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BOC Nº 005. Lunes 12 de Enero de 1998 - 96

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

96 - RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 1997, de la Dirección General de Consumo, sobre notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.

Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos. 1) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/536/96.

RESPONSABLE: Haddad Cabral Jorge. D.N.I. o N.I.F.: 42443428.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 18 de abril de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Focus propiedad de D. Haddad Cabral Jorge sito en la calle Triana, 17-P.B., del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 754 comprobaron que en el momento de la inspección carecían de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de la existencia de las mismas. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 1 de octubre de 1996, manifestando en síntesis: Este establecimiento está abierto desde hace más de cincuenta y cinco años, y jamás se nos ha solicitado por parte de nadie esas Hojas de Reclamaciones, por tanto no veo que se haya perjudicado a cliente alguno. Después de la visita del Sr. Inspector a los dos días teníamos las Hojas de Reclamaciones en el comercio tal y como nos indicó el Sr. Inspector. Por tanto creo que primero es apercibir y en caso reiterativo sancionar, que no es éste el caso. No se ha perjudicado a consumidor alguno y se ha obedecido al Sr. Inspector de tener las hojillas de reclamación en mi comercio. Suplico no se me sancione por el motivo de vuestro escrito. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que la normativa es aplicable desde finales de 1994 y exige tener a disposición de los consumidores las Hojas de Reclamaciones y exponer el cartel en lugar visible, circunstancias que en el momento de la inspección se daban cometiendo por tanto una infracción. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.

ACUERDO

Imponer a Haddad Cabral Jorge la sanción de multa de 40.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de 1996.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

2) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/845/96. RESPONSABLE: S.A.T. La Soledad. D.N.I. o N.I.F.: F35076207.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 20 de marzo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Floristería Strelitzias propiedad de Dña. Carmen de la Cruz Espino sita en la calle Pedro Infinito, 40, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 304 comprobaron que tenía expuestas para su venta al público unas ocho macetas con diferentes tipos de plantas sin sus preceptivos marcados de los precios de venta al público vistos desde el exterior. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 apartado 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 22 de noviembre de 1996, manifestando en síntesis: En dicho lugar había unas dos mil cajas de tomates para su venta teniendo el resto todas su correspondiente etiquetado, y sólo unas cuarenta les faltaba. Se le hizo saber al Inspector que era fácil que se cayera alguna de las etiquetas al maniobrar con las cajas, teniendo además en su poder el que suscribe etiquetas para reponer alguna si era necesario, y no lo hizo por no percatarse de ello. Se puede deducir de ello que no hay ninguna mala intención. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de Iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que la norma exige que todos los productos sin excepción expuestos para su comercialización contengan la preceptiva información en sus etiquetados. Si bien en base al principio de proporcionalidad que rige el derecho administrativo sancionador se estima procedente reducir la cuantía de la multa impuesta como sanción a la cantidad de 25.000 pesetas. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.

ACUERDO

Imponer a S.A.T. La Soledad la sanción de multa de 25.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 1996.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda. 3) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/987/96.

RESPONSABLE: Bhagwan Esardas Daryanani. D.N.I. o N.I.F.: 42830803L.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 11 de junio de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Esardas propiedad de D. Bhagwan Esardas Daryani sito en la calle Ripoche, 11, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 459 comprobaron que carecían de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en relación con artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154),

ACUERDO

Imponer a Bhagwan Esardas Daryanani la sanción de multa de 40.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 1996.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda. 4) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/1304/96.

RESPONSABLE: Cooperativa Productores Taxistas de Las Palmas. D.N.I. o N.I.F.: F35003607.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 15 de julio de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Estación de Servicio Cepsa propiedad de Cooperativa de Productores Taxistas de Las Palmas sita en Nueva Esquina Reyes Católicos, 3, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1369 comprobaron que en el momento de la inspección en el establecimiento no tenían a disposición de los consumidores las Hojas de Reclamaciones. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en relación con artº. 3 apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 7 del Decreto 173/1994, de 29 de julio (B.O.E. nº 114), sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de suministro de gasolinas y gasóleos de automoción de instalaciones de venta al público. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154),

ACUERDO

Imponer a Cooperativa Productores Taxistas de Las Palmas la sanción de multa de 40.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de enero de 1997.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda. 5) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/1536/96.

