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A medio del presente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la vigente Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se procede a la notificación del requerimiento dirigido al propietario de la valla publicitaria situada en la carretera GC-300, punto kilométrico 1 + 025, margen derecha, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria. que a continuación se transcribe, toda vez que, al desconocerse su identidad, no ha sido posible practicar su notificación:
ASUNTO: denuncia por instalación de valla publicitaria en la carretera GC-300, punto kilométrico 1+025, margen derecho, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
Por el equipo de explotación de carreteras de esta Corporación y con fecha 25 de abril de 2003, se ha denunciado la instalación de una valla con publicidad de dimensiones 8,00 x 3,00 metros dirigida hacia los usuarios de la carretera y a una distancia de 50 metros del borde de la calzada, en el lugar indicado en el asunto epigrafiado.
Lo anterior puede constituir las infracciones tipificadas en el artículo 39, apartados e) y f), de la Ley Territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias (LCC), pudiendo ser consideradas éstas como graves, toda vez que la instalación de publicidad dirigida al usuario de la carretera constituye un riesgo para la seguridad de la circulación, al causar distracción y pérdida de la atención de los conductores a la carretera, pudiendo ser sancionadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la LCC, con multa de mil quinientos dos con cincuenta y cuatro (1.502,54) euros (250.001 pesetas) a doce mil veinte con veinticuatro (12.020,24) euros (2.000.000 de pesetas), sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del expediente.
A la vista de lo anterior, y habida cuenta que el uso realizado por esa entidad no es legalizable, se le requiere, al objeto de que en el plazo de quince (15) días retire la publicidad instalada. Igualmente le participo que cualquier daño que pudiera ocasionarse hasta la ejecución de lo ordenado será de su exclusiva responsabilidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se lleve a efecto lo requerido, se procederá a su ejecución por parte de esta Corporación y a su costa.
Al mismo tiempo, se le informa que dispone del plazo de diez (10) días para, dentro del trámite de audiencia, presentar las alegaciones, documentos y justificaciones que estime conveniente para sus intereses, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de febrero de 2004.- El Presidente, p.d., el Consejero de Obras Públicas e Infraestructuras (Decreto nº 11, de 20.6.03), Miguel Jorge Blanco.
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