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BOC Nº 207. Jueves 23 de Octubre de 2003 - 3889

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías

3889 - Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de la anterior Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 2 de junio de 2003, que notifica la Resolución de 24 de marzo de 2003, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. José Luis Mestres Izquierdo, en representación de la compañía Endesa Distribución Eléctrica, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 14 de octubre de 2002, relativa a costes de extensión de red para el suministro eléctrico a ocho viviendas en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna, recaída en los expedientes con referencias VBT-02/211 y VBT-02/212.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por esta Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

1º) Notificar a D. Dámaso Zamora Padrón, D. Juan Pablo Conejero Tova, Juan Luis Zamora Pérez y Dña. María de la Paz Zamora Pérez, la Resolución de 24 de marzo de 2003 (libro 01, nº reg. 148/2003, folio 57), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por D. José Luis Mestres Izquierdo, en representación de la compañía Endesa Distribución Eléctrica, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 14 de octubre de 2002, relativa a costes de extensión de red para el suministro eléctrico a ocho viviendas en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna, recaída en los expedientes con referencias VBT-02/211 y VBT-02/212.

2º) Remitir al Ayuntamiento de Güímar la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de junio de 2003.- El Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, Wenceslao Berriel Martínez.

A N E X O

Resolución del viceconsejero de desarrollo industrial e innovación tecnológica, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por d. josé luis mestres izquierdo, en representación de la compañía endesa distribución eléctrica, s.l., frente a la resolución de la dirección general de industria y energía de 14 de octubre de 2002, relativa a costes de extensión de red para el suministro eléctrico a ocho viviendas en el término municipal de san cristóbal de la laguna, recaída en los expedientes con referencias VBT-02/211 y VBT-02/212.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. José Luis Mestres Izquierdo, en representación de la compañía Endesa Distribución Eléctrica, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 14 de octubre de 2002, relativa a costes de extensión de red para el suministro eléctrico a ocho viviendas en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna, recaída en los expedientes con referencias VBT-02/211 y VBT-02/212, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 17 de junio de 2002, D. Juan Antonio Melián López y otros presentaron reclamación contra la empresa Unión Eléctrica de Canarias, S.A. (Unelco, S.A.), por cuanto la entidad distribuidora les obliga a realizar a su costa las instalaciones de extensión para dar suministro eléctrico a cuatro viviendas situadas en la calle Leoncio Rodríguez, término municipal de La Laguna (expediente VBT-02/211). Con esa misma fecha, se presentó por idéntico motivo reclamación en relación con cuatro viviendas en la calle El Moral, término municipal de La Laguna (expediente VBT-02/212).

Segundo.- Con fecha 31 de julio de 2002, se acuerda la acumulación de ambos expedientes, por cuanto son sustancialmente idénticos al tratarse de cuatro viviendas en una calle y otras cuatro lindantes por la trasera de aquellas que dan a una calle paralela.

Tercero.- Con fecha 8 de octubre de 2002, el Jefe de Sección de Alta Tensión propone que la empresa distribuidora realice por su cuenta y cargo las infraestructuras necesarias para dar suministro a las ocho viviendas de referencia, conforme establece el primer párrafo del artículo 45.1 del Real Decreto 1.955/2000.

Cuarto.- Con fecha 14 de octubre de 2002, el Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, por delegación de firma del Director General de Industria y Energía, dictó Resolución en el sentido de aceptar la antedicha propuesta del Técnico.

Quinto.- Con 15 de noviembre de 2002, D. José Luis Mestres Izquierdo, en representación de la compañía Endesa Distribución Eléctrica, S.L., presentó recurso de alzada, por medio del cual viene a decir lo siguiente:

1. Con fecha 7 de febrero de 2002, se solicitó suministro eléctrico para un conjunto de cuatro viviendas adosadas sitas en la calle Leoncio Rodríguez, del Barrio de Geneto, término municipal de La Laguna. Examinados in situ los terrenos en que habría de ubicarse el suministro, pudo comprobarse que no habían sido transformados por la urbanización, por cuanto no contaban con infraestructura básica de suministro, adecuada para las edificaciones e instalaciones ejecutadas. Así se deduce de las fotografías que se han aportado al expediente. Debe señalarse que el Instructor del expediente no acordó, en ningún momento, la apertura del período de prueba.

