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BOC Nº 101. Lunes 6 de Agosto de 2001 - 2942

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

2942 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 22 de junio de 2001, que notifica Resolución por la que se resuelve recurso de alzada nº 11/01 interpuesto por D. Ángel Artiles Ramos.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería; sin que haya sido recibida por el recurrente.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Ángel Artiles Ramos, la Resolución de 23 de marzo de 2001 (libro nº 1, folio 112, nº 32), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso alzada nº 11/01 (expediente nº 143/00), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 406, de fecha 29 de diciembre de 2000.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de junio de 2001.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve el recurso de alzada nº 11/01, interpuesto por D. Ángel Artiles Ramos.

Visto el recurso de alzada nº 11/01, formulado por D. Ángel Artiles Ramos, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Miami, sito en calle Domingo Rivero, 5, Las Palmas de Gran Canaria contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 406, de fecha 29 de diciembre de 2000, recaída en el expediente sancionador nº 143/00, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística consistente en "no haber comparecido el día 29 de abril de 1999 a la citación efectuada por los inspectores de turismo".

Hecho que determinó la imposición de sanción de multa en cuantía de doscientas cincuenta y una mil (251.000) pesetas.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando que se anule la sanción impuesta por haberse producido la caducidad del expediente, archivando el mismo, a tal fin se exponen, en síntesis, los siguientes argumentos:

1. El recurrente no es titular de los Apartamentos Miami por haber sido arrendada dicha explotación a la entidad Miartimen, S.L. mediante contrato de fecha 15 de diciembre de 1987. Se aporta a tales efectos copia de un recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas expedido a Miartimen, S.L. con domicilio de actividad en Parque Santa Catalina, 12, Las Palmas de Gran Canaria. No pudiendo, en consecuencia, la Administración imputarle responsabilidad administrativa alguna por no ser titular de la explotación de los citados Apartamentos.

2. Se le ha ocasionado indefensión toda vez que la Resolución, ahora recurrida, es la primera notificación que el expedientado recibe con relación al expediente sancionador, por lo que difícilmente podría haberse cumplido con el trámite de comparecencia que ha dado lugar a la incoación del expediente.

3. Caducidad del expediente, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, por el transcurso de más de un año sin que la Administración dictara resolución toda vez que el Acta de Inspección es de fecha 27 de abril de 1999, siendo la Resolución del expediente de fecha 29 de diciembre de 2000.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95) por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.

Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Constatado errores materiales en la Resolución de inicio del expediente sancionador así como en la Propuesta de Resolución relativos a la fecha de infracción que figura "23 de abril de 1999" debiendo consignarse "29 de abril de 1999". Asimismo, la fecha que se transcribe en el hecho puede inducir a error, ya que la incomparecencia tuvo lugar el día 29 de abril de 1999 y la citación se produjo dos día antes, es decir, el 27 de abril. Por cuanto antecede, en base al artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que preceptúa que "las Administraciones Públicas podrán, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos" se procede, en consecuencia, a subsanar los citados errores materiales.

Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora de fecha 29 de diciembre de 2000.

En primer lugar, procede desestimar la alegación realizada por el recurrente sobre la caducidad del procedimiento y ello dado que según se establece en el artículo 4, apartado 1, del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, "el procedimiento ordinario deberá ser tramitado y resuelto en el plazo máximo de seis meses, contados desde la notificación al interesado de la resolución de iniciación del mismo" y en el presente expediente sancionador entre dicha fecha, la de notificación de incoación, 27 de julio de 2000 mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 93, y la fecha de notificación de la Resolución sancionadora, ahora impugnada, 2 de enero de 2001, no ha transcurrido un plazo superior al de seis meses, previsto en el precepto antes citado, a efectos de que pueda operar la caducidad del procedimiento en los términos previstos en el artículo 6.1 del indicado Decreto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística, en relación con el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Por otra parte, las argumentaciones realizadas por el recurrente relativas a que se le ha ocasionado indefensión toda vez que la resolución sancionadora, ahora recurrida, es la primera notificación que recibe con relación al expediente sancionador, hay que hacer constar que las mismas carecen manifiestamente de fundamento y ello habida cuenta que de la documentación obrante en el expediente sancionador tramitado se constata que mediante Acta de Inspección nº 10819, levantada con fecha 27 de abril de 1999, el Inspector actuante realizó, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 83.d) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo 31 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, la correspondiente citación con el fin de que el empresario turístico consignado compareciera en el lugar, fecha y hora indicada en la mencionada acta a los efectos de facilitar el desarrollo de la labor inspectora aportando la documentación especificada en la misma, acta cuyo valor probatorio viene amparado por lo dispuesto en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, tampoco existe ningún defecto formal en la notificación en plazo del expediente sancionador referenciado y ello porque se comprueba de la documentación obrante en el mismo que una vez intentada la práctica de las respectivas notificaciones de la Resolución de iniciación y de la Propuesta de Resolución mediante cartas certificadas a través del Servicio de Correos fueron devueltos los respectivos acuses de recibo, procediéndose, en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a las correspondientes notificaciones mediante anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en el Boletín Oficial de Canarias números 93 y 155, de 27 de julio y 27 de noviembre de 2000, no dándose, por tanto, en ningún momento, la indefensión aducida por el expedientado ya que éste pudo efectuar cuantas alegaciones estimase pertinentes así como hacer uso de los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico para hacer valer sus intereses.

Teniendo en cuenta que el hecho constitutivo de la infracción sancionada no ha sido desvirtuado en momento alguno por el titular expedientado a través de las alegaciones realizadas, o mediante la aportación de prueba fehaciente que destruya la presunción de veracidad que ampara a la aludida Acta de Inspección nº 10819, no pudiendo considerar las razones aducidas como circunstancias eximentes de la responsabilidad administrativa imputable al mismo a tenor de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. En consecuencia, considerando, que en base a lo dispuesto en el artículo 31.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, la incomparecencia, sin causa justificada, se entenderá como obstaculización o resistencia a la actuación de la inspección de turismo, a los efectos previstos por la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. Hecho infractor subsumible en el artículo 76.9 de la citada Ley de Ordenación del Turismo de Canarias que tipifica como infracción grave a la normativa turística "la falta de comparecencia de los empresarios o sus representantes a las citaciones efectuadas por los inspectores de turismo en la forma determinada en esta Ley". Por cuanto antecede, y dado que la sanción de multa impuesta ha sido fijada de conformidad con los criterios que para la graduación de la misma se establece en el artículo 79.2 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo 3.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, habida cuenta la calificación de la infracción cometida y las circunstancias concurrentes, procede, de conformidad con el informe propuesta emitido con fecha 28 de febrero de 2001 por la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, confirmar la Resolución recurrida por ser conforme a derecho los pronunciamientos contenidos en la misma, manteniendo la sanción de multa impuesta.

Visto el dictamen nº 31/2001-BF.HAB.II.TUR. emitido con fecha 12 de marzo de 2001 por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Desestimar el recurso de alzada nº 11/01 promovido por D. Ángel Artiles Ramos, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Miami sito en calle Domingo Rivero, 5, Las Palmas de Gran Canaria y confirmar la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 406, de fecha 29 de diciembre de 2000, recaída en el expediente sancionador nº 143/00, que determinó la imposición de una sanción de multa en cuantía de doscientas cincuenta y una mil (251.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias competente en función del órgano que dictó el acto (en Las Palmas de Gran Canaria) o ante la Sala en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, a elección del mismo, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

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