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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso de alzada contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/107/2000.
RESPONSABLE: Julián Déniz Torres.
D.N.I. o N.I.F.: 42799619T.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 10 de diciembre de 1999, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Agricultor de patatas, nave A, propiedad del interesado sito en Mercalaspalmas, nave A, puesto 13, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 16040, comprobaron que tenían para su distribución y venta 80 cajas de patatas de aproximadamente 20 kg de peso cada una que carecían de sus preceptivos etiquetados de normalización.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior y Orden de 6 de julio de 1983 (B.O.E. nº 166), que aprueba la norma de calidad para patata de consumo destinada al mercado interior.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Julián Déniz Torres la sanción de multa de 50.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de diciembre de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/143/2000.
RESPONSABLE: Jong Ok An Lim.
D.N.I. o N.I.F.: X1660403X.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 4 de enero de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Tienda de Comestibles Orientales propiedad de la interesada, sita en Jesús Ferrer Jimeno, 2, 1º B, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 16064, comprobaron que el establecimiento no tenía a disposición de los consumidores las preceptivas Hojas de Reclamaciones ni exponía en lugar visible el cartel anunciador de la existencia de las mismas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Jong Ok An Lim la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de diciembre de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
3) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/163/2000.
RESPONSABLE: Lalchand Bho Jrajmal Aswani.
D.N.I. o N.I.F.: 44315982L.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 12 de enero de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Rekha propiedad del interesado, sito en Juan Rejón, 38, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 16109, comprobaron que el establecimiento no tenía a disposición de los consumidores las preceptivas Hojas de Reclamaciones ni exponía en lugar visible el cartel anunciador de la existencia de las mismas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Lalchand Bho Jrajmal Aswani la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de diciembre de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
4) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/165/2000.
RESPONSABLE: Razzia, S.L.
D.N.I. o N.I.F.: A38103792.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: los días 12 y 25 de enero de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en United Colour sito en Avenida de las Playas, 25, Puerto del Carmen, término municipal de Tías, y en comercio menor textil, Benetton, sito en el C.C. Alcampo, término municipal de Telde respectivamente, ambas son propiedad de la interesada, mediante actas levantadas al efecto números 16231 y 16212 procedieron a cumplimentar sendas reclamaciones interpuestas por Dña. Encarnación Espino Santana y por Dña. Noelia Santana Pérez, la primera de ellas con número de registro de entrada en esta Dirección General 3724, de 27 de agosto de 1999 y la segunda 80, de 11 de enero de 2000.
El día 12 de enero se procedió a diligenciar la primera de las reclamaciones, puesto en contacto con el compareciente se le muestra y lee la reclamación interpuesta por Dña. Encarnación Espino que versaba en líneas generales acerca de la negativa a facilitar las Hojas de Reclamaciones ante la negativa de devolver una cartera. Al respecto, la compareciente manifestó que las hojas no fueron en su momento entregadas porque no las tenían.
Posteriormente se comprobó en inspección que tenían diversos artículos textiles para su venta al público que carecían de sus preceptivos marcados de precios de venta al público, tales como faldas, blusas, camisas y zapatos.
El día 25 de enero se procedió a diligenciar la reclamación de Dña. Noelia Santana y se comprobó que respecto a los hechos denunciados que en general versaban acerca de una falta de información acerca del carácter de "stock" del establecimiento y negativa de cambio, el establecimiento consignaba información suficiente de los dos extremos mediante carteles y leyendas al respecto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34, apartados 5 y 10, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1 y 2 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148), en concordancia con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3.2.93), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones el día 12 de julio de 2000, fuera del plazo reglamentariamente establecido a tal efecto.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Razzia, S.L. la sanción de multa de 100.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
5) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/174/2000.
RESPONSABLE: Color Beach, S.L.
D.N.I. o N.I.F.: B35422401.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: los días 12 y 13 de enero de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Bazar Color Beach y en establecimiento de fotos y fax, respectivamente, ambos propiedad de la interesada y sitos en la calle Limones, 41, Playa Blanca, término municipal de Yaiza el primero y en la calle Juan Carlos I, esquina Reina Sofía el segundo.