2. La parte recurrente sostiene que en el presente caso se ha vulnerado el derecho a no padecer indefensión, y no se han respetado los principios de legalidad, seguridad jurídica, de contradicción y de igualdad de armas. La Administración estimó incierto los hechos alegados, al dar por ciertos los sostenidos por el reclamante, confiriendo valor a la certificación municipal que se desprendía de la clasificación urbanística de los terrenos de referencia, como si la condición de solar no fuese una cuestión de hecho, con independencia de lo que se determine en el planeamiento, y todo ello sin proceder a la apertura del correspondiente período de prueba. Ningún valor puede conferirse a la certificación comentada, en que ni siquiera se determina que los terrenos cumplan con la condición de solar, toda vez que se fundamenta en un supuesto informe técnico del que no se ha dado traslado a esta compañía.

3. El artº. 59.1.d) del Reglamento de Gestión Urbanística aprobada por Real Decreto 3.288/1978, de 25 de agosto, establece que el importe de las obras de transformación del suelo que corre a cargo de los propietarios comprende, entre otros conceptos, las de suministro de energía eléctrica, incluidas conducción y distribución y alumbrado público. Asimismo, el artº. 122.1 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana incluye entre los costes de transformación que deben ser sufragados por los propietarios afectados, los conceptos relativos a las obras de suministro de energía eléctrica. También, el Real Decreto Legislativo 1/1992 preceptúa como deber de los propietarios de terrenos en suelo urbano, el de completar a su costa su transformación, para que los mismos alcancen aptitud para la ubicación en ellos de las instalaciones proyectadas. En el mismo sentido, se han pronunciado las legislaciones autonómicas (Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo).

4. De acuerdo con el artº. 39.1 del Reglamento de Gestión Urbanística, la edificación sólo podrá efectuarse, una vez transformados los terrenos, esto es, una vez cuenten, entre otros servicios, con suministro de energía eléctrica, con características adecuadas para las instalaciones proyectadas. En este punto, sostiene la recurrente, prevalecen los conceptos jurídicos procedentes de las normas autonómicas, y concretamente, el anexo sobre conceptos fundamentales utilizados por el T.R. de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, en su apartado 13 bajo la rúbrica "Unidades de suelo", incluye el suministro de energía eléctrica, con potencia suficiente para la instalación proyectada, entre los requisitos mínimos de aptitud para la edificación. La parte recurrente invoca la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en cuanto a que la clasificación del suelo debe responder a una realidad física, sustraída de la esfera voluntarista de la Administración, por ello, aunque el suelo de que se trate venga clasificado, en el planeamiento como suelo urbano clasificado consolidado y aunque no esté considerado dentro de ninguna unidad de actuación, si no reúne los caracteres propios del suelo urbano consolidado, ha de considerarse que no está efectivamente urbanizado, aunque el Plan otra cosa prevea en sus determinaciones.

5.- Por lo que se refiere a la imputación de costes, la entidad recurrente arguye que en terrenos que no cuenten con infraestructura eléctrica previa, corresponde al solicitante ejecutar todas las infraestructuras y los refuerzos necesarios; es decir, también las líneas de alta tensión y baja tensión y el centro de transformación (artº. 45.3 Real Decreto 1.955/2000). Una vez ejecutadas todas las infraestructuras indispensables para que este suelo alcance la condición de solar, corresponderá a la distribuidora la ejecución de la acometida, siempre que la potencia máxima solicitada no rebase el límite reglamentario de 50 Kv, previo abono de los derechos de extensión (artº. 45.1 Rea Decreto 1.955/2000).

6. La entidad recurrente alega que debe diferenciarse la obligación de la compañía eléctrica de atender los suministros solicitados, con la necesidad del solicitante de salvar una serie de condiciones legales y físicas para su obtención. De este modo, no puede efectuarse el suministro, por imposibilidad física y legal, cuando la urbanización no cuente con proyecto de urbanización o éste no incluya el apartado de electrificación, pues no pueden ejecutarse las infraestructuras eléctricas al margen de ese proyecto.

