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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso de alzada contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/38/2000.
RESPONSABLE: Morales Espino, S.L.
D.N.I. o N.I.F.: B35539857.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 12 de noviembre de 1999, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Boutique propiedad de la interesada sita en Aridane, 4, Vecindario, término municipal de Santa Lucía de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 11000, comprobaron que el establecimiento carecía de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Morales Espino, S.L. la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de junio de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/42/2000.
RESPONSABLE: Tecno Frenos, S.L.
D.N.I. o N.I.F.: B3532481.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 16 de noviembre de 1999, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el establecimiento propiedad de la interesada sito en la Carretera General del Norte, 158, Los Tarahales, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 10861, comprobaron que el establecimiento carecía de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Tecno Frenos, S.L. la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de diciembre de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
3) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/53/2000.
RESPONSABLE: Luisa Alonso Moreno.
D.N.I. o N.I.F.: 42464152B.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de noviembre de 1999, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Udaco propiedad de la interesada sito en La Calzada, 32, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 10961, comprobaron que en interior de un mantenedor de frío tenían expuestos para su venta al público al corte diferentes clases y marcas de quesos y embutidos que carecían del preceptivo marcado de precios de venta al público.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3.2.93), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Luisa Alonso Moreno la sanción de multa de 75.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de diciembre de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
4) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/74/2000.
RESPONSABLE: Medinández, S.L.
D.N.I. o N.I.F.: B35387497.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 2 de noviembre de 1999, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en establecimiento propiedad de la interesada sito en la Estación Guaguas San Telmo, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 12296, comprobaron que el establecimiento tenía expuestas para su venta al público cajetillas de cigarros "20 cigarrettes Winston filter smooth. Rich taste box" y "Winston select perfectly aged tobbaccos for smoothers flavor". Estas cajetillas figuraban impresas en idioma extranjero y carecían de las obligatorias leyendas sanitarias.
En la inspección tal y como consta en el acta levantada, se concede un plazo de 10 días para presentar la factura de adquisición de los citados artículos, ante las dependencias de esta Dirección General, esta factura no ha sido presentada en el plazo señalado, ni con posterioridad al mismo, no habiendo tampoco recibido comunicación alguna que justifique dicha ausencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.8 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 28 de julio de 2000, fuera del plazo legalmente establecido a tal efecto.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Medinández, S.L. la sanción de multa de 50.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
5) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/83/2000.
RESPONSABLE: Aguas de Juncalillo, S.A.
D.N.I. o N.I.F.: A35066661.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 15 de octubre de 1999, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Supermercado Atlante, propiedad de Medigar Canarias, S.L., sito en la calle Científico Roberto Moreno, 2, término municipal de Gáldar; y mediante acta levantada al efecto nº 837 comprobando que tenían expuestas para su venta al público 15 botellas de plástico de "Agua Fina de manantial, Fuente Bruma", en cuyos etiquetados venía impreso el nombre o razón social de la firma envasadora del artículo.
Se procedió por parte del Inspector actuante a realizar toma de muestras en base a la Campaña Regional de Aguas Envasadas y según el procedimiento legalmente establecido.
Una de estas muestras fue remitida al Centro de Investigación y Control de Calidad del Instituto Nacional de Consumo para su análisis inicial. Con fecha 16 de febrero de 2000 se recibe en esta Dirección General resultado del análisis inicial de la muestra 901382, desprendiéndose de este informe en ensayos los siguientes hechos:
- Según la normativa vigente al respecto, la denominación de venta consignada "Agua Fina de Manantial" no figura entre las denominaciones reglamentadas para las aguas de bebidas envasadas y por tanto no está permitida.