Mediante actas levantadas al efecto números 16228 y 16236, comprobaron los siguientes extremos:
El día 12 de enero se procedió en el establecimiento sito en Puerto del Carmen, Tías, a cumplimentar reclamación nº 4869, de 16 de noviembre de 1999 interpuesta por D. Dieter Hanny que versaba acerca del cobro de 3.700 pesetas por el envío de un fax a Alemania. Se mostró y leyó la reclamación al compareciente en la inspección y se comprobó que el precio cobrado era correcto y así estaba anunciado en la lista de precios.
El día 13 de enero se comprobó que el establecimiento Bazar Color Beach carecía de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de la existencia de las mismas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Color Beach, S.L. la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de diciembre de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
6) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/190/2000.
RESPONSABLE: Aguas Toscal, S.A.
D.N.I. o N.I.F.: A35071984.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 19 de octubre de 1999, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Continente, propiedad de Centros Comerciales Continente, S.A., sito en el C.C. Las Arenas, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante actas levantadas al efecto números 843 y 844, comprobaron que tenían expuestas para su venta al público 30 botellas de plástico de "Agua Natural de Manantial Toscal" de 1,5 l de capacidad cada una en cuyos etiquetados figuraba impreso el nombre o razón social de la firma envasadora del artículo.
Se procedió por parte del Inspector actuante a realizar la toma de muestras en base a la Campaña Regional de Aguas Envasadas y conforme al procedimiento legalmente establecido.
Una de estas muestras fue remitida al Centro de Investigación y Control de Calidad del Instituto Nacional de Consumo.
Con fecha 20 de marzo de 2000, se recibe en esta Dirección General análisis inicial de la muestra nº 901766, del informe realizado se desprenden los siguientes hechos:
- El etiquetado del artículo no cumple con la normativa vigente al respecto por cuanto que la etiqueta no consigna el nombre del manantial ni el término municipal y provincia donde el mismo se encuentra ubicado.
- En la etiqueta no figuraban, tal y como es preceptivo en el mismo campo visual, los datos relativos a la denominación de venta, cantidad neta y marcado de fechas del artículo.
- Se consignan determinados datos que atribuyen características que pueden resultar engañosas y en concreto las siguientes:
a) En la etiqueta se hace mención específica a los datos del análisis químico, mención esta expresamente prohibida por la normativa vigente para las aguas de manantial.
b) La expresión "Agua Natural" consignada en la etiqueta junto a la correcta denominación por auténtica "Agua de Manantial" puede inducir a error respecto a aquellas aguas clasificadas con la denominación de venta "Agua Mineral Natural" por cumplir determinadas características.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 5 y 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 20 del Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios, modificado por el Real Decreto 930/1995, de 9 de junio, el Real Decreto 1.908/1995, de 24 de noviembre (B.O.E. nº 20) y el Real Decreto 1.268/1997, de 24 de julio (B.O.E. nº 177), modificada por el Real Decreto 1.334/1999, de 31 de julio (B.O.E. nº 202), en relación con el artº. 23 del Real Decreto 1.164/1991, de 22 de julio (B.O.E. nº 178), por el que se aprueba la R.T.S. para la elaboración, circulación y comercio de aguas de bebidas envasadas, modificado por Real Decreto 781/1998, de 30 de abril (B.O.E. nº 121).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones el día 17 de julio de 2000, manifestando, en síntesis: en la etiqueta figura el nombre del manantial o captación que es precisamente el de Toscal, que es la denominación del pozo, conforme tiene acreditado ese Centro Directivo, ya que por otra parte, la denominación del pozo y la del agua deben coincidir conforme establece la Reglamentación Técnico Sanitaria en la materia.
Figura igualmente la indicación "Embotellada por Aguas del Toscal, S.A., El Toscal (Ingenio) Gran Canaria", es obvio, que la mención a que antes hemos hecho referencia acoge los requerimientos exigidos de término municipal y provincia donde el mismo se encuentra.
