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BOC Nº 019. Viernes 28 de Enero de 2005 - 224

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

224 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 18 de enero de 2005, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Víctor Manuel González Hernández, interesado en el expediente nº 175/03 U.

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No habiéndose podido notificar a Víctor Manuel González Hernández, en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Orden Departamental dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia (expediente 175/03 U) de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Víctor Manuel González Hernández la Orden Departamental dictada por el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial nº 627, de fecha 29 de octubre de 2004, recaída en el expediente nº 175/03 U, y que dice textualmente:

"Examinado el recurso de alzada interpuesto por D. Víctor Manuel González Hernández el día 16 de abril de 2004, contra la resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 826, notificada el 19 de marzo de 2004, recaída en el expediente sancionador nº 175/03-U.

ANTECEDENTES

1º) D. Víctor Manuel González Hernández, en el lugar denominado "Lomo Bingo", en el término municipal de Guía de Isora, viene realizando obras de construcción de una vivienda unifamiliar de unos 350 m2, en suelo clasificado como rústico, sin las autorizaciones pertinentes, calificación territorial y licencia municipal de obras, tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLOENCÕ00).

2º) Incoado el correspondiente expediente sancionador, con fecha 18 de septiembre de 2003, notificado el 27 de septiembre de 2003, y tras los trámites oportunos, se impuso al interesado una multa de cuarenta y cuatro mil (44.000) euros y se acordó la demolición de las referidas obras, quedando suspendida la ejecutoriedad de la orden de demolición en tanto en cuanto recaiga resolución en el procedimiento de legalización instado.

3º) Contra la citada Resolución, con fecha 16 de abril de 2004, D. Víctor Manuel González Hernández, interpuso recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en el que sucintamente expone que:

- La resolución sancionadora ha sido dictada por órgano manifiestamente incompetente y por tanto incursa en causa de nulidad de pleno derecho. La medida de restablecimiento debería haber sido adoptada por la Asamblea, o en su defecto, por el Consejo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

- Archivo por caducidad del expediente sancionador, ha transcurrido el plazo de seis meses que la Administración tenía para resolver de forma expresa.

- Prescripción al haberse superado el plazo de dos años previsto para las infracciones graves.

- Incorrecta graduación de la sanción, al concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad, la multa en ningún caso debería superar los 6.010,13 euros.

- Solicita la suspensión de la ejecución del acto impugnado toda vez que la ejecución del mismo causaría perjuicios de imposible o difícil reparación.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El presente recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma de acuerdo con los artículos 31, 38.4, 110 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Segunda.- En cuanto a las alegaciones del interesado cabe señalar:

En primer lugar alega el recurrente que la resolución sancionadora ha sido dictada por órgano manifiestamente incompetente por lo que estaría incursa en causa de nulidad de pleno derecho. Del articulado del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se desprende claramente la competencia de la Agencia para dictar la resolución que aquí se recurre. El artículo 190.1.c).2 en cuanto a la competencia para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores, no disciplinarios, señala que dicha competencia corresponderá a la Agencia "por infracciones comprendidas en la letra a) -infracciones de normas municipales y de la ordenación urbanística- cuando tengan el carácter de graves o muy graves y el Ayuntamiento o el Cabildo no incoase expediente sancionador, no resolviese el mismo transcurrido el plazo legal establecido o, en su caso, no ordenase y ejecutase las medidas de restablecimiento del orden jurídico infringido y dentro de los quince días siguientes al requerimiento al efecto realizado por la Agencia". Asimismo, el artículo 229.2.c) establece la competencia de la Agencia para "la instrucción de aquellos procedimientos sancionadores para la persecución de las infracciones a las normas protectoras del medio ambiente y la de la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística, cuya competencia tenga atribuida directamente o le haya sido transferida o delegada".

Igualmente, y en cuanto a la medida de restablecimiento, el artículo 179.1 señala que "las propuestas de resolución que se formulen en todos los procedimientos sancionadores deberán incluir las medidas que se estimen precisas para la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presunta infracción, incluida la demolición (...)". Por tanto, el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente tanto para imponer multa como para acordar la demolición de las referidas obras manifiestamente ilegales.

