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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles las Resoluciones recaídas en los expedientes incoados contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda. 2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) Visto el expediente nº: 38-311/97.
INSTRUIDO A: Estación Suraméricas, S.A. D.N.I. o N.I.F.: A38047684.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
REFERENCIA DE HECHOS: el día 28 de febrero de 1997, un Inspector de esta Dirección General realizó una visita de inspección en la estación de servicio con rótulo Móbil, de la que es titular Estación Suramérica, S.A., sita en la Carretera General de salida de Playa de las Américas, acceso autopista del Sur, del término municipal de Arona, y mediante acta nº 4.423 instruida al efecto, junto al protocolo de campaña de inspección de estaciones de servicio de venta de carburantes y combustibles, comprobó las siguientes irregularidades: No dispone del recipiente, medida de comprobación de 10 litros de capacidad, constituyendo tales hechos infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 173/1994, de 29 de julio, sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de suministro de gasolinas y gasóleos de automoción de instalaciones de venta al público (B.O.C. nº 114), en concordancia con el artículo 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), y con el artículo 34.9 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 137, de 22 de octubre de 1997, sin que en el plazo de diez días concedido al efecto formulara alegaciones. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Estación Suraméricas, S.A. la sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 6 de noviembre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2) Visto el expediente nº: 38-490/97.
INSTRUIDO A: Deepa Washdev Vasandani. D.N.I. o N.I.F.: X-0070047-N.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
REFERENCIA DE HECHOS: los días 15 y 22 de mayo de 1997, un Inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en el establecimiento bazar, de rótulo Bazar OKey, sito en la Avenida Venezuela, 17, Centro Comercial Teide, del término municipal de Puerto de la Cruz, y mediante actas números 8.551-8.556 instruidas al efecto, comprobó que en el exterior del establecimiento se expone un cartel que dice textualmente: Duty Free Shop, tienda libre de impuestos, constituyendo publicidad engañosa al sugerir al consumidor la adquisición de bienes en este establecimiento, supuestamente libres de impuestos, cuando no reúne las condiciones para la utilización de la denominación Libres de impuestos. Asimismo, significar la obstrucción a la labor inspectora dado que, a pesar de personarse en el establecimiento los días referidos y solicitada determinada documentación administrativa y fiscal, fue preciso recabar los datos solicitados a la empresa a través del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, ante tal negativa reiterada, los hechos expuestos suponen infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: son de aplicación los artículos 8 y 34.6 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), en concordancia con el artº. 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), y con los artículos 4 y 32 de la Ley 34/1988, general de publicidad (B.O.E. nº 274), y los artículos 5.1 y 14 del Real Decreto 1.945/1983. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: - - -. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Deepa Washdev Vasandani la sanción de multa trescientas mil (300.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación ante el Excmo. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 30 de octubre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
3) Visto el expediente nº: 38-400/97.
INSTRUIDO A: Infohogar, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38092458.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. REFERENCIA DE HECHOS: el día 29 de abril de 1997, un Inspector de esta Dirección General realizó una visita de inspección en el establecimiento de venta de mobiliario de cocinas, del que es titular Infohogar, S.L., sito en la Carretera General del Norte, km 12, frente al Aeropuerto de Los Rodeos, en el término municipal de La Laguna, y mediante acta nº 8.229, instruida al efecto, comprobó la reclamación nº 327/97, formulada por D. José Esteban González Hernández, siendo motivo de la misma la adquisición e instalación de una cocina en su domicilio, en fecha 9 de mayo de 1992, con presuntos defectos de origen -diversas reparaciones en garantía- que no han sido reparados, motivando la presente reclamación, y solicitada por el Inspector actuante determinada documentación -escrito de la empresa indicando el estado de la cocina y posición de la empresa al respecto-, no la presenta en el plazo de diez días conferidos al efecto, obstruyendo de esa forma las labores inspectoras, constituyendo tal actitud infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: son de aplicación los artículos 5.1 y 14 del Real Decreto 1.945/1983, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 34.8 de la Ley 26/1984, general para la defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 1 de octubre de 1997, mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de diez días concedido al efecto formulara alegaciones. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Infohogar, S.L. la sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 2 de diciembre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda. 4) Visto el expediente nº: 38-427/97.
INSTRUIDO A: Foot Locker, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-80.030.315.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
REFERENCIA DE HECHOS: el día 9 de abril de 1997, un Inspector de esta Dirección General realizó una visita de inspección en el establecimiento de venta de artículos deportivos, de rótulo Deportes Foot Locker, del que es titular Foot Locker, S.L., sito en el Centro Comercial Santa Cruz-Continente, planta 3ª, local 12, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 8.051 instruida al efecto, comprobó que este establecimiento tiene expuesto para la venta al público calzado deportivo de diferentes marcas, careciendo en su totalidad de la preceptiva etiqueta informativa. Asimismo, se comprueba que los precios de los artículos citados no se exponen de forma visible, careciendo igualmente de Hojas de Reclamaciones y de cartel anunciador de su disponibilidad, constituyendo tales hechos infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2.1, 4.1 y 8.1 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29). Lo establecido en los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 148), artículo 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en relación con el artículo 3, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), y artículo 34, apartado 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176). Y los artículos 4 y 5 del Real Decreto 1.718/1995, por el que se regula el etiquetado de los materiales utilizados en los componentes principales del calzado (B.O.E. nº 36). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: - - -. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Foot Locker, S.L. la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación ante el Excmo Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
5) Visto el expediente nº: 38-428/97.
