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BOC Nº 036. Miércoles 22 de Marzo de 2000 - 931

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia

931 - Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 28 de febrero de 2000, relativo a notificación de Providencia y Pliego de Cargos recaídos en el expediente sancionador incoado por este Centro Directivo a D. José V. Simón Mederos, titular de la empresa operadora nº 226, por infracción a la normativa sobre el juego.- Expte. nº 131/99.

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Habiendo sido intentada la notificación de la Providencia y Pliego de Cargos en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 131/99, incoado por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación a D. José V. Simón Mederos, titular de la empresa operadora nº 226, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99) se procede a su publicación.

Asimismo, se le informa que en cumplimiento de lo dispuesto en el artº. 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del presente expediente sancionador será de seis meses, a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.C. nº 102, de 19.8.94).

PROVIDENCIA

“Vistas las actas de infracción de los funcionarios de la Inspección del Juego de fechas 29 de julio y 6 de octubre de 1999, levantadas respectivamente en los establecimientos Bar Plaza, sito en Valverde, El Hierro, calle Doctor Quintero, s/n, y Bar María, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Santa Mónica, Barrio La Multa, 3, y deduciéndose de las mismas posibles infracciones a la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas (B.O.C. nº 42, de 7.4.99), así como al Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar (B.O.C. nº 97, de 1.8.88), iníciese expediente sancionador al titular de la empresa operadora nº 226, José Vicente Simón Mederos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y siguientes del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, nombrando Instructora del expediente a Dña. Aurora La Serna Ramos, funcionaria adscrita a la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, debiendo notificarse al interesado a los efectos de recusación previstos en el artº. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34.1 de la citada Ley 6/1999, de 26 de marzo, y 42.6 del también citado texto reglamentario, se ordena como medida cautelar el precinto de las máquinas recreativas denunciadas objeto de las citadas actas de infracción, esto es, la máquina recreativa TF-B-16.070, instalada en el Bar Plaza, y la máquina recreativa TF-B-16.073 instalada en el Bar María, todo ello a resultas de la resolución que en definitiva sea dictada, al apreciarse la presunta comisión de una falta muy grave tipificada en el artº. 26.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo “la organización o explotación de juegos o apuestas no catalogados, o sin poseer las correspondientes autorizaciones administrativas, así como la celebración o práctica de los mismos fuera de los establecimientos autorizados”. Todo ello con el objeto de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales.

Frente a dicho acuerdo, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Viceconsejero de Administración Pública, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse, debiendo notificarse la misma a Comercial Axamo, S.L., como interesado en el procedimiento”.- Santa Cruz de Tenerife, a 7 de diciembre de 1999.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín. En el expediente sancionador incoado mediante Providencia del Director General de Administración Territorial y Gobernación de fecha 7 de diciembre de 1999, por presunta infracción a la normativa sobre el juego, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 43.1.2.a) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma, se formula el siguiente

PLIEGO DE CARGOS

1º) Con fecha 29 de julio de 1999 fue levantada acta de infracción por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, dando cuenta que en el establecimiento Bar Plaza, sito en Valverde, El Hierro, calle Doctor Quintero, s/n, se encuentra instalada y desconectada (sin cartel de avería), una máquina recreativa del tipo “B”, TF-B-16.070, careciendo de los distintivos acreditativos del pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego correspondientes al año en curso.

2º) Asimismo, con fecha 6 de octubre de 1999 fue levantada acta de infracción por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, dando cuenta que en el establecimiento Bar María, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Santa Mónica, Barrio La Multa, 3, se encuentra instalada y en funcionamiento la máquina recreativa del tipo “B”, TF-B-16.073, careciendo de la documentación acreditativa del abono de las Tasas Fiscales sobre el Juego correspondientes al año en curso. 3º) Consultados los archivos obrantes en el Negociado de Máquinas Recreativas y de Azar dependiente de este Centro Directivo se constatan los siguientes hechos:

a) Mediante Resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación de fecha 28 de noviembre de 1996, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 65, de 23 de mayo de 1997, se revocaron varias autorizaciones de explotación de máquinas recreativas cuya titularidad ostentaba D. José Vicente Simón Mederos, entre las que se encontraban la TF-B-16.070 y TF-B-16.073, debiendo la citada empresa operadora titular de las mismas hacer entrega en estas dependencias de los dos ejemplares de la Guía de Circulación, el correspondiente Boletín de Instalación y la Placa de Identidad de dichas máquinas.

b) Por Resolución del Viceconsejero de Administración Pública de fecha 12 de septiembre de 1997, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 2, del día 5 de enero de 1998, se desestimó el recurso ordinario interpuesto por D. José Vicente Simón Mederos, como titular de las máquinas contra la Resolución antedicha de revocación de las autorizaciones de explotación de varias máquinas recreativas, confirmando dicho acto en todos sus extremos, debiendo cesar en su consecuencia la explotación de dichas máquinas recreativas.

c) Mediante Auto de fecha 28 de octubre de 1998, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el recurso nº 376/98, promovido por D. José Vicente Simón Mederos, contra la Resolución de 5 de enero de 1998 desestimando recurso ordinario contra orden de cese en la explotación de diversas máquinas recreativas, se declara la caducidad de dicho recurso.

4º) Los hechos descritos suponen infracción a los artículos 4 y 5 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas (B.O.C. nº 42, de 7.4.99), así como a los artículos 11, 18.1.f) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar (B.O.C. nº 83, de 1.7.88), en cuya virtud, la Guía de Circulación, debidamente tramitada y cumplimentada, amparará tanto la legalidad individualizada de la máquina correspondiente en cuanto a su identidad con el modelo homologado como la titularidad de la misma. Asimismo, se extinguirá la autorización de explotación y deberá cesar, en consecuencia, la explotación de la máquina en los casos de la comprobación por la Administración de inexactitudes esenciales en alguno de los datos expresados en las solicitudes de autorizaciones administrativas, tendentes a eludir el control administrativo o fiscal.

5º) De conformidad con lo previsto en los artículos 26.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas (B.O.C. nº 42, de 7.4.99), y artº. 39.2 del citado Reglamento, la infracción debe calificarse de muy grave, esto es, la organización o explotación de juegos o apuestas no catalogados, o sin poseer las correspondientes autorizaciones administrativas, siendo en este caso la explotación de máquinas de juego que carecen de la preceptiva autorización de explotación, procediendo sancionar con multa desde 10.000.001 hasta 50.000.000 de pesetas, según dispone el artº. 29 de la citada Ley 6/1999, de 26 de marzo, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.

6º) Según lo dispuesto en el artº. 33.2.c) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, el Gobierno de Canarias es competente para intervenir en la resolución de este expediente.

De acuerdo con lo establecido en el artº. 43.1.2.b) del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, se le concede un plazo de ocho días hábiles, a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio, para que presente en su descargo las alegaciones que tuviera por conveniente a la defensa de su derecho, y en el que podrá solicitar el recibimiento a prueba del expediente, expresando los puntos de hecho sobre lo que ha de versar y articulando la prueba de que intenta valerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 7 de diciembre de 1999.- La Instructora del expediente, Aurora La Serna Ramos.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de febrero de 2000.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.

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