Si ese Centro Directivo entendiera necesaria la clarificación de estas menciones en la etiqueta, esta parte se manifiesta abierta a cualquier indicación en la materia.
Respecto a la situación en el mismo campo visual de los datos relativos a la denominación de venta, cantidad neta y marcado de fechas del artículo, hemos de señalar que todos los datos referidos figuran en la etiqueta.
La mención específica en la etiqueta a los datos del análisis químico, entendemos que la posibilidad de continuar incluyendo dicha mención viene avalada por dos tipos de argumentos:
- De una parte, por lo dispuesto en la legislación comunitaria en la materia, y más concretamente en las Directivas 80/777/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la explotación y comercialización de aguas minerales naturales, modificada por la Directiva 96/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de octubre de 1996.
- El artículo 19 del Real Decreto 1.334/1999, de 31 de julio, que aprueba la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los productos alimenticios.
La Directiva comunitaria citada reconduce la regulación a las directivas sobre Etiquetado, lo que nos reconduce hoy en España al Real Decreto 1.334/1999, de 31 de julio, que incorpora al Derecho español las Directivas europeas sobre etiquetado y que contiene en el artículo 19 antes expresado una norma habilitante para la inclusión de los datos analíticos en la etiqueta.
La inclusión de los datos analíticos correspondientes al agua de manantial procedente del pozo "El Toscal" en la etiqueta, redunda en beneficio del consumidor, se basa en contenidos rigurosamente ciertos y tomados conforme a la periodicidad reglamentariamente estipulada y encuentra como hemos señalado amparo legal, por lo que en principio la posición de esta empresa, salvo prohibición en contrario de esa Dirección General, es seguir facilitando tal información al consumidor.
Señalar que la etiqueta señala con claridad que la denominación es Agua de manantial sin gas, y la expresión "Toscal Agua natural" es la marca autorizada con la que esta empresa viene presentando el producto desde hace más de quince años al mercado canario.
CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el acuerdo de iniciación y en la propuesta de resolución, por cuanto que la infracción imputada tiene su fundamento en las irregularidades detectadas de conformidad con las prescripciones impuestas por la normativa aplicable, que es la citada en el acuerdo de iniciación y apreciadas respecto a la etiqueta de las botellas que fueron objeto de análisis por el Centro de Investigación y Control de la Calidad.
Las informaciones facultativas pueden darse siempre que no esté expresamente prohibido por la normativa la inclusión de determinada información como ocurre en el supuesto que nos ocupa.
Así mismo, el etiquetado no puede inducir a error al consumidor.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Aguas Toscal, S.A. la sanción de multa de 400.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciembre de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
7) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/293/2000.
RESPONSABLE: Josefa Pérez Medina.
D.N.I. o N.I.F.: 42760793K.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de febrero de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la zapatería propiedad de la interesada sito en Luján Pérez, 116, La Isleta, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 2156, comprobaron que el establecimiento no disponía, en el momento de la inspección de las preceptivas Hojas de Reclamaciones ni exhibía el cartel anunciador de la existencia de las mismas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones el día 2 de agosto de 2000, manifestando, en síntesis: en el momento de inicio de la actividad los trámites se realizaron por la asesoría, ésta no me las envió con el resto de la documentación y debido a mi desconocimiento no las reclamé pasado el tiempo y al no requerirlas cliente alguno no detecte su falta.
Que actualmente la actividad está dada de baja desde el día 31 de mayo de 2000, por encontrarme de baja por ILT desde el 17 de abril.
CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el acuerdo de iniciación y en la propuesta de resolución, por cuanto que la interesada es la responsable de cumplir con todos los requisitos impuestos por la normativa, inherentes a su actividad. El desconocimiento de la obligación de tener Hojas de Reclamaciones y cartel no le exime de la responsabilidad por su carencia.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Josefa Pérez Medina la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciembre de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
8) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/294/2000.
RESPONSABLE: Ángeles Viñoly Toledo.
