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BOC Nº 213. Viernes 31 de Octubre de 2003 - 4066

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías

4066 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 17 de octubre de 2003, que notifica Resolución del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica de 11 de julio de 2003, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Plácido García Pacheco y D. José Manuel García Pacheco, en representación de la entidad Construcciones y Excavaciones Hermanos García Pacheco, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 16 de enero de 2003, se aprueba la ejecución del proyecto de instalación de una planta semi-móvil de tratamiento y recuperación de escombreras en Los Peralitos, en el término municipal de La Orotava, promovido por la entidad recurrente.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la extinta Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

1º) Notificar a la entidad Construcciones y Excavaciones Hermanos Pacheco, S.L. la Resolución de 11 de julio de 2003 (libro 01, nº reg. 417, folio 69), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por D. Plácido García Pacheco y D. José Manuel García Pacheco, en representación de la entidad Construcciones y Excavaciones Hermanos García Pacheco, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía DGIE-2003, de 16 de enero de 2003, por la que se aprueba la ejecución del proyecto de instalación de una planta semi-móvil de tratamiento y recuperación de escombreras en Los Peralitos, en el término municipal de La Orotava, promovido por la entidad recurrente.

2º) Remitir al Ayuntamiento de La Orotava la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de 2003.- El Secretario General Técnico, Ángel Alexis Montesdeoca García.

A N E X O

Resolución del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica de 11 de julio de 2003, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Plácido García Pacheco y D. José Manuel García Pacheco, en representación de la entidad Construcciones y Excavaciones Hermanos García Pacheco, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía DGIE-2003, de 16 de enero de 2003, por la que se aprueba la ejecución del proyecto de instalación de una planta semi-móvil de tratamiento y recuperación de escombreras en Los Peralitos, en el término municipal de La Orotava, promovido por la entidad Construcciones y Excavaciones Hermanos García Pacheco, S.L.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Plácido García Pacheco y D. José Manuel García Pacheco, en representación de la entidad Construcciones y Excavaciones Hermanos García Pacheco, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de referencia DGIE-2003, de 16 de enero de 2003, por la que se aprueba la ejecución del proyecto de instalación de una planta semi-móvil de tratamiento y recuperación de escombreras en Los Peralitos, en el término municipal de La Orotava, promovido por la entidad Construcciones y Excavaciones Hermanos García Pacheco, S.L., y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 20 de marzo de 2001 la entidad Construcciones y Excavaciones Hermanos García Pacheco, S.L. solicitó la aprobación del proyecto que presentó adjunto para la instalación de una planta semi-móvil de tratamiento y recuperación de escombreras en Los Peralitos, en el término municipal de La Orotava, a cuyo efecto aporta el Estudio Detallado de Impacto Ecológico sobre la referida instalación. A dicha solicitud se le adjudicó el expediente de referencia PP-01/06 bajo la cual se tramitó el expediente administrativo en cuestión.

Segundo.- La solicitud y demás documentación referida en el apartado precedente fue sometida al trámite de información pública, publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 124, de fecha 21 de septiembre de 2001, y remitida a su vez a la Viceconsejería de Medio Ambiente, con fecha 28 de noviembre de 2001, junto con el resultado de este trámite de información pública en el que se incluyen las alegaciones formuladas al respecto.

Tercero.- Con fecha 10 de abril de 2002, la Viceconsejería de Medio Ambiente emitió Declaración de Impacto Ecológico poco significativa, desfavorable y no vinculante, mediante acto resolutorio de la misma fecha, a los solos efectos ambientales, en la que se señala la pertinencia de realizar nuevos estudios más precisos y profundos que justifiquen la viabilidad ambiental de una instalación industrial como la propuesta en un período de funcionamiento previsto ilimitado en el tiempo, en los términos precisados en la misma Declaración.

Cuarto.- Con fecha 19 de junio de 2002 la Viceconsejería de Medio Ambiente emitió nueva Declaración de Impacto Ambiental que resultó ser poco significativa, condicionada y no vinculante, en la que se establece un apéndice de condicionantes en orden a la eliminación o minimización de los posibles efectos ambientales negativos.

Quinto.- A la vista de la documentación obrante en el expediente, la Dirección General de Industria y Energía acordó mediante acto resolutorio de fecha 16 de enero de 2003, de referencia DGIE-2003, aprobar la ejecución del proyecto de instalación de una planta semi-móvil de tratamiento y recuperación de escombreras a instalar en Los Peralitos, en el término municipal de La Orotava, en los términos, plazos y condiciones que se expresan a continuación:

1º) Las instalaciones deberán tener el marcado CE y presentar el certificado de conformidad del fabricante, dando cumplimiento a los Reales Decretos 1.435/1992, de 27 de septiembre, y 56/1995, de 20 de enero.

2º) Una vez finalizada la instalación se solicitará de la Dirección General de Industria y Energía la puesta en servicio de la misma, acompañando el Certificado Final de Obra y Hojas de Registro Industrial.

