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A medio del presente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la vigente Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se procede a la notificación del requerimiento dirigido al Sr. Breitfellner, que a continuación se transcribe, toda vez que habiendo intentado con carácter previo la notificación en el domicilio que consta en esta Administración, ésta no ha sido posible:
ASUNTO: denuncia por riesgo de daños en la vía GC-503 (antigua C.I. 12.2), punto kilométrico 8 + 500, margen derecho, término municipal de San Bartolomé de Tirajana.
Por los equipos de explotación de carreteras de esta Corporación, y con fecha 6 de marzo de 2003, se ha formulado denuncia relativa a la existencia, en el lugar indicado en el asunto epigrafiado, de desprendimiento y arrastres de una pared de pedraplén, situada a 62 metros del borde de la calzada, cuyas piedras, debido a las últimas lluvias, llegaron a 7 metros del borde de la misma.
Lo anterior puede constituir las infracciones tipificadas en el artículo 39, apartados a) y e), de la Ley Territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias (LCC), pudiendo considerarse éstas como graves, ya que implican peligro para peatones y vehículos que circulen por la carretera, pudiendo ser sancionadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la LCC, con multa de mil quinientos dos con cincuenta y cuatro (1.502,54) euros (250.001 pesetas) a doce mil veinte con veinticuatro (12.020,24) euros (2.000.001 pesetas), sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del expediente.
Por ello se le requiere, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del Decreto Territorial 131/1995, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias, a los efectos de que, en un plazo no superior a quince (15) días proceda a tomar las medidas necesarias para evitar que las piedras que constituyen dicho pedraplén puedan alcanzar la carretera.
Transcurrido dicho plazo sin que se lleve a efecto lo requerido se procederá a su ejecución por parte de esta Corporación y a su costa. Asimismo, cualquier incidente que pudiera ocurrir hasta que se ejecute lo requerido será de su exclusiva responsabilidad.
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de febrero de 2004.- El Presidente, p.d., el Consejero de Obras Públicas e Infraestructuras (Decreto nº 11, de 20.6.03), Miguel Jorge Blanco.
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