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BOC Nº 065. Miércoles 22 de Mayo de 2002 - 1567

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica

1567 - Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 8 de mayo de 2002, relativo a la notificación de la Orden de 22 de abril de 2002, por la que se resuelve el expediente sancionador incoado por Resolución de este Centro Directivo, de 16 de diciembre de 2001, contra D. Pelayo Aníbal Vega Molina, por presunta infracción a la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.

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Intentada la notificación de la Orden que más adelante se transcribe, en el domicilio del interesado que figura en el expediente, y no habiendo podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se efectúa la misma mediante la presente.

"Orden del Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica por la que se resuelve el expediente sancionador incoado por Resolución nº 2004, del Director General de Administración Territorial y Gobernación de fecha 16 de noviembre de 2001, contra D. Pelayo Aníbal Vega Molina por la comisión de una infracción grave prevista y tipificada en la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.

Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación para la resolución del procedimiento sancionador al que se ha hecho expresa referencia en el encabezado de la presente.

Vista la propuesta formulada por la nombrada Dirección General.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 29 de febrero de 2000 y bajo el número de registro 3189, tuvo entrada en la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, denuncia formulada por el SEPRONA de la Guardia Civil (Ref.: AMH nº 76), mediante la que el citado Centro Directivo tuvo conocimiento de lo siguiente:

Que el día 13 de enero de 2000, en un terreno abierto y al margen izquierdo de la entrada a la explotación de "Avestruces VEGAMOLI", propiedad de D. Pelayo Aníbal Vega Molina, sita en Farailaga de abajo, s/n, en el término municipal de Santa María de Guía, se encontraban siete ejemplares adultos (tres machos y una hembra), en cuyo terreno existe una ingente cantidad de residuos, lo que dificulta enormemente el normal desplazamiento de dichas aves corredoras.

Asimismo, en el momento de la visita no había ninguna persona a su cargo y si bien se observa algo de pienso en el suelo, se denota la falta de agua potable en los lugares destinados a bebederos.

Por otro lado se observa como dentro de un habitáculo de unos seis metros cuadrados, se encontraban estabulados cuatro ejemplares jóvenes, con la misma carencia de agua y con un suelo completamente anegado de estiércol y mal olor. En la misma situación se encuentran dos crías más pequeñas, alojadas en un cuarto de apenas tres metros cuadrados y ubicado en el interior de la edificación que servía en su día como morada a D. Pelayo Aníbal Vega.

Segundo.- Por la nombrada Dirección General se remitió escrito al Ayuntamiento de Santa María de Guía, con fecha 27 de abril de 2000 y nº 5372 de registro de salida, requiriéndole la incoación del correspondiente expediente sancionador en el plazo de un mes a partir de la recepción de aquél; plazo, el referido, que transcurrió holgadamente sin que, por la nombrada entidad local se hubiera procedido a ello, según resulta de las actuaciones obrantes en el presente expediente.

Tercero.- Previo informe emitido por la Dirección de Ganadería, el cual tuvo entrada en la Dirección de Administración Territorial y Gobernación el 29 de febrero de 2000, bajo el nº 3189, con fecha 16 de noviembre de 2001 fue dictada por esta última Resolución de inicio del presente expediente, dando traslado de la misma a D. Pelayo Aníbal Vega Molina, quien no formuló alegaciones ni presentó documentos en defensa de sus derechos en el plazo que al efecto le fue conferido en la citada Resolución.

Cuarto.- A la vista de lo anterior, con fecha 28 de enero de 2002, por el Instructor del expediente, fue dictada la oportuna Propuesta de Resolución del procedimiento de su razón. Notificada la cual al inculpado, éste no formuló alegaciones ni presentó documentos o información alguna en defensa de su Derecho en el plazo de quince días que le fue conferido al efecto, según consta todo ello acreditado en el expediente.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Se declaran probados los hechos que más adelante se dirán, acaecidos el día 13 de enero de 2000, en la explotación ganadera denominada "Avestruces VEGAMOLI", sita en Farailaga de abajo, s/n (término municipal de Santa María de Guía) y propiedad de D. Pelayo Aníbal Vega Molina:

La presencia de siete ejemplares adultos de avestruz en un terreno abierto en el que existía una ingente cantidad de residuos, situado al margen izquierdo de la entrada de la citada explotación ganadera.

La ausencia de persona alguna a cargo de los referidos animales, durante la visita de inspección realizada por los agentes del SEPRONA que dio lugar a la denuncia en virtud de la cual se inició el presente procedimiento sancionador.

La falta de agua potable en los lugares destinados a bebederos.

La existencia de un habitáculo de seis metros cuadrados dentro del cual se encontraban estabulados cuatro ejemplares jóvenes de avestruz, con la misma carencia de agua y con el suelo anegado de estiércol.

La existencia de dos crías alojadas en un cuarto de apenas tres metros cuadrados, ubicado en el interior de la edificación que en su día servía de morada a D. Pelayo Aníbal Vega Molina.

La realidad de dichos hechos ha resultado acreditada mediante acta, formalizada en documento público con observancia de los requisitos legales pertinentes por funcionarios del SEPRONA de la Guardia Civil, que obra en el expediente.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como en el artº. 17.5 del Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y reiterada Jurisprudencia sobre la materia, dicha acta constituye por sí sola prueba de cargo suficiente para sancionar al nombrado inculpado, al no haber sido desvirtuada la realidad de los hechos imputados.

II.- Los referidos hechos declarados probados son constitutivos de una infracción grave, tipificada en el artículo 24.2.a) de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales, según el cual se considera como tal el mantenimiento de los animales sin la alimentación necesaria o en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario, e inadecuadas para la práctica de los cuidados y atenciones precisas, según especie y raza.

III.- De conformidad con lo dispuesto en el artº. 26 de la invocada Ley de Protección de los Animales y artº. 131.3 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, corresponde sancionar al nombrado inculpado por la comisión de dicha infracción con multa de 150,26 euros, al no apreciarse la concurrencia de circunstancia alguna que exija su imposición en grado superior.

IV.- Por lo que a la competencia para la adopción de la presente Resolución se refiere, la misma viene atribuida al Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12, letra d), del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, en relación con lo previsto en el artº. 72 del Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Protección de los animales y se desarrollan otros aspectos relacionados con los mismos.

Visto lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, y demás disposiciones vigentes y concordantes en la materia,

R E S U E L V O:

1º) Sancionar a D. Pelayo Aníbal Vega Molina cuyas restantes circunstancias identificativas ya constan acreditadas en el expediente, con multa de ciento cincuenta euros con veintiséis céntimos (150,26 euros), por la comisión de una infracción grave prevista y tipificada en el artículo 24.2.a) de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.

Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazo que determine la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.

2º) Notificar la presente al interesado.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandante o se halle la sede del órgano autor de la misma, o bien, a criterio del interesado, interponer en vía administrativa el recurso de reposición potestativo ante esta Consejería, en el plazo de un mes a contar del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.- Santa Cruz de Tenerife, a 22 de abril de 2002.- El Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica."

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de mayo de 2002.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.

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