INSTRUIDO A: Sunglass Hut Spain, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-81359861.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
REFERENCIA DE HECHOS: el día 9 de abril de 1997, un Inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en el establecimiento de venta menor de óptica y derivados, del que es titular Sunglass Hut Spain, S.L., sito en el Centro Comercial Santa Cruz-Continente, planta 3ª, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 4.350, instruida al efecto, se comprobó que el establecimiento carece de Hojas de Reclamaciones y de cartel anunciador de su disponibilidad, constituyendo tales hechos infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo establecido en los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 148), artículo 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en relación con el artículo 3, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), y artículo 34, apartado 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 30 de septiembre de 1997, contestando al mismo fuera del plazo establecido para ello. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Sunglass Hut Spain, S.L. la sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
6) Visto el expediente nº: 38-256/97.
INSTRUIDO A: Ahmed Benzizar. D.N.I. o N.I.F.: X-1399182-T.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
REFERENCIA DE HECHOS: el día 30 de enero de 1997, un Inspector de esta Dirección General realizó una visita de inspección en un bazar con rótulo Porque Sí, del que es titular el Sr. D. Ahmed Benzizar, sito en la Avenida Marítima, 20 E de Los Gigantes, en el término municipal de Santiago del Teide, y mediante acta número 4.190 instruida al efecto, comprobó la reclamación nº 38/97, presentada por Dña. Helena Kulin, provista del documento de identificación nº 2174345, siendo el motivo de la misma la adquisición de cuatro correas de piel, adoleciendo una de ellas de un defecto de origen -falta de un remache- negándose el propietario del bazar a solucionar el problema, constatando el inspector actuante que este establecimiento carece de Hojas de Reclamaciones, encontrando asimismo dificultades para llevar a cabo la labor inspectora ante la negativa del compareciente en acta, Sr. D. Khalifa Oulhaj, provisto del documento de identificación nº X-06285006-P, en calidad de encargado, a facilitar los datos fiscales identificativos del propietario, debiendo acudir el inspector actuante al Ayuntamiento de Santiago del Teide para obtener los datos requeridos. Tales hechos constituyen infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo establecido en los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 148), artículo 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en relación con el artículo 3, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/83, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), y artículo 34, apartado 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), y los artículos 5.1 y 14 del Real Decreto 1.945/1983, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 137, de 22 de octubre de 1997, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Santiago del Teide, sin que en el plazo de diez días concedido al efecto formulara alegaciones. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Ahmed Benzizar la sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
7) Visto el expediente nº: 38-441/97.
INSTRUIDO A: Teico-Mar, S.A. D.N.I. o N.I.F.: A-38078721. MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
REFERENCIA DE HECHOS: el día 18 de abril de 1997, un inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en el establecimiento de rótulo Brico-Ecoteide, del que es titular Teico-Mar, S.A., sito en la Carretera La Cuesta-Taco, s/n, del término municipal de La Laguna, levantando el acta número 8.215 instruida al efecto, comprobó la reclamación nº 295/97, formulada por D. Julián Alberto García, provisto de D.N.I. nº 41.879.497, siendo motivo de la misma la presunta publicidad engañosa cometida al ofertar sin tener en stocks, un sulfatador de la marca Matabi, de 16 L., al precio de 3.995 pesetas, incluida en el folleto de ofertas para todo y más, constatándose la veracidad de las alegaciones vertidas por el reclamante, según reconocimiento expreso del Sr. Bernardino Cabrera Lorenzo, representante de la entidad mercantil, en escrito de 28 de abril del año en curso, constituyendo tal hecho infracción en materia de consumo por publicidad engañosa. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación el artº. 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con los artículos 8 y 34.6 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), y artículos 4 de la Ley 34/1988, general de publicidad (B.O.E. nº 274). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado en escrito presentado en el Registro de Entrada de la Subdelegación del Gobierno, provisto de nº 35248 de 10 de noviembre de 1997, sucintamente, manifiesta: El expediente de referencia se instruye como consecuencia del acta nº 8.215, levantada por la Inspección de esa Dirección Territorial, de 18 de abril de 1997, no produciéndose la incoación del mismo hasta el día 6 del pasado mes de octubre y sin registro de salida, notificada el día 30 del propio mes. La empresa que representa el exponente con fecha 28 de abril de 1997, realiza una serie de alegaciones y aporta pruebas que determinan la no existencia de infracción alguna. Desde esta última fecha al 30 de octubre se ha excedido del plazo de seis meses previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto 1.945/1983, por el que se regulan las infracciones y sanciones en defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, por lo que produce así la caducidad de esa Administración para perseguir la posible infracción, por lo que aplicándose el referido artículo debía procederse al archivo del expediente. Del contenido de la Propuesta de Resolución, se colige que las alegaciones realizadas, no fueron objeto de estudio alguno, pues