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BOC Nº 017. Lunes 8 de Febrero de 1999 - 426

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente

426 - Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 20 de noviembre de 1998, sobre notificación a D. Antonio Hernández Díaz de la Resolución recaída en el expediente sancionador nº 172/95-U.

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No habiéndose podido notificar a D. Antonio Hernández Díaz en su calidad de promotor, en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Resolución dictada en el expediente tramitado en esta Dirección General con referencia 172/95-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Antonio Hernández Díaz la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental nº 862, de fecha 19 de octubre de 1998, recaída en el expediente nº 172/95-U, instruido en esta Dirección General, y que dice textualmente: “Examinado el expediente instruido por este Centro Directivo para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a D. Carlos Schwartz Delgado, actuando en nombre y representación de D. Antonio Hernández Díaz, por la ejecución sin las preceptivas autorizaciones administrativas en Suelo Rústico, consistentes en la construcción de una vivienda unifamiliar de dos alturas y con una superficie total de unos 350 m2 (200-150 m2), en el lugar conocido por Acceso al Barranco de Taucho, en el término municipal de Adeje.

Vistos el informe técnico y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 5 de agosto de 1996 la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental dictó Resolución nº 293 notificada el día 24 de agosto de 1996, por la que se acordó la subrogación de la misma en las competencias municipales en orden a adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística vigente, suspender las obras, requerir al interesado para que solicitara en el plazo de un mes la autorización del Ilmo. Sr. Director General de Urbanismo, previa a la licencia municipal, tal como se regula en la Ley 5/1987, de 7 de abril, de Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias, e incoar el oportuno expediente sancionador.

Segundo.- De conformidad con los informes técnicos obrantes en el expediente, las obras ejecutadas fueron valoradas en tres millones sesenta mil quinientas setenta y seis (3.060.576) pesetas, calificada la infracción de grave y tipificada conforme el artículo 37.2.b) de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial, y sancionada en el artículo 55 del mismo texto legal con multa del 50% al 100% del valor de la obra ejecutada, y en función de las circunstancias que concurran en el caso, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente, todo lo cual fue notificado en dicha Resolución, con la advertencia expresa de que la misma será considerada como Propuesta de Resolución si fuera reconocida por el interesado su responsabilidad, o no presentara alegación alguna, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Tercero.- D. Carlos Schwartz Delgado, actuando en nombre y representación del interesado, presentó en tiempo y forma escrito de alegaciones en el que se hacía constar cuanto consideró conveniente para la defensa de su derecho.

Cuarto.- Que, a la vista de la documentación presentada, esta Dirección General adoptó el correspondiente acuerdo de paralización del expediente, el cual fue notificado al expedientado en fecha 2 de diciembre de 1996, hasta tanto se pronunciase la Dirección General de Urbanismo sobre la solicitud que había sido interesada por aquél para legalizar las obras objeto del presente expediente sancionador.

Quinto.- Transcurridos los plazos legales establecidos, se ha solicitado la legalización de la Dirección General de Urbanismo, por el procedimiento establecido en el artículo 11 de la citada Ley Territorial 5/1987, de 7 de abril, ésta fue denegada mediante la Resolución nº 1003 del mencionado Centro Directivo, debiendo ser considerada firme la misma al haber sido desestimado el recurso ordinario interpuesto contra aquélla, mediante la Orden Departamental nº 196, de fecha 25 de marzo de 1998.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I. Este Órgano es competente para la iniciación, tramitación y resolución del presente expediente de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 107/1995, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, modificado por Decreto 273/1995, de 11 de agosto, y en la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial.

II. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 20 del Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir actos favorables para los ciudadanos se entenderán caducados y se procederá al archivo de las actuaciones a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio órgano competente para dictar la Resolución.

III. En el presente caso, y teniendo en cuenta la fecha de notificación de la iniciación del expediente, el día 24 de agosto de 1996, aunque fue suspendido a efectos del cómputo de la prescripción hasta el 25 de marzo de 1998, ha transcurrido con creces el plazo para resolver, concurriendo por lo tanto el presupuesto legal necesario para declarar la caducidad.

IV. En cuanto a las alegaciones presentadas, no procede entrar en el fondo de las mismas por cuanto la estimación de la caducidad de oficio hace decaer su posible relevancia para la tramitación del expediente.

V. Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

Por todo ello,

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar caducado el procedimiento sancionador registrado con el nº 172/95-U sin perjuicio de cuantas otras medidas puedan adoptarse.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al interesado y al Ayuntamiento.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, cabe recurso ordinario ante la Excma. Sra. Consejera de Política Territorial y Medio Ambiente, sita en Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente Resolución, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.”

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 1998.- El Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, Miguel Ángel Morcuende Hurtado.

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