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BOC Nº 011. Viernes 17 de Enero de 2003 - 265

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente

265 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 16 de diciembre de 2002, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Felipe Jorge González, de la Resolución recaída en el expediente de infracción urbanística nº 1321/01-U.

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No habiéndose podido notificar a D. Felipe Jorge González en su calidad de promotor en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia nº 1321/01.U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo.

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Felipe Jorge González, la Resolución nº 129 de fecha 16 de enero de 2001, recaída en el expediente 1321/01.U, instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, y que dice textualmente:

"Vistas las actuaciones administrativas realizadas e informes emitidos y atendiendo a los siguientes;

ANTECEDENTES

Único.- En el lugar denominado Playa La Viuda, del término municipal de Candelaria se están realizando obras de preparación de terreno consistente en movimientos de tierra de desmonte, afectando una superficie aproximada de setenta metros cuadrados (70 m2), sin la preceptiva licencia urbanística, ni la previa Calificación Territorial (antes Autorización de la Dirección General de Urbanismo, de conformidad con la Ley 5/1987), tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, de las que resulta ser presunto responsable en calidad de promotor D. Felipe Jorge González.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

De conformidad con el artículo 176 del citado Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, procede la suspensión de las referidas obras.

II

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para ordenar la suspensión de las referidas obras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Ordenar la suspensión de las obras sitas en el lugar denominado Playa La Viuda, del término municipal de Candelaria, de las que resulta ser presunto responsable en calidad de promotor D. Felipe Jorge González.

Proceder al precinto de las mismas, y en su caso de la maquinaria y materiales afectos a aquélla.

Advertir al interesado que el incumplimiento de la presente orden dará lugar a la retirada de la maquinaria y materiales, siendo de su cuenta los gastos que se ocasionen; a la imposición mientras persista, de hasta diez multas coercitivas, impuestas por períodos de diez días y en cuantía, en cada ocasión, del 5% del coste de las obras y, en todo caso y como mínimo, de cien mil (100.000) pesetas (601,01 euros); y a poner en conocimiento de la jurisdicción penal los hechos por ser presuntamente constitutivos de un delito tipificado en el artículo 556 del Código Penal.

Advertir, igualmente al interesado, que, con independencia de lo expuesto en el párrafo anterior, el incumplimiento de la orden de suspensión, o del posible precinto de las obras/instalaciones puede ser constitutivo de la circunstancia agravante prevista en el artículo 197.d).g), o de la infracción muy grave tipificada en el artículo 202.4, apartado b), sancionada en el artículo 203.1.c) con una multa de 25.000.001 (150.253,03 euros) a 100.000.000 de pesetas (601.012,10 euros), preceptos todos del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Requerir al afectado para que en el plazo de tres meses inste la legalización de las obras, mediante la solicitud de la correspondiente calificación territorial, previa a la licencia urbanística, de conformidad con lo dispuesto en Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, advirtiéndole que de no proceder en consecuencia, al tiempo de formularse la propuesta de resolución del procedimiento sancionador que se inicie, se propondrá y en la resolución definitiva se acordará, la imposición, mientras no se formule efectivamente la requerida solicitud, de hasta doce multas coercitivas sucesivas, por plazo de importe de un mes e importe, en cada ocasión, del 5% del coste de la obra, en su caso, y como mínimo de cien mil (100.000) pesetas (601,01 euros).

Requerir al Ayuntamiento para que incoe el correspondiente procedimiento sancionador, en el plazo de quince días a partir de la notificación de la presente Resolución, apercibiéndole que su inactividad dará lugar a que por esta Agencia sean ejercitadas dichas competencias, de conformidad con lo previsto en el artículo 190 del citado Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, solicitando a tales efectos, la remisión de informe sobre las medidas al respecto, en el plazo de los quince días siguientes al de su aprobación.

Notificar la presente Resolución al interesado al que se le hace constar que el presente acto pone fin a la vía administrativa y por lo tanto, contra el mismo cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente acto, o directamente cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Notificar al Ayuntamiento de Candelaria".

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de diciembre de 2002.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.

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