si la conclusión es que esta empresa ha reconocido los hechos, pero sí ha manifestado que su conducta siempre ha sido ajustada a la legislación vigente. La denuncia se formula por entenderse que no existe el producto anunciado en el folleto-oferta, si bien es cierto que en el momento de ir a comprar la hija del denunciante no había dicho producto, por haberse precisamente agotado, al haberse vendido las dos unidades que estaban en stock, se le propuso, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, que se llevara otra de similares características, a lo que dicha persona accedió. Posteriormente, se persona su padre y dice que lo comprado por su hija corresponde con el producto ofertado, ante dicha pretensión se le manifiesta que puede optar por las dos soluciones que se le ofrecen, bien por recuperar el dinero de la compra, bien por esperar a que lleguen nuevas unidades, el denunciante opta por la devolución del dinero. Destacar que toda la actuación llevada a cabo por la empresa referida a la denuncia es ajustada a derecho. Acompañando al presente escrito se presenta factura de 30 de noviembre de 1995, expedida por Comercial Santana, S.L., donde consta la compra efectuada y por los precios que se pactaron. Por tanto, queda meridianamente claro que esta empresa sí disponía de unidades para su venta. Solicita acuerde el archivo del expediente. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no se desvirtúan en modo alguno los hechos imputados en el Acuerdo de inicio, por lo que no procede eximir de responsabilidad al interesado, en base a las siguientes consideraciones: No cabe aceptar la caducidad de la acción para perseguir la infracción establecida en el artº. 18.2 del Real Decreto 1.945/1983, y alegada por el interesado. El acta de inspección es de 18 de abril de 1997, el escrito de alegaciones al acta, donde se reconoce la falta en stocks de sulfatadores ofertados, tiene registro de entrada en esta Dirección General el 30 de abril de 1997, se envía -sin registro de salida-, en fecha 9 de octubre de 1997, como se acredita con el escrito nº 4.070 que se adjunta, subsanando tal deficiencia, remitido en fecha 13 de octubre y devuelto por el servicio de correos. Por todo ello, es evidente que no es de aplicación la caducidad de la acción del artº. 18.2 del Real Decreto 1.945/1983.
No se desvirtúan los hechos vertidos en el Acuerdo de inicio constitutivos de publicidad engañosa, dado que, para considerar un hecho como constitutivo de publicidad engañosa, no sólo ha de afectar al comportamiento económico de los consumidores o usuarios, sino que ha de tratarse de una actividad que induzca a error. Y este hecho es el que ha motivado la incoación del presente expediente. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Teico-Mar, S.A. la sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 9 de octubre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
8) Visto el expediente nº: 38-462/97.
INSTRUIDO A: Vertova Tenerife, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38352282.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
REFERENCIA DE HECHOS: el día 9 de mayo de 1997, un Inspector de esta Dirección General realizó una visita de inspección en el establecimiento supermercado de rótulo Alteza, del que es titular Vertova Tenerife, S.L., sito en la calle La Sota, s/n, Edificio Galaxia, del término municipal de La Laguna, y mediante acta nº 8.354, instruida al efecto, comprobó que en la sección de carnicería hay expuesta para su venta al público, en frigorífico expositor, carne refrigerada despiezada, de vacuno y de porcino, careciendo de rótulos indicativos de su precio de venta al público, categoría de la pieza y clase de canal. Asimismo se exponen canales frescas de pollo y otros productos cárnicos de chacinería -salchichas, morcillas, chorizos, etc.- careciendo del preceptivo marcado de precios de venta al público, constituyendo tales hechos infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2.1, 4.1 y 8.1 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29). La Disposición 5ª de la Resolución de la Dirección General de Comercio Alimentario, de 7 de julio de 1975, sobre márgenes comerciales máximos a aplicar por los detallistas carniceros en la venta al público de las distintas clases de carne (B.O.E. nº 165). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 6 de noviembre de 1997, mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de diez días concedido al efecto formulara alegaciones. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Vertova Tenerife, S.L. la sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 16 de diciembre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
9) Visto el expediente nº: 38-476/97.
INSTRUIDO A: Pío Coronado, S.A. D.N.I. o N.I.F.: A-35432046.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. REFERENCIA DE HECHOS: el día 27 de mayo de 1997, un Inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el establecimiento supermercado de rótulo Ecoteide, del que es titular Pío Coronado, S.A., sito en la calle Vulcano, 1, de Ofra, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 8.372 instruida al efecto, comprobó que hay expuestas para su venta al público diversas variedades de pescado fresco -merluza, sama, calamares, chicharros, etc.- careciendo del preceptivo marcado de precios de venta al público, lo que constituye infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo establecido en el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2.1, 4.1 y 8.1 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 5 de noviembre de 1997, mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de diez días concedido al efecto formulara alegaciones. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Pío Coronado, S.A. la sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 16 de diciembre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de febrero de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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