- El lote de fabricación del artículo no figura impreso en el etiquetado del mismo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 23 del Real Decreto 1.164/1991, de 22 de julio (B.O.E. nº 178), por el que se aprueba la R.T.S. para la elaboración, circulación y comercio de aguas de bebidas envasadas, modificado por el Real Decreto 781/1998, de 30 de abril (B.O.E. nº 121), en relación con el Real Decreto 1.808/1991, de 13 de diciembre (B.O.E. nº 308), que regula las menciones o marcas que permiten identificar el lote al que pertenece un producto.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Aguas de Juncalillo, S.A. la sanción de multa de 400.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de diciembre de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
6) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/87/2000.
RESPONSABLE: Santiago Pulido Santana.
D.N.I. o N.I.F.: 78450716Q.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 1 de diciembre de 1999, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Taller propiedad del interesado sito en Alférez Quintana Suárez, 23, San Gregorio, término municipal de Telde; y mediante acta levantada al efecto nº 16028, comprobaron que el taller carecía de la placa distintivo oficial de las Hojas de Reclamaciones y de las preceptivas leyendas indicativas del precio por hora de trabajo, existencia de Hojas de Reclamaciones y garantía de las reparaciones por 3 meses o 2000 km.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.2. y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 6º, 12º, 17º y 19º, apartados g) y j), del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Santiago Pulido Santana la sanción de multa de 100.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de julio de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
7) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/88/2000.
RESPONSABLE: María da Gloria Gómez.
D.N.I. o N.I.F.: X0986113B.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 1 de diciembre de 1999, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en "De Todo y no sólo a 150 pesetas" propiedad de la interesada sito en La Mareta, 13, término municipal de Telde; y mediante acta levantada al efecto nº 16027, comprobaron que el establecimiento carecía de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a María da Gloria Gómez la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de julio de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
8) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/89/2000.
RESPONSABLE: Mateo Pérez Díaz.
D.N.I. o N.I.F.: 42687299N.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 1 de diciembre de 1999, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Muebles Casa Pérez propiedad del interesado sito en Diego Ramos Galván, término municipal de Telde; y mediante acta levantada al efecto nº 16029, procedieron a cumplimentar reclamación con número de registro de entrada 4498, de 25 de octubre de 1999, puesto en contacto con el compareciente se le leyó el motivó de la reclamación en su día interpuesta por Dña. Dolores Alonso Ojeda que versaba en líneas generales acerca de la negativa de facilitar Hojas de Reclamaciones.
El compareciente realizó las alegaciones que consideró oportunas, comprobándose, tal y como se reconoció, que no se tenían a disposición de los consumidores las preceptivas Hojas de Reclamaciones ni se exponía en lugar visible el cartel anunciador de la existencia de las mismas en el momento de la inspección.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Mateo Pérez Díaz la sanción de multa de 80.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de diciembre de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
9) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/91/2000.
RESPONSABLE: Celedonio Benítez e Hijos, S.L.
D.N.I. o N.I.F.: B35237965.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 2 de diciembre de 1999, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Supermercado del Juguete propiedad de la interesada, sito en la Avenida de Canarias, 136, Cruce de Sardina, término municipal de Santa Lucía de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 16001, comprobaron que tenían para su venta al público 11 unidades de "Muñecos de Lego", todas ellas carecían en sus etiquetados de los preceptivos datos consignados en Castellano, lengua Española Oficial del Estado.
Estos muñecos se encontraban dentro de cajas de cartón en el interior de las mismas se encontraba un manual con el documento de garantía de la casa en idioma Castellano, el resto de datos se consignaban en las tapas de la caja en idiomas extranjeros. Entre los datos más relevantes que se consignaban, figuraban a efectos identificativos los siguientes: "Teletubbies-Mega Blocks-3 months and up-3 mois et plus-Ab 3 monoten-PoÕs building set-jeu contrustruction de po-bausatz po-accessories ... 1501 ...".
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con los artículos 7º y 8º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios, en concordancia con los artículos 8 y 11 del Real Decreto 880/1990, de 29 de junio (B.O.E. nº 166), por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes.
