Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 044. Lunes 9 de Abril de 2001 - 1266

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

1266 - Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM).- Anuncio de 8 de marzo de 2001, del Director, relativo a notificación de la Resolución de 2 de noviembre de 2000, por la que se pone fin al procedimiento de reintegro iniciado a la empresa José María Romero Calduch.- Expte. nº 4.784/94.

Descargar en formato pdf

Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Resolución de procedimiento de reintegro citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a José María Romero Calduch de la Resolución de procedimiento de reintegro dictado por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 3080, de fecha 2 de noviembre de 2000, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Examinado el procedimiento de reintegro iniciado, de oficio, a D. José María Romero Calduch, mediante Acuerdo del Director del ICFEM nº 2.302, de fecha 7 de agosto pasado, y teniendo en cuenta que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Director del ICFEM de fecha 29 de noviembre de 1994, registrada con el nº 1.140, se concedió una subvención a D. José María Romero Calduch, por importe de setecientas veintisiete mil (727.000) pesetas, con cargo a la aplicación presupuestaria 23.103.322C.470.00 L.A. 23.4041.02, de conformidad con lo establecido en la Orden de 30 de agosto de 1994 (B.O.C. nº 108, de 2.9.94), de convocatoria y regulación de las bases para la concesión de las subvenciones reguladas en el Decreto Territorial 124/1994, de 20 de junio (B.O.C. nº 76, de 22.6.94), por el que se regulan los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento y el mantenimiento del empleo.

Segundo.- El objeto, contenido y finalidad de la subvención concedida era la contratación, con carácter indefinido, de un puesto de trabajo. La forma de acreditar su realización y el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión y en las normas reguladoras quedó establecida en los siguientes términos:

- El beneficiario de la subvención estaba obligado a tener cubierto el puesto de trabajo correspondiente a la subvención durante los tres años siguientes a la fecha de contratación como mínimo y a mantener el nivel de empleo en los centros de trabajo de la empresa radicados en Canarias, durante el mismo tiempo, de manera que la plantilla de trabajadores fijos se incrementara al menos con los trabajadores contratados de conformidad con el Decreto y la Orden mencionados.

- El perceptor de la subvención estaba obligado a justificar anualmente que su importe había sido invertido con la finalidad para la cual se concedió, mediante la presentación ante el ICFEM de copia compulsada del libro de matrícula de la empresa y certificación expedida por el Organismo competente acreditativa de que la empresa se encontraba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

- Esta obligación se mantendría durante los tres años siguientes a la contratación, como mínimo y, en todo caso, hasta el momento en que se hubiera justificado totalmente la aplicación de la subvención.

- Si la relación laboral que daba origen a la subvención se extinguía antes de los tres años, contados desde la fecha en que comenzaba a surtir efectos, el beneficiario de la subvención estaba obligado a cubrir el puesto de trabajo con un nuevo trabajador que reuniese el requisito establecido en el artículo 2.Uno del Decreto citado.

- El beneficiario de la subvención debía comunicar inmediatamente al ICFEM la extinción del contrato, así como proceder a la sustitución en el plazo máximo de un mes, y presentar la documentación que acreditase haberla realizado dentro de los quince días siguientes.

Tercero.- Mediante Acuerdo del Director ICFEM nº 2.302, de fecha 7 de agosto pasado, notificado al interesado el día 10 siguiente, se inició, de oficio, el procedimiento para el reintegro de la subvención concedida, al haber incurrido el beneficiario en la causa determinante del reintegro que en la citada resolución se mencionaba, con la indicación de que en el plazo de diez días podía comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en defensa de los derechos que pudieran corresponderle.

Las razones que motivaron la iniciación del proceso citado se concretan en el incumplimiento del deber de justificar el empleo dado a los fondos públicos recibidos en concepto de subvención, supuesto este motivo de reintegro de la subvención concedida, en aplicación del artículo 32.1.c) del Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero.

Cuarto.- El beneficiario, al evacuar el trámite de audiencia conferido con motivo del inicio del procedimiento de reintegro que nos ocupa, presentó un escrito de cuyo contenido debe destacarse lo siguiente:

"[...] 1º) Que en fecha 14 de agosto del presente año recibí Resolución 2.302 del Director del ICFEM referente al expediente nº 4.784/1994, con el fin de aportar la documentación que acredite estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social.

2º) Que la documentación requerida en la Resolución citada tardará más de diez días en facilitarla por el Organismo competente.

Por ello, solicito conforme a la legislación vigente un aplazamiento con el fin de poder comparecer ante este organismo y aportar la documentación requerida".

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El procedimiento de reintegro iniciado a D. José María Romero Calduch, mediante Acuerdo del Director del ICFEM nº 2.302, de fecha 7 de agosto pasado, tuvo como fundamento el incumplimiento del beneficiario de la subvención del deber de justificar el destino dado a los fondos recibidos.