RESPONSABLE: Miguel Calderín Calderín. D.N.I. o N.I.F.: 42724370F.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 13 de agosto de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Mayorista de Frutas y Hortalizas propiedad de D. Miguel Calderín Calderín sito en Mercalaspalmas, nave B, puesto 32-34, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1647 comprobaron que tenía expuestos para su distribución y venta 30 sacos de cebollas que carecían de sus preceptivos etiquetados de normalización. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con artículo 3º apartado 3.3.1 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Reglamento CEE nº 2.213/1983, de 28 de julio (Nº L 213/13 de 4.8.83), por el que establecen las normas de calidad para las cebollas y para las endibias, modificado por el Reglamento CEE nº 1.654/87, de 12.6.87 (Nº L 153/35, de 13.6.87) y el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior y la Orden de 8 de junio de 1973 (B.O.E. de 23), por el que se aprueba la Norma de Calidad para cebollas destinadas al mercado interior. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 31 de marzo de 1997, manifestando en síntesis: Prescripción de la acción para sancionar las infracciones leves. El artº. 132 de la Ley 30/1992. En el presente caso la supuesta infracción se cometió el día 13 de agosto de 1996, y el que suscribe tuvo conocimiento de la iniciación del procedimiento sancionador el pasado 21 de marzo de 1997, es decir siete meses y ocho días después de cometerse la supuesta infracción. Por tanto, y siguiendo lo expuesto en el artº. 132 antes mencionado, la supuesta infracción ha prescrito ya que han transcurrido en exceso los seis meses que aquella norma prescribe para las infracciones de carácter leve. Los treinta sacos de cebollas no estaban aún expuestos a la venta ya que acababan de ser depositados por el proveedor a fin de proceder inicialmente a su etiquetado. El inspector que se personó en el puesto lo hizo con anterioridad a la hora de apertura de venta. El proveedor, identificado en el acta de inspección, acababa de depositar los sacos de cebollas y cuando se iba a proceder, minutos después, a su etiquetado, fue cuando se personó el Inspector de la Consejería. Prueba de ello es que las mismas no se encontraban aún en el expositor de venta, sino en un “pale” en la parte trasera del puesto que mide aproximadamente 200 metros cuadrados y en un lugar donde no acceden los compradores. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de Iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que de conformidad con el citado artº. 132 en materia de consumo y en lo relativo a la prescripción hay que estar a lo establecido en el artº. 18 del Real Decreto 1.945/1983, en el que se establece que caducará la acción para perseguir la infracción si una vez conocida ésta por la Administración hubieran transcurrido 6 meses sin que la autoridad competente ordenara incoar el oportuno expediente, plazo que no se ha rebasado en el expediente que nos ocupa ya que el acta de inspección es de 13 de agosto y el Acuerdo de iniciación del 27 de enero. Así mismo el citado precepto establece que las infracciones prescribirán a los 5 años. En relación a la infracción imputada, del acta se desprende claramente que las cebollas estaban para su distribución y venta. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.

ACUERDO

Imponer a Miguel Calderín Calderín la sanción de multa de 75.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de abril de 1997.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda. 6) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/1738/96.

RESPONSABLE: José Manuel Vidal Estévez. D.N.I. o N.I.F.: 36902376A.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de septiembre de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Exposición y Venta de Muebles de Cocina propiedad de D. José Manuel Vidal Estévez sito en General Mas de Gaminde, 10, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 2108 comprobaron que el establecimiento carecía de Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de la existencia de las mismas. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en relación con el artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154),

ACUERDO

Imponer a José Manuel Vidal Estévez la sanción de multa de 40.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de abril de 1997.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda. 7) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/3/97.

