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Se hace saber a D. Ildefonso Castro Alonso que, mediante Orden de esta Consejería de fecha 15 de abril de 1997, se autorizó la cancelación de la fianza constituida por dicha empresa.
Habiéndose intentado la notificación de dicha Orden por el sistema habitual, ésta ha sido devuelta por el Servicio de Correos, por lo que, de conformidad con lo previsto en el artº. 59.4 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación. Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, para la cancelación de la fianza constituida por la empresa Ildefonso Castro Alonso, para responder de las obligaciones económicas en que pudiera incurrir en el ejercicio de su actividad como empresario de Salones Recreativos.
Vista la propuesta formulada por la Viceconsejería de Administración Pública.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 16 de agosto de 1994, tuvo entrada en este Centro Directivo la solicitud de la citada cancelación de la fianza suscrita por D. Ildefonso Castro Alonso, constituida por la entidad bancaria Banco Zaragozano, al haberse producido la extinción de la autorización de instalación y apertura del Salón Recreativo del que ostentaba la titularidad.
2º) Que como consecuencia de lo anterior y a fin de proceder a la cancelación de la fianza solicitada, se solicitó el oportuno informe a la Administración de Tributos Propios y Cedidos de la Consejería de Economía y Hacienda, sobre existencia de posibles débitos pendientes con la Administración, en materia de juegos y apuestas; quien informa que D. Ildefonso Castro Alonso figura como deudor, por lo que no se da trámite a la cancelación solicitada.
3º) Posteriormente, mediante Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, de fecha 23 de enero de 1996, se procedió a la puesta a disposición de determinada cantidad (360.000 pesetas), procedente del aval nº 93018022, del Banco Zaragozano, en virtud de Providencia de embargo seguida en el expediente nº TF/94/00778, de fecha 12 de mayo de 1994, contra la referida empresa.
4º) Mediante escrito de la Tesorería Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, de fecha 21 de junio de 1996, se comunica a este Centro Directivo la imposibilidad de ejecutar dicho aval, al haber quedado éste vencido y sin efecto a 20 de agosto de 1994, según informa el Banco Zaragozano a ese organismo, devolviendo a esa Dirección General la Carta de Pago original y solicitando la puesta a disposición de otro aval si existiera.
5º) Por Orden de esa Consejería de fecha 10 de diciembre de 1996, se puso a disposición de la cantidad anteriormente citada, procedente de otro aval de Crédito y Caución que obraba en el correspondiente expediente. 6º) Que el 3 de marzo de 1997, se solicitó conformidad de la Tesorería Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, sobre viabilidad de dar trámite a la devolución del aval nº 93018022 del Banco Zaragozano, constituido por D. Ildefonso Castro Alonso.
7º) Que el 1 de abril de 1997, tuvo entrada en este Centro Directivo escrito del Tesorero Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, en el que informa favorablemente la cancelación y devolución del referido aval.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las competencias funcionales en esta materia se regulan por la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias y por el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma, modificado parcialmente por los Decretos 89/1990, de 23 de mayo y por el Decreto 132/1989, de 1 de junio.
Segunda.- Que de conformidad con lo previsto en el artº. 7.5 del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, en relación con lo dispuesto en el artº. 35 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, este Departamento es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
Tercera.- Que el procedimiento seguido en la tramitación de este expediente, se ajusta a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procediéndose a resolver el mismo dentro del plazo establecido en la citada disposición legal.
Cuarta.- Que el artº. 9 apartados 3 y 5 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, modificado parcialmente por el Decreto 132/1989, de 1 de junio, y el artº. 35 del citado Decreto 93/1988, así como 24.3 del mismo, regulan las constituciones y cancelaciones de fianzas, así como sus importes, a fin de responder de las obligaciones derivadas de las responsabilidades económicas en que pudiera incurrir en el ejercicio de su actividad como empresario de Salones Recreativos.
En el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas,
R E S U E L V O:
Autorizar la cancelación y devolución del aval nº 93018022, por importe de 2.000.000 de pesetas, constituido por D. Ildefonso Castro Alonso.
Contra esta Orden que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses desde la notificación de la presente, previa la comunicación a esta Consejería exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de noviembre de 1997.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.
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