3º) E1 incumplimiento de las prescripciones anteriores dará lugar a la anulación de la presente resolución, debiendo el interesado proceder a desmontar la instalación, restituir el lugar a su estado natural, en el plazo de treinta días desde la notificación de la correspondiente resolución.

4º) Será de aplicación lo preceptuado en el Apéndice de Condicionantes de la Declaración de Impacto Ecológico formulada por Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente con fecha 19 de junio de 2002, con el nº 666.

5º) Los áridos a tratar en la planta deberán provenir de canteras legalmente autorizadas, quedando prohibido el tratamiento de áridos provenientes de desmontes, excavaciones de solares, aperturas de vías de comunicación, etc., sin la previa autorización de esta Dirección General de Industria y Energía.

Sexto.- Frente al acto resolutorio precedente, D. Plácido García Pacheco y D. José Manuel García Pacheco, en representación de la entidad mercantil Construcciones y Excavaciones Hermanos García Pacheco, S.L., interpusieron recurso de alzada, con fecha 24 de febrero de 2003, en base a las siguientes alegaciones:

1ª) La iniciativa para la tramitación y aprobación del proyecto en cuestión tiene su motivación inmediata en el concierto previamente establecido entre la entidad mercantil representada y el Excmo. Ayuntamiento de La Orotava, todo ello para atender las necesidades derivadas de la ejecución del Plan de Inversiones Municipal que en todos los casos, bien por desmonte, excavaciones de solares o apertura de vías, etc., generan residuos limpios para los que en la actualidad no se dispone de vertedero.

2ª) En consecuencia se hace necesario que el contenido del apartado 5º de la propuesta de aprobación se adecue en el sentido de eliminar la referencia establecida de prohibición con carácter genérico, señalándose para este caso que los áridos podrán provenir de desmontes, excavaciones de solares, apertura de vías de comunicación, etc., que deriven del Plan de Inversiones Municipal y de las obligaciones inherentes que puedan derivarse por materia de ejecución de planeamientos y edificación.

3ª) Con ello se le daría el dinamismo que necesita la actuación municipal, en orden a no tener que tramitarse en cada caso una autorización ante la Dirección General de Industria y Energía. A estos efectos se acompaña documento del Ayuntamiento acreditativo de las circunstancias expresadas relativas a la concertación del servicio de tratamiento de áridos.

Séptimo.- Con fecha 31 de marzo de 2003, el Jefe del Servicio de Minas remite copia de las actuaciones interesadas del expediente PP-01/06, acompañado del preceptivo informe técnico sobre el recurso de alzada deducido, proponiendo la estimación parcial del mismo por considerar que si bien lo solicitado en el recurso vulnera lo establecido en el artículo 17 de la Ley 22/1973, de Minas, que regula el derecho al aprovechamiento de los recursos geológicos, podría considerarse el conceder en el mismo acto resolutorio la autorización para el aprovechamiento de tales recursos de desmontes, en los casos de que se incluyese dentro del proyecto de planta de tratamiento de áridos y en el Estudio de Impacto Ambiental la evaluación de los riesgos que supondría el ejercicio de las labores de manipulación de esos productos de forma detallada, una vez obtenida la Declaración de Impacto preceptiva, autorizándose de esta manera por la Dirección General la instalación y puesta en marcha de la planta junto con el aprovechamiento de los recursos geológicos acopiados, y en tal caso quedaría registrado como cantera o aprovechamiento de áridos de la sección A).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación a los requisitos de admisibilidad del presente recurso no hay que formular ningún pronunciamiento en contrario por cuanto fue presentado dentro del plazo del mes previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la parte recurrente tiene plena legitimación activa para promover el presente recurso, y el órgano competente para su resolución es el Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de acuerdo con el vigente Reglamento Orgánico y el artículo 20 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.

Segundo.- La resolución impugnada tiene su basamento jurídico en las siguientes prescripciones normativas:

1ª) El artículo 7, apartado 3, párrafo 2º, del Reglamento General para el Régimen de la Minería (en adelante RGRM), del siguiente tenor literal: "Corresponde a las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía velar por el cumplimiento de las normas sobre protección del medio ambiente no autorizando la puesta en marcha de las instalaciones, industrias o explotaciones mineras, sin la previa comprobación de las condiciones citadas, o en su caso del debido funcionamiento de los dispositivos correctores sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.3 de este Reglamento".

