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BOC Nº 117. Martes 31 de Agosto de 1999 - 3051

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

3051 - Dirección General de Consumo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 24 de junio de 1999, sobre notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles las Resoluciones recaídas en los expedientes incoados contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59, apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O: 1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.

El/los interesado/s podrá/n interponer recurso de alzada contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda. 2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

1) VISTO EL EXPEDIENTE NÚMERO: 38-477/98. INSTRUIDO A: María de los Ángeles Cabrera Rodríguez Concep- Ban. D.N.I. o N.I.F.: 42030389M. MOTIVACIÓN (Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). REFERENCIA DE HECHOS: el día 2 de junio de 1998, un Inspector de esta Dirección General realiza una visita de inspección en el establecimiento de carpintería metálica, de rótulo Concep- Ban, del que es titular María de los Ángeles Cabrera Rodríguez, con domicilio en C.C. Concorde, local nº 96 Taco, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende el acta número 8.309, para comprobar la reclamación nº 546/98 formulada por Dña. María Inés Martín Ravelo, provisto de D.N.I. nº 42.054.203, siendo motivo de la misma la demora en la instalación de una mampara de baño, habiéndose pactado un presupuesto el 26 de enero del año en curso por valor de 100.989 pesetas. Personado el Inspector actuante se comprueba que efectivamente no se ha instalado la mampara. Asimismo comprueba que hay expuestas para su venta al público mamparas de baños de diferentes modelos careciendo del preceptivo marcado de precios de venta al publico. También se comprueba que carece de Hojas de Reclamaciones y de cartel anunciador de su disponibilidad. Los hechos expuestos constituyen infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo establecido en los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, Boletín Oficial de Canarias nº 148, artículo 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias, B.O.C. nº 53, en relación con el artículo 3, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, B.O.E. nº 168 y artículo 34, apartado 9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, B.O.E. nº 176. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 26, de fecha 1 de marzo de 1999, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a María de los Ángeles Cabrera Rodríguez Concep- Ban la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse, siendo necesario si lo presenta por medio de representante, la acreditación del mismo por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 29 de marzo de 1999.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen. 2) VISTO EL EXPEDIENTE NÚMERO: 38/445/98. INSTRUIDO A: Artumi S.L. D.N.I. o N.I.F.: B35284934.

MOTIVACIÓN

(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). REFERENCIA DE HECHOS: el día 15 de mayo de 1998, un Inspector de esta Dirección General realiza una visita de inspección en el establecimiento de venta al menor de textil y bazar, del que es titular Artumi, S.L., con domicilio en Avenida Los Príncipes, 74, del término municipal de Icod de los Vinos y extiende el acta número 8.280, comprobando que este establecimiento carece de Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de las mismas, constituyendo este hecho infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: resulta aplicable el establecido en los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, B.O.C. nº 148, artículo 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias, B.O.C. nº 53, en relación con el artículo 3, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, B.O.E. nº 168 y artículo 34, apartado 9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, B.O.E. nº 176. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 46, de fecha 16 de abril de 1999, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

R E S U E L V O: Imponer a Artumi S.L. la sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 10 de mayo de 1999.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

3) Visto: el expediente sancionador nº 38-464/98, incoado a Elipal Autos, S.L. y tramitado conforme al procedimiento sancionador aprobado por Real Decreto 1.398/1993.

Resultando: que el día 15 de mayo de 1998, un Inspector de esta Dirección General realiza una visita de inspección en el establecimiento de venta al menor de vehículos del que es titular Elipal Autos, S.L., con domicilio en Carretera General del Norte, Polígono Las Almenas, Buen Paso del término municipal de Icod y extiende el acta nº 8.278 comprobando que este establecimiento tiene expuestos para la venta al público cinco vehículos nuevos y siete usados que carecen del preceptivo marcado de precio de venta al público, constituyendo este hecho infracción en materia de consumo.

Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación indicando que infringía lo dispuesto en el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2.1, 4.1 y 8.1 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios, B.O.E. nº 29.

Resultando: que el día 5 de noviembre de 1998, fue remitido al interesado el Acuerdo de iniciación del expediente referenciado, mediante carta certificada con aviso de recibo.

Resultando: que el día 21 de mayo de 1998, el Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos ha procedido a contestar que el citado envío no ha tenido entrada y que en La Orotava es desconocido.

Considerando: lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

Elevo a V.I. la siguiente, R E S U E L V O:

El sobreseimiento de las diligencias contra Elipal Autos S.L., por caducidad y el archivo del expediente nº 38/464/98, sin más tramite.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse, siendo necesario si lo presenta por medio de representante, la acreditación del mismo por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 1999.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de junio de 1999.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

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