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BOC Nº 065. Miércoles 22 de Mayo de 2002 - 1566

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica

1566 - Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 8 de mayo de 2002, relativo a la notificación de la Orden de 25 de marzo de 2002, por la que se resuelve el expediente sancionador incoado por Resolución de 26 de diciembre de 2001, de este Centro Directivo, contra D. Peter Colbow, por presunta infracción a la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.

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Intentada la notificación de la Orden que más adelante se transcribe, en el domicilio del interesado que figura en el expediente, y no habiendo podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se efectúa la misma mediante la presente.

"Orden del Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica por la que se resuelve el expediente sancionador incoado por Resolución nº 1978, del Director General de Administración Territorial y Gobernación de fecha 26 de diciembre de 2001, contra D. Peter Colbow por la comisión de una infracción grave prevista y tipificada en la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.

Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación para la resolución del procedimiento sancionador al que se ha hecho expresa referencia en el encabezado de la presente.

Vista la propuesta formulada por la nombrada Dirección General.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 10 de julio de 2000 y bajo el número de Registro 10540, tuvo entrada en la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, denuncia formulada por el Seprona de la Guardia Civil (Ref.: RGHS/agf nº 505), mediante la que el citado Centro Directivo tuvo conocimiento de lo siguiente:

Con fecha 12 de abril de 2000, en visita de inspección realizada por agentes del Seprona, se comprobó que D. Peter Colbow, con D.N.I. nº X-00948197-E, con domicilio en calle Casa de la Cal, s/n, en el término municipal de San Mateo, era propietario de tres perros de raza mestiza los cuales no estaban identificados, ni vacunados ni censados.

Además de ello, los canes deambulaban libremente por la vía pública, suponiendo un peligro para los vehículos ya que se lanzaban sobres los mismos.

Segundo.- A la vista de lo anterior, por la nombrada Dirección General se remitió escrito al Ayuntamiento de San Mateo, con fecha 21 de agosto de 2000 y nº 3887 de registro de salida, requiriéndole la incoación del correspondiente expediente sancionador en el plazo de un mes a partir de la recepción de aquél; plazo, el referido, que transcurrió holgadamente sin que por la nombrada entidad local se hubiera procedido a ello.

Tercero.- Evacuado que fue, asimismo, el preceptivo informe por la Dirección General de Ganadería, según consta todo ello acreditado en el expediente, con fecha 26 de diciembre de 2001, fue dictada por la citada Dirección General de Administración Territorial y Gobernación Resolución de inicio del expediente sancionador contra D. Peter Colbow por la presunta comisión de infracción tipificada en la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.

Cuarto.- Contra la expresada Resolución de inicio, D. Peter Colbow, mediante escrito con entrada en la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, el día 11 de enero de 2002, bajo el número 306, formuló las alegaciones que obran en el cuerpo del mismo, las cuales se dan por enteramente reproducidas a los efectos del presente en evitación de innecesarias repeticiones.

Quinto.- A la vista de lo anterior, con fecha 28 de enero de 2002, por el Instructor del expediente, fue dictada la oportuna Propuesta de Resolución del procedimiento de su razón, notificada la cual al inculpado, éste no formuló alegaciones ni presentó documentos o información alguna en defensa de su Derecho en el plazo de quince días que le fue conferido al efecto, según consta todo ello acreditado en el expediente.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Se declara probado que D. Peter Colbow era propietario de tres perros de raza mestiza, los cuales no se encontraban debidamente vacunados contra la rabia, conforme exige la normativa que es de aplicación en la materia a todos los animales domésticos y de compañía en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La realidad de dichos hechos ha resultado acreditada mediante acta, formalizada en documento público con observancia de los requisitos legales pertinentes por funcionarios del Seprona de la Guardia Civil, que obra en el expediente.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como en el artº. 17.5 del Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y reiterada Jurisprudencia sobre la materia, dicha acta constituye por sí sola prueba de cargo suficiente para sancionar al nombrado inculpado, al no haber sido desvirtuada la realidad de los hechos imputados.

II.- Los referidos hechos declarados probados son constitutivos de infracción grave, tipificada en el artículo 24.2.c) de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales, según el cual se consideran como tal la no vacunación o la no realización de tratamientos obligatorios a los animales domésticos de compañía.

A este respecto cabe señalar que, por imperativo de lo dispuesto en el artº. 2 de la Orden de 18 de marzo de 1998, conjunta de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se regula la campaña antirrábica, tendrá carácter obligatorio, tanto la vacunación antirrábica para la totalidad del censo canino del Archipiélago a partir de los tres meses de edad (primovacunación) como la revacunación anual de los animales comprendidos en dicha especie.

III.- De conformidad con lo dispuesto en el artº. 26 de la invocada Ley de Protección de los Animales y artº. 131.3 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, corresponde sancionar al nombrado inculpado por la comisión de dicha infracción con multa de 25.001 pesetas (150,26 euros), al no apreciarse la concurrencia de circunstancia alguna que exija su imposición en grado superior.

IV.- Por lo que a la competencia para la adopción de la presente Resolución se refiere, la misma viene atribuida al Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12, letra d), del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, en relación con lo previsto en el artº.72 del Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Protección de los Animales y se desarrollan otros aspectos relacionados con los mismos.

Visto lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, y demás disposiciones vigentes y concordantes en la materia,

R E S U E L V O:

1º) Sancionar a D. Peter Colbow cuyas restantes circunstancias identificativas ya constan acreditadas en el expediente, con multa de veinticinco mil una (25.001) pesetas (150,26 euros), por la comisión de una infracción grave prevista y tipificada en el artículo 24.2.c) de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.

Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazo que determine la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.

2º) Notificar la presente al interesado.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandante o se halle la sede del órgano autor de la misma, o bien, a criterio del interesado, interponer en vía administrativa el recurso de reposición potestativo ante esta Consejería, en el plazo de un mes a contar del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.- Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2002.- El Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica."

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de mayo de 2002.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.

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