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BOC Nº 073. Lunes 15 de Junio de 1998 - 1816

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

1816 - RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 1998, de la Secretaría General Técnica, relativa a notificación de la Orden de 19 de enero de 1998, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se procede a acumular los recursos ordinarios interpuestos por Dña. María Jesús Padrón Ruiz, Dña. Rocío Gómez Quiroga, Dña. Montserrat Pérez Rodríguez, Dña. Isabel Fernández Cobos, Dña. Inmaculada Alonso Francés, D. José Juan Santana González y D. José Miguel Pérez Lorenzo y se desestiman los citados recursos.

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Habiendo sido intentada la notificación de la Orden de 19 de enero de 1998, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se procede a acumular los recursos ordinarios interpuestos por Dña. María Jesús Padrón Ruiz, Dña. Rocío Gómez Quiroga, Dña. Montserrat Pérez Rodríguez, Dña. Isabel Fernández Cobos, Dña. Inmaculada Alonso Francés, D. José Juan Santana González y D. José Miguel Pérez Lorenzo, y se desestiman los citados recursos, en el domicilio que figura en los recursos ordinarios interpuestos sin que haya podido practicarse a los interesados, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación, del tenor literal siguiente: “Orden de 19 de enero de 1998, de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se procede a acumular los recursos ordinarios interpuestos por Dña. María Jesús Padrón Ruiz, Dña. Rocío Gómez Quiroga, Dña. Montserrat Pérez Rodríguez, Dña. Isabel Fernández Cobos, Dña. Inmaculada Alonso Francés, D. José Juan Santana González y D. José Miguel Pérez Lorenzo, y se desestiman los citados recursos. Vistos los recursos interpuestos por Dña. María Jesús Padrón Ruiz, Dña. Rocío Gómez Quiroga, Dña. Montserrat Pérez Rodríguez, Dña. Isabel Fernández Cobos, Dña. Inmaculada Alonso Francés, D. José Juan Santana González y D. José Miguel Pérez Lorenzo, contra la Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, por la que se convoca proceso selectivo para la formación de listas de aspirantes a prestar servicios en las Instituciones Sanitarias del Servicio Canario de la Salud, mediante nombramiento o contratación temporal (B.O.C. nº 85, de 2.7.97), corregida por Resolución de 4 de julio de 1997 (B.O.C. nº 91, de 16.7.97).

Y en atención a los siguientes ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- Que por Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, se convoca proceso selectivo para la formación de listas de aspirantes a prestar servicios en las Instituciones Sanitarias del Servicio Canario de la Salud, mediante nombramiento o contratación temporal (B.O.C. nº 83, de 2.7.97). Por Resolución de 4 de julio de 1997 de dicha Dirección General, se corrigieron errores advertidos en la Resolución de 17 de junio de 1997 (B.O.C. nº 91, de 16.7.97). Segundo.- Que con fechas 31 de julio y 1 de agosto de 1997, tuvieron entrada en esta Consejería recursos ordinarios deducidos por Dña. María Jesús Padrón Ruiz, Dña. Rocío Gómez Quiroga, Dña. Montserrat Pérez Rodríguez, Dña. Isabel Fernández Cobos, Dña. Inmaculada Alonso Francés, D. José Juan Santana González y D. José Miguel Pérez Lorenzo, por medio de los cuales impugnan en vía ordinaria la citada Resolución de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud de 17 de junio de 1997, alegando sustancialmente lo siguiente: 1. Que las bases recogidas en la Resolución recurrida establecen unos criterios que vulneran los principios constitucionales recogidos en los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española. 2. Que cuando se trabaje para una empresa diferente se reserva el turno en la lista de contratación y cuando se trabaje para el Servicio Canario de la Salud no. Incumpliendo el artículo 14 de la Constitución Española. 3. Que en el caso de Gran Canaria y Tenerife, se habrá de optar entre Atención Primaria y Atención Especializada, incumpliendo el artº. 14 de la Constitución Española. 4. Que las listas correspondientes al personal facultativo y sanitario no facultativo se actualizarán a la finalización de cada año académico, resultando discriminatorio hacia el resto del personal no sanitario al que no se le permite dicha actualización. 5. Que en cuanto a los baremos de méritos que se recogen en la citada Resolución se detecta en éstos las siguientes anomalías: a) Se intenta aplicar el mismo baremo al personal no sanitario que al sanitario, sin tener en cuenta que las funciones y formación son diferentes. b) En el apartado B sólo se puntúa por tener estudios de Bachiller o de F.P., sin poder puntuar por otros estudios superiores. c) No se utiliza el mismo número de decimales en cada uno de los apartados del baremo. En los estudios universitarios el cociente debe aplicarse con dos decimales, mientras que en los cursos se permiten tres.

