo sustentado por la Jurisprudencia en este tema, igualmente se ha expuesto por los inspectores de esa Agencia un juicio de valor al expresar que "... existen signos evidentes de proyección a plantas superiores y que el conjunto edificatorio no está en fase de ejecución ..." siendo incierta tal expresión, ya que no se tenía proyectado plantas superiores, ya que la vivienda desde su inscripción en el Catastro estaba terminada.
Asimismo solicita que se tenga en cuenta el acuerdo a que llegue el Ayuntamiento de Arona en cuanto a la prescripción urbanística solicitada, en aras de evitar que por esa Agencia se lleve a cabo una actuación que podría generar perjuicios de difícil e imposible reparación así como todas aquellas consecuencias jurídicas que podrían derivarse por la estimación de la prescripción.
Que en caso de no atenderse a las anteriores peticiones solicita a la Agencia que por la misma se tenga en cuenta las posibles atenuantes que pidieran darse.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I
Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) y 229 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y la Ley de Espacios Naturales de Canarias en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II
Las alegaciones del interesado no pueden ser estimadas toda vez que no desvirtúan el hecho cierto y objetivo por el que se incoa el presente expediente, cual es la inexistencia de los permisos necesarios para realizar las obras de las que traen causa el presente procedimiento, no pudiendo obviarse que la mera solicitud de legalización de las obras no autorizan su construcción, toda vez que es requisito imprescindible la obtención de las correspondientes autorizaciones con anterioridad a la ejecución de la referida obra.
En cuanto a la incompetencia de la Agencia para incoar el presente procedimiento sancionador alegada de contrario se ha de decir que en modo alguno es correcta la citada aseveración por cuanto el artº. 190.1.c).3 del TRLOTENC establece la competencia directa de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural cuando preceptúa que "la competencia para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores no disciplinarios corresponderá a la Agencia por las demás infracciones tipificadas en este Texto Refundido". Así la falta de la preceptiva Calificación Territorial establecida en los artículos 27 y 170 del TRLOTENC, es una infracción grave preceptuada en el artº. 202.3.b) del mismo texto legal. Consiguientemente la Agencia es competente en el presente supuesto al carecer las obras denunciadas de la citada Calificación Territorial, para la incoación de este procedimiento sancionador. A mayor abundamiento el antes citado artº. 190.1.c).3 del TRLOTENC continúa estableciendo de forma expresa una vis atractiva a favor de la Agencia cuando establece que "Cuando en un mismo supuesto concurran presuntas infracciones de la competencia municipal o insular y de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural la competencia corresponderá a esa última."
Relativo a la alegación de que la resolución de incoación pudiera incumplir los requisitos que establece la ley vulnerando las garantías procedimentales siendo nula de pleno derecho se ha de establecer que en modo alguno se puede tener por cierta la citada alegación pues la misma cumple escrupulosamente lo establecido en el artº. 135 de la Ley 30/1992, en relación con los artículos concordantes del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, ya que se le ha notificado los hechos que se le imputan, las infracciones que tales hechos pudieran constituir y las sanciones que se le pudieran imponer así como la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuye tal competencia. Igualmente se le ha notificado su derecho a hacer alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico que resulten procedentes. Asimismo se le advierte expresamente porque así lo establece el artº. 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, que "El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 16.1, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento."
Sentado lo anterior queda claro que la resolución de incoación no ha infringido normativa alguna ni vulnerado derechos del interesado.
En lo que se refiere a la caducidad del procedimiento seguido con el nº 92/02-U, declarada por Resolución nº 201, de fecha 25 de enero de 2005 y notificada el siguiente día 12 de febrero de 2005, se ha de decir que la misma no impide que se inicie nuevo procedimiento por cuanto la caducidad no implica la prescripción, tal y como así lo establece el artº. 92.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que establece expresamente que "La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción."
A mayor abundamiento la STS 2/06/03 (B.O.E. nº 191, de 11.8.03) establece expresamente que "La declaración de caducidad y archivo de actuaciones establecidas para procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, artº. 44.2 de la Ley 30/1992, no extinguen la acción de la Administración para ejercitar las potestades aludidas en ese precepto, siéndoles plenamente aplicable el artº. 92.3 de la misma ley."
