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Mediante Orden del Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica de 27 de julio de 2001 se aprobó la lista definitiva de adjudicación de puestos del concurso de méritos convocado por Orden de 22 de septiembre de 2000.
Visto que un determinado número de funcionarios obligados a participar en dicho concurso no obtuvo destino en el mismo al no haber solicitado por orden de preferencia todos los puestos ofrecidos, correspondientes a su Cuerpo y Escala, según disponía la base segunda 1.
Visto, asimismo, que otros funcionarios obligados a concursar por estar ocupando un puesto de trabajo en adscripción provisional no participaron en el concurso.
Considerando que en la base cuarta del citado concurso se establece que una vez resuelto éste, a los citados funcionarios se les adjudicaría con carácter definitivo alguno de los puestos que resultaran vacantes.
En uso de las competencias que tiene atribuidas esta Dirección General de Función Pública, según Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica,
R E S U E L V O:
Primero.- Adjudicar, con carácter definitivo, los puestos de trabajo que figuran en el anexo a los funcionarios obligados a participar en el concurso de méritos convocado por Orden de la Consejería de Presidencia de 22 de septiembre de 2000, que no obtuvieron destino, así como a los funcionarios que, obligados a concursar, no prestaron la correspondiente solicitud de participación.
Segundo.- Los funcionarios cesarán en sus actuales puestos de trabajo el día 2 de agosto de 2001, debiendo tomar posesión de los nuevos destinos en los tres días hábiles siguientes a dicha fecha, si éste se encuentra localizado en la misma isla, o en el plazo de un mes si radica en distinta isla.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, conforme dispone el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación.
Santa Cruz de Tenerife, a 27 de julio de 2001.- La Directora General de la Función Pública, Cristina de León Marrero.
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