6. Que la Resolución impugnada incumple el Real Decreto 118/1991, de 25 de enero, del Ministerio de Sanidad y Consumo, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, al establecer unos requisitos diferentes y al imponer limitaciones para acceder a las mismas, solicitando se anule o revoque la Resolución objeto del recurso interpuesto.

Tercero.- Que se solicita en el “otrosí digo” del escrito del recurso, la suspensión de la Resolución impugnada, suspensión que ha sido desestimada por Orden de 28 de agosto de 1997 de este Departamento. Cuarto.- Que con fecha 25 de noviembre de 1997, con registro de entrada en la Consejería de Sanidad y Consumo el 28 de noviembre de 1997, nº de registro 5475, se emitió, por la Dirección General de Recursos Humanos, informe desestimatorio en relación con los recursos ordinarios que ahora se sustancian. A los citados hechos son de aplicación los siguientes, FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artº. 2.3.a) del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, en relación con lo preceptuado en el artº. 30.1 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, corresponde a este órgano la facultad para el conocimiento y la resolución del recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, corregida por Resolución de 4 de julio de 1997. Segundo.- Que el artº. 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que: “ ... el órgano administrativo que inicie un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión”. Existiendo en los presentes recursos una clara identidad sustancial, procede su acumulación. Tercero.- Que el artº. 103 de la Constitución Española, establece que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. 1. El artº. 15 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, establece que el Gobierno de Canarias, a través de la aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo de cada uno de sus Departamentos, racionaliza las estructuras internas de su Administración, fija la dimensión del personal al servicio de los mismos, determina los requisitos y méritos preferentes para ocupar cada uno de los puestos. 2. Que el artº. 13 de la Ley Territorial 1/1983, de 4 de abril, del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, atribuye al Gobierno de Canarias la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y las leyes; funciones que incluyen la atribución de aprobar por el citado órgano los acuerdos suscritos con las Centrales Sindicales en el ámbito sanitario, dentro de su función ejecutiva. Correspondiendo al Gobierno de Canarias fijar las necesidades de plantilla y fijar los méritos para el acceso a los mismos, en función de sus necesidades. Estableciendo qué méritos deben ser tenidos en cuenta en razón del puesto a desempeñar. 3. En cumplimiento de la satisfacción de los intereses generales se suscribieron los Acuerdos de 11 de junio de 1996, entre la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma y las Organizaciones Sindicales más representativas, aprobándose por el Consejo de Gobierno de Canarias el 26 de septiembre de 1996 y publicados por Resolución de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud de 23 de diciembre de dicho año (B.O.C. nº 169, de 30.12.96). Cuarto.- Que el derecho que consagra el artº. 23.2 de la Constitución Española, en conexión con el artº. 14 que establece el principio de igualdad, es un derecho de configuración legal, cuya existencia efectiva sólo cobra sentido en relación con el procedimiento que normativamente se establece para acceder a determinados cargos. Operando, en el caso que nos ocupa, como un derecho garantizador de igualdad de oportunidades en el acceso a la Función Pública, con arreglo a las bases y al procedimiento de selección establecido, garantizando su aplicación por igual a todos los participantes. Establecido el proceso selectivo en términos de igualdad para los participantes, sólo podrá aducirse vulneración del principio de igualdad cuando, dándose los requisitos previos de una igualdad de situaciones entre los sujetos afectados por la norma, se produce un tratamiento diferenciado de los mismos en razón de una conducta arbitraria o no justificada de la Administración, situación que no se da. Por tanto en la presente convocatoria se han conjugado los principios de eficacia, con el principio de mérito y capacidad, por lo cual no se vulnera en absoluto en la citada convocatoria ningún principio constitucional.