En su escrito de alegaciones, alega el recurrente la prescripción de la infracción al haberse superado el plazo de dos años previsto para las infracciones graves. Pues bien, el Texto Refundido en su artículo 205.1 establece para las infracciones graves un plazo para la prescripción de dos años, y en su artículo 201.1, que "cuando la infracción se haya cometido con ocasión de la ejecución de obras (...), el plazo de prescripción de aquélla nunca comenzará a correr antes de la total terminación (...)". En cualquier caso, en el supuesto que nos ocupa resulta insostenible el argumento de la prescripción, al quedar constancia plena en el expediente, a través de informe del servicio técnico de la Agencia al que se acompaña el correspondiente material fotográfico, que con fecha 17 de febrero de 2003 las obras se encontraban sin finalizar. El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece que "los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan aportar los propios administrados". A este respecto, si bien se admite prueba en contrario, el interesado no aporta ningún elemento que desvirtúe la citada presunción, no habiendo aportado certificado de final de obra ni cédula de habitabilidad de la citada edificación.

Por lo que a la caducidad se refiere, es preciso hacer constar que, el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece que "el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor (...)". El Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, posee rango de Ley, susceptible por tanto, de establecer un plazo superior al de seis meses para resolver y notificar. Así las cosas, el artículo 191.1 del Texto Refundido señala que "la potestad sancionadora se ejercerá observando el procedimiento establecido al efecto por la legislación general del procedimiento administrativo común, si bien el plazo máximo para dictar resolución definitiva será de seis meses desde su incoación". Vemos por tanto que el legislador ha optado por fijar el plazo de seis meses exclusivamente para resolver, debiendo ir a la normativa general para buscar el plazo para notificar, esto es, el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que fija el plazo para cursar las notificaciones en diez días desde la fecha en que el acto haya sido dictado. El expediente sancionador del que trae causa el presente recurso fue dictado con fecha 18 de septiembre de 2003, dictándose resolución final con fecha 17 de marzo de 2004.

A la vista de la sanción impuesta, alega el recurrente la incorrecta graduación de dicha sanción. Para las infracciones graves, el artículo 203.1.b) del Texto Refundido fija una escala que oscila entre los 6.010,13 a 150.253,03 euros. Asimismo, el artículo 196.1, acerca de la graduación de la sanción, señala que "cuando en el procedimiento se aprecie alguna de las circunstancias agravante o atenuante de las recogidas en los artículos siguientes, la multa deberá imponerse por una cuantía de la mitad superior o inferior de la correspondiente escala, respectivamente, fijándose la misma, en función de la ponderación de las incidencias de dichas circunstancias en la valoración global de la infracción". Parece claro que a la Administración le corresponde, dentro de ciertos límites, un libre margen de apreciación en la valoración de datos indeterminados como la fijación de la cuantía de las multas.

En cuanto a la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado cabe señalar que, el artículo 111.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, señala la facultad que tiene el órgano a quien compete resolver el recurso para suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto cuando la misma pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 de la Ley. En el presente supuesto no se aprecia la concurrencia de ninguno de los presupuestos del artículo 111.2, por lo que no procede dicha suspensión. Hay que señalar que existe un interés general que ha de prevalecer sobre el interés particular de quien construye sin autorización urbanística, siendo preciso el restablecimiento del orden jurídico perturbado al ser manifiesta la ilegalidad de la construcción.

Tercera.- El acto recurrido es conforme a derecho, y no se dan en el mismo ninguno de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Vista la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero: el TRLOTENCÕ00 y en especial, en cuanto a la competencia para resolver el presente recurso, el artículo 190.2 del citado Texto Refundido, en relación con el artículo 20.1.2º, del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

Asimismo, ha sido cumplimentado el trámite exigido por el artículo 20.1 in fine de los Estatutos antes indicados, habiendo sido emitido informe favorable del Consejo.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Único.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Víctor Manuel González Hernández, contra la resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 826, de fecha 17 de marzo de 2004, por ser ajustada a derecho.

Notifíquese al Ayuntamiento de Guía de Isora y al interesado al que se le hace constar que contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de enero de 2005.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.

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