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BOC Nº 058. Lunes 6 de Mayo de 2002 - 1408

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas

1408 - Dirección General de Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 4 de marzo de 2002, relativa a notificación de la resolución de caducidad de 18 de junio de 2001, perteneciente al expediente de rehabilitación de una vivienda sita en el término municipal de Candelaria (Tenerife), calle Santo Domingo, 16, Las Cuevecitas, dirigida a Dña. Alicia María Alayón Castilla, en ignorado paradero.

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Habiendo sido intentada de manera infructuosa la notificación de la resolución de caducidad de fecha 18 de junio de 2001, dictada por el Ilmo. Sr. Director General de Vivienda, perteneciente al expediente de rehabilitación de una vivienda sita en el término municipal de Candelaria, calle Santo Domingo, 16, Las Cuevecitas, dirigido a Dña. Alicia María Alayón Castilla, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección General

R E S U E L V E:

Notificar a Dña. Alicia María Alayón Castilla, en ignorado paradero, la resolución de fecha 18 de junio de 2001 dictada por el Ilmo. Sr. Director General de Vivienda, del siguiente tenor literal:

"Vista la solicitud de Calificación Provisional de Rehabilitación formulada el 1 de julio de 1996 por Dña. Alicia María Alayón Castilla, con D.N.I. nº 43795163-N, a los efectos de obtener financiación cualificada para las obras a realizar en la vivienda situada en calle Santo Domingo, 16, Las Cuevecitas, término municipal de Candelaria; y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

1º) Mediante escrito de fecha 21 de enero de 1997, le fue requerida a la interesada la presentación de documentos preceptivos para la tramitación de la solicitud, a realizar en el plazo de diez días desde la notificación según dispone el artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2º) Habiendo transcurrido el plazo indicado sin que se haya cumplimentado dicho trámite, se produce la paralización del expediente, advirtiéndose a la interesada de la caducidad del mismo una vez transcurridos tres meses desde la citada paralización.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º) Que la petición formulada se rige por las normas previstas en el Real Decreto 2.190/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo para el período 1996/1999, y la Orden de 17 de abril de 1996, por la que se regula el procedimiento para la tramitación de dichas medidas de financiación.

2º) Que la competencia para resolver la citada solicitud viene atribuida a esta Dirección General en virtud de las funciones y servicios transferidos a la Comunidad Autónoma de Canarias, según establece el Real Decreto 1.626/1984, de 1 de agosto, el Decreto 68/1986, de 18 de abril, y el Decreto 161/1996, de 4 de julio, por el que se regula la estructura orgánica y las funciones de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias.

Vistas las normas que se citan y las disposiciones complementarias de aplicación, esta Dirección General, en el uso de las atribuciones conferidas,

R E S U E L V E:

Declarar la caducidad de la solicitud de Calificación Provisional de Rehabilitación formulada por Dña. Alicia María Alayón Castilla, para las obras a realizar en la vivienda descrita con anterioridad, procediéndose al archivo de las actuaciones practicadas, de conformidad con el artículo 92.1 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, al haber transcurrido tres meses desde la paralización del procedimiento administrativo por causa imputable al interesado.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Infraestructuras, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, según establecen los artículos 114 y 115 de la susodicha Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse, en su caso."

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de marzo de 2002.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.

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