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Por orden del Sr. Alcalde-Presidente mediante Resolución de 31 de julio, dictada al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14.6 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, pongo en conocimiento general y de acuerdo a lo establecido en el artículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, que el Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2002, adoptó entre otros el acuerdo que a continuación se transcribe, acuerdo que por resoluciones de la Alcaldía de fecha 31 de julio de 2003, ha sido convalidado mediante subsanación del vicio del que adolecía su apartado resolutivo tercero y corregido el error material detectado en la página 4 del documento obrante en el expediente y en el que se relacionan los bienes que se pretenden proteger:
Undécimo.- Aprobación, si procede, de suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificios y demolición, con el fin de estudiar la formulación y tramitación de un plan especial de ordenación que incluya un catálogo municipal para la preservación y conservación del patrimonio histórico-cultural.
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se da cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo obrante en el expediente cuyo tenor literal es el que, a continuación, se transcribe:
"En la sesión de esta Comisión celebrada el día 22 de octubre de 2002, se informa y da cuenta de la relación de bienes que constituyen el Patrimonio Histórico Cultural de este municipio, a fin de que los mismos sean incluidos en un catálogo municipal para su preservación y conservación, todo ello de conformidad a lo dispuesto en la Disposición Adicional única de las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de este municipio, en el artículo 39 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales y 43 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.
Entre los bienes que constituyen el Patrimonio Histórico Cultural de este municipio se encuentran 172 bienes de naturaleza inmueble, a los que hay que añadir 23 yacimientos históricos y paleontológicos, como puede ser el existente en la trasera de la Montaña Mina o el que se ubica en la costa de Guacimeta.
Para la preservación de estos bienes, se hace preciso la formulación de un Catálogo Municipal, que establezca el grado de protección que les corresponda y los tipos de intervención permitido en cada supuesto, posibilitando el artículo 14.6 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, acordar la suspensión de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición para áreas o usos determinados, con el fin de estudiar su formulación o modificación.
Visto lo anterior, se propondrá al Pleno, por mayoría de 5 votos a favor y 3 abstenciones, la adopción del siguiente
ACUERDO
Primero.- Estudiar la formulación y elaboración de un Plan Especial de Ordenación para la inclusión, como documento integrante del mismo, de un Catálogo Municipal compresivo de los bienes que constituyen el Patrimonio Histórico-Cultural de este municipio y cuya relación obra en el expediente, a fin de establecer el grado de protección que les corresponda, y los tipos de intervención permitidos para cada supuesto.
Segundo.- Acordar la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición en las áreas delimitadas y bienes relacionados en el expediente, fundamentada en la conveniencia de estudiar la elaboración del Plan citado, por un plazo de un año a contar desde el momento de la publicación del presente acuerdo.
Tercero.- Publicar el presente acuerdo de suspensión en el Boletín Oficial de Canarias y en uno de los periódicos de mayor difusión."
Ver anexos - páginas 16882-16886
Lo que le comunico, haciéndole saber que contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición, ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución, o a su elección, formular directamente recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas, en el plazo de dos meses, computados a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución.En caso de que se interponga recurso de reposición, no podrá formularse recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta. A partir de la fecha de la resolución expresa o presunta, el recurso contencioso-administrativo podrá interponerse en el plazo de dos meses a contar desde dicha fecha, todo ello, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que estime la asiste en derecho.
Asimismo, y de conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 4/1999. Podrán instar la rectificación de los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en dicha resolución.
San Bartolomé, a 31 de julio de 2003.- El Secretario, José Manuel Fiestas Perdomo.
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