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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Órdenes que figura como anexo de esta Resolución de la Dirección General de Consumo.
2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviembre de 2002.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
A N E X O
Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Harish Chandiram Datwani, en representación de "In God We Trust, S.L." contra la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 10 de abril de 2001, por imposición de sanción por infracción administrativa a la normativa en materia de consumo.
Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Harish Chandiram Datwani, en representación de "In God We Trust, S.L.", expediente nº 35-860/2000, contra la Resolución de la Dirección General de Consumo, de fecha 10 de abril de 2001, por la que se impone al recurrente una sanción de ochocientos tres euros con cuatro céntimos (1803,04 euros), trescientas mil pesetas (300.000 pesetas), por infracción a la normativa vigente en materia de consumo, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Por Resolución de fecha 10 de abril de 2001, del Director General de Consumo, se acuerda sancionar a la empresa "Harish Chandiram Datwani, S.L.", con la imposición de una multa de mil ochocientos tres euros con cuatro céntimos (1.803,04 euros), trescientas mil pesetas (300.000 pesetas), por infracción a la normativa vigente en materia de consumo.
Segundo.- La Resolución impugnada deviene de la actuación inspectora de fecha 6 de septiembre de 2000, que originó el levantamiento del acta de inspección nº 3125, determinante de la incoación de procedimiento sancionador por la Dirección General de Consumo, por infringir, los hechos denunciados, la normativa sustantiva en materia de consumo. Estos hechos son los siguientes: el día 6 de septiembre de 2000, Inspectores de la Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Bazar Eureka propiedad de la interesada sito en C.C. Las Cucharas, L.3004-Costa Teguise, y mediante acta levantada al efecto nº 3125, comprobaron que, tanto en los escaparates como en el interior del establecimiento, tenían expuestos para su venta al público diversos artículos de diferentes marcas y modelos que carecían de sus preceptivos marcados de precios de venta al público. Tenían en las condiciones anteriormente descritas vídeo cámaras, máquinas fotográficas, relojes, teléfonos, walkman, compacts, máquinas de afeitar, radio cassettes, calculadoras, agendas, lentes, etc.
Tercero.- La Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas, junto con la propuesta de desestimación del recurso presentado.
A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Es competente para resolver el Consejero del Departamento, al tratarse de la impugnación de una resolución que no pone fin a la vía administrativa; conforme a lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la modificación introducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y lo dispuesto en el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo.
Segundo.- Por D. Harish Chandiram Datwani, en representación de "In God We Trust, S.L." se interpone, en tiempo y forma, recurso de alzada contra la mencionada Resolución de fecha 10 de abril de 2001, alegando, en síntesis, lo siguiente: que por desconocimiento de la Ley, la cual no me exime de mi responsabilidad desconocía la obligación de tener etiquetados los precios de todos los artículos expuestos. Solicita que imponga la sanción en su grado mínimo, al no tener antecedentes de infracciones y falta de intencionalidad.
Tercero.- Las alegaciones vertidas por el recurrente no desvirtúan la realidad de los hechos ni, consecuentemente, la calificación de las sanciones, sin que se aporte prueba alguna bastante en contrario que pueda desvirtuar la presunción de veracidad que supone el acta de inspección, conforme a los artículos 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 17 del Real Decreto 1.945/1993, de 22 de julio.
Debe tomarse en consideración que el artículo 27.1.a) de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, declara la responsabilidad del vendedor por los productos que tenga expuestos para su venta al público en cuanto al origen, identidad e idoneidad de los mismos, de acuerdo con su finalidad y con las normas que los regulan.
Además, la cuantía de la sanción se ajusta proporcionalmente a lo dispuesto en el artº. 131.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, situándose dentro del límite de 500.000 pesetas (3.005,06 euros) previsto por el artículo 36.1 de la Ley 26/1986, para las faltas leves.
Como reconoce expresamente el recurrente, la ignorancia de la aplicación de la ley no excusa de cumplir sus disposiciones (artº. 6 del código civil).
Cuarto.- Los hechos sancionados resultan subsumibles en los tipos legales contenidos en las siguientes normas: artº. 34, apartado 5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176) General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247) por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.
Vistas: la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley Territorial 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias; y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,
R E S U E L V O:
Primero.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Harish Chandiram Datwani, en representación "In God We Trust, S.L.", contra la Resolución de la Dirección General de Consumo, de fecha 10 de abril de 2001, por la que se impone al recurrente una sanción de mil ochocientos tres euros con cuatro céntimos (1.803,04 euros), trescientas mil pesetas (300.000 pesetas) por infracción a la normativa vigente en materia de consumo, por encontrarla aquélla conforme a derecho; confirmándola, por tanto, en todos sus extremos.
Segundo.- Notificar la presente Orden al interesado, indicándose que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o bien al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la circunscripción que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 19 de junio de 2002.- EL Consejero de Sanidad y Consumo, José Rafael Díaz Martínez.
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