D.N.I. o N.I.F.: 42667426B.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de febrero de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Confitería Alby propiedad de la interesada sito en Rosiana, 13, La Isleta, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 2155, comprobaron que el establecimiento carecía, en el momento de la inspección, de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones el día 1 de agosto de 2000, manifestando, en síntesis: como en su ida expuso al Inspector actuante, desconocía de que precisara de Hojas de Reclamaciones nuevas, ya que desde 1989 el comercio tiene Libro de Reclamaciones, se adjunta fotocopia y, por otro lado, anteriormente a esta visita nadie le informó o advirtió de tal cambio, entendiendo pues, excesiva la propuesta de sanción, por lo que solicita sobre la base de lo expuesto se anule el expediente en cuestión.
CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el acuerdo de iniciación y en la propuesta de resolución, por cuanto que la interesada es responsable de la realización de una conducta de omisión en su diligencia debida al ejercer la actividad sin tener a disposición del consumidor las preceptivas Hojas de Reclamaciones y expuestos en lugar visible el cartel, no siendo eximente de dicha responsabilidad el desconocimiento de dicha obligación.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Ángeles Viñoly Toledo la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de diciembre de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
9) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/295/2000.
RESPONSABLE: Santiago Carrillo Domínguez.
D.N.I. o N.I.F.: 43648945M.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de febrero de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Comercio de Víveres propiedad del interesado sito en María Dolorosa, 9, Las Colorados, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada nº 2154, comprobaron que tenían para su venta al público 5 bolsas de "pan rallado" que carecían de cualquier tipo de etiquetado. Igualmente tenían para su venta al público bolsas de celofán con golosinas que carecían de sus preceptivos etiquetados.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 20 del Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios, modificado por el Real Decreto 930/1995, de 9 de junio, el Real Decreto 1.908/1995, de 24 de noviembre (B.O.E. nº 20), y el Real Decreto 1.268/1997, de 24 de julio (B.O.E. nº 177), en concordancia con el artº. 17 del Real Decreto 1.810/1991, de 13 de diciembre (B.O.E. nº 308), por el que se aprueba la R.T.S. para la elaboración, circulación y comercio de caramelos, chicles, confites y golosinas, modificado por el Real Decreto 1.334/1999, de 31 de julio (B.O.E. nº 202).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 4 de agosto de 2000, manifestando en síntesis:
Las 5 bolsas que tenía a la vista del público fue por negligencia mía, porque era de pan duro que le dí a la panadería que me suministra diariamente el pan, y me las había regalado para mi consumo particular. Que las bolsas de chupas de caramelo fue que las compré a Caramelos Artesanos, que tiene registrada la marca, según adjunto fotocopia, y que no fue mi intención poner a la venta algo fuera de la Ley. Y que soy un modesto trabajador autónomo que tengo que pagar alquiler y otros tantos impuestos que se exigen en este negocio.
CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el acuerdo de iniciación y en la propuesta de resolución, por cuanto que del acta de inspección se desprende, amén de otras manifestaciones que tanto las bolsas de pan como las de chupas estaban expuestas para su venta al público al precio de 50 y 100 pesetas/unidad, respectivamente.
El interesado es responsables de la realización de una conducta de omisión en su diligencia debida al poner a disposición del consumidor los productos de referencia privándole de una información a la que tiene derecho.
Así mismo, responde de los mismos toda vez que carecen de todo tipo de identificación.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Santiago Carrillo Domínguez la sanción de multa de 60.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciembre de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
10) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/296/2000.
RESPONSABLE: Manuel Marrero García.
D.N.I. o N.I.F.: 42665707V.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de febrero de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Taller de automóviles propiedad del interesado sito El Calvario, 49, término municipal de San Nicolás de Tolentino; y mediante acta levantada al efecto nº 2157, comprobaron que el taller carecía de la placa distintivo oficial, de las Hojas de Reclamaciones y de las preceptivas leyendas indicativas del precio por hora de taller, garantía de las reparaciones por 3 meses o 2.000 km y disponibilidad para con los usuarios de las Hojas de Reclamaciones.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 6º, 12º, 17º y 19º, apartados g) y j) del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Manuel Marrero García la sanción de multa de 100.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de enero de 2001.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
11) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/308/2000.
