Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 017. Lunes 8 de Febrero de 1999 - 425

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente

425 - Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 20 de noviembre de 1998, sobre notificación a Dña. Teresa Peña Díaz de la Resolución recaída en el expediente sancionador nº 10/95-U.

Descargar en formato pdf

No habiéndose podido notificar a Dña. Teresa Peña Díaz en su calidad de promotor, en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Resolución dictada en el expediente tramitado en esta Dirección General con referencia 10/95-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a Dña. Teresa Peña Díaz la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental nº 344, de fecha 28 de mayo de 1998, recaída en el expediente 10/95-U, instruido en esta Dirección General, y que dice textualmente:

“Vistos los datos obrantes en este Centro Directivo, informe de los Servicios Técnicos, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado Las Hayas, en el término municipal de Valle Gran Rey, se vienen realizando, en suelo calificado como rústico, obras consistentes en la construcción de una edificación de una planta de 35 m2 de superficie, promovidas por Dña. Teresa Peña Díaz, sin la previa autorización de la Dirección General de Urbanismo que le habilite para obtener la preceptiva licencia municipal, conforme se establece en la Ley 5/1987, de 7 de abril, de Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias, estimándose el coste de las obras ejecutadas en quinientas cuatro mil (504.000) pesetas, conforme al valor básico de los módulos catastrales.

Segundo.- Con fecha 21 de noviembre de 1997, se requirió al Ayuntamiento de Valle Gran Rey para que adoptara las medidas de disciplina urbanística procedentes, en uso de sus competencias, sin que dicho requerimiento haya sido cumplimentado.

Tercero.- Solicitado por el promotor la legalización de las obras ante la Dirección General de Urbanismo ésta fue denegada mediante Resolución de fecha 29 de noviembre de 1994, sin que conste la interposición de recurso alguno dentro del plazo legal concedido al efecto. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

De acuerdo con el artículo 47.2 de Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial, transcurrido el plazo de un mes sin que el Ayuntamiento haya atendido el requerimiento de esta Dirección General, procede la subrogación de la misma en las competencias municipales.

II

Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de infracción urbanística, tipificada en el artículo 37.2.b) de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, calificada de grave en el artículo 38 y sancionada en el artículo 55 del mismo texto legal con multa del 50% al 100% del valor de la obra ejecutada y en función de las circunstancias que concurran al caso, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente, pudiendo ser reducido el importe de la sanción al 10% del valor de lo ejecutado, si las obras resultaran legalizables (artículo 56 de la referida Ley 7/1990, de 14 de mayo).

III

En virtud de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, en relación con el artículo 16 bis del Decreto 273/1995, de 11 de agosto, por el que se modifica el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente (según la denominación que contempla el Decreto 27/1997, de 6 de marzo), es competente esta Dirección General para dictar la presente Resolución, así como para iniciar, instruir y resolver el correspondiente expediente sancionador.

Por todo ello,

R E S U E L V O:

Primero.- La subrogación de esta Dirección General en las competencias municipales en orden a adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística.

Segundo.- Ordenar la suspensión inmediata de las obras objeto de la presente Resolución, de conformidad con los artículos 21 y 23 de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, advirtiéndose que, de continuarse la ejecución de las mismas, se procederá a adoptar las medidas necesarias, recogidas en la citada Ley 7/1990, a fin de garantizar la total interrupción de la actividad, así como a dar traslado de los hechos a la Fiscalía por ser presuntamente constitutivos del delito de desobediencia, tipificado en el artículo 556 del Código Penal, pudiéndose así mismo, en orden a garantizar dicha medida, precintar las obras, una vez transcurrido el plazo de tres días a partir de la notificación de la presente, plazo que se le concede a efectos de poder retirar cuantos útiles y bienes le sean necesarios.

Tercero.- a) Incoar expediente sancionador a Dña. Teresa Peña Díaz en calidad de promotora de las obras, como presunto responsable de una infracción a la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial, expediente cuya tramitación quedará en suspenso de conformidad con el artículo 43.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si el interesado solicita, dentro del plazo antes señalado, la oportuna autorización ante la Dirección General de Urbanismo, como trámite previo a la obtención de la preceptiva licencia municipal.

b) Nombrar instructora a Dña. Cristina Hernández Bacalao y Secretaria a la funcionaria Dña. Ángeles Bouza Cruz, quienes podrán ser recusadas en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Significarle que dispone de un plazo de quince (15) días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de prueba de que pretenda valerse, según establece el artículo 13.8 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

d) Significarle asimismo que si reconociera su responsabilidad o no presentase alegaciones en el plazo establecido, se podrá entender concluida la instrucción del expediente, considerándose el presente escrito como Propuesta de Resolución, a cuyo efecto dispondrá de un plazo de audiencia de quince días para alegar cuanto considere conveniente en su defensa, así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993 anteriormente mencionado.

Notifíquese la presente Resolución a los nombrados Instructor y Secretaria, así como al interesado y al Ayuntamiento.”

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 1998.- El Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, Miguel Ángel Morcuende Hurtado.

© Gobierno de Canarias