En cuanto a que la Agencia ha tomado como base de la incoación del antiguo expediente y presente expediente sancionador actas de sus inspectores las cuales carecen de valor probatorio al no cumplir los requisitos del artº. 137.3 de la Ley 30/1992, así como que los mismos hacen un juicio de valor al expresar que existen signos de proyección a plantas superiores y que el conjunto edificatorio no está en fase de ejecución, se ha de decir que, en primer lugar, existe en el expediente con fecha 19 de abril de 2005 una diligencia para hacer constar que: "Con fecha de hoy los informes técnicos, actas y demás documentos, así como los actos administrativos que son válidos y eficaces y que obran en el expediente 92/02-U, que ha sido caducado, se incorporan formalmente al presente expediente nº 247/05-U con carácter de antecedentes."
En segundo lugar, el artº. 173 del TRLOTENC establece expresamente la inspección como una potestad de ejercicio inexcusable así como el reconocimiento de la condición de agentes de la autoridad a los inspectores en el ejercicio de sus funciones. La presunción de veracidad de las actas tiene su justificación en la existencia de una actividad objetiva de comprobación realizada por órganos de la Administración de actuación especializada, en aras del interés público y con garantías encaminadas a asegurar necesaria imparcialidad (STS 30-12-1996). En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artº. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que establece que: "Los hechos constatados por funcionarios públicos a los que se reconoce la condición de autoridad y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados." Frente a dicha presunción de veracidad de las mismas no cabe admitir las alegaciones vertidas de adverso por el interesado a quien incumbe la carga de la prueba para acreditar que la obra ya estaba terminada.
Se ha de establecer asimismo que con fecha 26 de abril de 2005 y en contestación al escrito del Ayuntamiento de Arona de fecha 16 de marzo de 2005 se informó por este Centro Directivo a la citada Corporación de la existencia del presente procedimiento sancionador.
Por último y en cuanto a las circunstancias atenuantes se ha establecer que concurren en el presente procedimiento las establecidas en el artº. 198.a) y c) del TRLOTENC, tal y como se hizo constar el procedimiento nº 92/02 unido como antecedentes del presente procedimiento.
III
Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de infracción urbanística, tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3 del citado Decreto Legislativo 1/2000, y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente. En el presente caso concurren las atenuantes establecidas en el artº. 198, apartados a) y c) del TRLOTENC por lo que se atempera la cuantía de la multa proponiéndose una sanción de treinta y un mil quinientos treinta y cinco euros con sesenta y tres céntimos (31.535,63 euros).
IV
En virtud del artículo 179.1.b), las propuestas de resolución que se formulen en todos los procedimientos sancionadores deberán incluir las medidas que se estimen precisas para la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presunta infracción, incluida la demolición, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezca de la misma.
V
En virtud del artº. 182 del Decreto Legislativo 1/2000 del Texto Refundido, si el responsable o los responsables de la alteración de la realidad repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción en un 75% de la multa que deba imponerse o se haya impuesto en el procedimiento sancionador o, en su caso, a la devolución del importe correspondiente de la que ya hubieren satisfecho.
Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, y en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.389/1993, de 4 de agosto.
En virtud de lo expuesto se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Imponer una multa de treinta y un mil quinientos treinta y cinco euros con sesenta y tres céntimos (31.535,63 euros), a D. Eduardo Miguel Castro Godoy, en calidad de promotor de las obras descritas en los antecedentes de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 189 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 202.3 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y la Ley de Espacios Naturales de Canarias, y sancionada en el artº. 203.1.b) del mismo.
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria advirtiéndoles que de no cumplimentar el mencionado requerimiento se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común.
Tercero.- Advertir al interesado que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un 75%, de la que se haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del Decreto 1/2000, de 8 de mayo.
Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de Resolución al interesado.
De todo lo cual se da traslado al interesado, concediéndole un plazo de quince días, contados a partir del día en que se le notifique la presente Resolución, para que pueda alegar cuanto considere conveniente en su defensa ante esta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano), así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
Adjunto se acompaña, relación de los documentos obrantes en el procedimiento a los efectos establecidos en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
RELACIÓN DE DOCUMENTOS OBRANTES EN EL EXPTE. Nº 247/05-U.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, a continuación se relacionan los documentos obrantes en el expediente de referencia, a fin de que los interesados puedan obtener las copias de lo que estimen conveniente.
- Informe del Ayuntamiento, registro de entrada nº 201833, de 17 de marzo de 2005.
- Diligencia de antecedentes de 19 de abril de 2005.
- Resolución de incoación de 22 de abril de 2005.
- Contestando al Ayuntamiento de 26 de abril de 2005.
- Escrito de alegaciones, registro de entrada nº 486610, de 6 de junio de 2005."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de julio de 2005.- El Director Ejecutivo, p.s., el Director General de Ordenación del Territorio (Acuerdo del Consejo de 16.6.05), Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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