RESPONSABLE: Pedro Miguel García Barrios.
D.N.I. o N.I.F.: 48764203X.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de febrero de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Taller de vehículos propiedad del interesado sito en Avenida de Escaleritas, 184, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 2171, comprobaron que, el taller carecía de la placa distintivo oficial, de las Hojas de Reclamaciones y de las preceptivas leyendas indicativas del precio por hora de trabajo y garantía de las reparaciones 3 meses o 2.000 km.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34, apartados 5 y 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 6º, 12º, 17º y 19º, apartados g) y j), del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Pedro Miguel García Barrios la sanción de multa de 100.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de diciembre de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
12) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/332/2000.
RESPONSABLE: Alumitelde, S.L.
D.N.I. o N.I.F.: B35225655.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: El día 29 de febrero de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Carpintería propiedad de la interesada sito en Lomo la Francia, 19, Jinámar, término municipal de Telde; y mediante acta levantada al efecto nº 2206, comprobaron que, en el momento de la inspección, el establecimiento carecía de las preceptivas hojas de reclamaciones y del cartel anunciador de la existencia de las mismas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Alumitelde, S.L. la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de diciembre de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
13) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/335/2000.
RESPONSABLE: Fulgencio Vega Gil.
D.N.I. o N.I.F.: 42759058B.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 16 de diciembre de 1999, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Big Ben propiedad de Ramesh W Thadany sito en Sagasta, 21, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 10916, comprobaron que, sobre una estantería del establecimiento tenían expuestos para su venta al público 10 "mazos" de puros envueltos en papel celofán al precio de venta al público de 1.495 pesetas cada mazo.
Estos mazos llevaban consignado un etiquetado en los siguientes términos "50 Palmeros Casamayor Soleras Artesanía. Islas Canarias, las autoridades sanitarias advierten que fumar produce cáncer y enfermedades cardiovasculares, tabaco natural puro y selecto, una minuciosa y cuidada selección de tabacos, tanto en el interior como en la capa avalan su calidad, las autoridades sanitarias advierten que fumar perjudica seriamente su salud".
En el mismo acta levantada, se requirió al compareciente para que presentase factura de adquisición del referido artículo en plazo de 10 días.
La factura requerida fue recibida en estas Dependencias con fecha 21 de diciembre de 1999, se aportó una fotocopia de la factura emitida por D. Eugenio Vega Gil a favor de Tabaquería Big Ben (albarán nº 002183 de 25 de octubre de 1999, código de cliente 000001).
Con la factura aportada, el día 11 de enero de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Fábrica y Mayorista de Tabacos propiedad del interesado sito en la calle Albert Einstein, 16, Urbanización Industrial Los Tarahales, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 16088 procedieron a ampliar diligencias respecto al acta 10916 anteriormente citado.
En relación al acta 10916 y la factura a ella aportada, el compareciente reconoció la factura como propia y expedida por su empresa a nombre de Tabaquería Big-Ben en fecha 25 de octubre de 1999.
Las actuaciones indican que se comprobó la venta por parte de la interesada de mazos de puros en cuyos etiquetados se consignaba la expresión "Palmeros", esta información facilitada no es veraz, objetiva e inequívoca tal y como es preceptivo, por cuanto induce al error acerca del origen o procedencia del producto que como ha quedado constatado es fabricado, elaborado y/o etiquetado en Las Palma de Gran Canaria.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 4, 8, 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 24 de julio de 2000, manifestando en síntesis:
En modo alguno podemos estar de acuerdo con que la mera expresión "Palmeros" induzca a error sobre el origen de los cigarros puros ni vulnere la exigencia de veracidad y objetividad de la información suministrada a los consumidores, pues el término palmero o palmera es genérico y máxime cuando el término en sí tiene, como así lo declaró expresamente en su momento el Registro de Patentes y Marcas ante la solicitud de la propia Asociación de Tabaqueros de la isla de La Palma, diversas acepciones que impiden su registro exclusivo como marca con la protección correspondiente frente a terceros.