En este sentido, el artículo 13, apartado uno, de la Orden de 3 de agosto de 1994, establece que "Los perceptores de las subvenciones vendrán obligados a justificar anualmente que su importe ha sido invertido con la finalidad para la cual se concedieron, mediante la aportación ante el Instituto Canario de Formación y Empleo de copia compulsada del libro de matrícula de la empresa y certificación expedida por el Organismo competente acreditativa de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social". El apartado dos de este artículo concreta que "Esta obligación se mantendrá durante los tres años siguientes a la contratación, como mínimo y, en todo caso, hasta el momento en que se haya justificado totalmente la aplicación de la subvención".

Así, si el contrato indefinido subvencionado se celebró el día 12 de septiembre de 1994, el beneficiario tenía que justificar durante los tres años siguientes, es decir, hasta el día 12 de septiembre de 1997, que había invertido los fondos públicos recibidos en la finalidad para la cual fueron concedidos.

Segundo.- Además de la normativa reguladora de la convocatoria, en los trámites seguidos para la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro han sido observadas las disposiciones contenidas en la Ley Territorial 7/1984, de 11 de diciembre (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en el Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, que resulta de aplicación al presente expediente en virtud de su Disposición Transitoria Primera, así como de la Disposición Transitoria Primera del vigente Decreto Territorial 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que sustituye al anterior. Se han observado, igualmente, las normas generales de procedimiento de la Ley Estatal 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Tercero.- Se estima procedente el reintegro de la subvención concedida, por cuanto que de la documentación que consta en el expediente de referencia, queda acreditado, como se afirma en el acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro que ahora se resuelve y respecto del que el beneficiario de la subvención no ha formulado alegación alguna en defensa de los derechos que pudieran corresponderle, el incumplimiento de la obligación de justificar de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Orden de 30 de agosto de 1994, de convocatoria y regulación de las bases para la concesión de las subvenciones reguladas en el Decreto Territorial 124/1994, de 20 de junio, por el que se regulaban los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento y el mantenimiento del empleo.

Cuarto.- En cuanto a la petición de aplazamiento con el fin de presentar la documentación requerida, el artículo 49.1 de la LRJ-PAC, en la redacción dada por la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero, recoge que "La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de al mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros".

No obstante, el apartado 3 de este artículo establece que "Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido [...]".

Por tanto, si el plazo para presentar alegaciones como consecuencia del inicio del procedimiento de reintegro finalizó el día 23 de agosto pasado, y la petición de ampliación del plazo se presentó en la ventanilla de Correos y Telégrafos de Puerto de la Cruz el día 25 siguiente, aquélla se formuló después del vencimiento del plazo que se pretendía ampliar.

Quinto.- Por último, corresponde al Director del ICFEM la resolución del presente expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero, que atribuye la competencia para inicio y resolución de los procedimientos de reintegro al órgano concedente de la subvención.

Como consecuencia de lo expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar la petición de ampliación del plazo para presentar alegaciones con motivo del inicio del procedimiento de reintegro, al haber formulado después del vencimiento del plazo que se pretendía ampliar.

Segundo.- Declarar procedente el reintegro de la subvención concedida a D. José María Romero Calduch, mediante Resolución del Director del ICFEM nº 1.140, de fecha 29 de noviembre de 1994, al haber incurrido en la causa determinante del reintegro de la referida subvención, por no haber justificado, en los términos que han resultado probados en los antecedentes de esta Resolución, el empleo dado a los fondos públicos recibidos.

Tercero.- La cantidad a reintegrar asciende a setecientas veintisiete mil (727.000) pesetas, por el principal, más doscientas setenta y tres mil setecientas ochenta y cinco (273.785) pesetas, en concepto de intereses de demora devengados desde la fecha de pago de la subvención (14 de febrero de 1995) hasta la fecha de la propuesta de la presente Resolución (24 de octubre de 2000), calculados aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre (B.O.E. nº 275, de 16.11.88), y sin perjuicio de que se practique nueva liquidación de intereses por el tiempo transcurrido desde la fecha de propuesta de la presente Resolución hasta la fecha de ingreso de la cantidad a reintegrar.

El detalle del cálculo de los intereses es el siguiente:

Ver anexos - página 4537

uarto.- La obligación de reintegro establecida en esta Resolución no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento, y que se exigirán, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.

Quinto.- El reintegro habrá de efectuarse en la cuenta corriente que este Organismo tiene abierta en la Caja General de Ahorros de Canarias, con el nº 2065/0118/81/1114001822.

Sexto.- Notificar al interesado la presente Resolución, con la indicación de que, contra ésta, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación del presente acto."

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de marzo de 2001.- El Director, p.d., la Subdirectora de Empleo (Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María Teresa Covisa Rubia.

© Gobierno de Canarias