RESPONSABLE: Lalchand Bhojrajmal Aswani. D.N.I. o N.I.F.: 44315982L.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 2 de octubre de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Hispano Electro Rekha propiedad de D. Lalchand Bhojrajmal Aswani sito en la calle Falla, 11, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 2155 comprobaron que tenía expuestas para su venta al público dos luces de noche, según compareciente, que carecían de etiquetado. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con el artículo 7º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 5 de mayo de 1997, manifestando en síntesis: Que desconocía su normativa, habiendo conversado con su Sr. Inspector cuando levantó acta, sobre la procedencia de aquéllos, la de tiempo que los había adquirido, y su justificación posterior mediante factura remitida al mismo vía fax, le bastaba según éste para anular la infracción. Por todo ello, es por lo que, solicito deje sin valor ni efecto la sanción mencionada. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de Iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que el desconocimiento de la normativa no le exime de su cumplimiento. El interesado es responsable de poner a disposición del consumidor el producto de referencia careciendo de su preceptivo etiquetado. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. ACUERDO

Imponer a Lalchand Bhojrajmal Aswani la sanción de multa de 60.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de mayo de 1997.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

8) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/288/97.

RESPONSABLE: Juan de la Cruz Santana. D.N.I. o N.I.F.: 42525773S.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 27 de noviembre de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Carnicería La Cruz propiedad de D. Juan de la Cruz Santana sita en Pamochamoso, 35, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 7010 comprobaron que carecía de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en relación con el artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154), ACUERDO

Imponer a Juan de la Cruz Santana la sanción de multa de 40.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de 1997.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

9) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/328/97.

RESPONSABLE: Elena Agraz Vivar. D.N.I. o N.I.F.: 42863261R.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 5 de diciembre de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en La Boutique Éxtasis propiedad de Dña. Elena Agraz Vivar sita en Juan Manuel Durán, 49, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 2983 comprobaron que tenía expuestos para su venta al público en el escaparate, blusas, pantalones y vestido careciendo de sus preceptivos marcados de los precios de venta al público de forma visible desde el exterior. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 23 de mayo de 1997, manifestando en síntesis: El escaparate se acababa de cambiar, se tenían muchos clientes en la tienda y no me dió tiempo de poner los precios. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de Iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que es obligatorio que todos los artículos expuestos en el escaparate incorporen su precio de venta al público, de tal modo que expuesto un artículo, éste debe incorporar su P.V.P. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.

ACUERDO

Imponer a Elena Agraz Vivar la sanción de multa de 50.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de mayo de 1997.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

10) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/512/97.

RESPONSABLE: Ángel Quintana Domínguez. D.N.I. o N.I.F.: 42506281G.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 30 de enero de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Comercio de Víveres propiedad de D. Ángel Quintana Domínguez sito en Domingo J. Navarro, 44, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada nº 5221 comprobaron que carecían de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 18 de junio de 1997, manifestando en síntesis: Que en inspecciones anteriores nunca fui informado de la obligación de tener a disposición del público las referidas Hojas de Reclamaciones, por lo cual lo ignoraba completamente. Por tal motivo le suplico me perdone la sanción propuesta de 40.000 pesetas que se expresaba en el Acuerdo de iniciación ... referido. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que el desconocimiento de la norma que impone la obligación de tener las Hojas de Reclamaciones y del cartel no le exime de su cumplimiento; norma que se da a conocer mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, dando cumplimiento así al principio de publicidad de las normas. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154),

ACUERDO

Imponer a Ángel Quintana Domínguez la sanción de multa de 40.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de junio de 1997.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda. 11) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente número: 35/628/97.

RESPONSABLE: Juan Álvarez Alemán. D.N.I. o N.I.F.: 42765908F.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 18 de febrero de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Puesto Mayorista de Frutas y Verduras propiedad de D. Juan Álvarez Alemán, sito en Mercalaspalmas, nave B, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 5453 comprobaron que tenía expuestas para su distribución y venta 24 cajas de pimientos carentes de sus preceptivos etiquetados de normalización. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1. y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el anexo II del Reglamento CEE nº 79/88, de 13 de enero de 1987 (DOCE de 14 de enero de 1988), por el que se fijan las normas de calidad para las lechugas, escarolas y pimientos dulces modificado por el Reglamento CEE nº 1967/90, de 10 de julio (DOCE de 11 de julio de 1990) y el artº. 7 del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas destinadas al mercado interior y Orden de 12 de septiembre de 1983 (B.O.E. nº 23) correción de errores (B.O.E. de 12.10.83), por el que se aprueba la norma de calidad para pimientos frescos destinados al mercado interior. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154),

ACUERDO

Imponer a Juan Álvarez Alemán la sanción de multa de 25.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de agosto de 1997.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de noviembre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

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