El término "Palmeros" no supone en modo alguno referencia al origen de los cigarros puros.
El dicente se dedica exclusivamente a la elaboración de cigarros puros y no a su comercialización, produciendo expresamente para D. Ramesh W. Thadany con las etiquetas suministradas por él los puros de la marca "Casamayor Soleras", marca ésta que tiene registrada el indicado Sr. Thadany, quien los comercializa directamente mediante su venta directa al público.
La infracción de consumo que presuntamente se le imputa en el expediente de que se trata, por cuanto se ha limitado a elaborar unos puros y a etiquetarlos con la marca "Casamayor Soleras", cuyo propietario le suministra habitualmente las correspondientes etiquetas.
Aun suponiendo a efectos meramente dialécticos que el término palmero no fuese genérico y se refiriera exclusivamente a los productos elaborados en la isla de La Palma el uso exclusivo de los nombre de comarcas, términos o localidades con una Denominación de Origen, todo ello amén de la circunstancia de que en tal supuesto la protección tan sólo alcanzaría a los nombre de lugares pero no a los de los lugareños, como es el caso del término Palmero.
Notorio es, por otra parte, el uso común y corriente de nombre de localidades asimiladas que se refieren a un tipo de producto y no al origen del mismo, sin que en tales casos pueda racionalmente pensarse que induzca a error o confusión a sus potenciales consumidores.
En los productos elaborados en la isla de La Palma consta, en su etiqueta correspondiente, el simple término toponímico de "La Palma" y en ningún caso el de Palmero.
La calidad de los puros producidos ha de consignar que son prácticamente idénticos a los hechos en la isla de La Palma, utilizándose en ambos casos los mismos tipos o variedades de tabacos de procedencia centro americana.
CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el acuerdo de iniciación y en la propuesta de resolución, por cuanto que de las diligencias practicadas se desprende que la interesada no sólo fabrica sino que comercializa los puros, tal y como se demuestra con el albarán cuya expedición reconoce.
El significado del término palmero según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española es, 1. "Natural de la Palma" 2. "Perteneciente a esta Isla, una de las Canarias" y todo ello con independencia de quien lo comercialice, de su marca o la información que suministran las etiquetas de otros productos.
En consecuencia, si no se elaboran en la isla de la Palma, al incluir este término se induce a error al consumidor que sólo cuenta con la información consignada en el etiquetado y siendo el significado del término el anteriormente transcrito.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Fulgencio Vega Gil la sanción de multa de 400.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciembre de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
14) RESOLUCIÓN
Visto el expediente nº 35/336/2000.
RESPONSABLE: Guillermo Vervliet, S.L.
D.N.I. o N.I.F.: B35380104.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: los días 15 y 17 de diciembre de 1999, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en los siguientes establecimientos:
- El día 15 de diciembre en el Rincón del fumador propiedad de El Rincón del Fumador, S.L., sito en la calle Albareda, 48, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 10914 se comprobaron los siguientes extremos:
Sobre un estante tenían expuestos para su venta al público 40 mazos de puros que llevaban una etiqueta con la siguiente leyenda "50 Palmeros Petitos ramas escogidas-calidad selecta flor Palmera ¨. Las Autoridades Sanitarias ...".
El compareciente presentó y adjuntó fotocopia de factura de adquisición de los artículos expedida por la interesada, en fecha 15 de diciembre de 1999 (factura nº 37071).
- El día 15 de diciembre igualmente, se realizó visita de inspección en Bazar Estrella de la India propiedad de D. Sarwati Jethmal Mathany, sito en la calle Albareda, 83, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 10915, se comprobó que tenía para su venta al público 6 mazos de puros que llevaban adherida una etiqueta azul en los siguientes términos: "25 Palmeros Brevas Flor de Palma" a continuación se consignaban las advertencias sanitarias.
En el acta se requirió que presentase factura de adquisición de estos artículos siendo la misma remitida por fax donde era legible la expedición de la misma por parte de la interesada.