7. Por todo ello, la parte recurrente solicita de la Viceconsejería de Desarrollo Industrial que declare que es al propietario del suelo a quien corresponde ejecutar todas las infraestructuras eléctricas necesarias para dotar a los terrenos de que se trata de suministro de energía eléctrica, con potencia suficiente para la edificación prevista. Asimismo, la parte recurrente solicita la suspensión de la resolución recurrida por fundamentarse el presente recurso de alzada en causas de nulidad de pleno derecho, de las contempladas por el artº. 62.1 de la Ley 30/1992.

Sexto.- Con fecha 18 de noviembre de 2002, el Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica denegó la suspensión de la resolución, tal como pretendía la empresa recurrente, por no existir perjuicios de difícil o imposible reparación en el presente caso, y por no darse ninguno de los casos de nulidad reseñados en el artículo 62.1.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación a los requisitos de admisibilidad del presente recurso, no se formula ningún pronunciamiento en contrario, por cuanto el mismo se ha interpuesto dentro del plazo de un mes establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la parte recurrente tiene plena legitimación activa para promover el recurso, y el órgano competente para su resolución es el Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de conformidad con el vigente Reglamento Orgánico y el artículo 20 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.

Segundo.- El recurso de alzada no puede prosperar, y ello por los siguientes motivos:

1. El acto resolutorio objeto de impugnación tiene su fundamentación jurídica, básicamente, en el artículo 45.1.b) del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, según el cual: "La empresa distribuidora que haya de atender un nuevo suministro o la ampliación de uno ya existente, estará obligada a la realización de las infraestructuras eléctricas necesarias cuando dicho suministro se ubique en suelo urbano que tenga la condición de solar, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: ... b) Cuando se trate de suministros en baja tensión, la instalación de extensión cubrirá una potencia máxima solicitada de 50 Kw".

2. Respecto a la primera de las alegaciones realizadas por el recurrente, éste manifiesta que los terrenos no disponen de infraestructura eléctrica con potencia suficiente para atender el suministro indicado, y ello ha sido comprobado tras una visita in situ por personal de la compañía eléctrica, de acuerdo con las fotografías aportadas en el expediente. No obstante, las pruebas aportadas por la entidad distribuidora no son lo suficientemente sólidas para que puedan desvirtuar el certificado emitido por el Ayuntamiento de La Laguna de 7 de junio de 2002 donde se hace constar literalmente lo siguiente: "La parcela señalada en el plano de situación que aporta la interesada se encuentra en suelo clasificado Urbano para uso Residencial Vivienda en la zona de Edificación Mixta (EM) según el vigente Plan General de Ordenación. Dicha parcela, en la que se ha desarrollado el proyecto de ocho viviendas unifamiliares adosadas, cumple las condiciones de solar establecidas en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, al encontrarse dotada de los siguientes servicios: calzada pavimentada, suministro de agua potable y energía eléctrica, sistema de tratamiento y vertido de aguas residuales (autorización de fecha 26 de noviembre de 1999 concedida por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife), encintado de aceras y alumbrado público".

3. En cuanto al alegato de la empresa recurrente de que el Instructor no acordó un período de prueba, cabe oponer que en este caso no era necesario abrir un período de prueba, a la vista de la documentación aportada por los reclamantes, por cuanto de una simple lectura del contenido del ya comentado certificado municipal, se infiere que los terrenos se encuentran en suelo urbano con la consideración de solar, y ello implica que cuentan también con acceso rodado pavimentado, abastecimiento de agua, suministro de energía eléctrica y evacuación de aguas residuales. En consecuencia, los hechos relevantes para la resolución del presente procedimiento estaban ya suficientemente acreditados, y por tanto, no era imprescindible la práctica de nuevas pruebas, tal como pretende la hoy recurrente.