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 1 de junio de 2000, manifestando, en síntesis:
Un producto de importación, Teletubbies-Mega Blocks, este producto fue retirado de la venta inmediatamente, y acto seguido se le comunicó a la empresa que nos suministró dicho producto Famosa Comercial, S.A. empresa nacional. Esta empresa entiende que la deficiencia encontrada en dicho ensayo debe ser corregida por el fabricante con el fin de que el producto venga con el etiquetado correspondiente.
Por todo lo anteriormente expuesto le ruego a V.I., que en caso de persistir alguna duda respecto a lo informado por esta empresa tenga a bien comunicarnos a fin de clarificar la misma, y colaborar con esa Administración para regularizar cualquier problema que existiera.
CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el acuerdo de iniciación y en la propuesta de resolución porque la interesada es responsable de la realización de una conducta de omisión en su diligencia debida al poner a disposición del consumidor el artículo de referencia, privándole de una información consignada en castellano a la que tiene derecho, teniéndose que abstener de disponer para la venta artículos que incumplan la normativa de etiquetado que por su condición de comerciante debe conocer.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Celedonio Benítez e Hijos, S.L. la sanción de multa de 125.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de julio de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
10) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/93/2000.
RESPONSABLE: E.M. Ferretería Marmolejos, S.L.
D.N.I. o N.I.F.: B35423797.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 3 de diciembre de 1999, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Ferretería Marmolejos II propiedad de la interesada, sita en la Avenida Murga, 5, Subida al Lasso, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 16005, comprobaron que no tenían a disposición de los clientes las preceptivas Hojas de Reclamaciones ni exponían en lugar visible el cartel anunciador de la existencia de las mismas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a E.M. Ferretería Marmolejos, S.L. la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de diciembre de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
11) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/94/2000.
RESPONSABLE: Agustín Suárez García.
D.N.I. o N.I.F.: 42873322B.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 3 de diciembre de 1999, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en "Todo desde 150 pesetas" propiedad del interesado, sito en Antón Dvorak, 6, Casablanca I, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 16007, comprobaron que el establecimiento no tenía a disposición de los clientes las preceptivas Hojas de Reclamaciones ni exponía en lugar visible el cartel anunciador de la existencia de las mismas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 3 de julio de 2000, manifestando en síntesis:
Que en la fecha de la visita (3 de diciembre de 1999) hacía muy poco tiempo que se había abierto al público dicho comercio y que acto seguido se obtuvieron las Hojas de Reclamación y el cartel anunciador de éstas.
Que dicho comercio lo tuvo abierto muy poco tiempo, como consecuencia de las graves pérdidas que me ocasionó.
Que desde la fecha de inicio de este expediente, el 3 de diciembre de 1999 con el levantamiento del acta hasta el recibo del acuerdo del expediente sancionador el 22 de junio de 2000, han transcurrido más de seis meses.
CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el acuerdo de iniciación y en la propuesta de resolución, por cuanto que con independencia de las circunstancias expuestas, desde el momento que se inicia una actividad, hay que cumplir todas las obligaciones inherentes a la misma siendo por tanto el interesado responsable de la realización de una conducta de omisión en su diligencia debida.
El expediente se inicia con el Acuerdo de iniciación, el día 16 de mayo de 2000, siendo el plazo de caducidad de 6 meses desde que la Administración tiene conocimiento de los hechos hasta que el órgano competente decide iniciar expediente, plazo que en el supuesto que nos ocupa no ha sido rebasado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Agustín Suárez García la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de julio de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
12) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/98/2000.
RESPONSABLE: Carpintería Metálica Torive, S.L.
D.N.I. o N.I.F.: B35427277.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 3 de diciembre de 1999, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Taller de Carpintería Metálica propiedad de la interesada, sito en Paseo de las Rosas, 77, Los Giles, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 16033, comprobaron que el establecimiento carecía de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Carpintería Metálica Torive, S.L. la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de julio de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de abril de 2001.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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