- El día 17 de diciembre de 1999, se realizó visita de inspección en Boutique de la Prensa propiedad de Sociedad General Española de Librerías, S.A., sita en salidas comunitarias del Aeropuerto de Gando, término municipal de Telde, y mediante acta levantada al efecto nº 10919 comprobaron que tenían para su venta al público 14 "macitos" de puros, que llevaban adherida una etiqueta con la siguiente leyenda: "25 Palmeros Minitos, ramas escogidas. Calidad selecta. Flor Palmera" a continuación las advertencias sanitarias.
El compareciente presentó y se adjuntó al acta fotocopia de factura nº 3726 de fecha 16 de diciembre de 1999.
Con las facturas presentadas, el día 11 de enero de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el almacén de la interesada sito, en la Avenida de los Salesianos, 70, Los Giles, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante actas levantadas al efecto números 16086 y 16087 procedieron a ampliar diligencias respecto a las actas 10914, 10915 y 10919 anteriormente referidas.
El compareciente en la inspección reconoce haber expedido las facturas nº 3726, el 16 de diciembre de 1999 a Boutique de la Prensa, nº 3707 de 15 de diciembre de 1999 a El Rincón del Fumador, S.L., así como la factura aportada por Bazar la Estrella de número y fecha ilegibles.
Igualmente se comprobó que tenía para su distribución y venta los artículos referenciados y descritos en las actas de 15 y 17 de diciembre.
Es decir, se comprobó la venta por parte de la interesada de mazos de puros en cuyos etiquetados se consignaban expresiones tales como "palmeros" que no respetaban ni se adecuaban a la exigencia general de veracidad y objetividad de la información consignada en el etiquetado. Estas informaciones inducen al error acerca del origen o procedencia de los artículos que, como ha quedado constatado son fabricados, elaborados y etiquetados en Las Palmas de Gran Canaria.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 4, 8, 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 24 de julio de 2000, manifestando en síntesis:
En modo alguno podemos estar de acuerdo con que la mera expresión "Palmeros" induzca a error sobre el origen de los cigarros puros ni vulnere la exigencia de veracidad y objetividad de la información suministrada a los consumidores, pues el término palmero o palmera es genérico y máxime cuando el término en sí tiene, como así lo declaró expresamente en su momento el Registro de Patentes y Marcas ante la solicitud de la propia Asociación de Tabaqueros de la isla de La Palma, diversas acepciones que impiden su registro exclusivo como marca con la protección correspondiente frente a terceros.
Mi representada adquiere habitualmente los puros que comercializa y vende de la empresa "Comercial Arico, S.L.U.", la cual tiene registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas la denominación "Flor Palmera", que abarca el tabaco manufacturado, por lo que se ha de reseñar que en la etiqueta de los macitos de puros que ahora nos ocupan queda perfectamente identificada la aludida marca "Flor Palmera", siendo plenamente lógico y normal que a los productos elaborados por la empresa "Flor Palmera" se le pueda denominar "Palmeros", sin que ello venga a suponer, como ha quedado dicho, referencia alguna a su origen, sino a la propia marca registrada, máxime cuando el término palmero, por su carácter de genérico, tiene vedado su registro, lo que posibilita su uso general libre y sin limitaciones.
Únicamente puede obtenerse el uso exclusivo de los nombres de comarcas, términos o localidades con una Denominación de Origen, sin que exista tal denominación de origen en el caso de lo puros elaborados en dicha isla occidental de nuestro Archipiélago Canario, todo ello amén de la circunstancia de que en tal supuesto la protección tan solo alcanzaría a los nombres de lugares pero no a los de los lugareños, como es el caso del término Palmero.
Notorio es, por otra parte, el uso común y corriente del nombre de localidades asimiladas que se refieren a un tipo de producto y no al origen del mismo, sin que en tales casos pueda racionalmente pensarse que induzca a error o confusión a sus potenciales consumidores.
En los productos elaborados en la isla de La Palma consta, en su etiqueta correspondiente, el simple término toponímico de "La Palma" y en ningún caso el de Palmero.
