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BOC Nº 019. Viernes 28 de Enero de 2005 - 225

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

225 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 18 de enero de 2005, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña. Consuelo María Álvarez Lorenzo interesada en el expediente nº 295/03 U.

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No habiéndose podido notificar a Dña. Consuelo María Álvarez Lorenzo en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia expediente 295/03 U de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. Consuelo María Álvarez Lorenzo la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 2770, de fecha 2 de septiembre de 2004, recaída en el expediente 295/03 U, y que dice textualmente:

"Por la que se resuelve: recurso potestativo de reposición contra Resolución de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

Examinado el recurso potestativo de reposición interpuesto por Dña. Consuelo María Álvarez Lorenzo contra la Resolución de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1852, de fecha 11 de junio de 2004 y vistos los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 7 de mayo de 1999, se acordó, mediante Resolución nº 489, suspender las obras, instar a la interesada para que solicitase las preceptivas autorizaciones y requerir al Ayuntamiento para que incoe procedimiento sancionador en ejercicio de sus competencias.

Segundo.- Iniciado el correspondiente procedimiento de reposición de la realidad física alterada para la restauración del orden jurídico perturbado, con fecha 30 de marzo de 2004, notificada el 27 de abril de 2004, y tras los trámites oportunos se acordó la demolición de las obras ejecutadas.

Tercero.- Con fecha 17 de julio de 2004, se interpuso recurso potestativo de reposición por el promotor de las obras, en el que sucintamente expone que:

- Con fecha 19 de mayo de 2004, se presentan alegaciones a la Resolución de 30 de marzo en el Registro del Cabildo de La Palma.

- Ha transcurrido el plazo legal de prescripción y ha decaído la potestad administrativa de demoler la vivienda en cuestión.

- La clasificación del suelo en el momento de solicitar la legalización no era la de Rústico sino Suelo Urbanizable No Programado Residencial. La Ley 9/1999 no deroga el planeamiento vigente ni impide su desarrollo.

- El Plan General de Ordenación en proceso de revisión ajustándose al Texto Refundido clasifica el área en la que se asienta la vivienda como Asentamiento Rural.

- Solicita cautelarmente acordar la suspensión de cualquier medida hasta la aprobación por la COTMAC del Plan General de Ordenación del municipio de Los Llanos de Aridane.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Con fecha 26 de octubre de 2001 entra en vigor el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que establece en su artículo 20.2 que las Resoluciones de la Agencia, que no pongan fin a los procedimientos sancionadores, agotarán la vía administrativa y, frente a los mismos, podrá interponerse recurso de reposición en los términos previstos en la Ley Procedimental 30/1992.

II

En cuanto a las alegaciones del interesado, hay que señalar:

Alega la recurrente que con fecha 19 de mayo de 2004 presenta en el Registro del Cabildo de La Palma escrito de alegaciones frente a la Resolución nº 914, de 30 de marzo, por la que se inicia el procedimiento de reposición de la realidad física alterada para la restauración del orden jurídico perturbado. Esta Agencia no tiene constancia de la presentación de dicho escrito sin que la interesada presente documento alguno que acredite tal afirmación.

En otro orden de cosas señalar que, si bien es cierto que en el presente caso ha operado el instituto jurídico de la prescripción, al haber transcurrido más de dos años desde la total terminación de las obras, ello no es óbice para que por parte de esta Agencia se inicie procedimiento encaminado al restablecimiento del orden jurídico perturbado. Así, el artículo 180.1 del Texto Refundido, acerca del plazo para el ejercicio de las potestades de protección de la legalidad y restablecimiento del orden jurídico perturbado es claro al señalar que "la Administración sólo podrá adoptar válidamente las medidas cautelares y definitivas de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico perturbado mientras los actos y usos estén en curso de ejecución y dentro de los cuatro siguientes años a la completa y total terminación de las obras". Obra en el expediente boletín de denuncia que constata que con fecha 17 de octubre de 2000 las obras continuaban. El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece que "los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados". Por tanto, si bien es cierto que se admite prueba en contrario del contenido de dicha denuncia, no lo es menos que la recurrente no ha aportado ningún elemento probatorio en este sentido.

El principio de restauración del ordenamiento jurídico urbanístico ha de informar la actuación pública en relación con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística, según establece el artículo 4.2 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. Así mismo, el artículo 2.3.g) establece que la ordenación territorial y urbanística implica el ejercicio por la Administración pública competente, entre otras, de la potestad de protección de la legalidad. En virtud de lo establecido en el artículo 177.1, el restablecimiento del orden jurídico perturbado tendrá lugar mediante la legalización del acto o uso, o en su caso, mediante la reposición a su estado originario de la realidad física alterada.

Por lo que respecta a la legalización de las obras cabe señalar que, antes de realizar cualquier tipo de obras de edificación han de solicitarse y obtenerse los preceptivos títulos habilitantes sin que ni siquiera la solicitud de los mismos ampare las obras. Informe del servicio técnico de la Agencia de fecha 31 de agosto de 2001 refleja que las obras se ubican en un suelo clasificado como no urbanizable, según la Modificación del Plan General de Los Llanos de Aridane, cuya fecha de aprobación es de 16 de junio de 1987. Por tratarse de una edificación de uso residencial no situada en asentamiento rural o agrícola, incumple lo especificado en el artículo 66.7 del Texto Refundido, artículo de plena aplicación en base a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de dicho texto, el cual establece que "desde la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio de Canarias serán de plena aplicación, cualquiera que sea el planeamiento de ordenación (...) los Títulos II, III, y VI de este Texto Refundido". A mayor abundamiento señalar que con fecha 9 de noviembre de 2000 el Cabildo Insular de La Palma resuelve denegar la calificación territorial interesada por Dña. Consuelo Álvarez Lorenzo para la legalización de la vivienda.

En lo referente a la solicitud de suspensión de cualquier medida a adoptar, ésta no procede al no concurrir ninguno de los presupuestos recogidos en el artículo 111.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, toda vez que la Resolución recurrida no está incursa en un supuesto de nulidad de pleno derecho y los daños que se pudieran causar por su ejecución no pueden considerarse de imposible o difícil reparación.

No procede alegar que en la actualidad se encuentra en revisión el Plan General de Ordenación de Los Llanos de Aridane, dicha revisión puede sufrir numerosos cambios a lo largo del trámite administrativo que pueden modificar la clasificación del suelo ocupado. Existe un interés general en la protección del orden urbanístico y en la ejecución de las medidas de disciplina urbanística encaminadas a restablecer la realidad física alterada por el incumplimiento de la normativa urbanística determinante del uso del suelo no urbanizable al ser manifiesta la ilegalidad de la construcción de cuya demolición se trata por falta de las preceptivas autorizaciones. Interés general que ha de prevalecer sobre el interés particular de quien construye al margen de la legalidad vigente.

III

El acto recurrido es conforme a derecho y no se dan en el mismo ninguno de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

IV

Este órgano es competente para dictar la presente Orden en virtud del artículo 20.2 del Decreto 189/2001, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso interpuesto por Dña. Consuelo María Álvarez Lorenzo contra la Resolución de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1852, de fecha 11 de junio de 2004, confirmando la misma por ser ajustada a derecho.

Segundo.- Notificar al interesado y al Ayuntamiento de Los Llanos, a los que se les hace constar que contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso- administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de enero de 2005.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.

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