4. Tampoco se aprecia en la resolución recurrida la vulneración de principios rectores del procedimiento administrativo, ni mucho menos se ha colocado a la empresa recurrente en una situación de indefensión material, tal como predica la parte recurrente, por cuanto a lo largo de la instrucción del procedimiento ha podido presentar las alegaciones que estimó convenientes en su defensa (en este caso la empresa distribuidora presentó escrito de alegaciones el 31 de julio de 2002). En definitiva, no se aprecia en el presente caso la inobservancia de garantías ni principios tan esenciales como los de legalidad, seguridad jurídica, de contradicción y de igualdad de armas.

5. Por lo que se refiere a las alegaciones de la entidad recurrente sobre la aplicabilidad de la normativa urbanística en relación con los deberes del propietario del suelo, nos tenemos que remitir, como no podía ser de otra manera, a la normativa eléctrica específica aplicable al presente caso, esto es, a la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, y al Real Decreto 1.955/2000. En este sentido, la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L. debe proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución cuando así sea necesario para atender nuevas demandas, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, porque sostener el criterio contrario sería tanto así como establecer que es el usuario el que tiene que realizar al final la totalidad de la red de distribución. La falta de previsión de Unelco, S.A. respecto a la capacidad de sus redes y Centros de Transformación, cuando no ha previsto, en una zona urbanizada, la energía necesaria para dar suministro a dicha zona, no puede recaer en el consumidor final. Por otro lado, como ya se ha señalado en el apartado primero, el artículo 45.1 del Real Decreto 1.955/2000 nos da la solución jurídica adecuada a los problemas planteados en torno al coste de las instalaciones de extensión, y quién debe ser la parte actora que debe realizar y sufragar los gastos derivados de dicha obra. Dicho precepto señala que el coste de las instalaciones de baja tensión debe soportarlo la empresa distribuidora cuando se cumplan dos condiciones previas: 1. Los terrenos deben estar situados en suelo urbano con la consideración de solar. 2. La potencia solicitada no exceda de 50 Kw. En el presente caso, se cumplen dichas condiciones, por lo que la resolución recurrida se ajusta estrictamente a lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1.955/2000, y por ende, no resulta procedente su revocación, tal como postula la entidad recurrente.

En otro orden de cosas, la entidad recurrente confunde las obligaciones del promotor o propietario de unas viviendas con las del urbanizador, puesto que el propietario de las viviendas no está obligado a realizar aquellas instalaciones que no formen parte del mismo, ya que, en el presente caso, las instalaciones de extensión, eventual Centro de Transformación, etc., forman parte de la red de distribución, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Real Decreto 1.955/2000; las instalaciones eléctricas de las viviendas propiamente dichas, y que son las que el promotor o constructor del mismo debe acometer, son las que se encuentran a partir de las cajas de protección, según establece el artículo 20 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

6. Por otra parte, la empresa recurrente pretende desvirtuar, sin éxito, el contenido del certificado municipal emitido por el Ayuntamiento de La Laguna sobre la consideración de solar de dichos terrenos en suelo urbano, de acuerdo con el Plan General. Y, por todo ello, debemos conceder a dicho certificado oficial la presunción de veracidad y legalidad, salvo prueba en contrario, en aras a apreciar la existencia de infraestructura básica de suministro eléctrico en dicha zona.

Tercero.- Esta Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica es el órgano competente en la resolución del presente recurso, al amparo de lo previsto en el artículo 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, y por razón de la materia al tratarse de una competencia funcional de la Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, la dirección de las funciones de control y vigilancia del cumplimiento de las condiciones establecidas para el servicio de gas, electricidad e hidrocarburos, y en concreto, el resolver las discrepancias entre usuarios y entidades suministradoras de energía eléctrica, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, apartado 2.B.1.h) del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica.

VISTOS

El Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica; la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero; el Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica; el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias; la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y demás normativa de aplicación general.

Por todo lo cual, el Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, en el ejercicio de las competencias que legalmente tiene atribuidas,

R E S U E L V E:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. José Luis Mestres Izquierdo, en representación de la compañía Endesa Distribución Eléctrica, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 14 de octubre de 2002, relativa a costes de extensión de red para el suministro eléctrico a ocho viviendas en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna, recaída en los expedientes con referencias VBT-02/211 y VBT-02/212, manteniendo la misma en todos sus términos.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, Wenceslao Berriel Martínez.

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