La calidad de los puros de la marca "Flor Palmera" y a su proceso de elaboración artesanal se ha de consignar que son prácticamente idénticos a los hechos en la isla de La Palma, utilizándose en ambos casos los mismos tipos o variedades de tabacos de procedencia centro americana.
CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el acuerdo de iniciación y en la propuesta de resolución, por cuanto que los hechos imputados son claros; la utilización del término palmero induce a error al consumidor toda vez que su significado según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española es: 1. "Natural de La Palma" 2. "Perteneciente a esta Isla, una de las Canarias" y todo ello con independencia de la marca con la que se comercialice o la información que suministran las etiquetas de otros productos.
En consecuencia, si no se elaboran en la isla de La Palma, al incluir este término se induce a error al consumidor que sólo cuenta con la información consignada en el etiquetado y siendo el significado del término el anteriormente transcrito.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Guillermo Vervliet, S.L. la sanción de multa de 400.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciembre de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
15) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/376/2000.
RESPONSABLE: José Martín Bermúdez.
D.N.I. o N.I.F.: 42610032W.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 8 de marzo de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Carpintería propiedad del interesado sito en Nicaragua, 7, término municipal de Arrecife; y mediante acta levantada al efecto nº 2270, comprobaron que, carecían de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de la existencia de las mismas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a José Martín Bermúdez la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de enero de 2001.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
16) RESOLUCIÓN
Visto el expediente nº 35/382/2000.
RESPONSABLE: Manfred Ernst.
D.N.I. o N.I.F.: X2025430G.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 8 de marzo de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en venta de Electrodomésticos de segunda mano propiedad del interesado sito en Sancocho, 19, término municipal de San Bartolomé; y mediante acta levantada al efecto nº 2273, procedieron a cumplimentar reclamación con número de registro de entrada en esta Dirección General 4289 de fecha 8 de octubre de 1999.
Puesto en contacto con el compareciente se le leyó el motivo de la reclamación presentada por D. Luis Segura, al respecto el compareciente manifestó su disposición de llegar a un acuerdo.
Posteriormente se comprobó en inspección que no disponían de Hojas de Reclamaciones para con los clientes ni de cartel anunciador de la existencia de las mismas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Manfred Ernst la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de enero de 2001.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
17) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/388/2000.
RESPONSABLE: José Luis Lázaro Mamblona.
D.N.I. o N.I.F.: 16785756B.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 9 de marzo de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Las Golosinas propiedad del interesado sito en Hotel Beatriz Playa, Puerto del Carmen, término municipal de Tías; y mediante acta levantada al efecto nº 2285, comprobaron que, carecían de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de la existencia de las mismas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación (B.O.E. nº nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a José Luis Lázaro Mamblona la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de enero de 2001.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
18) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/393/2000.
RESPONSABLE: Pitri Kishin Nanwani.
D.N.I. o N.I.F.: 45082164W.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 10 de marzo de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Bazar Pravín propiedad del interesado sito en el C.C. Jameos Playa, local 82, Puerto del Carmen, término municipal de Tías; y mediante acta levantada nº 2289 comprobaron que, tanto en los escaparates como en el interior del establecimiento, tenían expuestos para su venta al público diversos artículos que carecían de sus preceptivos marcados de precios de venta al público.
Tenían en las condiciones descritas: máquinas fotográficas, vídeo cámaras, vídeo juegos, relojes, teléfonos, binoculares, walkmans, compacts, mecheros, gafas, pilas, lentas, rollos, transistores, etc.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34, apartado 5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Pitri Kishin Nanwani la sanción de multa de 150.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de diciembre de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
19) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/394/2000.
RESPONSABLE: Elisa Pérez Guerra.
D.N.I. o N.I.F.: 43768001J.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 18 de febrero de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Comercio realizaron visita de inspección en Takoma propiedad de la interesada sito en la Avenida del Mirón, 22, término municipal de Arucas; y mediante acta levantada al efecto nº 4000, comprobaron que no tenían a disposición de los consumidores las preceptivas Hojas de Reclamaciones.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1 y 2 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Elisa Pérez Guerra la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de enero de 2001.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de 2001.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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