Quinto.- Que por lo que se refiere a los diferentes motivos de impugnación alegados en el escrito del recurso ordinario interpuesto, conviene precisar que la facultad para adoptar Resoluciones relativas a convocatorias de procesos selectivos para nombramientos y/o contrataciones temporales en las Instituciones Sanitarias adscritas al Servicio Canario de la Salud, aparece atribuida, en virtud del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, a la Dirección General de Recursos Humanos; y que no obstante y en aras de imprimir un carácter participativo y negociador al proceso que se está llevando a cabo, se han mantenido por dicho órgano diversas reuniones con los representantes de los Sindicatos presentes en el sector, con la finalidad primordial de garantizar una máxima transparencia en la salvaguarda de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en todas aquellas actuaciones relativas a la selección de personal temporal. Así lo establece la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 118/1991, de 25 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, sobre cuya base se suscribió el ya mentado Acuerdo entre la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias y las Organizaciones Sindicales más representativas del sector en fecha 11 de junio de 1996, aprobada por el Consejo del Gobierno de Canarias el 26 de septiembre de 1996, y publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 169, de 30 de diciembre de 1996, mediante Resolución de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud de día 23 del mismo mes y año. Acuerdo que viene a fijar los distintos méritos y pautas generales del conjunto del proceso selectivo que iba a tener lugar, así como las constituciones de la Mesa General de Contratación cuyas funciones se describen en el artº. 8.a) del anexo II del mismo, cuya composición de carácter paritario, contempla la participación en la misma de los Sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad. En consecuencia con lo expuesto, la Resolución de 17 de junio de 1997 de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, por la que se convoca proceso selectivo para la formación de listas de aspirantes a prestar servicios en las Instituciones Sanitarias del Servicio Canario de la Salud, mediante nombramiento o contratación temporal (B.O.C. nº 85, de 2.7.97), corregida por Resolución de 4 de julio de 1997 (B.O.C. nº 91, de 16.7.97) recoge lo establecido en los referenciados Acuerdos de 11 de junio de 1996, entre la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma y las Organizaciones Sindicales más representativas, aprobadas por el Consejo de Gobierno de Canarias el 26 de septiembre de 1996 y publicados, por Resolución de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud de 23 de diciembre de dicho año (B.O.C. nº 169, de 30.12.96), y al no ser recurrida en su momento por los cauces administrativos establecidos, la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, son actos reproducción de otros anteriores que son definitivos y firmes.

Sexto.- Que en el artículo 1º, tres, del Real Decreto 118/1991, de 25 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social (B.O.E. nº 33, de 7 de febrero) establece que: “los preceptos no básicos de este Real Decreto serán de aplicación supletoria al personal de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas”. La Disposición Adicional Cuarta del citado Real Decreto en su párrafo primero establece: “cuando sea imprescindible, por razones de servicio, la incorporación de personal, la selección del mismo se efectuará por procedimiento que, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, garanticen la necesaria agilidad y eficacia y cuenten con la participación de las Organizaciones Sindicales”. En consecuencia, no se puede alegar que la referida Resolución incumple tal Real Decreto, pues este es derecho supletorio al dictado por la Comunidad Autónoma de Canarias, dentro de las competencias que le establece la Constitución y la normativa vigente ya citada en Fundamentos Jurídicos anteriores. Además, el sistema de provisión de vacantes por personal temporal que establece el Real Decreto, argumentado por los recurrentes es el mismo que ha sido utilizado por esta Administración Pública, por lo tanto, aun admitiendo la aplicabilidad de la referenciada norma, la Resolución recurrida también habrá sido dictada dentro de la legalidad vigente. En su virtud, y en uso de las competencias que me han sido conferidas por la legislación vigente,

D I S P O N G O: Primero.- Acumular los recursos ordinarios interpuestos por Dña. María Jesús Padrón Ruiz, Dña. Rocío Gómez Quiroga, Dña. Montserrat Pérez Rodríguez, Dña. Isabel Fernández Cobos, Dña. Inmaculada Alonso Francés, D. José Juan Santana González y D. José Miguel Pérez Lorenzo, contra la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud de 17 de junio de 1997, por la que se convoca proceso selectivo para la formación de listas de aspirantes a prestar servicios en las Instituciones Sanitarias del Servicio Canario de la Salud mediante nombramiento o contratación temporal (B.O.C. nº 85, de 2.7.97), corregida por Resolución de 4 de julio de 1997 (B.O.C. nº 91, de 16.7.97) y desestimar los citados recursos ordinarios. Notifíquese el presente acto a los interesados, haciéndoles saber que contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación a este órgano, según dispone el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 1998. - El Consejero de Sanidad y Consumo, Julio Bonis Álvarez, firmado y rubricado.”

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 1998.- El Secretario General Técnico, Víctor Pérez Borrego.

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