2ª) El artículo 2º del RGRM que dispone que la explotación de recursos de la sección A) requiere el otorgamiento previo de la autorización preceptiva, con independencia de las autorizaciones necesarias que deban obtenerse con arreglo a la Ley según lo prevé el apartado tercero de este mismo precepto. A este respecto y a la luz de la normativa aplicable, nos encontraríamos con un supuesto que requiere dos tipos de autorizaciones por parte de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias: por un lado la autorización para instalar una planta de tratamiento de los recursos geológicos acopiados de operaciones anteriores, encasillado en el artículo 138, apartado 2.c) del RGRM, de conformidad con lo previsto en el apartado 1 de este mismo precepto, y su concordante artículo 112 de la Ley de Minas, y por otro lado la autorización previa preceptiva para el aprovechamiento de los citados recursos de desmontes acopiados, dada la condición de bienes de dominio público que ostenta este tipo de recursos según lo previsto en el artículo de la Ley de Minas y en virtud de lo preceptuado en el artículo 17 de la citada disposición legal y en su correlativo artículo 28 del RGRM.

3ª) El procedimiento legalmente previsto en el capítulo VII de la Ley 11/1990, de 13 de julio, para la emisión de la declaración de impacto ambiental por el órgano ambiental actuante a la vista del Estudio de Impacto Ecológico correspondiente según la categoría de evaluación aplicada, cuyos trámites han sido cumplimentados en forma estricta por este Departamento, como se deriva de la documentación obrante en el expediente.

Tercero.- En relación a las alegaciones realizadas en el escrito de recurso cabe realizar los siguientes razonamientos:

1º) La prescripción quinta de la resolución impugnada es ajustada a derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Minas y el artículo 28 del Reglamento de desarrollo de la precitada Ley, pues tales preceptos prescriben que todo aprovechamiento de recursos geológicos de la sección A), incluso los procedentes de escombreras, por tratarse de bienes de dominio público, deberá ir precedido de la correspondiente autorización de la Dirección General de Industria y Energía competente.

2º) No obstante y en consonancia con los términos expresados en el informe-propuesta emitido por el Servicio de Minas de la Dirección General de Industria y Energía sobre el presente recurso, en relación a las medidas que podrían adoptarse en casos como el actual en los que se solicita la autorización para la instalación de una planta móvil para el tratamiento de materiales procedentes de excavaciones, teniendo presente la frecuencia cada vez mayor con la que se están presentando este tipo de supuestos y la conveniencia de dicho aprovechamiento por el efecto de valorización de los residuos y la escasez o ausencia en muchos casos de vertederos autorizados, este Departamento estima que podría accederse a lo solicitado en el sentido de aceptar una tramitación conjunta de un único proyecto de legalización para la instalación de una planta de tratamiento de áridos con su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental en el que deberá recogerse de forma detallada la evaluación de los riesgos que entraña la labor de manipulación de este tipo de productos. De esta forma, una vez emitida la Declaración de Impacto Ambiental preceptiva la Dirección General de Industria y Energía podría autorizar, a la vez y en un solo acto, la instalación de la planta interesada y el aprovechamiento de los recursos geológicos acopiados que quedaría recogido en un solo expediente referente a la autorización de la cantera y aprovechamiento de áridos de la sección A). La práctica de estas medidas redundarían tanto en beneficio del interesado (dada la agilización de trámites), como del interés público medioambiental (dadas las circunstancias expresadas referentes al tratamiento de residuos) como de la propia Administración, por principio de economía procesal.

Cuarto.- De conformidad con los Reales Decretos de Transferencia de las competencias cedidas por la Administración Estatal en materia de Industria, Energía y Minas, y el Reglamento Orgánico actualmente en vigor de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, corresponde a la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias la recepción, autorización, tramitación y aplicación de la normativa vigente en materia de instalaciones mineras, dentro de su ámbito territorial.

VISTOS

La Ley Territorial 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico (B.O.C. nº 92, de 23.7.90); el Real Decreto Legislativo 1.302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (B.O.E. nº 155, de 30.6.86); la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (B.O.E. nº 176, de 24.7.73); el Decreto 2.857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería (B.O.E. números 295 y 296, de 11 y 12 de diciembre de 1978); el Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de transferencia a la Junta de Canarias de competencias, funciones y servicios en materia de industria, energía y minas; el Real Decreto 2.091/1984, de 26 de septiembre, sobre adaptación de los servicios transferidos en fase preautonómica a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de industria, energía y minas (B.O.E. nº 278, de 20.11.84); el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias (B.O.C. nº 122, de 16.9.91); el Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 64, de 25.5.01); la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1995, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y demás normativa de aplicación general.

Por todo ello, el Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Estimar parcialmente el recurso de alzada interpuesto por D. Plácido García Pacheco y D. José Manuel García Pacheco, en representación de la entidad Construcciones y Excavaciones Hermanos García Pacheco, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de referencia DGIE-2003, de 16 de enero de 2003, en el sentido de que podrá accederse a lo solicitado en el apartado tercero del escrito de interposición de recurso, en relación a la aceptación de la tramitación de una única solicitud de autorización para la instalación de una planta de tratamiento de áridos y el aprovechamiento de estos recursos geológicos de la sección A), bajo la condición de que el proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental presentados deberán reflejar y evaluar de forma detallada los riesgos de las labores de manipulación de los productos a tratar.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, Wenceslao Berriel Martínez.

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