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No habiéndose podido notificar a Dña. Oneida Piñero Cruz en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1049/01-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a Dña. Oneida Piñero Cruz la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 2108, de fecha 10 de junio de 2005, recaída en el expediente con referencia 1049/01-U, y que dice textualmente:
"Examinado el expediente sancionador instruido por este Centro Directivo para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a Dña. Oneida Piñero Cruz, por la ejecución de obras en suelo rústico, sin las preceptivas autorizaciones administrativas (calificación territorial y licencia municipal de obras) tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC), obras consistentes en la construcción de una vivienda unifamiliar de dos niveles de altura y de unos 46 m2 aproximados de superficie por planta, en el lugar conocido por "El Hornillo", en el término municipal de Valle Gran Rey.
Vistos informes técnicos, y demás documentos obrantes en el expediente y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- En el lugar denominado "El Hornillo", en suelo clasificado como rústico, en el término municipal de Valle Gran Rey, se realizaron obras consistentes en la construcción de una vivienda unifamiliar de dos niveles de altura y de unos 46 m2 aproximados de superficie por planta, promovidas por Dña. Oneida Piñero Cruz, sin contar con las autorizaciones pertinentes (calificación territorial y licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC).
Segundo.- Con fecha 22 de noviembre de 2001, por Resolución nº 1761 se ordena la suspensión de las obras, precintándose el 20 de febrero de 2002.
Tercero.- Con fecha 27 de marzo de 2003 se constata por Agentes adscritos a esta Agencia que las obras habían continuado.
Cuarto.- Con fecha 15 de septiembre de 2004 se realiza informe por nuestra Oficina Técnica en donde se valora la obra en cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y cuatro (56.344) euros.
Quinto.- El 18 de enero de 2005 se dictó la Resolución nº 126 por el Director Ejecutivo de esta Agencia en la que se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador contra Dña. Oneida Piñero Cruz, promotora de las antes citadas obras por la presunta comisión de una infracción urbanística tipificada y calificada de muy grave en el artículo 202.4.a) del TRLoTENC y sancionada en el artículo 213 con multa del 100 al 200 por cien del valor del suelo afectado o de las obras ejecutadas, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente.
Sexto.- El día 2 de febrero de 2005, y dentro del plazo de alegaciones contra la reseñada incoación, el interesado presentó escrito ante esta Agencia, en el cual expuso sucintamente los siguientes argumentos:
- Que la zona está calificada en la aprobación inicial del Plan de Uso y Gestión del Parque Rural de Valle Gena Rey con la categoría de asentamiento rural, quedando legalizada la vivienda, con lo que la calificación territorial no va a ser necesaria.
- Que la vivienda se ha hecho con la tipología tradicional de la zona y teniendo en cuenta la naturaleza del lugar sin causar daño al medio ambiente, cuyo proyecto fue informado favorablemente por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
- Que la vivienda tiene las características de suelo urbano.
- Que es el único solar disponible para llevar a cabo una vivienda digna para ella y su hijo, sin tener otra casa para vivir.
- Que el procedimiento sancionador debe ajustarse a los principios de garantía constitucionales (artículos 24.2 y 105 CE), y que el ejercicio de la potestad sancionadora requerirá procedimiento legal o reglamentario establecido (artº. 134.1 Ley 30/1992), así como que en ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el necesario procedimiento (artº. 134.3 Ley 30/1992).
- Que el presunto responsable tiene derecho a ser notificado de los hechos que se le imputen, sanción, identidad del Instructor, formular alegaciones y utilizar medios de defensa (artº. 135 Ley 30/1992).
- Que la Resolución dictada no cumple el procedimiento y por eso es nula.
Séptimo.- En relación con las citadas alegaciones por el Instructor del expediente se señaló:
- Con el planeamiento en vigor la vivienda no es legalizable, si bien si en un futuro próximo y cierto se legalizara, la demolición no se ejecutaría. Toda vez que actualmente no se puede considerar que la construcción sea legalizable con la mera aprobación inicial del Plan de Uso y Gestión del Parque, ya que éste puede sufrir muchas modificaciones hasta la aprobación definitiva. Sin olvidar que actualmente sí necesitaría calificación territorial.
