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Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación del Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a Asociación de Empresarios de la Construcción y Obras Públicas (AECOP) del Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro dictado por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 1345, de fecha 12 de mayo de 2000, modificada por la Resolución del Director ICFEM nº 2.126, de fecha 19 de julio de 2000, por la que se corrige el error material detectado en la Resolución que inicia el procedimiento de reintegro, cuyo tenor literal es el siguiente:
"La Dirección del Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM) ha verificado, mediante el examen del expediente nº 5/92, que la empresa Asociación de Empresarios de la Construcción y Obras Públicas (AECOP), beneficiaria de una subvención por importe de quinientas cincuenta mil (550.000) pesetas, concedida mediante Resolución de fecha 15 de diciembre de 1992, registrada al nº 628, ha incurrido en la causa determinante de procedimiento de reintegro prevista en el artículo 32.1, apartado c), del Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), cuya aplicación al presente expediente resulta de su Disposición Transitoria Primera, en concordancia con la Disposición Transitoria Primera del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que sustituye al anterior. A tenor de lo dispuesto en el precepto citado procederá el reintegro de las cantidades percibidas más el interés de demora devengado desde el momento del abono de la subvención en el supuesto de incumplimiento del deber de justificación del empleo de los fondos recibidos en concepto de subvención.
La conclusión anterior se apoya en las argumentaciones siguientes:
1.- A la empresa Asociación de Empresarios de la Construcción y Obras Públicas (AECOP), se le concede una subvención por la contratación indefinida de la trabajadora Rosa Candelaria Morín Febles. Dicha trabajadora era desempleada en el momento de su contratación y fue dada de alta en la empresa con fecha 6 de abril de 1992.
2.- Con fechas 20 y 23 de diciembre de 1993 y números de registros de entrada 5363 y 5432 respectivamente, la empresa presenta documentación justificativa de la subvención en aplicación a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 83/1992, de 22 de mayo (B.O.C. nº 81, de 19.6.92), que decía que el perceptor de la subvención estaba obligado a justificar que su importe había sido invertido con la finalidad para la cual se concedió mediante la aportación, al término de cada año de duración del contrato, de fotocopias, compulsadas con sus originales, de los TC-1 y TC-2 y recibos oficiales de salarios correspondientes a los trabajadores en virtud de cuya contratación se concedió la subvención. Dicha obligación se tenía que mantener durante los tres años siguientes a la contratación.
La documentación presentada consistía en nóminas de la trabajadora desde abril de 1992 hasta noviembre de 1993 y TC-1 y TC-2 desde abril de 1992 hasta octubre de 1993.
3.- Dicha documentación justifica el período comprendido entre abril de 1992 y octubre de 1993, según el informe de la Intervención Delegada de fecha 5 de diciembre de 1995.
4.- Con fecha 9 de junio de 1995 y registro de salida 4961 este Servicio requirió a la empresa para que justificara el resto del período que le falta, que era hasta abril de 1995.
5.- Dicho requerimiento fue recibido por el interesado con fecha 14 de junio de 1995 y hasta el día de la fecha no se ha contestado al mismo, por lo que se ha incumplido con lo establecido en el mencionado artículo 15 del Decreto de concesión.
Por cuanto antecede, de conformidad con los artículos 32 y 33 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, en relación con lo dispuesto en el artículo 52.12 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), en ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 32 del Decreto 6/1995, ya citado, y de acuerdo con las normas generales del procedimiento contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),
R E S U E L V O:
Primero.- Iniciar procedimiento para el reintegro de la subvención concedida a la empresa Asociación de Empresarios de la Construcción y Obras Públicas (AECOP), mediante Resolución de 15 de diciembre de 1992, registrada al nº 628, por las razones aludidas en el presente Acuerdo, sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades a que dicho incumplimiento pudiera dar lugar en aplicación de la legislación vigente.
Segundo.- Conceder al beneficiario de la subvención un plazo de diez días para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista en el mismo, proponer pruebas y realizar las alegaciones que tenga por convenientes. Concluido este trámite y vistas las actuaciones practicadas se dictará la Resolución que corresponda.
Tercero.- En defecto de norma específica, el plazo para la resolución del procedimiento de reintegro que se inicia mediante el presente Acuerdo será de tres meses, según la previsión contenida en el artículo 42.3 de la LRJ-PAC, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Cuarto.- La falta de resolución expresa en el plazo citado en el párrafo anterior producirá la caducidad del procedimiento y dará lugar al archivo de las actuaciones practicadas.
Notifíquese al interesado el presente Acuerdo, haciéndole saber que contra éste no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de que, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la LRJ-PAC, pueda alegar oposición al presente acto para su consideración en la Resolución que ponga fin al procedimiento y sin menoscabo de la posibilidad de recurrirla."
Santa Cruz de Tenerife, a 8 de marzo de 2001.- El Director, p.d., la Subdirectora de Empleo (Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María Teresa Covisa Rubia.
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