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BOC Nº 213. Viernes 31 de Octubre de 2003 - 4065

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías

4065 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 17 de octubre de 2003, que notifica Orden de la extinta Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, de 4 de julio de 2003, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel Dasilva Pereira, en representación de la empresa Constructora Comatori, S.L., contra Resolución de la Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica de 10 de febrero de 2003, que sanciona a la empresa recurrente con una multa de 3.005,07 euros.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la extinta Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

1º) Notificar a la entidad Comatori, S.L. la Orden de 4 de julio de 2003 (libro 03-I, nº orden 141.I), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel Dasilva Pereira, en representación de la empresa constructora Comatori, S.L. contra Resolución de la extinta Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica de 10 de febrero de 2003, por la que se sanciona a la empresa recurrente con una multa de 3.005,07 euros.

2º) Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de 2003.- El Secretario General Técnico, Ángel Alexis Montesdeoca García.

A N E X O

Orden del Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica de fecha 4 de julio de 2003, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel Dasilva Pereira, en representación de la empresa Constructora Comatori, S.L., contra Resolución de la Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica de 10 de febrero de 2003, por la que se sanciona a la empresa recurrente con una multa de 3.005,07 euros.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel Dasilva Pereira, en representación de la empresa constructora Comatori, S.L., contra la Resolución de la Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica de 10 de febrero de 2003, por la que se sanciona a la empresa recurrente con una multa de 3.005,07 euros, por la instalación y funcionamiento de una grúa, sin la preceptiva puesta en marcha de la misma, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 11 de junio de 2002, Técnicos Facultativos adscritos a la Dirección General de Industria y Energía giraron visita de inspección a la obra sita en la calle Timanfaya, parcelas 344 y 345, en Lomo de Amadores, término municipal de Mogán, habiendo comprobado la existencia de una grúa que estaba en funcionamiento, sin que su titular haya presentado en la Dirección General de Industria y Energía previamente la documentación preceptiva sobre instalación y puesta en marcha de la misma.

Segundo.- Con fecha 27 de septiembre de 2002, el Servicio de Seguridad Industrial de la provincia de Las Palmas propone la incoación de expediente sancionador a la empresa Comatori, S.L., por poner en funcionamiento una grúa sin presentar previamente la documentación de instalación y puesta en servicio.

Tercero.- Con fecha 25 de octubre de 2002, la Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica inicia un expediente sancionador contra la empresa Comatori, S.L., por los hechos reflejados en la mencionada acta de inspección.

Cuarto.- Con fecha 18 de noviembre de 2002, D. Manuel Dasilva Pereira, en representación de la empresa Comatori, S.L., presentó las alegaciones que estimó convenientes en su defensa.

Quinto.- Con fecha 16 de diciembre de 2002, el Instructor del expediente formuló propuesta de resolución por medio de la cual viene a proponer que se sancione a la entidad Comatori, S.L., como responsable de la infracción administrativa tipificada en el artículo 31.21 de la vigente Ley de Industria, con una multa de 3.005,07 euros.

Sexto.- Con fecha 24 de enero de 2003, D. Manuel Dasilva Pereira, en calidad de Apoderado de la empresa Comatori, S.L., presentó alegaciones en relación con la propuesta de resolución.

Séptimo.- Con fecha 10 de febrero de 2003, el Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica sancionó a dicha empresa con una multa de 3.005,07 euros, por poner en funcionamiento una grúa sin la preceptiva autorización de puesta en funcionamiento de la instalación.

Octavo.- Con fecha 25 de marzo de 2003, D. Manuel Dasilva Pereira, en representación de la entidad mercantil Comatori, S.L., presentó recurso de alzada por medio del cual viene a manifestar:

1.- En cuanto al incumplimiento de lo prescrito en el citado punto 7 (instalación) de la ITC MIE AEM-2, no se ajusta a la realidad, ya que dicha solicitud se confeccionó, como puede comprobarse por el simple examen de la documentación que obra en esa Consejería en el proyecto visado por el Iltre. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de esta provincia, registrado con el nº GR 02/2250, de 31 de julio de 2002, con las certificaciones de fecha 20 de abril y 27 de mayo de 2002, y que se acompañan como documentos señalados con los números 01 y 02.

2.- En cuanto al incumplimiento de lo prescrito en el punto 8 (puesta en servicio) de la repetida normativa, no se ajusta de igual manera a la realidad, toda vez que con fecha 28 de mayo de 2002 se certificó la puesta en servicio por el instalador D. Antonio Hernández Cabrera, cuyo documento se acompaña al señalado con el número 03.

3.- La parte recurrente manifiesta que como usuario de la empresa Sertemac ha sido engañado, ya que como se dejo señalado en el escrito de fecha 18 de noviembre de 2002, la mencionada entidad mercantil, encargada del montaje de la grúa y de la tramitación de la documentación pertinente, aseguró que la misma se había presentado en esta Consejería y se había obtenido la correspondiente autorización.

4.- La entidad recurrente entiende que la falta de documentación, por la cual se viene a sancionar a la citada entidad mercantil, en realidad no faltaba, ya que la misma se había confeccionado por la citada empresa Sertemac, S.L., habiéndola ésta retenido para coaccionar al que suscribe al pago de una nueva factura que no se había presupuestado en un principio pero que no se había dado negativa a su pago.

