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BOC Nº 043. Viernes 6 de Abril de 2001 - 1211

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica

1211 - Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 6 de marzo de 2001, relativo a notificación de Resolución por la que se resuelve el expediente sancionador incoado por este Centro Directivo a Comercial Axamo, S.L., titular de la empresa operadora nº 517, por infracción a la normativa sobre el juego.- Expte. nº 53/2000.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 53/2000, incoado por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación a Comercial Axamo, S.L., titular de la empresa operadora nº 517, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), se procede a su publicación.

Resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación por la que se declara la caducidad del expediente sancionador nº 53/2000, incoado a Comercial Axamo, S.L., como titular de la empresa operadora nº 517, por infracción a la normativa sobre el juego.

Examinado el expediente nº 53/2000 tramitado por la Sección de Instrucción de Expedientes Sancionadores de esta Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, incoado a la empresa operadora nº 517, Comercial Axamo, S.L., por infringir la normativa sobre el juego.

Vista la propuesta del Jefe de Servicio de Gestión del Juego.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 7 de abril de 2000, fue levantada acta de infracción por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, dando cuenta que en el establecimiento Bar Titti Fruti Delia, sito en La Laguna, calle Calvo Sotelo, 53, se encuentra instalada y en funcionamiento la máquina recreativa del tipo "B", TF-B-16.731, propiedad de la empresa operadora nº 517, Comercial Axamo, S.L., que, en el momento de la inspección, carece de los distintivos correspondientes del pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego del primer trimestre del año 2000.

2º) Consultados los archivos obrantes en este Centro Directivo se constata que la máquina recreativa TF-B-16.731 carece del preceptivo Boletín de Instalación para el establecimiento en el que se encuentra instalada (Bar Titti Frutti Delli), toda vez que en virtud de la solicitud de la representación de la empresa Comercial Axamo, S.L., de fecha 31 de marzo de 2000, dicha máquina recreativa figura en almacén de la empresa desde la citada fecha.

3º) A la vista de los hechos, mediante Providencia dictada por el Director General de Administración Territorial y Gobernación de fecha 19 de abril de 2000, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado. Asimismo en la citada Providencia se ordenó como medida cautelar con carácter de urgencia, el precinto de la máquina recreativa denunciada con ocasión del acta de infracción, esto es, la TF-B-16.731, a resultas de la resolución que en definitiva sea dictada, al apreciarse entre otras, la presunta comisión de una falta grave tipificada en el artº. 27.b) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, esto es, la instalación o explotación de máquinas de juego carentes de la correspondiente autorización; materializándose dicha medida cautelar con fecha 2 de mayo de 2000, de conformidad con el acta de precinto cautelar levantada al efecto por el Servicio de Inspección del Juego.

4º) Intentada la notificación de la Providencia y Pliego de Cargos mediante carta con acuse de recibo en el domicilio social de la entidad expedientada, no pudo practicarse, por lo que se instó la notificación mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias, llevándose a efecto el día 14 de julio de 2000; no formulándose alegaciones en el plazo concedido al efecto.

5º) Con fecha 2 de agosto de 2000, fue formulada por el Instructor del expediente la correspondiente Propuesta de Resolución, proponiendo que por el Consejero de Presidencia se impusiera a la entidad expedientada por la comisión de una falta grave y otra leve, dos sanciones consistentes en multas de 100.001 pesetas por la infracción grave y 25.000 pesetas por la infracción leve, que asciende a un total de 125.001 pesetas, por la comisión de los hechos descritos, constitutivos de infracción a lo dispuesto en los artículos 27.b) y 28.c) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, sancionadas de conformidad con lo previsto en el artº. 29.1, letras b) y c) de la referida Ley 6/1999.

6º) Intentada la notificación de la Propuesta de Resolución en el domicilio social de la entidad expedientada mediante carta con acuse de recibo, no pudo practicarse, por lo que se instó la notificación mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, llevándose a efecto el día 23 de octubre de 2000 (B.O.C. nº 140).

7º) Iniciado el expediente con fecha 19 de abril de 2000, se observa que el mismo está incurso en caducidad al haberse superado el plazo de seis meses para resolver el procedimiento y notificar la resolución expresa.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El procedimiento seguido en la tramitación de este expediente, se ajusta a lo dispuesto en el artº. 43 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar (B.O.C. nº 83, de 1.7.88), modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio (B.O.C. nº 97, de 17.7.89), 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29.6.90), 235/1997, de 30 de septiembre (B.O.C. nº 131, de 10.10.97), y 260/1999, de 31 de agosto (B.O.C. nº 124, de 13.9.99). Sin embargo este artículo no establece el plazo que tiene la Administración para dictar resolución expresa en estos procedimientos.

Segunda.- Por lo que concierne a este aspecto, procede la aplicación del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos en la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.C. nº 102, de 19.8.94), cuyo artº. 5.1 establece que, salvo disposición expresa en contrario, el plazo de resolución de los procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir actos favorables a los ciudadanos será de seis meses en los procedimientos sancionadores.

Tercera.- Asimismo, el artº. 44 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), dispone que "En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

... 2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la declaración que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artº. 92".

Cuarta.- De conformidad con lo dispuesto en el artº. 10.2.F.c) del Decreto 278/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia (B.O.C. nº 142, de 27.10.99), la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación es competente para la incoación e instrucción en materia de casinos, juegos y apuestas.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado mediante Acuerdo de fecha 19 de abril de 2000, en el expediente sancionador 53/2000, contra la empresa operadora Comercial Axamo, S.L., como titular de la empresa operadora nº 517, archivando las actuaciones practicadas con los efectos previstos en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

La presente declaración de caducidad se realiza sin perjuicio del derecho de esta Administración a iniciar nuevo expediente sancionador por la misma o distinta causa, si resultare procedente.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada, ante el Viceconsejero de Administración Pública, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del presente anuncio, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 15 de diciembre de 2000.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de marzo de 2001.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.

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