- Es irrelevante el tipo de construcción desarrollada a la hora de ejecutar la vivienda, pues sí ha existido daño al medio ambiente al edificar una construcción en un Espacio Natural Protegido, sin ajustarse a la normativa aplicable, pues no hay que olvidar que antes de ejecutar una obra hay que obtener los títulos administrativos necesarios.
- El suelo donde se ubica la vivienda está clasificado como rústico general y dentro del Parque Rural de Valle Gran Rey (G-4), y como ya se ha dicho, con la normativa actual de aplicación es ilegalizable, por lo que no se puede entender que tenga las características de suelo urbano.
- La situación social de la denunciada no es disculpa para cometer una infracción urbanística.
- El procedimiento sancionador se ha desarrollado en base a la normativa de aplicación y teniendo en cuenta todas las garantías.
- Ya se ha dicho que el procedimiento sancionador se ha desarrollado en base a la normativa aplicable y respetando todas las garantías del interesado.
- Con lo dicho queda claro que la Resolución 126, de 18 de enero de 2005, por la que se inicia el presente procedimiento sancionador, cumple con todas las garantías, respetando escrupulosamente la normativa de aplicación, por tanto no se puede entender la nulidad de la citada Resolución.
Asimismo por el Instructor del expediente se formuló como Propuesta de Resolución la imposición de una multa de ochenta y cuatro mil quinientos dieciséis (84.516)euros a Dña. Oneida Piñero Cruz, como responsable de una infracción urbanística tipificada en el artículo 202.4.a) del TRLoTENC y sancionada en el 213 del mismo cuerpo legal, consistente en la construcción de una vivienda unifamiliar de dos niveles de altura y de unos 46 m2 aproximados de superficie por planta, en el lugar conocido como "El Hornillo", en el término municipal de Valle Gran Rey.
Octavo.- La interesada no ha presentado en plazo, escrito de alegaciones contra la Propuesta de Resolución.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I
Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) y 229 del TRLoTENC, en relación con el artículo 19.3 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II
Las actuaciones en suelo rústico requieren calificación territorial con carácter previo al otorgamiento de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras, de conformidad con los artículos 27, 66, 166, 168 y 170 del citado TRLoTENC.
III
Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de infracción urbanística, tipificada en el artículo 202.4.a) del citado TRLoTENC, calificada de muy grave en el mismo artículo y sancionada en el artículo 213 con multa del 100 al 200 por cien del valor del suelo afectado o de las obras ejecutadas, en función de las circunstancias agravantes, atenuantes y mixtas establecidas, respectivamente, en los artículos 197, 198 y 199 de ese mismo Texto Refundido, que concurran en los hechos objeto del presente expediente, toda vez que se entiende la multa propuesta desproporcionada, se impone una multa correspondiente al 100% del valor de la obra, al carecer las obras objeto de este expediente de las autorizaciones pertinentes, calificación territorial y licencia municipal de obras.
IV
De conformidad con el artículo 179 de dicho Decreto Legislativo, se procederá a la demolición de las obras objeto de este expediente y a reponer los terrenos al estado anterior a la infracción, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
V
Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), y el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobada por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
En su virtud,
R E S U E L V O:
Primero.- Imponer una multa de cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y cuatro (56.344) euros, en función de la ponderación de las circunstancias concurrentes en la valoración global de la infracción a Dña. Oneida Piñero Cruz, en calidad de promotora de las obras objeto de este procedimiento, de conformidad con el artículo 189 del TRLoLENC, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 202.4.a) del TRLoTENC, y sancionada en el artº. 213 del mismo.
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir a los interesados para que en el plazo de un mes, presenten en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria, advirtiéndoles que de no cumplimentar el mencionado requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Advertir a la interesada que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un setenta y cinco por ciento, de la que haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del citado TRLoTENC.
Cuarto.- Notificar la presente Resolución a la interesada y al Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Economía y Hacienda a este fin, una vez sea firme la Resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, el cual podrá presentarse en las dependencias sitas en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, o en los registros previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente Resolución, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de julio de 2005.- El Director Ejecutivo, p.s., el Director General de Ordenación del Territorio (Acuerdo del Consejo de 16.6.05), Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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