5.- Que igualmente de la documentación que se aporta y de la que obra en ese Departamento, se viene a demostrar que tanto la instalación de la grúa como sus medidas de seguridad cumplían con las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE AEM2 UNE 58.101.80.11.

6.- Por todo ello, la entidad recurrente solicita la revocación de dicha resolución, o subsidiariamente calificar el hecho como una falta administrativa leve.

Noveno.- Con fecha 21 de abril de 2003, el Jefe de Servicio de Seguridad Industrial emite informe sobre el antedicho recurso de alzada, en el cual viene a decir lo siguiente:

"1º) En relación con el hecho segundo del recurso, nos mantenemos en lo manifestado en su día, ya que el proyecto se realiza después de la inspección de este Organismo, y por ende, después de la puesta en funcionamiento de la grúa, por lo que no procede el alegato.

2º) Respecto al alegato tercero, hay que constatar que con fecha 19 de junio de 2002, con posterioridad a la inspección se aporta por Sertemac, empresa instaladora del aparato, el certificado de montaje realizado por esa empresa el 23 de mayo de 2002, en referencia a un proyecto que no llega a presentarse; asimismo, el nuevo certificado aportado por Comatori, S.L. deberá referirse a una instalación según proyecto que al día de su emisión tampoco existe, con lo que carece de validez técnica, y viene a ratificar que la empresa que pone en servicio la grúa, no lo hace según el procedimiento establecido en la ITC MIE AEM 2. Sin embargo, viendo el certificado de montaje de Sertemac, se puede aseverar que, técnicamente, la citada grúa había sido instalada con las debidas garantías de seguridad, si bien no se cumplimentó el procedimiento administrativo requerido para acreditar ante la Administración tal circunstancia, de forma previa a su puesta en funcionamiento.

3º) Respecto a los alegatos cuarto y quinto, son asuntos que no competen a este Servicio al tratarse un conflicto económico entre las partes, que no justifican la infracción cometida."

Dicho informe concluye: "A la vista de lo anterior, el que suscribe entiende que persiste la infracción normativa objeto de expediente sancionador, si bien, vista la actuación de la empresa Sertemac, respecto a la retención de documentos, una vez emitido y certificado el montaje de la máquina conforme al Reglamento y vista la actuación del usuario garantizando la existencia de un proyecto técnico y la intervención de empresas instaladoras autorizadas, y fundamentalmente, a la vista del Certificado de Montaje de la Empresa Sertemac, de 23 de mayo de 2002, es por lo que se propone reconsiderar la tipificación como leve, orientada al apartado 3.a) del artº. 31 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y propone una sanción intermedia de 1.000 euros".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación a los requisitos de admisibilidad del presente recurso, no se formula ningún pronunciamiento en contrario, por cuanto el mismo se ha interpuesto dentro del plazo de un mes establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la parte recurrente tiene plena legitimación activa para promover el recurso, y el órgano competente para su resolución es el Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, de conformidad con el vigente Reglamento Orgánico.

Segundo.- En el procedimiento sancionador ha quedado probado que la grúa en cuestión fue instalada y puesta en funcionamiento sin cumplir, previamente, con los requisitos establecidos en los puntos 7 y 8 de la ITC MIE AEM.

Tercero.- No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta las circunstancias especiales reseñadas en el informe del Jefe de Servicio de Seguridad Industrial de 21 de abril de 2003, respecto a la retención por parte de la empresa instaladora Sertemac de documentos, una vez certificado el montaje de la máquina, y teniendo en cuenta la actuación del usuario para posibilitar la existencia de un proyecto técnico y la intervención de empresa instaladora autorizada, es por lo que parece razonable modificar la calificación jurídica de los hechos de infracción administrativa grave a leve, según lo prevenido en el artículo 31.3.a) de la vigente Ley de Industria, a cuyo tenor: "Son infracciones leves: a) El incumplimiento de cualquier otra prescripción reglamentaria no incluida en los apartados anteriores.", y consecuentemente reducir la cuantía de la sanción impuesta.

VISTOS

El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de transferencia a la Junta de Canarias de competencias, funciones y servicios en materia de industria, energía y minas; el Real Decreto 2.091/1984, de 26 de septiembre, sobre adaptación de los servicios transferidos en fase preautonómica a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de industria, energía y minas; el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias; el Decreto 10/2001, de 29 de enero, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías; el Decreto 12/2001, de 30 de enero, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias; el Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y demás normativa de aplicación general.

Por todo ello y en el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Estimar parcialmente el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel Dasilva Pereira, en representación de la empresa constructora Comatori, S.L., contra la Resolución de la Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica de 10 de febrero de 2003, por la que se sanciona a la empresa recurrente con una multa de 3.005,07 euros, por la instalación y funcionamiento de una grúa, sin la preceptiva puesta en marcha de la misma, en el sentido de reducir la sanción impuesta de 3.005,07 euros a 1.000 euros, por la comisión de una infracción administrativa leve.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, en funciones, Julio Bonis Álvarez.

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